La muy oportuna “descomposición” del Estado mexicano, pretexto para militarizar y recrudecer la represión gubernamental
Adán Salgado Andrade
En el excelente libro “The shock doctrine” de la periodista Naomi Klein, se plantea la tesis central de que en todo el mundo la instauración de brutales medidas económicas y de control social que sólo han favorecido, y continúan favoreciendo, al capitalismo salvaje, se ha facilitado cuando concurren eventos tan catastróficos y graves, que son capaces de poner en “shock” a todo el sistema y que en consecuencia merecen un tratamiento de “shock” acorde a la “dramática” situación.
Por ejemplo, eso pasó cuando el 11 de septiembre del 2001 fueron derribadas las torres gemelas de la ciudad de Nueva York, debido a un muy sospechoso atentado de la organización terrorista Al Qaeda comandada por el (¿escurridizo?) Obama Bin Laden. Fue suficiente para que el gobierno de Bush, en aquel entonces, pretextando una crisis nacional, iniciara su famosa “guerra contra el terrorismo”, la cual, si no se hacía, advirtió, podría ocasionar que “eventos terroristas” tales como el de las torres gemelas, pudieran repetirse y toda la estabilidad de EEUU se colapsara y se viniera abajo. Y tan efectivo fue esa especie de psicótico miedo que se indujo en la mayor parte de los estadounidenses (he conocido gente de ese país que se dice progresista y demócrata, que, sin objetar nada, estuvo de acuerdo con la subsecuentes invasiones a Afganistán y a Irak por motivos de “seguridad nacional”), que aceptaron sin titubeos que se implantaran medidas que inclusive atentaban contra los derechos humanos y las libertades básicas de todos los estadounidenses. Se implementaron ilegales cuestiones que permitían a agencias como el FBI o la CIA espiar telefónicamente a sospechosos, se consideraban “terroristas” a personas que tuvieran descendencia o fueran árabes, se investigaba en las escuelas a profesores y/o alumnos que estuvieran estudiando árabe o interesados en esa cultura, se “invitaba” a la ciudadanía a “denunciar” a cualquier persona que tuviera actividades “raras”, se detenía ilegalmente a cuanto extranjero ingresara o estuviera viviendo en ese país… y muchas otras arbitrariedades que la agencia que se formó especialmente para tal efecto, el “Department of Homeland Security”, coordinó, sin menoscabo de violar abiertamente las libertades civiles y de actuar el gobierno ilegal y hasta fascistamente (además, fue tan efectiva la psicosis creada, que a la fecha varios “patriotas” ciudadanos, voluntariamente se dedican a “cazar” terroristas a través del Internet. Aprenden árabe para hacerse pasar por árabes, ya que continúa el estigma de seguir considerando a dicha nacionalidad como “terrorista”, y espían a organizaciones y ciudadanos árabes con tal de “descubrir” planes para futuros atentados “terroristas”. Ver mi trabajo en Internet “Los aficionados antiterroristas o de cómo se sigue extendiendo la paranoia ‘antiterrorista’ ”). Pero además la “guerra contra el terrorismo” ha sido un excelente negocio desde entonces por los miles de millones de dólares que EEUU y el resto del mundo, obligado por aquél, han gastado para tenernos “más seguros” (ver mi trabajo en Internet “La amenaza terrorista: El nuevo gran negocio para la industria del miedo”).
Los tratamientos de “shock” también se han aplicado cuando se producen fuertes crisis económicas, tales como las que se achacaron a los estados de economía mixta (keynesianos), quienes a finales de los años setenta y principios de los ochenta, aún se guiaban bajo ese esquema, y que comenzaron a experimentar recurrentes problemas económicos (aunque nunca tan graves como los que actualmente se viven, producto de un desregulado, descontrolado y salvaje capitalismo, al que se dejó actuar a sus anchas durante los últimos treinta años). Dichas crisis en realidad no fueron producto de la participación del estado en la economía, sino que se deben al carácter inherentemente crítico y recesivo del sistema capitalista, pero así se hizo ver. Los problemas derivados de dichas crisis, tales como altísimas inflaciones (de mil por ciento o más, o sea, que un artículo podía subir hasta diez veces su valor en sólo un año), además de fuertes deudas externas (las que se debieron a préstamos de bancos extranjeros, con gran ánimo de obtener buenas ganancias), provocaron en la población de tales países (especialmente de la región latinoamericana), una gran preocupación, acompañada de angustias y miedos y una creciente inseguridad económica, pues todo subía inclementemente, menos sus salarios, además de que en cualquier momento podían ser despedidos. Y se debe señalar, como analiza Naomi Klein en su mencionado libro, que esas crisis e inestabilidades financieras, la mayoría fueron heredadas de las dictaduras militares, sobre todo en Latinoamérica, que fueron infames, violentas, asesinas y autoritarias formas de imposición política (muy bien planeadas y vigiladas por Estados Unidos, la CIA y sus corporaciones), que defendieron solamente los intereses de las empresas y corporaciones extranjeras establecidas en esos países, y de las clases capitalistas “nacionales” ligadas a aquéllas, todo lo cual dio lugar a brutales experimentos económicos, que lo único que provocaron fue una mayor concentración de la riqueza en unas cuantas manos, generalizada pobreza poblacional (los miles de latinoamericanos que se sumaban a los niveles de pauperización, semana a semana, eran dramáticos), niveles de desempleo nunca antes vistos, altísimos niveles de corrupción gubernamental que se alimentaron justamente de los préstamos internacionales, excesivos gastos en compras de armas para que pudieran los militares reprimir sobradamente a sus aterrorizados ciudadanos mientras hacían sus “experimentos económicos”, subsidios y “estímulos fiscales” a las empresas “nacionales” y extranjeras… y otros ilegales saqueos cometidos por aquéllos corruptos, genocidas militares, en contubernio con las mencionadas corporaciones, factores que, en conjunto, fueron las causas que dieron lugar a las abultadas deudas externas mencionadas antes (las que se incrementaron aún más cuando los bancos extranjeros, muy estratégicamente, aumentaron sus tasas de interés a 15% o más, con tal de preparar las condiciones para aplicar los planes de “shock” para “resolver los problemas económicos de las economías emergentes”).
Así que terminadas las dictaduras militares y sus horrores (que más que a la resistencia social, se debieron a que su promotor y patrocinador, el gobierno estadounidense, se percató de que ni habían funcionado como “experimento económico” para resolver las recurrentes crisis económicas, y además estaba saliéndole muy caro seguir sosteniendo a los corruptos, genocidas militares), habiendo hecho la transición a regímenes “democráticamente electos”, los ciudadanos de esos países, por lo menos tenían ya, de acuerdo con la demagogia gubernamental, asegurada su “libertad política”. Pero ante las fuertes crisis e inestabilidades económicas heredadas del pasado (algo que por aquellos años constituía un cotidiano “azote” para la gente, eran las altas tasas de inflación mencionadas arriba, que pulverizaban en una semana el salario del trabajador y cuanto aumento se le otorgara), cualquier receta que bajara antes que nada tan altos índices inflacionarios y “corrigiera” el rumbo económico, era digamos que resignadamente bienvenida por toda la gente, aunque eso requiriera “grandes sacrificios”, sobre todo entre la mayoría de la pauperizada población (en México, por ejemplo, eso comenzó a implantarse en el sexenio de Miguel de la Madrid y aún se recuerdan la cantidad de cierres de empresas públicas o que se vendieron, los masivos despidos de trabajadores a que ello tuvo lugar, el alza generalizada de precios de combustibles, de electricidad, de servicios… las restricciones laborales… pero, efectivamente, la gente estaba resignada pues entendía o se les “hizo entender” que era “por su bien”). Eso posibilitó a los barones del dinero y a las corporaciones, la imposición de extremas “medidas correctivas”, a través, sobre todo, del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario internacional (FMI), con tal de “aliviar” los problemas económicos (el FMI y el BM, desde entonces, son simples organismos al servicio de las potencias dominantes, las del G-7 más Rusia, encargados de aplicar disciplinaria y draconianamente las recetas administrativas que beneficien no a los países que pretenden “rescatar”, sino a las globales corporaciones industriales y financieras, las pertenecientes justo a esos países dominantes). La exigencia para que tales agencias (al servicio del capitalismo central, como dije), era que el estado vendiera la mayoría de sus empresas públicas, suprimiera sus barreras proteccionistas para alentar el “libre mercado” y disminuyera sus gastos sociales. Esto implanta a nivel mundial al así llamado neoliberalismo, que, como se ve, en lugar de resolver las crisis, las ha agudizado aún más, como sucede con la actual recesión mundial que estamos experimentando, considerada de las peores desde la crisis de 1929.
