Bill Conroy / Narco News
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Los medios dominantes, expertos y políticos en Washington han desencadenado en los últimos meses una ola de pánico que vincula la escalada de la violencia en México, y su proyección hacia EE.UU., al contrabando ilegal de armas.
La cortina de humo que difunden esos portavoces oficiales del consenso prefabricado es que una serie de operadores criminales están involucrados en compras ficticias (o fraudulentas) de armas, al realizar compras clandestinas en ferias de armas o al reunir pequeños depósitos de armas en EE.UU. a fin de contrabandearlas al sur de la frontera, a los “cárteles de la droga.”
El gobierno de Obama está enviando ahora cientos de agentes federales adicionales a la frontera en un esfuerzo por impedir ese contrabando ilegal de armas para asegurar a la clase media estadounidense agitada de EE.UU. que el Tío Sam se ocupará de esos viles sujetos. La cascada de titulares de los medios dominantes que imprimen pornografía de la guerra contra la droga nos promete en párrafos insertados en medio de la excitación que la Operación Traficante de Armas de la ATF [Oficina de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego] y otros programas de acción radical contra vendedores de armas salvará EE.UU. de los ‘banditos’ de México.
Es indiscutible que algunos personajes criminales en EE.UU. contrabandean armas cortas a través de la frontera. Pero la guerra de la droga en México no es librada con ofertas especiales del sábado por la noche, rifles de pasatiempo y escopetas de casa. Las organizaciones de narcotráfico ahora poseen armas de gran potencia en vastas cantidades que no pueden ser explicadas por el vacío legal de las ferias de armas.
Por lo menos hay un informe en un medio noticioso dominante que merece crédito por reconocer esa tendencia:
“Traficantes [mexicanos] han escalado su carrera armamentista, adquiriendo armas de grado militar, incluidas granadas de mano, lanzagranadas, munición perforante de blindados y cohetes antitanque con un poder de fuego que va mucho más allá de rifles de asalto y pistolas que han dominando sus arsenales,” señala un informe reciente en Los Angeles Times.
“La proliferación de armamentos más pesados apunta a una amenazadora nueva etapa en la guerra de dos años del gobierno mexicano contra organizaciones de la droga…”
Narco News, en un informe de diciembre pasado. [“Juarez murders shine a light on an emerging Military Cartel”] también examinó la creciente militarización de los grupos de narcotráfico en México y señaló que munición de origen militar apareció en un depósito de armas confiscado en Reynosa, México, en noviembre de 2008 que fue vinculado a los Zetas, un grupo mercenario que provee servicios de refuerzo a las organizaciones mexicanas de narcotráfico.
¿De dónde provienen realmente esas armas de grado militar?
En lugar de encarar directamente esa pregunta válida, los medios dominantes, y ahora incluso el gobierno de Obama, han estado tratando de ponerle lápiz labial al cerdo, pregonando, en las palabras de la Secretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton, los “valerosos esfuerzos emprendidos por el presidente [mexicano] Calderón.”
Y el “valeroso” presidente mexicano Felipe Calderón, por su parte, reexpide a EE.UU. la culpa del creciente poder de fuego de las organizaciones de narcotráfico mexicanas.
En un artículo publicado por Associated Press a fines de febrero de este año, cita al presidente mexicano Calderón, afirmando lo siguiente:
Tenemos que detener el flujo de fusiles y armas hacia México. Permítame expresarle que hemos confiscado en estos dos años más de 25.000 fusiles y armas, y más de un 90% provenían de EE.UU., y estamos hablando desde lanza misiles a ametralladoras y granadas.
Pero no importa con cuánto esfuerzo Calderón y los funcionarios tratan de disfrazar al cerdo, éste sigue gruñendo.
Una investigación de Narco News sobre el flujo de armas a través de la frontera de EE.UU. parece conducir directamente a la corrupción sistémica que aflige a una amplia zona del gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón y la asimilación por su propia nación de políticas de libre comercio impulsadas por el mercado.
Las más letales de las armas que ahora están en manos de grupos criminales en México, en particular a lo largo de la frontera de EE.UU., según todo estándar razonable de análisis de los hechos, parecen estar penetrando a esa nación a través de exportaciones perfectamente legales del sector privado de armas, medidas en miles de millones de dólares, y aprobadas por el propio Departamento de Estado de EE.UU. La evidencia indica que esas mortíferas mercancías comerciales – lanzagranadas, explosivos, y armas de “asalto” – son entonces transferidas mediante la corrupción a organizaciones de narcotráfico a través de su alcance dentro de las fuerzas armadas y de las agencias de mantenimiento del orden mexicanas, en cantidades que pueden repletar bodegas.
“Como en otros negocios criminales en México, como el contrabando de drogas o los secuestros, no es poco usual que oficiales de la policía y personal militar estén involucrados en el comercio ilegal de armas,” señala un informe de octubre de 2007 del grupo profesional de inteligencia global Stratfor, que la revista Barron una vez apodó la “CIA fantasma.” “…Durante los últimos años, varios funcionarios gubernamentales mexicanos han sido arrestados a ambos lados de la frontera por participar en el tráfico de armas.”
