Amy Goodman
La utilización de dinero del rescate financiero –dinero aportado por los contribuyentes– para el pago de primas de AIG ha provocado, con razón, una virulenta reacción masiva contra la aseguradora y contra Wall Street. Pero también contra el presidente Barack Obama y sus asesores económicos: el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, y Larry Summers. Con el rescate financiero, los ciudadanos estadunidenses pasaron a ser propietarios de 80 por ciento de AIG. La indignación se hizo notar tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano. El senador republicano por Iowa, Charles Grassley, dijo sobre los ejecutivos de AIG: "Lo primero que me haría sentir un poco mejor con ellos es que siguieran el modelo japonés, hicieran una profunda reverencia ante el pueblo estadunidense, se disculparan y luego optaran por una de estas dos alternativas: renunciar o suicidarse". El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, acaba de difundir detalles del pago de primas que dejan en evidencia la absurda afirmación de AIG de que se trata de "primas de retención" dirigidas a conservar a empleados clave: 11 de los ejecutivos que recibieron primas de un millón de dólares ya no trabajan para AIG.
Estos millonarios de AIG tendrían que devolver estas fortunas que no ganaron con su trabajo, y de hecho cabe la posibilidad de que el Congreso apruebe una ley impositiva exclusivamente para ellos, que grave sus primas en 100 por ciento. Pero, para quienes han sido los más golpeados por la crisis económica, ¿servirá de algo toda esta indignación? ¿Llegará algo de los cientos de millones de dólares de los diversos paquetes de estímulo económico y rescates financieros al ciudadano común que simplemente intenta salir adelante? ¿O serán acaparados por las corporaciones consideradas "demasiado grandes como para ir a la quiebra", dejando atrás a millones de personas que, por lo visto, son suficientemente pequeñas como para dejarlas quebrar?
El Centro para la Inclusión Social (CSI, por sus siglas en inglés) acaba de publicar un informe sobre la crisis económica que incluye recomendaciones para la mejor manera de resolverla. Vincula el factor racial con la falta de oportunidades y la proliferación de las tristemente famosas hipotecas de alto riesgo que desencadenaron la crisis económica.
Maya Wiley, directora ejecutiva de CSI, me dijo: "Para estimular la economía tenemos que estimular la igualdad". La gente precisa educación, transporte, vivienda y un medio ambiente limpio, porque ésos son los factores que les permiten tener una base sólida para responder a la crisis y salir adelante. Wiley advierte que la propuesta de crear puestos de trabajo a partir de proyectos de infraestructura de rápida implementación (proyectos conocidos como shovel-ready) dirigidos a estimular la economía, favorecerá en forma desproporcionada a quienes ya trabajan en el sector de la construcción, que son predominantemente blancos. Por eso propone que se establezcan acuerdos de beneficios comunitarios para la creación de empleos. Sobre este tema, Wiley me comentó: "Es necesario contar con acuerdos de beneficios comunitarios para las obras de construcción; debemos asegurarnos de que cuando el gobierno realice obras de construcción garantice que las personas de bajos ingresos, las de color y las mujeres accedan en igualdad de condiciones a esos puestos de trabajo. Y debemos asegurarnos de que el presupuesto de tránsito o, más bien, el presupuesto de transporte se destine realmente a proyectos inteligentes de tránsito que conecten a la gente que necesita trabajo con los lugares donde están los puestos de trabajo".
El grupo Unidos por una Economía Justa también pone énfasis en la brecha racial que existe en la distribución de la riqueza señalando que "24 por ciento de la población negra y 21 por ciento de la latina viven bajo la línea de pobreza, mientras que sólo 8 por ciento de la población blanca se encuentra en esa situación. En el mundo corporativo estamos presenciando los mayores rescates financieros de la historia, a la vez que las remuneraciones que reciben los ejecutivos alcanzan montos inusitados. El sueldo de un alto ejecutivo es 344 veces mayor que el de un trabajador promedio".
Existe una creencia generalizada de que la liberación de créditos salvará a la economía y de que, por lo tanto, estos gigantes bancarios necesitan cientos de miles de millones de dólares de los rescates financieros costeados por los contribuyentes. Pero la crisis comenzó justamente por los incumplimientos de pago de los créditos hipotecarios de alto riesgo. Una solución que se podría haber intentado cuando comenzó la crisis hubiera sido ayudar a los propietarios que no podían pagar, de manera que se salvaran de la ejecución de su vivienda. Maya Wiley del Centro para la Inclusión, señala: "El 35 por ciento de los titulares de hipotecas de alto riesgo estaban en realidad en condiciones de recibir préstamos a tasas preferenciales. Treinta y cinco por ciento. Así que imagínense si hubiéramos tenido un sistema de financiación en el cual la gente hubiera accedido realmente a los créditos que le correspondían. La mayoría de esa gente eran de color. E incluso si miramos cómo se extendió la industria de los préstamos de alto riesgo, vemos que en gran medida se desarrolló porque estas comunidades de color no tenían un acceso justo al crédito".