Así pues, fue posible imponer infames “curas económicas” (shock treatment) gracias, como dije, a que en determinado momento los problemas existentes son tan aparentemente graves y “apocalípticos” que no queda de otra. Incluso, cuando ocurren desastres naturales, tales como terremotos, huracanes o inundaciones, los gobiernos, junto con el capitalismo mundial, los aprovechan muy a su favor, con tal de implantar cambios en su propio beneficio. En México, por ejemplo, tras los sismos de 1985, fue posible en la capital, de las más afectadas zonas, deshacerse de cientos de viejas viviendas y vecindades en renta que fueron sustituidas por masivas construcciones nuevas, las cuales se vendieron a sus propietarios (si podían comprarlas, claro), no se les rentaron, como antes, lo que constituyó un excelente negocio para quienes tuvieron tan oportunista, lucrativa idea. En Estados Unidos, cuando la ciudad de Nueva Orleáns fue afectada por el huracán Katrina, en agosto de 2005, miles de casas del llamado “public housing” – que eran casas que el gobierno digamos que había construido y financiado a precios subsidiados para que las adquiriera la población de bajos ingresos desde la época del “estado benefactor”, el de economía mixta de Roosvelt – fueron arrasadas, lo que de inmediato Bush y sus secuaces aprovecharon para reconstruir a cargo de empresas constructoras privadas, bajo el esquema de venta a precios de mercado, “reales”, y no subsidiados, como era antes. Si los antiguos moradores podían comprar, bien, y si no, ni modo, era su problema. Un prominente congresista republicano, Richard Baker, en ese entonces comentó, cínico, que “lo que el gobierno nunca pudo hacer en años, deshacerse del ‘public housing’, la fuerza de la naturaleza lo había hecho en sólo un día”. Lo mismo sucedió con las escuelas públicas que resultaron afectadas o destruidas, pues en lugar de repararlas o reconstruirlas, se dieron concesiones para escuelas privadas y a la gente sólo se le otorgaron “subsidios” parciales (medias becas, por ejemplo) para que metiera a sus hijos allí… también los que pudieran, claro.
Y así, podría seguir con los ejemplos de lo que una situación de tensión y drama generalizado puede hacer para los efectos de la aplicación de tratamientos de “shock”.
En nuestros días esto justo sucede en México, a través de dos cuestiones fundamentales: la violencia y el poder del así llamado “narcotráfico”, por un lado, y la recesión económica que ya también nos está afectando profundamente, por el otro.
En cuanto al primer factor, el surgimiento del narcotráfico como un “peligro para la estabilidad”, no es algo que se haya dado así, repentino, sino que lo que actualmente estamos viviendo es producto de las íntimas y ocultas relaciones que ha forjado el Estado, desde años atrás, con mafias financieras y empresariales que han permitido, entre otras cosas, la existencia de la actual presidencia fraudulenta en el poder y un gabinete de panistas que en lugar de efectivamente gobernar, han buscado hacer los grandes negocios, junto con sus secuaces, desde la ilegal venta de tierras en áreas naturales para ser convertidas en proyectos turísticos, hasta los intentos (fallidos, por lo pronto), de privatización de la industria petrolera. El narcotráfico, claro, también es un muy lucrativo y excelente negocio y bancos como Banamex, filial del quebrado Citigroup, se ligan al lavado de dinero que desde hace muchos años se ha venido realizando sin mayores problemas (sí, desde gobiernos anteriores, que lo han cobijado, y como lo sigue haciendo el actual. Ver mi artículo en Internet “Especulación y narcotráfico, nuevos grandes negocios del lumpencapitalismo”). Así que si de repente esos pactos, digamos que de haberle vendido el alma al diablo desde hace mucho tiempo, se tratan de romper, así, “limpiarse de toda culpa”, es lógica la reacción que las desairadas, afectadas mafias están teniendo (las frecuentes ejecuciones de funcionarios, policías o militares así lo evidencian). El que se señale a la “corrupción” como el factor detrás de los problemas que se están dando en cuanto a los niveles de violencia (que, además, presentándola así, como un factor aislado, clave por sí mismo, se pretendería con ello que el gobierno fuera totalmente ajeno a ella, una víctima, siendo que justamente la corrupción es parte inherente de aquél), es justo lo que evidencia cuan ligados están los poderosos grupos oligárquicos (los que controlan todo, como dije, gobierno, bancos, telecomunicaciones, industrias, minas…) con los llamados “negocios ilícitos”, los que resultan fundamentales y la parte más lucrativa para muchos de aquéllos. Por mencionar un caso de qué tan importante es el narcotráfico para muchos países, considérese el ejemplo de Afganistán, país que a pesar de la invasión militar, principalmente estadounidense, resulta que ha incrementado diez veces su producción de opio, gracias a lo cual, surte del ochenta por ciento de la droga que se consume en el mundo, y que sorprendentemente hay grandes facilidades para que los embarques de dicha droga salgan de los aeropuertos que están controlados nada menos que por las “fuerzas de paz” de la OTAN. Es muy importante la siembra de opio y la producción de drogas para Afganistán, pues es un negocio que asciende a unos mil millones de dólares anuales, la mitad de la actividad económica anual de dicho empobrecido país, que ya no existiría de no ser por dichas drogas (se ha sugerido desde el Departamento de Estado estadounidense que podría comprarse cada año la totalidad de la producción de opio, como posible “solución” con tal de “evitar que los campesinos afganos la vendieran a los ilegales fabricantes de drogas”). Así que podría decirse que no sólo nos estamos “colombianizando”, sino que también “afganistanizando”.
Pero una ventaja clara deben de obtener los actuales mal administradores panistas de esa violencia que ellos mismos, desde las cúpulas del poder, han cobijado. Y dicha ventaja es que ahora sólo se quiere presentar como el problema “más grave” que tiene México al poder y la violencia que el narcotráfico está generando, frente a los cuales se quisiera mostrar al Estado como “ajeno”, y ante ello, nada más importa, no. No importa que la política entreguista del panismo esté vendiendo todos los recursos naturales que posee el país, incluido el petróleo, el más importante de todos, a empresas extranjeras que hacen un buen negocio con ellos (por ejemplo, se han vendido desde que el panismo gobierna, cientos de hectáreas de tierras en zonas protegidas y reservas naturales, muy importantes ecológicamente hablando, para el desarrollo de complejos turísticos, sin que importe, siquiera, el impacto y el daño ambiental que tendrán éstos). No importa que la carga fiscal que pesa sobre los contribuyentes, sobre todo los de más bajos ingresos, se esté agravando más con la imposición de nuevos aranceles, los que están incluso desalentando y acabando con su actividad. No importa que exista una abierta impunidad, debido a la cual ciudadanos comunes sufren a diario actos delincuenciales o ilícitos. Así, asaltos, asesinatos, secuestros, fraudes, desapariciones, prepotencia policial y militar, víctimas de corrupción, presas del agiotismo bancario que cobra altísimos intereses por el crédito otorgado… pasan prácticamente desapercibidos y los órganos legales y judiciales nada les resuelven. Por ello es que mucha gente ya ni se preocupa en levantar un acta ministerial al sufrir un acto delictivo, pues la mayoría de las veces la autoridad no procede legalmente para investigar y resolver el problema, dejando muchos delitos, tales como los robos, secuestros o asesinatos, impunes pues nunca se “localiza” a los culpables. Y en cuanto a los asesinatos o desapariciones de líderes sociales que defienden los derechos de sus representados o periodistas honestos que tratan de descubrir los sucios negocios de gobierno y mafias, no, ¡nunca se hallan culpables!, y son crímenes que han quedado impunes, como el asesinato del periodista estadounidense Brad Will, quien intentaba mostrar la lucha social de la APPO en Oaxaca contra el gangster Ulises Ruiz, del que a la fecha “no se sabe quién lo mató”. O el reciente, también cobarde asesinato, de los líderes campesinos mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes fueron “levantados” y posteriormente torturados y asesinados arteramente. No, tampoco allí la policía, ni las autoridades judiciales “saben” quién lo hizo, a pesar de que testigos afirman que aparentemente fueron “policías investigadores ministeriales” del estado de Guerrero quienes cometieron tan infame crimen. Pero, en sentido opuesto, sorprende la rapidez con la que el Estado trata de inculpar y juzgar a los líderes políticos que le estén provocando muchas movilizaciones y problemas, como fue el caso de los líderes de la mencionada APPO (Flavio Sosa, entre los principales, quien fue encarcelado más de dos años) o los de San Salvador Atenco, a quienes de inmediato se apresó y sentenció a severas penas carcelarias (el caso más dramático e injusto es el del sexagenario líder Ignacio del Valle, atenquense que por defender las tierras de sus compañeros de lucha, está sentenciado a penas que acumuladas suman ¡112 años!). Incluso se trató a finales del 2007, con tal de que la inculpación y arresto de “sospechosos” fuera rapidísima, de aprobar una ley que hubiera autorizado a cualquier policía a allanar una casa, sin orden de cateo, y arrestar a los presuntos delincuentes, sin orden de arresto, la cual, de momento está suspendida, pero es indudable que podría aprobarse si el tratamiento de “shock” así lo amerita.