Recuento del comercio de armas
El Departamento de Estado de EE.UU. supervisa un programa que exige que las compañías privadas en EE.UU. obtengan una licencia de exportación para vender equipos o servicios de defensa a clientes extranjeros – lo que incluye tanto a unidades gubernamentales como a compradores privados en otros países. Esos negocios de armas son conocidos como Ventas Comerciales Directas (DCS). Cada año, el Departamento de Estado publica un informa que especifica el volumen y el valor en dólares de los ítems de DCS aprobados para la exportación.
Los informes no suministran detalles de a quienes fueron exportadas específicamente las armas o los servicios de defensa, pero provee una lista de los países de destino. Aunque es posible que algunos de los tratos autorizados bajo el programa DCS hayan sido alterados o incluso anulados después de la emisión de licencias de exportación, los datos compilados por el Departamento de Estado proveen una amplia instantánea del amplio volumen de embarques de armas del sector privado de EE.UU. tanto a México como a Latinoamérica en general.
Según un análisis de los informes del DCS, unos 1.000 millones de dólares en equipamientos militares fueron aprobados para la exportación a México a través de compañías privadas de EE.UU. entre el año fiscal 2004 y el año fiscal 2007 – el año más reciente para el que hay datos disponibles. En general, durante el mismo período, un total de unos 3.700 millones de dólares en armas y otros equipamientos militares fueron aprobados para la exportación bajo el programa DCS a toda Latinoamérica y el Caribe.
Aparte de las exportaciones de equipos militares aprobados para México, unos 3.800 millones de dólares en “servicios” relacionados con la defensa [asistencia técnica y entrenamiento por contratistas privados de EE.UU.] también fueron aprobados para su “exportación” a México durante el mismo período de cuatro años, según los informes del DCS.
Eso significa que el valor total de exportaciones a México por compañías privadas de EE.UU. de equipamientos y servicios relacionados con la defensa fue de cerca de 5.000 millones de dólares durante esos cuatro años. Y esa cifra ni siquiera incluye los 700 millones de dólares en ayuda que ya fue autorizada bajo la Iniciativa Mérida [Plan México] o cualesquiera nuevas exportaciones por el DCS autorizadas para los años fiscales 2008 y 2009 [que termina el 30 de septiembre].
Lo que sigue es una muestra de los tipos de embarques de armas aprobadas para ser exportadas a México a través del programa DCS sólo durante los años fiscales 2006 y 2007:
* 3,3 millones de dólares de municiones y explosivos, incluyendo equipamiento para la fabricación de munición;
* 13.000 armas de fuego no automáticas y semiautomáticas, pistolas y revólveres por un valor total de 11.600 millones;
* 42 lanzagranadas por un valor de 518.531 dólares;
* 3.578 proyectiles, incluyendo granadas, por un valor de 78.251 dólares;
* Varios equipos de visión nocturna por un valor de 963.201 dólares.
Una revelación inquietante sobre el programa DCS, que tiene relevancia directa para la guerra de la droga en México, forma parte de un informe fiscal de 2007 publicado por el Departamento de Estado. Ese informe Blue Lantern resume los resultados del programa de monitoreo del uso final de exportaciones del DCS.
El informe Blue Lantern estableció que “el Hemisferio Occidental (especialmente Latinoamérica y el Caribe) sigue siendo una región con una alta incidencia de casos desfavorables que involucran armas de fuego y munición.” Los resultados desfavorables indican que puede haber ocurrido fraude y esos casos “podrían ser objeto de acciones policiales civiles o ser enviadas al mantenimiento del orden para investigación criminal.”
De todo el programa DCS, y es una cifra inquietante, de los 634 casos Blue Lantern cerrados en el año fiscal 2007, un total de 143, o sea un 23%, fueron considerandos “desfavorables.”
El informe Blue Lantern no menciona en detalle transacciones específicas, pro suministra ejemplos de estudios detallados. Uno, incluido en el informe, indica que un comerciante latinoamericano en armas de fuego actuó como “compañía fachada para otra compañía latinoamericana.”
“El propietario admite que la compañía existe sólo sobre papel…,” indica el informe Blue Lantern para el año fiscal 2007. “Las autoridades del país anfitrión habían suspendido temporalmente las licencias de importación para la compañía madre por su vínculo con el contrabando de armas portátiles a bandas en un tercer país.”
En vista de las estrictas leyes para armas de fuego de México respecto a individuos privados, es probable que la mayor parte de los equipamientos de defensa del programa DCS para exportación a esa nación hayan sido dirigidos hacia las agencias militares o de mantenimiento del orden. Pero es precisamente ese hecho el que debería provocar una cierta alarma en Washington.
México, según admite el propio Calderón, enfrenta un serio problema de corrupción dentro de las filas de los organismos del orden público mexicanos.
De un informe de diciembre de 2008 de Los Angeles Times:
El presidente mexicano Felipe Calderón dijo el martes que su gobierno da grandes pasos contra la corrupción, pero advirtió que el soborno sigue siendo una amenaza para los esfuerzos de la nación contra el crimen.
