Eduardo Ibarra Aguirre
Mientras los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral mostraron que son capaces de recular ante el airado rechazo a su pretensión de incrementar sus sueldos y prestaciones en 46 por ciento, con el propósito legal de emparejarlos con los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , los señores de toga y birrete ostentan una terrible falta de sensibilidad al incrementarse el salario en 14 mil pesos más que en 2008.
Los 11 ministros de la SCJN reciben como remuneración neta mensual, a partir del 26 de febrero, 347 mil 647 pesos mensuales. A lo anterior es indispensable agregar las siguientes partidas: bonos trimestrales de un mes de salario cada uno; prima vacacional equivalente al 50 por ciento de 10 días de sueldo base en cada uno de los dos periodos de descanso; 40 días de aguinaldo; seguros de vida, colectivo de retiro, de gastos médicos mayores y de separación individualizada (en este caso la Corte puede aportar un monto igual al del funcionario, hasta 10 por ciento de su salario mensual).
Tome aire, estimado lector, porque la lista de prestaciones para los que exoneraron a Mario Plutarco Marín Torres, Ulises Ruiz Ortiz y Enrique Peña Nieto , es larga: dos vehículos a disposición de cada ministro, teléfono móvil y/o Internet, gastos de alimentación, ayuda para anteojos, estímulos por antigüedad, en el caso de Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia por ejercer la presidencia y en el de Mariano Azuela Güitrón pensión por decanato. Imposible omitir que este señor acordaba con Vicente Fox Quesada en Los Pinos sobre asuntos judiciales.
Sólo nominalmente los salarios y prestaciones de la elite judicial están muy por encima de los que percibe Felipe de Jesús Calderón Hinojosa . Es conocido, incluso entre sus más fervientes partidarios, que el primer empleado de la nación cuesta al erario muchísimo, con exactitud ni él mismo lo sabe, y que vive y despacha sin que nadie ponga freno al uso y abuso de recursos públicos ni logre transparentarlos.
En la misma cúpula judicial reconocen que en la judicatura federal “se perciben “excelentes sueldos e inmejorables prestaciones”, pero arguyen que no están en condiciones de reducirlos “en razón de lo establecido por el artículo 94 constitucional”. Acaso por pena, no argumentan que también son altísimos los salarios para que ministros, magistrados y jueces no se corrompan. El propósito es muy loable, mas en su materialización no se perciben resultados tangibles.
La misma coartada, constitucional, esgrimió obsesivamente Marco Antonio Gómez Alcántar para defender la decisión de la Junta General Ejecutiva del IFE de incrementar en 46 por ciento los sueldos y prestaciones de los consejeros ciudadanos que, paradójicamente, ganaron su espacio más que por el impulso de un partido político, por el decisivo respaldo de padrinos tan distinguidos como Manlio Fabio Beltrones Rivera o tan emblemáticos como Emilio Gamboa Patrón .
En tanto que la inmensa mayoría de los mexicanos gana entre uno y tres salarios mínimos –de 54.80 en la zona A, la mejor pagada del país--, lo que significa mil 644 pesos mensuales en el primer caso y 4 mil 987 pesos en el segundo, la independencia del Judicial y de los órganos autónomos de Estado se usa para establecer sueldos en beneficio propio, para servirse con la cuchara grande, y mucho menos para cumplir con las obligaciones establecidas por la ley de leyes, como lo evidencia el caso de los tres gobernadores y la insostenible exculpación del duopolio televisivo.
El reculamiento de los consejeros es plausible, pero infinitamente más será que los diputados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional descongelen en la Cámara de Diputados la ley de los salarios máximos, aprobada por el Senado.
Mientras los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral mostraron que son capaces de recular ante el airado rechazo a su pretensión de incrementar sus sueldos y prestaciones en 46 por ciento, con el propósito legal de emparejarlos con los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , los señores de toga y birrete ostentan una terrible falta de sensibilidad al incrementarse el salario en 14 mil pesos más que en 2008.
Los 11 ministros de la SCJN reciben como remuneración neta mensual, a partir del 26 de febrero, 347 mil 647 pesos mensuales. A lo anterior es indispensable agregar las siguientes partidas: bonos trimestrales de un mes de salario cada uno; prima vacacional equivalente al 50 por ciento de 10 días de sueldo base en cada uno de los dos periodos de descanso; 40 días de aguinaldo; seguros de vida, colectivo de retiro, de gastos médicos mayores y de separación individualizada (en este caso la Corte puede aportar un monto igual al del funcionario, hasta 10 por ciento de su salario mensual).
Tome aire, estimado lector, porque la lista de prestaciones para los que exoneraron a Mario Plutarco Marín Torres, Ulises Ruiz Ortiz y Enrique Peña Nieto , es larga: dos vehículos a disposición de cada ministro, teléfono móvil y/o Internet, gastos de alimentación, ayuda para anteojos, estímulos por antigüedad, en el caso de Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia por ejercer la presidencia y en el de Mariano Azuela Güitrón pensión por decanato. Imposible omitir que este señor acordaba con Vicente Fox Quesada en Los Pinos sobre asuntos judiciales.
Sólo nominalmente los salarios y prestaciones de la elite judicial están muy por encima de los que percibe Felipe de Jesús Calderón Hinojosa . Es conocido, incluso entre sus más fervientes partidarios, que el primer empleado de la nación cuesta al erario muchísimo, con exactitud ni él mismo lo sabe, y que vive y despacha sin que nadie ponga freno al uso y abuso de recursos públicos ni logre transparentarlos.
En la misma cúpula judicial reconocen que en la judicatura federal “se perciben “excelentes sueldos e inmejorables prestaciones”, pero arguyen que no están en condiciones de reducirlos “en razón de lo establecido por el artículo 94 constitucional”. Acaso por pena, no argumentan que también son altísimos los salarios para que ministros, magistrados y jueces no se corrompan. El propósito es muy loable, mas en su materialización no se perciben resultados tangibles.
La misma coartada, constitucional, esgrimió obsesivamente Marco Antonio Gómez Alcántar para defender la decisión de la Junta General Ejecutiva del IFE de incrementar en 46 por ciento los sueldos y prestaciones de los consejeros ciudadanos que, paradójicamente, ganaron su espacio más que por el impulso de un partido político, por el decisivo respaldo de padrinos tan distinguidos como Manlio Fabio Beltrones Rivera o tan emblemáticos como Emilio Gamboa Patrón .
En tanto que la inmensa mayoría de los mexicanos gana entre uno y tres salarios mínimos –de 54.80 en la zona A, la mejor pagada del país--, lo que significa mil 644 pesos mensuales en el primer caso y 4 mil 987 pesos en el segundo, la independencia del Judicial y de los órganos autónomos de Estado se usa para establecer sueldos en beneficio propio, para servirse con la cuchara grande, y mucho menos para cumplir con las obligaciones establecidas por la ley de leyes, como lo evidencia el caso de los tres gobernadores y la insostenible exculpación del duopolio televisivo.
El reculamiento de los consejeros es plausible, pero infinitamente más será que los diputados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional descongelen en la Cámara de Diputados la ley de los salarios máximos, aprobada por el Senado.
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