Tampoco importa, ante el narcotráfico, la ineptitud gubernamental, la que está agravando problemas tales como la propia crisis económica que estamos viviendo actualmente (las medidas implementadas, como la indiscriminada venta de dólares para “evitar” que el peso se devalúe más, van principalmente dirigidas al rescate de las empresas y los bancos, quienes tienen adeudos en moneda estadounidense, que a los ciudadanos comunes, los más afectados en esta hecatombe)… no, nada es más importante que “la guerra sin cuartel al narcotráfico”. Y he ahí un primer elemento que amerita el tratamiento de “shock”, pues el amarillismo mediático con que se ha manejado el problema de la violencia creada por el narcotráfico, intenta mostrar que es sólo el “crimen organizado” el causante, y que el gobierno nada tiene que ver, muy estratégicamente se ha exculpado y deslindado. Así pues, ese alarmismo-amarillismo que tanto el Estado, como los medios de manipulación masivos (pro gubernamentales éstos) se han encargado de inflar, presentándolo como el más dramático y peor de nuestros males, está surtiendo un excelente efecto psicológico entre la población, mucha de la cual ya ni cuestiona que el ejército vigile las calles y que el país se deba de militarizar (en efecto, hay ejecuciones de capos o de algunas autoridades, pero son casos focalizados, no extendidos a todo el país, pero gracias al alarmismo con que se manejan y también a que hoy día el mundo es una especie de vecindario electrónico en donde todo lo que sucede, especialmente las malas noticias, se difunden por todas partes con efectiva rapidez, se crea la sensación de que tenemos la violencia a un lado. El quebrado diario español “El país”, realizó un reportaje que más tiene tintes sensacionalistas para vender, que de proporcionar información veraz, al calificar a Ciudad Juárez como “el rincón más peligroso del mundo”. Me pregunto, ¿en dónde quedarían sitios como Irak, por ejemplo, con frecuentes atentados suicidas? Pero valga también ese amarillismo de la prensa extranjera para contribuir más a la idea de “descomposición del Estado”). Así pues, al imponerse la idea de que sólo militarizando al país el problema del narcotráfico se resolverá, se matan dos pájaros de un tiro, pues por un lado se incrementa el poder autoritario de este gobierno echando mano del ejército y, por el otro, se justifica una medida, los militares realizando tareas judiciales, que carece de fundamentos legales definidos (los mismos mandos militares han dicho que es necesario que haya una legislación clara que convierta a las labores policiales que realiza el ejército en algo cotidiano, rutinario), lo cual sería un paso previo al establecimiento, muy aproximado, de un “Estado de excepción”, situación bajo la cual son abolidas todas las garantías legales, desaparece el gobierno y pasa a tomar el mando el cuerpo militar. Eso sucede ya en Ciudad Juárez, en donde el ejército tomó por completo el mando policial (el primero de marzo arribaron casi 2000 soldados más allí). El presidente municipal de esa ciudad, José Reyes Ferriz, declaró que lo que se está haciendo en el lugar, es decir, la militarización, es una especie de “modelo experimental” que el gobierno de Calderón prevé que se pueda ir implantando en “donde sea necesario”. Así pues, militarizar ha sido siempre la “solución”, imponer dictaduras militares como aquéllas a las que me referí antes, pues se ha justificado la incapacidad de mando de los gobiernos que en su momento derrocaron dichas dictaduras, como motivo suficiente para hacerlo (aunque esa “incapacidad”, más tuvo que ver con el hecho de que se trataba de gobiernos que buscaban beneficiar a las clases trabajadoras y recortar los privilegios de los grupos dominantes).
Entonces, ya con un tercio del ejército patrullando varios lugares del país, pero con un fin perfectamente definido, el del “combate al narco”, será justificable que para efectuar tal lucha, los militares, incluso, puedan estar autorizados a cometer actos ilegales o prepotentes, tales como detenciones arbitrarias, cateos a domicilios sin orden judicial, disparar contra supuestos sospechosos… y muchos otros ilícitos que han merecido varias quejas en contra de las fuerzas armadas. Por ejemplo, ya se han reportado varios “errores” de soldados que han asesinado en retenes a ciudadanos inocentes, quienes víctimas del terror de ser detenidos por militares en medio de la noche (hay tantos falsos soldados y policías, que sólo detienen para robar o asesinar, que es natural que la gente tema a esos retenes), no obedecen la señal de detenerse que se les hace (el caso más reciente fue el asesinato en diciembre del año pasado, 2008, de una mujer embarazada, a bordo de su automóvil, que por pánico no detuvo su auto en un retén militar ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua). Recientemente, un funcionario de la Secretaria de la Defensa Nacional, el general Jaime Antonio López Portillo, declaró que las 671 quejas en contra de elementos del ejército que se presentaron en el 2008, “no son muchas”, tomando en cuenta que a diario se despliegan 45 mil soldados (eso daría un porcentaje de 1.5% de soldados que hubieran cometido una falta, y quizá por eso a este general le parezcan “pocas” las quejas). Claro, y con tal de no echarse los panistas en contra al “leal” ejército que “combate al narcotráfico” y quedar muy bien con éste, se pasan por alto tales denuncias y por ello se ha tratado de dar carpetazo y dejar impunes actos de brutalidad y ensañamiento militar contra la población civil, como el vergonzoso acto cometido contra la mujer indígena Ernestina Ascencio (que recién cumple dos años), sexagenaria, humilde campesina, quien a pesar de su propio testimonio y de las indiscutibles pruebas forenses que se le practicaron al morir (se le hallaron severos desgarres vaginales y restos de semen de varios individuos), de que había sido violada tumultuariamente por militares, al final el caso se cerró por presión desde las altas esferas (el mismo Felipe Calderón, en un acto de claro desdén hacia el infame crimen y prepotencia, declaró que la mujer había fallecido de una “gastritis mal atendida”, haciendo eco de los falsos argumentos emitidos por José Luís Soberanis, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien sostuvo tales vergonzosas aberraciones y por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, quien, aunque inicialmente había favorecido que se trataba de una violación por militares, al final, extrañamente, “cambió de opinión” y también aceptó que se trataba de una gastritis). Y en las recientes manifestaciones de jóvenes encapuchados que han querido achacarse a los narcos (independientemente de si esto sea verdad o no), muchas de las personas que han asistido, han denunciado que ellos o familiares han sido víctimas de la violencia y prepotencia militares, algo que es indudable dada la impunidad con que tradicionalmente opera el ejército (son frecuentes las incursiones militares, por ejemplo, en las tierras ocupadas por bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas, cuyo fin ha sido intimidar y expulsar de esos lugares a sus hostigados habitantes. Y recuérdese que la represión hecha contra estudiantes en 1968 fue consumada por soldados, así como la “guerra sucia” desatada contra activistas políticos en los años posteriores fue llevada a cabo principalmente por cuerpos de inteligencia militar). Pero además esto será un excelente negocio para los armeros que surten al ejército (principalmente estadounidenses), pues al emplear extensiva e intensivamente al ejército, se requerirá mucho más armamento, además de todos los gastos que tan tremenda movilización de tropas necesitará, por ejemplo, la transportación, la alimentación, el hospedaje (sí, muchos deben de estar haciendo las grandes cuentas).
Así pues, el actual gobierno panista, al apostar exclusivamente a la violencia militar, se estaría infligiendo una especie de auto-cuasigolpe de estado al relegar las tareas de control, mando y vigilancia de gran parte del país al ejército, reconociendo de esa manera una intrínseca ineptitud para gobernar, pero que no se presenta ante la gente como tal, sino como una acción por el “bien del país”. Calderón podría declamarlo así: “¡Delego algunas de mis facultades y mis funciones en el ejército, pero sigo firme en la presidencia fraudulenta!”. Es que el tratamiento de “shock” así lo requiere. Lo más irónico de todo es que se está cayendo en los “funestos presagios” que se argumentaron durante la campaña de desprestigio contra el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, los que argumentaban que el país se iría al caos y a la descomposición si éste ganaba, todo lo cual fue parte del golpe de estado mediático gracias al cual, como he señalado antes, pudo ganar fraudulentamente Felipe Calderón y en el que las mafias empresariales y bancarias ligadas al narcotráfico, que ahora Calderón pretende combatir, ejercieron una gran participación. Pero todo sea en nombre de seguir controlando al país-negocio que es México.