El rival de Calderón en la elección presidencial mexicana de 2006, Andrés Manuel López Obrador, en una reciente carta abierta publicada en el periódico mexicano ¡Por Esto! y dirigida a la Secretaria de Estado de EE.UU. Clinton, es aún más directo en su evaluación de la dimensión de la corrupción dentro del régimen de Calderón:
Usted seguramente sabe que todo esto comenzó cuando un grupo de alrededor de 30 traficantes de influencias y políticos corruptos, utilizando como parapeto a la llamada política económica neoliberal, se apoderó del Estado mexicano, así como de una buena parte de los bienes de la nación y del presupuesto público. Y esta política de pillaje que ha enriquecido a una minoría de manera exagerada y obscena, como no ha sucedido en ninguna otra parte del mundo, ha condenado al pueblo de México al destierro y a la sobrevivencia.
Y esa corrupción no se limita a los organismos de orden público mexicanos. Narco News obtuvo una presentación en PowerPoint preparada para la DEA que indica lo siguiente:
Entre enero de 2000 y diciembre de 2006: Más de 163.000 miembros de las fuerzas armadas fueron sometidos a procesos criminales durante los 6 años en el poder del ex presidente Vicente Fox. La mayoría de los crímenes fueron: [la lista incluye abuso de poder, homicidio, desfalco, secuestro, robo de bancos, posesión ilegal de armas de fuego y crímenes sanitarios [esencialmente crimen organizado].
Otra diapositiva en la misma presentación en PowerPoint de la DEA muestra que los militares mexicanos informaron de un promedio de 1.200 deserciones por mes en 2006.
Y no hay que olvidar que los Zetas, ahora mismo uno de los grupos de la organización de la droga más violentos en México, fueron fundados por ex soldados de las operaciones especiales de elite mexicanas – muchos de los cuales recibieron algún entrenamiento en EE.UU.
[Los más recientes informes del DCS se encuentran en los enlaces: FY2006 y FY2007.]
"No hay peor ciego que el que no quiere ver"
Un ex alto Inspector de Aduanas de EE.UU., quien pidió guardar el anonimato, suministró la siguiente reacción cuando le mostramos los datos del DCS:
Estaría enteramente de acuerdo [en que] armas del DCS (y donadas por el Departamento de Defensa, a diferencia de las vendidas por el DCS) constituyen obviamente la explicación más simple para el masivo aumento en la cantidad de armas totalmente automáticas, granadas, cohetes, etc. obtenidas por las bandas de narcóticos… Es decir, obtienen sus armas de su propio gobierno, mexicano, por diversos medios ilegales.
… El gobierno mexicano tiene una larga y bien documentada historia de corrupción a todos los niveles, de municipal a federal. La mayor parte de las armas “presentadas” [en los medios] simplemente no están a la venta para civiles estadounidenses, en particular las granadas – tanto de 40 mm como tipos manuales…
… La fuente de esas armas puede ser rastreada fácilmente por la ATF… Todas las ventas al extranjero tienen que ser informadas a la ATF antes del embarque, en caso de que gobierno desee retener un embarque a un país en particular, etc. La identificación de los números de serie sería fácil, con ayuda del gobierno de EE.UU., evidentemente.
Pero eso presupone que el gobierno mexicano, y el de EE.UU., realmente quieran rastrear esas armas. Un informe de 2008 en el San Antonio Express News, que incluye detalles de la mayor confiscación de armas en Reynosa, México, en ese mismo mes, con la participación de los Zetas, revela lo siguiente:
Otro ejemplo de problemas de coordinación ocurrió este mes. Autoridades mexicanas en Reynosa al otro lado de la frontera desde McAllen, confiscaron la mayor cantidad de armas de un cártel – cerca de 300 rifles de asalto, lanzagranadas disparados desde el hombro y medio millón de balas.
Pero semanas más tarde, las autoridades mexicanas todavía no habían permitido a la ATF el acceso a los números de serie que hubieran ayudado a rastrear a los compradores y traficantes al lado estadounidense.
No cabe duda de que la corrupción de los cárteles y la intimidación de los órganos de seguridad pública mexicanos a todo nivel y en toda agencia han causado una cierta disfunción.
Un ex agente de la DEA, que también pidió no ser nombrado, dice que el embarque de armas de grado militar al gobierno mexicano bajo el programa DCS, es esencialmente como “enviar armas a un sindicato del crimen” en vista del grado de corrupción dentro de ese gobierno.
Por lo menos un individuo con antiguas conexiones con agencias de inteligencia de EE.UU. está convencido de que la corrupta transferencia de armas entre militares mexicanos y narcocriminales en México es más que una teoría.
Tosh Plumlee, es ex piloto contratado por la CIA que condujo numerosas misiones de entrega de armas a Latinoamérica y transporte de drogas a EE.UU. como parte de las clandestinas operaciones Irán/Contra en los años ochenta, según antecedentes públicos. Después de inquietarse por esas misiones aprobadas por el gobierno, Plumlee decidió llevar sus preocupaciones al Congreso.