Los bancos y las instituciones de préstamos hipotecarios impulsaron una estrategia agresiva para imponerles préstamos riesgosos a personas pobres y minorías. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) presentó demandas contra Wells Fargo y HSBC, acusando a estas instituciones de "racismo sistemático e institucionalizado en la concesión de préstamos hipotecarios".
Los bancos empaquetaron estos préstamos riesgosos en valores financieros y los vendieron; luego, con base en esos valores crearon instrumentos derivados que resultan imposibles de entender y mucho menos valuar. AIG aseguró a los bancos de inversión contra las potenciales pérdidas de estos instrumentos derivados complejos. El Tesoro de Estados Unidos rescató entonces a los bancos y a AIG. Esta última luego utilizó decenas de miles de millones de dólares de su dinero del rescate financiero para pagarles a esos mismos gigantes bancarios que ya habían recibido miles de millones de dólares en fondos de rescate: Bank of America y Goldman Sachs. Pero, a pesar de esta sangría de cientos de miles de millones de dólares que se ha destinado a estos megabancos, resulta que ahora nos dicen que el mercado crediticio sigue paralizado. Muchos bancos europeos también han recibido fondos mediante similares rescates, incluido el banco suizo UBS, que ofrece cuentas bancarias secretas que permiten a los estadunidenses más ricos evadir impuestos. De hecho eso es lo que están haciendo los tan golpeados contribuyentes estadunidenses: rescatando a sus acaudalados compatriotas evasores de impuestos.
Obama se ha rodeado de asesores financieros, como Summers y Geithner, que tienen vínculos muy estrechos con Wall Street. Es hora de encauzar el estímulo económico hacia quienes realmente lo necesitan: los ciudadanos que lo están financiando con sus impuestos.
La utilización de dinero del rescate financiero –dinero aportado por los contribuyentes– para el pago de primas de AIG ha provocado, con razón, una virulenta reacción masiva contra la aseguradora y contra Wall Street. Pero también contra el presidente Barack Obama y sus asesores económicos: el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, y Larry Summers. Con el rescate financiero, los ciudadanos estadunidenses pasaron a ser propietarios de 80 por ciento de AIG. La indignación se hizo notar tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano. El senador republicano por Iowa, Charles Grassley, dijo sobre los ejecutivos de AIG: "Lo primero que me haría sentir un poco mejor con ellos es que siguieran el modelo japonés, hicieran una profunda reverencia ante el pueblo estadunidense, se disculparan y luego optaran por una de estas dos alternativas: renunciar o suicidarse". El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, acaba de difundir detalles del pago de primas que dejan en evidencia la absurda afirmación de AIG de que se trata de "primas de retención" dirigidas a conservar a empleados clave: 11 de los ejecutivos que recibieron primas de un millón de dólares ya no trabajan para AIG.
Estos millonarios de AIG tendrían que devolver estas fortunas que no ganaron con su trabajo, y de hecho cabe la posibilidad de que el Congreso apruebe una ley impositiva exclusivamente para ellos, que grave sus primas en 100 por ciento. Pero, para quienes han sido los más golpeados por la crisis económica, ¿servirá de algo toda esta indignación? ¿Llegará algo de los cientos de millones de dólares de los diversos paquetes de estímulo económico y rescates financieros al ciudadano común que simplemente intenta salir adelante? ¿O serán acaparados por las corporaciones consideradas "demasiado grandes como para ir a la quiebra", dejando atrás a millones de personas que, por lo visto, son suficientemente pequeñas como para dejarlas quebrar?
El Centro para la Inclusión Social (CSI, por sus siglas en inglés) acaba de publicar un informe sobre la crisis económica que incluye recomendaciones para la mejor manera de resolverla. Vincula el factor racial con la falta de oportunidades y la proliferación de las tristemente famosas hipotecas de alto riesgo que desencadenaron la crisis económica.