El segundo elemento que mencioné para aplicar el doloroso tratamiento de “shock” es la actual recesión económica, indudablemente mucho más grave que otras que se hayan visto con anterioridad, pues emana directamente del centro capitalista del mundo, los Estados Unidos, quebrado país que ahora descarga inmisericordemente sus errores económicos, bancarios y administrativos sobre el resto del mundo (ver mi artículo en Internet “El convenenciero capitalismo salvaje”). En este caso, el “catastrofismo” tan criticado últimamente por Calderón, le está sirviendo también a la perfección, pues está preparando psicológicamente a los mexicanos para la aplicación de “curas” que por muy “dolorosas” que sean, serán para “salvar” al país de una hecatombe económica. Así pues, se están aplicando, con tal pretexto, nuevos impuestos, como el IETU (Impuesto empresarial de tasa única), que están agravando el peso arancelario que ya pende principalmente sobre los trabajadores (no sobre las grandes empresas, las que son expertas en evadir impuestos o en disminuir su pago), se incrementan los precios de los combustibles al aumentar la cantidad que el gobierno retiene como gravamen fiscal (hay una demanda actualmente desde el sector de los transportes públicos exigiendo la congelación del precio del diesel, el que ha seguido subiendo mes tras mes, dificultando aún más las actividades económicas que dicho sector de por sí tiene ya). Incluso se habla ya de que buscará aplicarse el IVA a todo, incluyendo alimentos y medicinas, que hasta ahora han estado exentos, pero con una tasa del 12% (¡para que vean que somos muy buenos, la bajamos del 15% al 12%!, alardearán los mal administradores panistas), con tal de aumentar la recaudación, se justifica, para preparar al país contra los profundos efectos que esta recesión tendrá, según reza el discurso oficial. Sin embargo, más bien parece que esa recaudación será enfocada a enfrentar los altos costos que el dispendio gubernamental ejerce, desde incrementar sustancialmente el presupuesto para las fuerzas armadas (las que, como ya señalé son fundamentales tanto para la “guerra contra el narcotráfico”, como para el control del descontento social que detonarán las impopulares medidas económicas, fiscales y legales que se irán imponiendo), seguir pagando insultantes altos salarios a todos los funcionarios y hasta que se puedan “rescatar” empresas (ya lo comenzó a hacer el gobernador de Coahuila, el señor Humberto Moreira Valdés, quien “apoyó” con un millón y medio de dólares a la planta de General Motors ubicada en ese estado. O el Banco de México, subastando dólares indiscriminadamente, para que no se siga devaluando el peso, con tal de que las empresas que tengan adeudos en esa moneda no los paguen tan caros).
Y también se está aprovechando que todo es “guerra al narco”, para forzar, ahora sí, dicen los panistas, una sustancial modificación a las leyes laborales (la “Ley Federal del Trabajo” principalmente), con tal de que los patrones puedan actuar más libremente en la contratación de los trabajadores, quienes si de por sí con la legislación actual son víctimas frecuentes de despidos injustificados, malas condiciones laborales, bajos salarios, anulación de prestaciones, sobreexplotación, entre otras ilegalidades laborales, si esas leyes se modifican, su situación empeorará, a cambio de que México sea, como China, una especie de paraíso laboral, con trabajadores controlados militarmente (dado el proceso de militarización que expongo arriba), mal pagados, y sometidos a la conveniencia y capricho de las empresas, sobre todo extranjeras, que manejarán a su antojo a esos trabajadores. Así pues, todas esas medidas de “shock”, se justifican plenamente ante los “terribles” efectos que la recesión, (junto con la guerra al narco) tendrá. Todas esas imposiciones, indudablemente que se aplicarán, pero lo inmoral aquí es que en lugar de que se busquen medidas que atenúen esos efectos en la población de menores ingresos, que es la mayoría, lo único que se haga sea forzar “soluciones” que solamente aminoren los efectos perniciosos en los grupos privilegiados del país, incluyendo, claro, a la clase gobernante ligada a ellos.
Pero no deben de sorprender los tratamientos de “shock”, justificarán los panistas, ya que en todos lados, no sólo en México, se implementarán, como lo que está haciendo Barack Obama en EEUU (lo que afectará a México, por supuesto), el centro y causante de la crisis, al enfatizar que si no se rescata a los bancos estadounidenses (como se está haciendo, por ejemplo, con el quebrado Citigroup), por muy impopular que eso parezca, se corre el riesgo de que el “país se colapse en el corto plazo”. Incluso se habla ya de que la recesión económica en todo el mundo, pero sobre todo los efectos que tendrá en los países más pobres y vulnerables, estará muy ligada a la “seguridad interna” de ese país. Así que eso prepara muy bien el terreno para futuras invasiones estadounidenses a “naciones inestables” (más tratamientos de “shock”, pues), así, como México, con tal de que la “seguridad interna” de EEUU no se vea afectada (muy estratégicamente Obama prevé subirle el presupuesto al Pentágono un 4% en el año 2010, quizá para que el ejército esté preparado para las eventualidades y problemas que la severa crisis planteará a su “seguridad nacional”). Y no sólo eso, sino que en recientes declaraciones hechas por el ex zar antidrogas de EEUU, el señor Barry McCaffrey, en referencia a México y el narcotráfico, urgió a que se detenga el poder de las mafias mexicanas de narcotraficantes, pues todo el dinero que obtienen por la venta de drogas en ese país (que para el año pasado se calcula que ascendió a unos $18,000 millones de dólares), las está fortaleciendo más, y eso está afectando la gobernabilidad en México (precisamente lo que analizo en este trabajo, que, como ya comenté, le cae como anillo al dedo a ambos gobiernos para justificar una futura militarización de todo el país y recrudecer la represión no tanto contra el “crimen organizado”, sino contra las protestas sociales), por lo que reiteró que “México es una emergencia nacional” (justificación del tratamiento de “shock”). Eso mismo declaró el Pentágono, a través del US Joint Forces Command, organismo que advirtió que México se enfrenta al peligro de sufrir un “rápido y repentino colapso debido al poder de las mafias criminales y los cárteles de las drogas”. Y ya el secretario de la Defensa, el republicano Robert Gates (un muy conservador personaje, que sirviera tanto a Bush padre como a Bush hijo), declaró por estos días que “Estados Unidos quiere incrementar la asistencia militar que provee a México para su lucha contra el tráfico de drogas. La ayuda podría ser suministrando equipo militar, entrenamiento, labores de inteligencia, con tal de ayudar a las autoridades en su lucha contra los bien armados y organizados narcotraficantes”. Bastará leer entre líneas que lo que Gates dijo es más que un “ofrecimiento”, pues en realidad se trataría de una medida que EEUU se reservaría el derecho de aplicar unilateralmente, con tal de que su “seguridad interna” no se exponga. Y también significaría que no le basta a EEUU con la aprobación del “Plan Mérida” – que pudo haberse también denominado “Plan México”, en alusión al “Plan Colombia” –, con el que sólo se destinan fondos para que México “combata al crimen organizado”, sino que se estaría planteando que el gobierno de Calderón acepte ayuda militar directa (y previendo también que aquellos fondos no se emplearan correctamente).
Por tanto, como puede verse, podría estarse preparando el terreno para pretextar, en un no muy lejano futuro, quizá hasta una intervención militar estadounidense de “corto alcance” (ya el gobernador de Texas, Rick Perry, adelantándosele a Gates, habla de que militarizará completamente la frontera entre su estado y Texas, con la operación “Río Grande”, y no es de dudarse que podría autorizar incluso incursiones a nuestro país, si fuera necesario, para combatir a los delincuentes, todo para garantizar la seguridad de su estado), con tal de “apaciguar” al país. Sí, se requerirá un tratamiento de “shock”.
Si eso sucede, las mafias, la “guerra al narco”, la “descomposición del Estado mexicano”… habrán servido perfectamente bien para tal cometido.
Pero si así fuera, EEUU no sólo estaría buscando acabar con el poder del narcotráfico, pues eso se podría lograr más fácilmente legalizando las drogas y desmantelando las redes de lavado de dinero que operan conjuntamente entre los dos países (algo que no se hará, pues se acabaría con el “Big Money” que ese negocio deja), sino que además México es estratégico para los planes de “seguridad energética” que EEUU diseña desde hace años, con tal de proveerse de energéticos vitales como el petróleo, del que México tiene probadas y potenciales reservas (en los llamados “pozos ultraprofundos” del golfo, que pretenden concesionarse a empresas extranjeras o los yacimientos hallados recientemente en Chicontepec, Veracruz, todo lo cual podría aumentar muchos años más, se especula, la producción petrolera mexicana. Ver mi artículo en Internet “Los pozos petroleros ultraprofundos, otra manera de seguir garantizando la dominación estadounidense sobre México”).
Y claro, en referencia a la “seguridad interna” que menciono arriba, México es también muy estratégico como espacio de “contención de actos de terrorismo, descontento social y subversión que pudieran provenir de la frontera sur de EEUU”, tal y como se ha estipulado en los planes de “seguridad nacional” que Bush y su “guerra contra el terrorismo” asignaron para su “patio trasero”. Véase, al respecto, lo efectivas que son nuestras autoridades migratorias para contener, mediante golpes y violentos métodos, a los ilegales centroamericanos que intentan penetrar por la frontera sur de México en su camino hacia EEUU. Son menos indocumentados que la migra estadounidense tendrá que arrestar y deportar a sus países.
Así pues, resultaría práctico militarizar al país, ya sea que sólo lo hicieran los panistas o combinadamente con EEUU, la opción más óptima.