En su momento, Plumlee fue llamado a testificar ante el Congreso en numerosas ocasiones, sólo para descubrir que los comités del Congreso que escucharon su testimonio ordenaron que fuera considerado confidencial – lo que significaba que si Plumlee hablaba posteriormente en público al respecto, estaría violando la ley.
Plumlee, sin embargo, todavía tiene profundos contactos con el mundo de los servicios de inteligencia, algunos de los cuales, al parecer, quieren que presente alguna información sobre la naturaleza de la guerra de la droga en Juárez, México. Como resultado, Plumlee dice que recientemente hizo un viaje con individuos que describió como “fuentes confidenciales” a un pequeño depósito en Juárez – que se encuentra al otro lado de la frontera desde El Paso, Texas. Plumlee dice que aceptó acompañar a las fuentes porque actualmente está investigando para un libro que escribe sobre la guerra de la droga.
Plumlee dice que a su juicio es evidente que el almacén no formaba parte de una operación militar mexicana, y sin embargo estaba repleto de armas militares de EE.UU. – incluidas granadas, lanzagranadas, armas ligeras antitanque LAW [esencialmente bazucas de alta tecnología, rifles M16 y equipos de visión nocturna].
Plumlee dice que sus fuentes indicaron que las armas estadounidenses en el almacén – así como en otro ubicado en otro sitio en Juárez que no visitó – estaban ahora bajo el control de una organización de narcotráfico, que había obtenido la munición de elementos corruptos en el ejército mexicano.
Plumlee reconoce que no sabe por qué le permitieron que entrara al depósito y saliera vivo. Todo lo que puede decir con seguridad es que lo estaban utilizando para revelar la información y sospecha que esas armas han sido cambiadas de sitio desde entonces.
Por increíble que suene la historia de Plumlee, en realidad no puede sorprender que haya depósitos de armas en almacenes clandestinos en una ciudad como Juárez que, desde comienzos de 2008, ha producido cerca de 2.000 de los 7.000 asesinatos que se estima han tenido lugar en la sangrienta guerra de la droga de México. Y, quiérase o no creer la información de Plumlee, es evidente que tiene una larga historia como participante en el mundo infernal de las operaciones ocultas, y que es posible que cuente con la confianza de algunos protagonistas que siguen involucrados en ese arte clandestino.
Mike Levine, ex agente de la DEA que tiene años de experiencia en la participación en peligrosas operaciones clandestinas en el extranjero, dice que Plumlee es quien afirma ser. Levine presenta ahora un show radial en la ciudad de Nueva York en una estación de Pacifica Radio [el Expert Witness Radio Show] y Plumlee ha aparecido varias veces en ese show a lo largo de los años.
Levine dice sobre la credibilidad de Plumlee:
Antes de invitar a Tosh a salir al aire, porque su historia era tan increíble, lo investigué a través de agentes gubernamentales, todos los cuales dijeron que era genuino. Tengo una copia del mapa aéreo que entregó a un periódico semanario de San Diego, con anotaciones sobre todos sus vuelos con drogas, que fue lo primero que convenció sobre su persona.
Después que hizo numerosas revelaciones por radio en Nueva York, y los medios dominantes siguieron ignorándolo, el Congreso aparentemente estaba escuchando. Mis propias fuentes me habían dicho que agencias como la CIA grababan regularmente mi programa. (Solía recordarles, durante la emisión, que se aseguraran de apretar el botón rojo para grabar.)
Así que Tosh me llama un día cerca de 1997 y dice que el Congreso le ha pedido que testifique sobre sus experiencias, a puertas cerradas. Le dije: “Si haces eso, no van a hacer nada fuera de clasificar tu testimonio y hacer que sea ilegal que cuentes tu propia historia.”
Y eso, ciertamente, es lo que pasó, según Tosh.
¿Podría ser que Plumlee haya sido utilizado como una especie de mensaje en una botella, porque como ha pasado tantas veces en la historia pasada de EE.UU., la cadena normal de comando y los políticos en Washington, simplemente no quieren oír la verdad, no quieren arriesgar hacer olas en las relaciones internacionales con México o interrumpir el flujo de mercado libre de un multimillonario negocio “legal” de armas?
Después de todo, si el gobierno de EE.UU. tuviera que aceptar que los militares mexicanos están tan devastados por la corrupción y fuera del control del presidente Calderón de México que no se puede confiar en que controlen sus propias armas, ¿cómo puede su cooperación con el gobierno de Calderón tener alguna esperanza de éxito en lo que muchos dirían es una guerra contra la droga mal concebida para empezar?
En los hechos, si lo que ahora EE.UU. enfrenta en México, es probablemente que su cooperación con el gobierno de Calderón, cuando toma la forma de embarques de armas de EE.UU., probablemente sólo va a nutrir más derramamiento de sangre y probablemente sólo pondrá en grave peligro a agentes estadounidenses en el terreno que ayudan a esos esfuerzos.
Narco News trató de conseguir comentarios de funcionarios tanto en el Departamento de Justicia como en el Departamento de Estado sobre los temas presentados en este artículo. Hasta la fecha, esos pedidos – tanto por teléfono como por correo electrónico – han sido recibidos con un silencio total.