Maya Wiley, directora ejecutiva de CSI, me dijo: "Para estimular la economía tenemos que estimular la igualdad". La gente precisa educación, transporte, vivienda y un medio ambiente limpio, porque ésos son los factores que les permiten tener una base sólida para responder a la crisis y salir adelante. Wiley advierte que la propuesta de crear puestos de trabajo a partir de proyectos de infraestructura de rápida implementación (proyectos conocidos como shovel-ready) dirigidos a estimular la economía, favorecerá en forma desproporcionada a quienes ya trabajan en el sector de la construcción, que son predominantemente blancos. Por eso propone que se establezcan acuerdos de beneficios comunitarios para la creación de empleos. Sobre este tema, Wiley me comentó: "Es necesario contar con acuerdos de beneficios comunitarios para las obras de construcción; debemos asegurarnos de que cuando el gobierno realice obras de construcción garantice que las personas de bajos ingresos, las de color y las mujeres accedan en igualdad de condiciones a esos puestos de trabajo. Y debemos asegurarnos de que el presupuesto de tránsito o, más bien, el presupuesto de transporte se destine realmente a proyectos inteligentes de tránsito que conecten a la gente que necesita trabajo con los lugares donde están los puestos de trabajo".
El grupo Unidos por una Economía Justa también pone énfasis en la brecha racial que existe en la distribución de la riqueza señalando que "24 por ciento de la población negra y 21 por ciento de la latina viven bajo la línea de pobreza, mientras que sólo 8 por ciento de la población blanca se encuentra en esa situación. En el mundo corporativo estamos presenciando los mayores rescates financieros de la historia, a la vez que las remuneraciones que reciben los ejecutivos alcanzan montos inusitados. El sueldo de un alto ejecutivo es 344 veces mayor que el de un trabajador promedio".
Existe una creencia generalizada de que la liberación de créditos salvará a la economía y de que, por lo tanto, estos gigantes bancarios necesitan cientos de miles de millones de dólares de los rescates financieros costeados por los contribuyentes. Pero la crisis comenzó justamente por los incumplimientos de pago de los créditos hipotecarios de alto riesgo. Una solución que se podría haber intentado cuando comenzó la crisis hubiera sido ayudar a los propietarios que no podían pagar, de manera que se salvaran de la ejecución de su vivienda. Maya Wiley del Centro para la Inclusión, señala: "El 35 por ciento de los titulares de hipotecas de alto riesgo estaban en realidad en condiciones de recibir préstamos a tasas preferenciales. Treinta y cinco por ciento. Así que imagínense si hubiéramos tenido un sistema de financiación en el cual la gente hubiera accedido realmente a los créditos que le correspondían. La mayoría de esa gente eran de color. E incluso si miramos cómo se extendió la industria de los préstamos de alto riesgo, vemos que en gran medida se desarrolló porque estas comunidades de color no tenían un acceso justo al crédito".
Los bancos y las instituciones de préstamos hipotecarios impulsaron una estrategia agresiva para imponerles préstamos riesgosos a personas pobres y minorías. La Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) presentó demandas contra Wells Fargo y HSBC, acusando a estas instituciones de "racismo sistemático e institucionalizado en la concesión de préstamos hipotecarios".
Los bancos empaquetaron estos préstamos riesgosos en valores financieros y los vendieron; luego, con base en esos valores crearon instrumentos derivados que resultan imposibles de entender y mucho menos valuar. AIG aseguró a los bancos de inversión contra las potenciales pérdidas de estos instrumentos derivados complejos. El Tesoro de Estados Unidos rescató entonces a los bancos y a AIG. Esta última luego utilizó decenas de miles de millones de dólares de su dinero del rescate financiero para pagarles a esos mismos gigantes bancarios que ya habían recibido miles de millones de dólares en fondos de rescate: Bank of America y Goldman Sachs. Pero, a pesar de esta sangría de cientos de miles de millones de dólares que se ha destinado a estos megabancos, resulta que ahora nos dicen que el mercado crediticio sigue paralizado. Muchos bancos europeos también han recibido fondos mediante similares rescates, incluido el banco suizo UBS, que ofrece cuentas bancarias secretas que permiten a los estadunidenses más ricos evadir impuestos. De hecho eso es lo que están haciendo los tan golpeados contribuyentes estadunidenses: rescatando a sus acaudalados compatriotas evasores de impuestos.
Obama se ha rodeado de asesores financieros, como Summers y Geithner, que tienen vínculos muy estrechos con Wall Street. Es hora de encauzar el estímulo económico hacia quienes realmente lo necesitan: los ciudadanos que lo están financiando con sus impuestos.
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