Por tanto, es bastante probable que la “descomposición del estado mexicano”, sea parte de un velado plan contemplado desde EEUU, en asociación con los panistas, para dar paso, como dije arriba, a un Estado militarizado, rígido, disfrazado de “democracia”, que sirva más efectivamente a los intereses estadounidenses de toda índole (por ello se seguirá impidiendo, a toda costa, que gane las elecciones un candidato de izquierda, como López Obrador, pues ello interferiría con los planes estadounidenses. Y por tal razón es que el reflujo del PRI, como alternativa que deje de lado a los ineptos, negociantes panistas, se ve como una fuerte, ideal opción, ya que siempre ha sido un partido pro empresarial, pro estadounidense y también muy dado a ejercer “mano dura” contra el descontento social).
Esto explicaría muy bien la cínica actitud que EEUU muestra en cuanto al doble juego que lleva al referirse a la “descomposición” del Estado mexicano. Por un lado hace sus alarmistas declaraciones contra México, pero no menciona que ciertamente la producción de drogas continúa al alza por el fuerte consumo de estupefacientes que sostiene una buena parte de los estadounidenses, así que mientras no disminuya la demanda, no disminuirá el narcotráfico (es una exigencia en algunos círculos gubernamentales de ese país que se legalicen drogas como la marihuana, pues esa medida contribuiría, se dice, a disminuir fuertemente ese problema).
Por otro lado, lo del “gran poder” de las mafias y los cárteles de las drogas se debe también a que con todos los millones de dólares que ganan pueden armarse perfectamente bien con todo tipo de sofisticados arsenales de rifles de asalto, metralletas, pistolas… que compran justamente en EEUU, en donde las laxas leyes sobre posesión de armas, permiten un nutrido comercio de aquéllas (unos 200 millones de estadounidenses poseen armas de todo tipo). La institución Brookings estima que alrededor de 2000 armas son compradas y llevadas desde EEUU a México todos los días, lo que nos daría la sobrecogedora cifra de más de 730,000 por año. Estimando un costo por arma de unos $200 dólares, los vendedores de tales armas obtendrían unos nada despreciables 146 millones de dólares. Esos vendedores son armeros que operan a lo largo de la frontera, de los que hay alrededor de 6600, que es en donde, sin problemas, se surten los narcotraficantes. Así que siendo tan excelente negocio, no parará, a menos que las hipócritas autoridades estadounidenses (el periódico New York Times también llamó “hipócritas” a las autoridades estadounidenses por el doble juego que practican) hagan algo contra ese ilegal, pero muy lucrativo tráfico. Y en este momento, con la tremenda recesión que están padeciendo los ciudadanos de EEUU, evitar que entraran esos millones de dólares y en algo “aliviaran” los problemas económicos, sería absurdo. Por ello, pues, no sorprende que en la “guerra contra el narco” emprendida por Calderón, los delincuentes estén mejor armados que las policías o el mismo ejército (es increíble que incluso ya posean los narcos hasta lanzacohetes y granadas).
Así pues, bienvenida sea la “descomposición del estado”, la “guerra al narco”, el “crimen organizado” y la “recesión económica”. Nada mejor para aplicar los tratamientos de “shock”.
Las elites empresariales estadounidenses y mexicanas, ligadas a las mafias, y los mal administradores panistas, se beneficiarán bastante de tales “desgracias” y de tales “tratamientos”. Nunca antes el “catastrofismo” de cualquier forma fue tan oportuno.
En el excelente libro “The shock doctrine” de la periodista Naomi Klein, se plantea la tesis central de que en todo el mundo la instauración de brutales medidas económicas y de control social que sólo han favorecido, y continúan favoreciendo, al capitalismo salvaje, se ha facilitado cuando concurren eventos tan catastróficos y graves, que son capaces de poner en “shock” a todo el sistema y que en consecuencia merecen un tratamiento de “shock” acorde a la “dramática” situación.
Por ejemplo, eso pasó cuando el 11 de septiembre del 2001 fueron derribadas las torres gemelas de la ciudad de Nueva York, debido a un muy sospechoso atentado de la organización terrorista Al Qaeda comandada por el (¿escurridizo?) Obama Bin Laden. Fue suficiente para que el gobierno de Bush, en aquel entonces, pretextando una crisis nacional, iniciara su famosa “guerra contra el terrorismo”, la cual, si no se hacía, advirtió, podría ocasionar que “eventos terroristas” tales como el de las torres gemelas, pudieran repetirse y toda la estabilidad de EEUU se colapsara y se viniera abajo. Y tan efectivo fue esa especie de psicótico miedo que se indujo en la mayor parte de los estadounidenses (he conocido gente de ese país que se dice progresista y demócrata, que, sin objetar nada, estuvo de acuerdo con la subsecuentes invasiones a Afganistán y a Irak por motivos de “seguridad nacional”), que aceptaron sin titubeos que se implantaran medidas que inclusive atentaban contra los derechos humanos y las libertades básicas de todos los estadounidenses. Se implementaron ilegales cuestiones que permitían a agencias como el FBI o la CIA espiar telefónicamente a sospechosos, se consideraban “terroristas” a personas que tuvieran descendencia o fueran árabes, se investigaba en las escuelas a profesores y/o alumnos que estuvieran estudiando árabe o interesados en esa cultura, se “invitaba” a la ciudadanía a “denunciar” a cualquier persona que tuviera actividades “raras”, se detenía ilegalmente a cuanto extranjero ingresara o estuviera viviendo en ese país… y muchas otras arbitrariedades que la agencia que se formó especialmente para tal efecto, el “Department of Homeland Security”, coordinó, sin menoscabo de violar abiertamente las libertades civiles y de actuar el gobierno ilegal y hasta fascistamente (además, fue tan efectiva la psicosis creada, que a la fecha varios “patriotas” ciudadanos, voluntariamente se dedican a “cazar” terroristas a través del Internet. Aprenden árabe para hacerse pasar por árabes, ya que continúa el estigma de seguir considerando a dicha nacionalidad como “terrorista”, y espían a organizaciones y ciudadanos árabes con tal de “descubrir” planes para futuros atentados “terroristas”. Ver mi trabajo en Internet “Los aficionados antiterroristas o de cómo se sigue extendiendo la paranoia ‘antiterrorista’ ”). Pero además la “guerra contra el terrorismo” ha sido un excelente negocio desde entonces por los miles de millones de dólares que EEUU y el resto del mundo, obligado por aquél, han gastado para tenernos “más seguros” (ver mi trabajo en Internet “La amenaza terrorista: El nuevo gran negocio para la industria del miedo”).
Los tratamientos de “shock” también se han aplicado cuando se producen fuertes crisis económicas, tales como las que se achacaron a los estados de economía mixta (keynesianos), quienes a finales de los años setenta y principios de los ochenta, aún se guiaban bajo ese esquema, y que comenzaron a experimentar recurrentes problemas económicos (aunque nunca tan graves como los que actualmente se viven, producto de un desregulado, descontrolado y salvaje capitalismo, al que se dejó actuar a sus anchas durante los últimos treinta años). Dichas crisis en realidad no fueron producto de la participación del estado en la economía, sino que se deben al carácter inherentemente crítico y recesivo del sistema capitalista, pero así se hizo ver. Los problemas derivados de dichas crisis, tales como altísimas inflaciones (de mil por ciento o más, o sea, que un artículo podía subir hasta diez veces su valor en sólo un año), además de fuertes deudas externas (las que se debieron a préstamos de bancos extranjeros, con gran ánimo de obtener buenas ganancias), provocaron en la población de tales países (especialmente de la región latinoamericana), una gran preocupación, acompañada de angustias y miedos y una creciente inseguridad económica, pues todo subía inclementemente, menos sus salarios, además de que en cualquier momento podían ser despedidos. Y se debe señalar, como analiza Naomi Klein en su mencionado libro, que esas crisis e inestabilidades financieras, la mayoría fueron heredadas de las dictaduras militares, sobre todo en Latinoamérica, que fueron infames, violentas, asesinas y autoritarias formas de imposición política (muy bien planeadas y vigiladas por Estados Unidos, la CIA y sus corporaciones), que defendieron solamente los intereses de las empresas y corporaciones extranjeras establecidas en esos países, y de las clases capitalistas “nacionales” ligadas a aquéllas, todo lo cual dio lugar a brutales experimentos económicos, que lo único que provocaron fue una mayor concentración de la riqueza en unas cuantas manos, generalizada pobreza poblacional (los miles de latinoamericanos que se sumaban a los niveles de pauperización, semana a semana, eran dramáticos), niveles de desempleo nunca antes vistos, altísimos niveles de corrupción gubernamental que se alimentaron justamente de los préstamos internacionales, excesivos gastos en compras de armas para que pudieran los militares reprimir sobradamente a sus aterrorizados ciudadanos mientras hacían sus “experimentos económicos”, subsidios y “estímulos fiscales” a las empresas “nacionales” y extranjeras… y otros ilegales saqueos cometidos por aquéllos corruptos, genocidas militares, en contubernio con las mencionadas corporaciones, factores que, en conjunto, fueron las causas que dieron lugar a las abultadas deudas externas mencionadas antes (las que se incrementaron aún más cuando los bancos extranjeros, muy estratégicamente, aumentaron sus tasas de interés a 15% o más, con tal de preparar las condiciones para aplicar los planes de “shock” para “resolver los problemas económicos de las economías emergentes”).