Manténganse al tanto…
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Los medios dominantes, expertos y políticos en Washington han desencadenado en los últimos meses una ola de pánico que vincula la escalada de la violencia en México, y su proyección hacia EE.UU., al contrabando ilegal de armas.
La cortina de humo que difunden esos portavoces oficiales del consenso prefabricado es que una serie de operadores criminales están involucrados en compras ficticias (o fraudulentas) de armas, al realizar compras clandestinas en ferias de armas o al reunir pequeños depósitos de armas en EE.UU. a fin de contrabandearlas al sur de la frontera, a los “cárteles de la droga.”
El gobierno de Obama está enviando ahora cientos de agentes federales adicionales a la frontera en un esfuerzo por impedir ese contrabando ilegal de armas para asegurar a la clase media estadounidense agitada de EE.UU. que el Tío Sam se ocupará de esos viles sujetos. La cascada de titulares de los medios dominantes que imprimen pornografía de la guerra contra la droga nos promete en párrafos insertados en medio de la excitación que la Operación Traficante de Armas de la ATF [Oficina de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego] y otros programas de acción radical contra vendedores de armas salvará EE.UU. de los ‘banditos’ de México.
Es indiscutible que algunos personajes criminales en EE.UU. contrabandean armas cortas a través de la frontera. Pero la guerra de la droga en México no es librada con ofertas especiales del sábado por la noche, rifles de pasatiempo y escopetas de casa. Las organizaciones de narcotráfico ahora poseen armas de gran potencia en vastas cantidades que no pueden ser explicadas por el vacío legal de las ferias de armas.
Por lo menos hay un informe en un medio noticioso dominante que merece crédito por reconocer esa tendencia:
“Traficantes [mexicanos] han escalado su carrera armamentista, adquiriendo armas de grado militar, incluidas granadas de mano, lanzagranadas, munición perforante de blindados y cohetes antitanque con un poder de fuego que va mucho más allá de rifles de asalto y pistolas que han dominando sus arsenales,” señala un informe reciente en Los Angeles Times.
“La proliferación de armamentos más pesados apunta a una amenazadora nueva etapa en la guerra de dos años del gobierno mexicano contra organizaciones de la droga…”
Narco News, en un informe de diciembre pasado. [“Juarez murders shine a light on an emerging Military Cartel”] también examinó la creciente militarización de los grupos de narcotráfico en México y señaló que munición de origen militar apareció en un depósito de armas confiscado en Reynosa, México, en noviembre de 2008 que fue vinculado a los Zetas, un grupo mercenario que provee servicios de refuerzo a las organizaciones mexicanas de narcotráfico.
¿De dónde provienen realmente esas armas de grado militar?
En lugar de encarar directamente esa pregunta válida, los medios dominantes, y ahora incluso el gobierno de Obama, han estado tratando de ponerle lápiz labial al cerdo, pregonando, en las palabras de la Secretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton, los “valerosos esfuerzos emprendidos por el presidente [mexicano] Calderón.”
Y el “valeroso” presidente mexicano Felipe Calderón, por su parte, reexpide a EE.UU. la culpa del creciente poder de fuego de las organizaciones de narcotráfico mexicanas.
En un artículo publicado por Associated Press a fines de febrero de este año, cita al presidente mexicano Calderón, afirmando lo siguiente:
Tenemos que detener el flujo de fusiles y armas hacia México. Permítame expresarle que hemos confiscado en estos dos años más de 25.000 fusiles y armas, y más de un 90% provenían de EE.UU., y estamos hablando desde lanza misiles a ametralladoras y granadas.
Pero no importa con cuánto esfuerzo Calderón y los funcionarios tratan de disfrazar al cerdo, éste sigue gruñendo.
Una investigación de Narco News sobre el flujo de armas a través de la frontera de EE.UU. parece conducir directamente a la corrupción sistémica que aflige a una amplia zona del gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón y la asimilación por su propia nación de políticas de libre comercio impulsadas por el mercado.
Las más letales de las armas que ahora están en manos de grupos criminales en México, en particular a lo largo de la frontera de EE.UU., según todo estándar razonable de análisis de los hechos, parecen estar penetrando a esa nación a través de exportaciones perfectamente legales del sector privado de armas, medidas en miles de millones de dólares, y aprobadas por el propio Departamento de Estado de EE.UU. La evidencia indica que esas mortíferas mercancías comerciales – lanzagranadas, explosivos, y armas de “asalto” – son entonces transferidas mediante la corrupción a organizaciones de narcotráfico a través de su alcance dentro de las fuerzas armadas y de las agencias de mantenimiento del orden mexicanas, en cantidades que pueden repletar bodegas.
“Como en otros negocios criminales en México, como el contrabando de drogas o los secuestros, no es poco usual que oficiales de la policía y personal militar estén involucrados en el comercio ilegal de armas,” señala un informe de octubre de 2007 del grupo profesional de inteligencia global Stratfor, que la revista Barron una vez apodó la “CIA fantasma.” “…Durante los últimos años, varios funcionarios gubernamentales mexicanos han sido arrestados a ambos lados de la frontera por participar en el tráfico de armas.”
