Teodoro Rentería Arróyave
En seguimiento de la anterior entrega, donde abordamos el escandaloso caso del Banco Nacional de México, Banamex, destacamos la acertada crítica de la oposición tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados por la decisión del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no aplicar la norma, lo que considera una “puntada” del alto funcionario y ahora ya decidió presentar la controversia para revertir esta acción francamente desnacionalizada y violatoria de nuestras leyes.
En efecto, se trata de una violación flagrante a la leyes vigentes que prohíben la injerencia de gobiernos extranjeros en la instituciones bancarias del país y, no obstante ello, la decisión dada ha conocer por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens de otorgar al gobierno estadounidense un periodo de gracia de 3 años para, en caso de prevalecer su participación en Banamex, sea restituido a la nación a través de la venta de sus activos.
Primero, debemos de recordar que Banamex se vendió en tiempos de Vicente Fox Quesada al banco estadounidense trasnacional Citygroup en una transacción nada clara, avalada tanto por el entonces huésped de Los Pinos como por su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, debido a que las partes involucradas realizaron la transacción en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, para eludir el pago de impuestos lo que ocasionó un quebranto al erario nacional de 35 mil millones de pesos, al cambio de aquella fecha, fue de más 3 mil 500 millones de dólares.
En segundo termino, por la situación de la crisis en Estados Unidas que provocara por sus excesos y guerras intervencionistas el anterior huésped de la Casa Blanca, George W. Bush, y que exportara a todo el planeta, el actual mandatario, Barack Obama, quién lo dijera, se vio en la necesidad para salvar los bancos de su nación, entre ellos Citygroup, a intervenirlos con capital del Estado, una especie de nacionalización para no andarnos con rodeos.
Los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Convergencia, informaron que presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional correspondiente en contra de la decisión tomada por el gobierno federal de avalar la participación del gobierno estadounidense en el Banco Nacional de México, Banamex
Los prestigiados economistas Jesús Silva Herzog y Francisco Suárez Dávila han declarado que el comunicado presentado por la Secretaría de Hacienda sobre “las implicaciones de los Programas de Apoyo de Gobiernos Extranjeros sobre el Sistema Financiero Nacional” es un documento lamentable por varias razones:
1. Jurídicamente es débil, inconsistente y falaz, y finalmente no demuestra la inaplicabilidad del Artículo 13 de la Ley Bancaria, que determina que la situación actual de Banamex es ilegal. 2. Su orientación indica que está descartando la gran oportunidad histórica de que, sustentada en la aplicación de la ley, se revierta para los mexicanos -sea su gobierno, sus banqueros o sus empresarios-, la propiedad del segundo banco del país, rescatando así un instrumento eficaz para hacer frente a la crisis, y 3. Finalmente, con el engaño burdo de que se enviará una iniciativa, reafirmando la rectoría del Estado, en realidad se está legitimando la situación ilegal de Citibank y sirviendo a sus interés.
De acuerdo, este asunto debe resolverse en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no por una “puntada del titular de Hacienda”, es decir la “puntada” se va a la controversia constitucional.
En seguimiento de la anterior entrega, donde abordamos el escandaloso caso del Banco Nacional de México, Banamex, destacamos la acertada crítica de la oposición tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados por la decisión del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no aplicar la norma, lo que considera una “puntada” del alto funcionario y ahora ya decidió presentar la controversia para revertir esta acción francamente desnacionalizada y violatoria de nuestras leyes.
En efecto, se trata de una violación flagrante a la leyes vigentes que prohíben la injerencia de gobiernos extranjeros en la instituciones bancarias del país y, no obstante ello, la decisión dada ha conocer por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens de otorgar al gobierno estadounidense un periodo de gracia de 3 años para, en caso de prevalecer su participación en Banamex, sea restituido a la nación a través de la venta de sus activos.
Primero, debemos de recordar que Banamex se vendió en tiempos de Vicente Fox Quesada al banco estadounidense trasnacional Citygroup en una transacción nada clara, avalada tanto por el entonces huésped de Los Pinos como por su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, debido a que las partes involucradas realizaron la transacción en la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, para eludir el pago de impuestos lo que ocasionó un quebranto al erario nacional de 35 mil millones de pesos, al cambio de aquella fecha, fue de más 3 mil 500 millones de dólares.
En segundo termino, por la situación de la crisis en Estados Unidas que provocara por sus excesos y guerras intervencionistas el anterior huésped de la Casa Blanca, George W. Bush, y que exportara a todo el planeta, el actual mandatario, Barack Obama, quién lo dijera, se vio en la necesidad para salvar los bancos de su nación, entre ellos Citygroup, a intervenirlos con capital del Estado, una especie de nacionalización para no andarnos con rodeos.
Los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Convergencia, informaron que presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional correspondiente en contra de la decisión tomada por el gobierno federal de avalar la participación del gobierno estadounidense en el Banco Nacional de México, Banamex
Los prestigiados economistas Jesús Silva Herzog y Francisco Suárez Dávila han declarado que el comunicado presentado por la Secretaría de Hacienda sobre “las implicaciones de los Programas de Apoyo de Gobiernos Extranjeros sobre el Sistema Financiero Nacional” es un documento lamentable por varias razones:
1. Jurídicamente es débil, inconsistente y falaz, y finalmente no demuestra la inaplicabilidad del Artículo 13 de la Ley Bancaria, que determina que la situación actual de Banamex es ilegal. 2. Su orientación indica que está descartando la gran oportunidad histórica de que, sustentada en la aplicación de la ley, se revierta para los mexicanos -sea su gobierno, sus banqueros o sus empresarios-, la propiedad del segundo banco del país, rescatando así un instrumento eficaz para hacer frente a la crisis, y 3. Finalmente, con el engaño burdo de que se enviará una iniciativa, reafirmando la rectoría del Estado, en realidad se está legitimando la situación ilegal de Citibank y sirviendo a sus interés.
De acuerdo, este asunto debe resolverse en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no por una “puntada del titular de Hacienda”, es decir la “puntada” se va a la controversia constitucional.
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