Por Opinión Invitada
José Alejandro González Garza
En días pasados, Miguel Ángel Rodríguez Muñoz fue detenido indebidamente por la Policía de Monterrey al ser confundido con el "Chacal de Mitras", quien es buscado por las autoridades por molestar a tres jóvenes estudiantes de preparatoria.
Después de exhibirlo ante los medios como tal, previamente a cualquier confrontación con las afectadas, la Policía tuvo que soltar al hombre de 34 años, pues las víctimas no lo reconocieron como su agresor. Su detención "sólo" duró siete horas. El daño moral causado por la identificación instantánea ante los medios como agresor sexual le va a durar más.
Hasta la fecha no ha habido quién lo defienda por la violación a sus garantías individuales y busque resarcir el daño sufrido.
Hace dos semanas, por otro lado, una tienda de artículos de pesca en Clearwater, Florida, fue multada dos veces. Primero, por exhibir un mural con peces en su exterior, lo que contraviene -en opinión de la autoridad- una prohibición establecida en la normativa de la localidad contra la colocación de anuncios.
En vez de pintar sobre el mural como le ordenaron las autoridades, Herb Quintero, dueño de la tienda, decidió taparlo con una manta con el texto de la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. La Primera Enmienda, entre otros derechos fundamentales, protege y consagra el derecho a la libertad de expresión en ese país. ¿El resultado de esta protesta cívica? La multa número dos.
Contrariamente al desamparo total que vivió -y vive- Rodríguez Muñoz, Quintero encontró apoyo de inmediato cuando la American Civil Liberties Union (ACLU), una asociación de personas dedicadas a la defensa jurídica de los derechos fundamentales o garantías individuales, se ofreció a demandar a la ciudad de Clearwater por violar su derecho a la libertad de expresión.
La ACLU es una organización que ha defendido por más de 80 años las causas de los derechos fundamentales del gobernado mediante el litigio en los tribunales y el cabildeo ante los órganos legislativos.
Es una organización que causa controversia, pues sus posturas normalmente son extremas al grado de polarizar a la opinión pública a favor o en contra, pero ha jugado un rol trascendental en el desarrollo constitucional de Estados Unidos a través de los juicios que ha promovido.
Temas como la discriminación, la libertad de expresión, de asociación, de prensa, de tránsito y la privacidad han recibido su atención y han brindado apoyo a las personas que sufren de algún agravio en cualquier parte del país. Esas luchas han formado la jurisprudencia que resguarda los derechos más preciados del individuo: vida y libertad.
Sobra decir que no están patrocinados por el Gobierno, por el contrario, la mayor parte de su financiamiento proviene de las donaciones de sus más de 500 mil miembros voluntarios que aportan dinero y tiempo para una estructura organizacional compuesta por empleados y abogados voluntarios.
Si bien no es la única organización de su tipo en Estados Unidos, creo que es un gran ejemplo de la belicosidad de nuestros vecinos cuando se trata de salvaguardar sus derechos fundamentales.
Cuando algún ciudadano estadounidense siente amenazada o violada alguna garantía individual por parte de las autoridades, sabe que puede demandar y quiere hacerlo. La misma sociedad se ha encargado de preservar para sí misma ese derecho que le resguarda todos los demás.
¿A quién le va a llamar Miguel Ángel Rodríguez Muñoz para reclamar la injusticia de la que fue objeto? ¿Con quién se pueden quejar los cientos de ciudadanos que son hostigados por ser pobres, jóvenes, mujeres o diferentes?
En los negocios existe un dicho que incluso considero cierto: "Más vale un mal arreglo que un buen pleito". Las más de las veces no hace sentido económico pelear un asunto hasta el final, cuando existe la posibilidad de un arreglo.
El Estado, sin embargo, no es un negocio, aunque algunos así lo quieran ver. En la dialéctica de gobernante y gobernado deben existir buenos pleitos judiciales que señalen claramente las reglas de convivencia para nuestro país, y no malos "arreglos".
La próxima vez que una autoridad se le acerque y le pregunte "¿Cómo nos arreglamos?", respóndale que respetando sus derechos como ciudadano, que usted velará por cumplir con sus obligaciones.
¿Quién podrá defendernos? Sólo nosotros.