Recuento del comercio de armas
El Departamento de Estado de EE.UU. supervisa un programa que exige que las compañías privadas en EE.UU. obtengan una licencia de exportación para vender equipos o servicios de defensa a clientes extranjeros – lo que incluye tanto a unidades gubernamentales como a compradores privados en otros países. Esos negocios de armas son conocidos como Ventas Comerciales Directas (DCS). Cada año, el Departamento de Estado publica un informa que especifica el volumen y el valor en dólares de los ítems de DCS aprobados para la exportación.
Los informes no suministran detalles de a quienes fueron exportadas específicamente las armas o los servicios de defensa, pero provee una lista de los países de destino. Aunque es posible que algunos de los tratos autorizados bajo el programa DCS hayan sido alterados o incluso anulados después de la emisión de licencias de exportación, los datos compilados por el Departamento de Estado proveen una amplia instantánea del amplio volumen de embarques de armas del sector privado de EE.UU. tanto a México como a Latinoamérica en general.
Según un análisis de los informes del DCS, unos 1.000 millones de dólares en equipamientos militares fueron aprobados para la exportación a México a través de compañías privadas de EE.UU. entre el año fiscal 2004 y el año fiscal 2007 – el año más reciente para el que hay datos disponibles. En general, durante el mismo período, un total de unos 3.700 millones de dólares en armas y otros equipamientos militares fueron aprobados para la exportación bajo el programa DCS a toda Latinoamérica y el Caribe.
Aparte de las exportaciones de equipos militares aprobados para México, unos 3.800 millones de dólares en “servicios” relacionados con la defensa [asistencia técnica y entrenamiento por contratistas privados de EE.UU.] también fueron aprobados para su “exportación” a México durante el mismo período de cuatro años, según los informes del DCS.
Eso significa que el valor total de exportaciones a México por compañías privadas de EE.UU. de equipamientos y servicios relacionados con la defensa fue de cerca de 5.000 millones de dólares durante esos cuatro años. Y esa cifra ni siquiera incluye los 700 millones de dólares en ayuda que ya fue autorizada bajo la Iniciativa Mérida [Plan México] o cualesquiera nuevas exportaciones por el DCS autorizadas para los años fiscales 2008 y 2009 [que termina el 30 de septiembre].
Lo que sigue es una muestra de los tipos de embarques de armas aprobadas para ser exportadas a México a través del programa DCS sólo durante los años fiscales 2006 y 2007:
* 3,3 millones de dólares de municiones y explosivos, incluyendo equipamiento para la fabricación de munición;
* 13.000 armas de fuego no automáticas y semiautomáticas, pistolas y revólveres por un valor total de 11.600 millones;
* 42 lanzagranadas por un valor de 518.531 dólares;
* 3.578 proyectiles, incluyendo granadas, por un valor de 78.251 dólares;
* Varios equipos de visión nocturna por un valor de 963.201 dólares.
Una revelación inquietante sobre el programa DCS, que tiene relevancia directa para la guerra de la droga en México, forma parte de un informe fiscal de 2007 publicado por el Departamento de Estado. Ese informe Blue Lantern resume los resultados del programa de monitoreo del uso final de exportaciones del DCS.
El informe Blue Lantern estableció que “el Hemisferio Occidental (especialmente Latinoamérica y el Caribe) sigue siendo una región con una alta incidencia de casos desfavorables que involucran armas de fuego y munición.” Los resultados desfavorables indican que puede haber ocurrido fraude y esos casos “podrían ser objeto de acciones policiales civiles o ser enviadas al mantenimiento del orden para investigación criminal.”
De todo el programa DCS, y es una cifra inquietante, de los 634 casos Blue Lantern cerrados en el año fiscal 2007, un total de 143, o sea un 23%, fueron considerandos “desfavorables.”
El informe Blue Lantern no menciona en detalle transacciones específicas, pro suministra ejemplos de estudios detallados. Uno, incluido en el informe, indica que un comerciante latinoamericano en armas de fuego actuó como “compañía fachada para otra compañía latinoamericana.”
“El propietario admite que la compañía existe sólo sobre papel…,” indica el informe Blue Lantern para el año fiscal 2007. “Las autoridades del país anfitrión habían suspendido temporalmente las licencias de importación para la compañía madre por su vínculo con el contrabando de armas portátiles a bandas en un tercer país.”
En vista de las estrictas leyes para armas de fuego de México respecto a individuos privados, es probable que la mayor parte de los equipamientos de defensa del programa DCS para exportación a esa nación hayan sido dirigidos hacia las agencias militares o de mantenimiento del orden. Pero es precisamente ese hecho el que debería provocar una cierta alarma en Washington.
México, según admite el propio Calderón, enfrenta un serio problema de corrupción dentro de las filas de los organismos del orden público mexicanos.
De un informe de diciembre de 2008 de Los Angeles Times:
El presidente mexicano Felipe Calderón dijo el martes que su gobierno da grandes pasos contra la corrupción, pero advirtió que el soborno sigue siendo una amenaza para los esfuerzos de la nación contra el crimen.