Así que terminadas las dictaduras militares y sus horrores (que más que a la resistencia social, se debieron a que su promotor y patrocinador, el gobierno estadounidense, se percató de que ni habían funcionado como “experimento económico” para resolver las recurrentes crisis económicas, y además estaba saliéndole muy caro seguir sosteniendo a los corruptos, genocidas militares), habiendo hecho la transición a regímenes “democráticamente electos”, los ciudadanos de esos países, por lo menos tenían ya, de acuerdo con la demagogia gubernamental, asegurada su “libertad política”. Pero ante las fuertes crisis e inestabilidades económicas heredadas del pasado (algo que por aquellos años constituía un cotidiano “azote” para la gente, eran las altas tasas de inflación mencionadas arriba, que pulverizaban en una semana el salario del trabajador y cuanto aumento se le otorgara), cualquier receta que bajara antes que nada tan altos índices inflacionarios y “corrigiera” el rumbo económico, era digamos que resignadamente bienvenida por toda la gente, aunque eso requiriera “grandes sacrificios”, sobre todo entre la mayoría de la pauperizada población (en México, por ejemplo, eso comenzó a implantarse en el sexenio de Miguel de la Madrid y aún se recuerdan la cantidad de cierres de empresas públicas o que se vendieron, los masivos despidos de trabajadores a que ello tuvo lugar, el alza generalizada de precios de combustibles, de electricidad, de servicios… las restricciones laborales… pero, efectivamente, la gente estaba resignada pues entendía o se les “hizo entender” que era “por su bien”). Eso posibilitó a los barones del dinero y a las corporaciones, la imposición de extremas “medidas correctivas”, a través, sobre todo, del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario internacional (FMI), con tal de “aliviar” los problemas económicos (el FMI y el BM, desde entonces, son simples organismos al servicio de las potencias dominantes, las del G-7 más Rusia, encargados de aplicar disciplinaria y draconianamente las recetas administrativas que beneficien no a los países que pretenden “rescatar”, sino a las globales corporaciones industriales y financieras, las pertenecientes justo a esos países dominantes). La exigencia para que tales agencias (al servicio del capitalismo central, como dije), era que el estado vendiera la mayoría de sus empresas públicas, suprimiera sus barreras proteccionistas para alentar el “libre mercado” y disminuyera sus gastos sociales. Esto implanta a nivel mundial al así llamado neoliberalismo, que, como se ve, en lugar de resolver las crisis, las ha agudizado aún más, como sucede con la actual recesión mundial que estamos experimentando, considerada de las peores desde la crisis de 1929.
Así pues, fue posible imponer infames “curas económicas” (shock treatment) gracias, como dije, a que en determinado momento los problemas existentes son tan aparentemente graves y “apocalípticos” que no queda de otra. Incluso, cuando ocurren desastres naturales, tales como terremotos, huracanes o inundaciones, los gobiernos, junto con el capitalismo mundial, los aprovechan muy a su favor, con tal de implantar cambios en su propio beneficio. En México, por ejemplo, tras los sismos de 1985, fue posible en la capital, de las más afectadas zonas, deshacerse de cientos de viejas viviendas y vecindades en renta que fueron sustituidas por masivas construcciones nuevas, las cuales se vendieron a sus propietarios (si podían comprarlas, claro), no se les rentaron, como antes, lo que constituyó un excelente negocio para quienes tuvieron tan oportunista, lucrativa idea. En Estados Unidos, cuando la ciudad de Nueva Orleáns fue afectada por el huracán Katrina, en agosto de 2005, miles de casas del llamado “public housing” – que eran casas que el gobierno digamos que había construido y financiado a precios subsidiados para que las adquiriera la población de bajos ingresos desde la época del “estado benefactor”, el de economía mixta de Roosvelt – fueron arrasadas, lo que de inmediato Bush y sus secuaces aprovecharon para reconstruir a cargo de empresas constructoras privadas, bajo el esquema de venta a precios de mercado, “reales”, y no subsidiados, como era antes. Si los antiguos moradores podían comprar, bien, y si no, ni modo, era su problema. Un prominente congresista republicano, Richard Baker, en ese entonces comentó, cínico, que “lo que el gobierno nunca pudo hacer en años, deshacerse del ‘public housing’, la fuerza de la naturaleza lo había hecho en sólo un día”. Lo mismo sucedió con las escuelas públicas que resultaron afectadas o destruidas, pues en lugar de repararlas o reconstruirlas, se dieron concesiones para escuelas privadas y a la gente sólo se le otorgaron “subsidios” parciales (medias becas, por ejemplo) para que metiera a sus hijos allí… también los que pudieran, claro.
Y así, podría seguir con los ejemplos de lo que una situación de tensión y drama generalizado puede hacer para los efectos de la aplicación de tratamientos de “shock”.
En nuestros días esto justo sucede en México, a través de dos cuestiones fundamentales: la violencia y el poder del así llamado “narcotráfico”, por un lado, y la recesión económica que ya también nos está afectando profundamente, por el otro.
En cuanto al primer factor, el surgimiento del narcotráfico como un “peligro para la estabilidad”, no es algo que se haya dado así, repentino, sino que lo que actualmente estamos viviendo es producto de las íntimas y ocultas relaciones que ha forjado el Estado, desde años atrás, con mafias financieras y empresariales que han permitido, entre otras cosas, la existencia de la actual presidencia fraudulenta en el poder y un gabinete de panistas que en lugar de efectivamente gobernar, han buscado hacer los grandes negocios, junto con sus secuaces, desde la ilegal venta de tierras en áreas naturales para ser convertidas en proyectos turísticos, hasta los intentos (fallidos, por lo pronto), de privatización de la industria petrolera. El narcotráfico, claro, también es un muy lucrativo y excelente negocio y bancos como Banamex, filial del quebrado Citigroup, se ligan al lavado de dinero que desde hace muchos años se ha venido realizando sin mayores problemas (sí, desde gobiernos anteriores, que lo han cobijado, y como lo sigue haciendo el actual. Ver mi artículo en Internet “Especulación y narcotráfico, nuevos grandes negocios del lumpencapitalismo”). Así que si de repente esos pactos, digamos que de haberle vendido el alma al diablo desde hace mucho tiempo, se tratan de romper, así, “limpiarse de toda culpa”, es lógica la reacción que las desairadas, afectadas mafias están teniendo (las frecuentes ejecuciones de funcionarios, policías o militares así lo evidencian). El que se señale a la “corrupción” como el factor detrás de los problemas que se están dando en cuanto a los niveles de violencia (que, además, presentándola así, como un factor aislado, clave por sí mismo, se pretendería con ello que el gobierno fuera totalmente ajeno a ella, una víctima, siendo que justamente la corrupción es parte inherente de aquél), es justo lo que evidencia cuan ligados están los poderosos grupos oligárquicos (los que controlan todo, como dije, gobierno, bancos, telecomunicaciones, industrias, minas…) con los llamados “negocios ilícitos”, los que resultan fundamentales y la parte más lucrativa para muchos de aquéllos. Por mencionar un caso de qué tan importante es el narcotráfico para muchos países, considérese el ejemplo de Afganistán, país que a pesar de la invasión militar, principalmente estadounidense, resulta que ha incrementado diez veces su producción de opio, gracias a lo cual, surte del ochenta por ciento de la droga que se consume en el mundo, y que sorprendentemente hay grandes facilidades para que los embarques de dicha droga salgan de los aeropuertos que están controlados nada menos que por las “fuerzas de paz” de la OTAN. Es muy importante la siembra de opio y la producción de drogas para Afganistán, pues es un negocio que asciende a unos mil millones de dólares anuales, la mitad de la actividad económica anual de dicho empobrecido país, que ya no existiría de no ser por dichas drogas (se ha sugerido desde el Departamento de Estado estadounidense que podría comprarse cada año la totalidad de la producción de opio, como posible “solución” con tal de “evitar que los campesinos afganos la vendieran a los ilegales fabricantes de drogas”). Así que podría decirse que no sólo nos estamos “colombianizando”, sino que también “afganistanizando”.