El autor es abogado por el Tec de Monterrey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
José Alejandro González Garza
En días pasados, Miguel Ángel Rodríguez Muñoz fue detenido indebidamente por la Policía de Monterrey al ser confundido con el "Chacal de Mitras", quien es buscado por las autoridades por molestar a tres jóvenes estudiantes de preparatoria.
Después de exhibirlo ante los medios como tal, previamente a cualquier confrontación con las afectadas, la Policía tuvo que soltar al hombre de 34 años, pues las víctimas no lo reconocieron como su agresor. Su detención "sólo" duró siete horas. El daño moral causado por la identificación instantánea ante los medios como agresor sexual le va a durar más.
Hasta la fecha no ha habido quién lo defienda por la violación a sus garantías individuales y busque resarcir el daño sufrido.
Hace dos semanas, por otro lado, una tienda de artículos de pesca en Clearwater, Florida, fue multada dos veces. Primero, por exhibir un mural con peces en su exterior, lo que contraviene -en opinión de la autoridad- una prohibición establecida en la normativa de la localidad contra la colocación de anuncios.
En vez de pintar sobre el mural como le ordenaron las autoridades, Herb Quintero, dueño de la tienda, decidió taparlo con una manta con el texto de la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. La Primera Enmienda, entre otros derechos fundamentales, protege y consagra el derecho a la libertad de expresión en ese país. ¿El resultado de esta protesta cívica? La multa número dos.
Contrariamente al desamparo total que vivió -y vive- Rodríguez Muñoz, Quintero encontró apoyo de inmediato cuando la American Civil Liberties Union (ACLU), una asociación de personas dedicadas a la defensa jurídica de los derechos fundamentales o garantías individuales, se ofreció a demandar a la ciudad de Clearwater por violar su derecho a la libertad de expresión.
La ACLU es una organización que ha defendido por más de 80 años las causas de los derechos fundamentales del gobernado mediante el litigio en los tribunales y el cabildeo ante los órganos legislativos.
Es una organización que causa controversia, pues sus posturas normalmente son extremas al grado de polarizar a la opinión pública a favor o en contra, pero ha jugado un rol trascendental en el desarrollo constitucional de Estados Unidos a través de los juicios que ha promovido.
Temas como la discriminación, la libertad de expresión, de asociación, de prensa, de tránsito y la privacidad han recibido su atención y han brindado apoyo a las personas que sufren de algún agravio en cualquier parte del país. Esas luchas han formado la jurisprudencia que resguarda los derechos más preciados del individuo: vida y libertad.
Sobra decir que no están patrocinados por el Gobierno, por el contrario, la mayor parte de su financiamiento proviene de las donaciones de sus más de 500 mil miembros voluntarios que aportan dinero y tiempo para una estructura organizacional compuesta por empleados y abogados voluntarios.
Si bien no es la única organización de su tipo en Estados Unidos, creo que es un gran ejemplo de la belicosidad de nuestros vecinos cuando se trata de salvaguardar sus derechos fundamentales.
Cuando algún ciudadano estadounidense siente amenazada o violada alguna garantía individual por parte de las autoridades, sabe que puede demandar y quiere hacerlo. La misma sociedad se ha encargado de preservar para sí misma ese derecho que le resguarda todos los demás.
¿A quién le va a llamar Miguel Ángel Rodríguez Muñoz para reclamar la injusticia de la que fue objeto? ¿Con quién se pueden quejar los cientos de ciudadanos que son hostigados por ser pobres, jóvenes, mujeres o diferentes?
En los negocios existe un dicho que incluso considero cierto: "Más vale un mal arreglo que un buen pleito". Las más de las veces no hace sentido económico pelear un asunto hasta el final, cuando existe la posibilidad de un arreglo.
El Estado, sin embargo, no es un negocio, aunque algunos así lo quieran ver. En la dialéctica de gobernante y gobernado deben existir buenos pleitos judiciales que señalen claramente las reglas de convivencia para nuestro país, y no malos "arreglos".
La próxima vez que una autoridad se le acerque y le pregunte "¿Cómo nos arreglamos?", respóndale que respetando sus derechos como ciudadano, que usted velará por cumplir con sus obligaciones.
¿Quién podrá defendernos? Sólo nosotros.
El autor es abogado por el Tec de Monterrey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
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