El rival de Calderón en la elección presidencial mexicana de 2006, Andrés Manuel López Obrador, en una reciente carta abierta publicada en el periódico mexicano ¡Por Esto! y dirigida a la Secretaria de Estado de EE.UU. Clinton, es aún más directo en su evaluación de la dimensión de la corrupción dentro del régimen de Calderón:
Usted seguramente sabe que todo esto comenzó cuando un grupo de alrededor de 30 traficantes de influencias y políticos corruptos, utilizando como parapeto a la llamada política económica neoliberal, se apoderó del Estado mexicano, así como de una buena parte de los bienes de la nación y del presupuesto público. Y esta política de pillaje que ha enriquecido a una minoría de manera exagerada y obscena, como no ha sucedido en ninguna otra parte del mundo, ha condenado al pueblo de México al destierro y a la sobrevivencia.
Y esa corrupción no se limita a los organismos de orden público mexicanos. Narco News obtuvo una presentación en PowerPoint preparada para la DEA que indica lo siguiente:
Entre enero de 2000 y diciembre de 2006: Más de 163.000 miembros de las fuerzas armadas fueron sometidos a procesos criminales durante los 6 años en el poder del ex presidente Vicente Fox. La mayoría de los crímenes fueron: [la lista incluye abuso de poder, homicidio, desfalco, secuestro, robo de bancos, posesión ilegal de armas de fuego y crímenes sanitarios [esencialmente crimen organizado].
Otra diapositiva en la misma presentación en PowerPoint de la DEA muestra que los militares mexicanos informaron de un promedio de 1.200 deserciones por mes en 2006.
Y no hay que olvidar que los Zetas, ahora mismo uno de los grupos de la organización de la droga más violentos en México, fueron fundados por ex soldados de las operaciones especiales de elite mexicanas – muchos de los cuales recibieron algún entrenamiento en EE.UU.
[Los más recientes informes del DCS se encuentran en los enlaces: FY2006 y FY2007.]
"No hay peor ciego que el que no quiere ver"
Un ex alto Inspector de Aduanas de EE.UU., quien pidió guardar el anonimato, suministró la siguiente reacción cuando le mostramos los datos del DCS:
Estaría enteramente de acuerdo [en que] armas del DCS (y donadas por el Departamento de Defensa, a diferencia de las vendidas por el DCS) constituyen obviamente la explicación más simple para el masivo aumento en la cantidad de armas totalmente automáticas, granadas, cohetes, etc. obtenidas por las bandas de narcóticos… Es decir, obtienen sus armas de su propio gobierno, mexicano, por diversos medios ilegales.
… El gobierno mexicano tiene una larga y bien documentada historia de corrupción a todos los niveles, de municipal a federal. La mayor parte de las armas “presentadas” [en los medios] simplemente no están a la venta para civiles estadounidenses, en particular las granadas – tanto de 40 mm como tipos manuales…
… La fuente de esas armas puede ser rastreada fácilmente por la ATF… Todas las ventas al extranjero tienen que ser informadas a la ATF antes del embarque, en caso de que gobierno desee retener un embarque a un país en particular, etc. La identificación de los números de serie sería fácil, con ayuda del gobierno de EE.UU., evidentemente.
Pero eso presupone que el gobierno mexicano, y el de EE.UU., realmente quieran rastrear esas armas. Un informe de 2008 en el San Antonio Express News, que incluye detalles de la mayor confiscación de armas en Reynosa, México, en ese mismo mes, con la participación de los Zetas, revela lo siguiente:
Otro ejemplo de problemas de coordinación ocurrió este mes. Autoridades mexicanas en Reynosa al otro lado de la frontera desde McAllen, confiscaron la mayor cantidad de armas de un cártel – cerca de 300 rifles de asalto, lanzagranadas disparados desde el hombro y medio millón de balas.
Pero semanas más tarde, las autoridades mexicanas todavía no habían permitido a la ATF el acceso a los números de serie que hubieran ayudado a rastrear a los compradores y traficantes al lado estadounidense.
No cabe duda de que la corrupción de los cárteles y la intimidación de los órganos de seguridad pública mexicanos a todo nivel y en toda agencia han causado una cierta disfunción.
Un ex agente de la DEA, que también pidió no ser nombrado, dice que el embarque de armas de grado militar al gobierno mexicano bajo el programa DCS, es esencialmente como “enviar armas a un sindicato del crimen” en vista del grado de corrupción dentro de ese gobierno.
Por lo menos un individuo con antiguas conexiones con agencias de inteligencia de EE.UU. está convencido de que la corrupta transferencia de armas entre militares mexicanos y narcocriminales en México es más que una teoría.
Tosh Plumlee, es ex piloto contratado por la CIA que condujo numerosas misiones de entrega de armas a Latinoamérica y transporte de drogas a EE.UU. como parte de las clandestinas operaciones Irán/Contra en los años ochenta, según antecedentes públicos. Después de inquietarse por esas misiones aprobadas por el gobierno, Plumlee decidió llevar sus preocupaciones al Congreso.