Pero una ventaja clara deben de obtener los actuales mal administradores panistas de esa violencia que ellos mismos, desde las cúpulas del poder, han cobijado. Y dicha ventaja es que ahora sólo se quiere presentar como el problema “más grave” que tiene México al poder y la violencia que el narcotráfico está generando, frente a los cuales se quisiera mostrar al Estado como “ajeno”, y ante ello, nada más importa, no. No importa que la política entreguista del panismo esté vendiendo todos los recursos naturales que posee el país, incluido el petróleo, el más importante de todos, a empresas extranjeras que hacen un buen negocio con ellos (por ejemplo, se han vendido desde que el panismo gobierna, cientos de hectáreas de tierras en zonas protegidas y reservas naturales, muy importantes ecológicamente hablando, para el desarrollo de complejos turísticos, sin que importe, siquiera, el impacto y el daño ambiental que tendrán éstos). No importa que la carga fiscal que pesa sobre los contribuyentes, sobre todo los de más bajos ingresos, se esté agravando más con la imposición de nuevos aranceles, los que están incluso desalentando y acabando con su actividad. No importa que exista una abierta impunidad, debido a la cual ciudadanos comunes sufren a diario actos delincuenciales o ilícitos. Así, asaltos, asesinatos, secuestros, fraudes, desapariciones, prepotencia policial y militar, víctimas de corrupción, presas del agiotismo bancario que cobra altísimos intereses por el crédito otorgado… pasan prácticamente desapercibidos y los órganos legales y judiciales nada les resuelven. Por ello es que mucha gente ya ni se preocupa en levantar un acta ministerial al sufrir un acto delictivo, pues la mayoría de las veces la autoridad no procede legalmente para investigar y resolver el problema, dejando muchos delitos, tales como los robos, secuestros o asesinatos, impunes pues nunca se “localiza” a los culpables. Y en cuanto a los asesinatos o desapariciones de líderes sociales que defienden los derechos de sus representados o periodistas honestos que tratan de descubrir los sucios negocios de gobierno y mafias, no, ¡nunca se hallan culpables!, y son crímenes que han quedado impunes, como el asesinato del periodista estadounidense Brad Will, quien intentaba mostrar la lucha social de la APPO en Oaxaca contra el gangster Ulises Ruiz, del que a la fecha “no se sabe quién lo mató”. O el reciente, también cobarde asesinato, de los líderes campesinos mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes fueron “levantados” y posteriormente torturados y asesinados arteramente. No, tampoco allí la policía, ni las autoridades judiciales “saben” quién lo hizo, a pesar de que testigos afirman que aparentemente fueron “policías investigadores ministeriales” del estado de Guerrero quienes cometieron tan infame crimen. Pero, en sentido opuesto, sorprende la rapidez con la que el Estado trata de inculpar y juzgar a los líderes políticos que le estén provocando muchas movilizaciones y problemas, como fue el caso de los líderes de la mencionada APPO (Flavio Sosa, entre los principales, quien fue encarcelado más de dos años) o los de San Salvador Atenco, a quienes de inmediato se apresó y sentenció a severas penas carcelarias (el caso más dramático e injusto es el del sexagenario líder Ignacio del Valle, atenquense que por defender las tierras de sus compañeros de lucha, está sentenciado a penas que acumuladas suman ¡112 años!). Incluso se trató a finales del 2007, con tal de que la inculpación y arresto de “sospechosos” fuera rapidísima, de aprobar una ley que hubiera autorizado a cualquier policía a allanar una casa, sin orden de cateo, y arrestar a los presuntos delincuentes, sin orden de arresto, la cual, de momento está suspendida, pero es indudable que podría aprobarse si el tratamiento de “shock” así lo amerita.
Tampoco importa, ante el narcotráfico, la ineptitud gubernamental, la que está agravando problemas tales como la propia crisis económica que estamos viviendo actualmente (las medidas implementadas, como la indiscriminada venta de dólares para “evitar” que el peso se devalúe más, van principalmente dirigidas al rescate de las empresas y los bancos, quienes tienen adeudos en moneda estadounidense, que a los ciudadanos comunes, los más afectados en esta hecatombe)… no, nada es más importante que “la guerra sin cuartel al narcotráfico”. Y he ahí un primer elemento que amerita el tratamiento de “shock”, pues el amarillismo mediático con que se ha manejado el problema de la violencia creada por el narcotráfico, intenta mostrar que es sólo el “crimen organizado” el causante, y que el gobierno nada tiene que ver, muy estratégicamente se ha exculpado y deslindado. Así pues, ese alarmismo-amarillismo que tanto el Estado, como los medios de manipulación masivos (pro gubernamentales éstos) se han encargado de inflar, presentándolo como el más dramático y peor de nuestros males, está surtiendo un excelente efecto psicológico entre la población, mucha de la cual ya ni cuestiona que el ejército vigile las calles y que el país se deba de militarizar (en efecto, hay ejecuciones de capos o de algunas autoridades, pero son casos focalizados, no extendidos a todo el país, pero gracias al alarmismo con que se manejan y también a que hoy día el mundo es una especie de vecindario electrónico en donde todo lo que sucede, especialmente las malas noticias, se difunden por todas partes con efectiva rapidez, se crea la sensación de que tenemos la violencia a un lado. El quebrado diario español “El país”, realizó un reportaje que más tiene tintes sensacionalistas para vender, que de proporcionar información veraz, al calificar a Ciudad Juárez como “el rincón más peligroso del mundo”. Me pregunto, ¿en dónde quedarían sitios como Irak, por ejemplo, con frecuentes atentados suicidas? Pero valga también ese amarillismo de la prensa extranjera para contribuir más a la idea de “descomposición del Estado”). Así pues, al imponerse la idea de que sólo militarizando al país el problema del narcotráfico se resolverá, se matan dos pájaros de un tiro, pues por un lado se incrementa el poder autoritario de este gobierno echando mano del ejército y, por el otro, se justifica una medida, los militares realizando tareas judiciales, que carece de fundamentos legales definidos (los mismos mandos militares han dicho que es necesario que haya una legislación clara que convierta a las labores policiales que realiza el ejército en algo cotidiano, rutinario), lo cual sería un paso previo al establecimiento, muy aproximado, de un “Estado de excepción”, situación bajo la cual son abolidas todas las garantías legales, desaparece el gobierno y pasa a tomar el mando el cuerpo militar. Eso sucede ya en Ciudad Juárez, en donde el ejército tomó por completo el mando policial (el primero de marzo arribaron casi 2000 soldados más allí). El presidente municipal de esa ciudad, José Reyes Ferriz, declaró que lo que se está haciendo en el lugar, es decir, la militarización, es una especie de “modelo experimental” que el gobierno de Calderón prevé que se pueda ir implantando en “donde sea necesario”. Así pues, militarizar ha sido siempre la “solución”, imponer dictaduras militares como aquéllas a las que me referí antes, pues se ha justificado la incapacidad de mando de los gobiernos que en su momento derrocaron dichas dictaduras, como motivo suficiente para hacerlo (aunque esa “incapacidad”, más tuvo que ver con el hecho de que se trataba de gobiernos que buscaban beneficiar a las clases trabajadoras y recortar los privilegios de los grupos dominantes).
Entonces, ya con un tercio del ejército patrullando varios lugares del país, pero con un fin perfectamente definido, el del “combate al narco”, será justificable que para efectuar tal lucha, los militares, incluso, puedan estar autorizados a cometer actos ilegales o prepotentes, tales como detenciones arbitrarias, cateos a domicilios sin orden judicial, disparar contra supuestos sospechosos… y muchos otros ilícitos que han merecido varias quejas en contra de las fuerzas armadas. Por ejemplo, ya se han reportado varios “errores” de soldados que han asesinado en retenes a ciudadanos inocentes, quienes víctimas del terror de ser detenidos por militares en medio de la noche (hay tantos falsos soldados y policías, que sólo detienen para robar o asesinar, que es natural que la gente tema a esos retenes), no obedecen la señal de detenerse que se les hace (el caso más reciente fue el asesinato en diciembre del año pasado, 2008, de una mujer embarazada, a bordo de su automóvil, que por pánico no detuvo su auto en un retén militar ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua). Recientemente, un funcionario de la Secretaria de la Defensa Nacional, el general Jaime Antonio López Portillo, declaró que las 671 quejas en contra de elementos del ejército que se presentaron en el 2008, “no son muchas”, tomando en cuenta que a diario se despliegan 45 mil soldados (eso daría un porcentaje de 1.5% de soldados que hubieran cometido una falta, y quizá por eso a este general le parezcan “pocas” las quejas). Claro, y con tal de no echarse los panistas en contra al “leal” ejército que “combate al narcotráfico” y quedar muy bien con éste, se pasan por alto tales denuncias y por ello se ha tratado de dar carpetazo y dejar impunes actos de brutalidad y ensañamiento militar contra la población civil, como el vergonzoso acto cometido contra la mujer indígena Ernestina Ascencio (que recién cumple dos años), sexagenaria, humilde campesina, quien a pesar de su propio testimonio y de las indiscutibles pruebas forenses que se le practicaron al morir (se le hallaron severos desgarres vaginales y restos de semen de varios individuos), de que había sido violada tumultuariamente por militares, al final el caso se cerró por presión desde las altas esferas (el mismo Felipe Calderón, en un acto de claro desdén hacia el infame crimen y prepotencia, declaró que la mujer había fallecido de una “gastritis mal atendida”, haciendo eco de los falsos argumentos emitidos por José Luís Soberanis, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien sostuvo tales vergonzosas aberraciones y por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, quien, aunque inicialmente había favorecido que se trataba de una violación por militares, al final, extrañamente, “cambió de opinión” y también aceptó que se trataba de una gastritis). Y en las recientes manifestaciones de jóvenes encapuchados que han querido achacarse a los narcos (independientemente de si esto sea verdad o no), muchas de las personas que han asistido, han denunciado que ellos o familiares han sido víctimas de la violencia y prepotencia militares, algo que es indudable dada la impunidad con que tradicionalmente opera el ejército (son frecuentes las incursiones militares, por ejemplo, en las tierras ocupadas por bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas, cuyo fin ha sido intimidar y expulsar de esos lugares a sus hostigados habitantes. Y recuérdese que la represión hecha contra estudiantes en 1968 fue consumada por soldados, así como la “guerra sucia” desatada contra activistas políticos en los años posteriores fue llevada a cabo principalmente por cuerpos de inteligencia militar). Pero además esto será un excelente negocio para los armeros que surten al ejército (principalmente estadounidenses), pues al emplear extensiva e intensivamente al ejército, se requerirá mucho más armamento, además de todos los gastos que tan tremenda movilización de tropas necesitará, por ejemplo, la transportación, la alimentación, el hospedaje (sí, muchos deben de estar haciendo las grandes cuentas).