En su momento, Plumlee fue llamado a testificar ante el Congreso en numerosas ocasiones, sólo para descubrir que los comités del Congreso que escucharon su testimonio ordenaron que fuera considerado confidencial – lo que significaba que si Plumlee hablaba posteriormente en público al respecto, estaría violando la ley.
Plumlee, sin embargo, todavía tiene profundos contactos con el mundo de los servicios de inteligencia, algunos de los cuales, al parecer, quieren que presente alguna información sobre la naturaleza de la guerra de la droga en Juárez, México. Como resultado, Plumlee dice que recientemente hizo un viaje con individuos que describió como “fuentes confidenciales” a un pequeño depósito en Juárez – que se encuentra al otro lado de la frontera desde El Paso, Texas. Plumlee dice que aceptó acompañar a las fuentes porque actualmente está investigando para un libro que escribe sobre la guerra de la droga.
Plumlee dice que a su juicio es evidente que el almacén no formaba parte de una operación militar mexicana, y sin embargo estaba repleto de armas militares de EE.UU. – incluidas granadas, lanzagranadas, armas ligeras antitanque LAW [esencialmente bazucas de alta tecnología, rifles M16 y equipos de visión nocturna].
Plumlee dice que sus fuentes indicaron que las armas estadounidenses en el almacén – así como en otro ubicado en otro sitio en Juárez que no visitó – estaban ahora bajo el control de una organización de narcotráfico, que había obtenido la munición de elementos corruptos en el ejército mexicano.
Plumlee reconoce que no sabe por qué le permitieron que entrara al depósito y saliera vivo. Todo lo que puede decir con seguridad es que lo estaban utilizando para revelar la información y sospecha que esas armas han sido cambiadas de sitio desde entonces.
Por increíble que suene la historia de Plumlee, en realidad no puede sorprender que haya depósitos de armas en almacenes clandestinos en una ciudad como Juárez que, desde comienzos de 2008, ha producido cerca de 2.000 de los 7.000 asesinatos que se estima han tenido lugar en la sangrienta guerra de la droga de México. Y, quiérase o no creer la información de Plumlee, es evidente que tiene una larga historia como participante en el mundo infernal de las operaciones ocultas, y que es posible que cuente con la confianza de algunos protagonistas que siguen involucrados en ese arte clandestino.
Mike Levine, ex agente de la DEA que tiene años de experiencia en la participación en peligrosas operaciones clandestinas en el extranjero, dice que Plumlee es quien afirma ser. Levine presenta ahora un show radial en la ciudad de Nueva York en una estación de Pacifica Radio [el Expert Witness Radio Show] y Plumlee ha aparecido varias veces en ese show a lo largo de los años.
Levine dice sobre la credibilidad de Plumlee:
Antes de invitar a Tosh a salir al aire, porque su historia era tan increíble, lo investigué a través de agentes gubernamentales, todos los cuales dijeron que era genuino. Tengo una copia del mapa aéreo que entregó a un periódico semanario de San Diego, con anotaciones sobre todos sus vuelos con drogas, que fue lo primero que convenció sobre su persona.
Después que hizo numerosas revelaciones por radio en Nueva York, y los medios dominantes siguieron ignorándolo, el Congreso aparentemente estaba escuchando. Mis propias fuentes me habían dicho que agencias como la CIA grababan regularmente mi programa. (Solía recordarles, durante la emisión, que se aseguraran de apretar el botón rojo para grabar.)
Así que Tosh me llama un día cerca de 1997 y dice que el Congreso le ha pedido que testifique sobre sus experiencias, a puertas cerradas. Le dije: “Si haces eso, no van a hacer nada fuera de clasificar tu testimonio y hacer que sea ilegal que cuentes tu propia historia.”
Y eso, ciertamente, es lo que pasó, según Tosh.
¿Podría ser que Plumlee haya sido utilizado como una especie de mensaje en una botella, porque como ha pasado tantas veces en la historia pasada de EE.UU., la cadena normal de comando y los políticos en Washington, simplemente no quieren oír la verdad, no quieren arriesgar hacer olas en las relaciones internacionales con México o interrumpir el flujo de mercado libre de un multimillonario negocio “legal” de armas?
Después de todo, si el gobierno de EE.UU. tuviera que aceptar que los militares mexicanos están tan devastados por la corrupción y fuera del control del presidente Calderón de México que no se puede confiar en que controlen sus propias armas, ¿cómo puede su cooperación con el gobierno de Calderón tener alguna esperanza de éxito en lo que muchos dirían es una guerra contra la droga mal concebida para empezar?
En los hechos, si lo que ahora EE.UU. enfrenta en México, es probablemente que su cooperación con el gobierno de Calderón, cuando toma la forma de embarques de armas de EE.UU., probablemente sólo va a nutrir más derramamiento de sangre y probablemente sólo pondrá en grave peligro a agentes estadounidenses en el terreno que ayudan a esos esfuerzos.
Narco News trató de conseguir comentarios de funcionarios tanto en el Departamento de Justicia como en el Departamento de Estado sobre los temas presentados en este artículo. Hasta la fecha, esos pedidos – tanto por teléfono como por correo electrónico – han sido recibidos con un silencio total.
Manténganse al tanto…
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