Así pues, el actual gobierno panista, al apostar exclusivamente a la violencia militar, se estaría infligiendo una especie de auto-cuasigolpe de estado al relegar las tareas de control, mando y vigilancia de gran parte del país al ejército, reconociendo de esa manera una intrínseca ineptitud para gobernar, pero que no se presenta ante la gente como tal, sino como una acción por el “bien del país”. Calderón podría declamarlo así: “¡Delego algunas de mis facultades y mis funciones en el ejército, pero sigo firme en la presidencia fraudulenta!”. Es que el tratamiento de “shock” así lo requiere. Lo más irónico de todo es que se está cayendo en los “funestos presagios” que se argumentaron durante la campaña de desprestigio contra el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, los que argumentaban que el país se iría al caos y a la descomposición si éste ganaba, todo lo cual fue parte del golpe de estado mediático gracias al cual, como he señalado antes, pudo ganar fraudulentamente Felipe Calderón y en el que las mafias empresariales y bancarias ligadas al narcotráfico, que ahora Calderón pretende combatir, ejercieron una gran participación. Pero todo sea en nombre de seguir controlando al país-negocio que es México.
El segundo elemento que mencioné para aplicar el doloroso tratamiento de “shock” es la actual recesión económica, indudablemente mucho más grave que otras que se hayan visto con anterioridad, pues emana directamente del centro capitalista del mundo, los Estados Unidos, quebrado país que ahora descarga inmisericordemente sus errores económicos, bancarios y administrativos sobre el resto del mundo (ver mi artículo en Internet “El convenenciero capitalismo salvaje”). En este caso, el “catastrofismo” tan criticado últimamente por Calderón, le está sirviendo también a la perfección, pues está preparando psicológicamente a los mexicanos para la aplicación de “curas” que por muy “dolorosas” que sean, serán para “salvar” al país de una hecatombe económica. Así pues, se están aplicando, con tal pretexto, nuevos impuestos, como el IETU (Impuesto empresarial de tasa única), que están agravando el peso arancelario que ya pende principalmente sobre los trabajadores (no sobre las grandes empresas, las que son expertas en evadir impuestos o en disminuir su pago), se incrementan los precios de los combustibles al aumentar la cantidad que el gobierno retiene como gravamen fiscal (hay una demanda actualmente desde el sector de los transportes públicos exigiendo la congelación del precio del diesel, el que ha seguido subiendo mes tras mes, dificultando aún más las actividades económicas que dicho sector de por sí tiene ya). Incluso se habla ya de que buscará aplicarse el IVA a todo, incluyendo alimentos y medicinas, que hasta ahora han estado exentos, pero con una tasa del 12% (¡para que vean que somos muy buenos, la bajamos del 15% al 12%!, alardearán los mal administradores panistas), con tal de aumentar la recaudación, se justifica, para preparar al país contra los profundos efectos que esta recesión tendrá, según reza el discurso oficial. Sin embargo, más bien parece que esa recaudación será enfocada a enfrentar los altos costos que el dispendio gubernamental ejerce, desde incrementar sustancialmente el presupuesto para las fuerzas armadas (las que, como ya señalé son fundamentales tanto para la “guerra contra el narcotráfico”, como para el control del descontento social que detonarán las impopulares medidas económicas, fiscales y legales que se irán imponiendo), seguir pagando insultantes altos salarios a todos los funcionarios y hasta que se puedan “rescatar” empresas (ya lo comenzó a hacer el gobernador de Coahuila, el señor Humberto Moreira Valdés, quien “apoyó” con un millón y medio de dólares a la planta de General Motors ubicada en ese estado. O el Banco de México, subastando dólares indiscriminadamente, para que no se siga devaluando el peso, con tal de que las empresas que tengan adeudos en esa moneda no los paguen tan caros).
Y también se está aprovechando que todo es “guerra al narco”, para forzar, ahora sí, dicen los panistas, una sustancial modificación a las leyes laborales (la “Ley Federal del Trabajo” principalmente), con tal de que los patrones puedan actuar más libremente en la contratación de los trabajadores, quienes si de por sí con la legislación actual son víctimas frecuentes de despidos injustificados, malas condiciones laborales, bajos salarios, anulación de prestaciones, sobreexplotación, entre otras ilegalidades laborales, si esas leyes se modifican, su situación empeorará, a cambio de que México sea, como China, una especie de paraíso laboral, con trabajadores controlados militarmente (dado el proceso de militarización que expongo arriba), mal pagados, y sometidos a la conveniencia y capricho de las empresas, sobre todo extranjeras, que manejarán a su antojo a esos trabajadores. Así pues, todas esas medidas de “shock”, se justifican plenamente ante los “terribles” efectos que la recesión, (junto con la guerra al narco) tendrá. Todas esas imposiciones, indudablemente que se aplicarán, pero lo inmoral aquí es que en lugar de que se busquen medidas que atenúen esos efectos en la población de menores ingresos, que es la mayoría, lo único que se haga sea forzar “soluciones” que solamente aminoren los efectos perniciosos en los grupos privilegiados del país, incluyendo, claro, a la clase gobernante ligada a ellos.
Pero no deben de sorprender los tratamientos de “shock”, justificarán los panistas, ya que en todos lados, no sólo en México, se implementarán, como lo que está haciendo Barack Obama en EEUU (lo que afectará a México, por supuesto), el centro y causante de la crisis, al enfatizar que si no se rescata a los bancos estadounidenses (como se está haciendo, por ejemplo, con el quebrado Citigroup), por muy impopular que eso parezca, se corre el riesgo de que el “país se colapse en el corto plazo”. Incluso se habla ya de que la recesión económica en todo el mundo, pero sobre todo los efectos que tendrá en los países más pobres y vulnerables, estará muy ligada a la “seguridad interna” de ese país. Así que eso prepara muy bien el terreno para futuras invasiones estadounidenses a “naciones inestables” (más tratamientos de “shock”, pues), así, como México, con tal de que la “seguridad interna” de EEUU no se vea afectada (muy estratégicamente Obama prevé subirle el presupuesto al Pentágono un 4% en el año 2010, quizá para que el ejército esté preparado para las eventualidades y problemas que la severa crisis planteará a su “seguridad nacional”). Y no sólo eso, sino que en recientes declaraciones hechas por el ex zar antidrogas de EEUU, el señor Barry McCaffrey, en referencia a México y el narcotráfico, urgió a que se detenga el poder de las mafias mexicanas de narcotraficantes, pues todo el dinero que obtienen por la venta de drogas en ese país (que para el año pasado se calcula que ascendió a unos $18,000 millones de dólares), las está fortaleciendo más, y eso está afectando la gobernabilidad en México (precisamente lo que analizo en este trabajo, que, como ya comenté, le cae como anillo al dedo a ambos gobiernos para justificar una futura militarización de todo el país y recrudecer la represión no tanto contra el “crimen organizado”, sino contra las protestas sociales), por lo que reiteró que “México es una emergencia nacional” (justificación del tratamiento de “shock”). Eso mismo declaró el Pentágono, a través del US Joint Forces Command, organismo que advirtió que México se enfrenta al peligro de sufrir un “rápido y repentino colapso debido al poder de las mafias criminales y los cárteles de las drogas”. Y ya el secretario de la Defensa, el republicano Robert Gates (un muy conservador personaje, que sirviera tanto a Bush padre como a Bush hijo), declaró por estos días que “Estados Unidos quiere incrementar la asistencia militar que provee a México para su lucha contra el tráfico de drogas. La ayuda podría ser suministrando equipo militar, entrenamiento, labores de inteligencia, con tal de ayudar a las autoridades en su lucha contra los bien armados y organizados narcotraficantes”. Bastará leer entre líneas que lo que Gates dijo es más que un “ofrecimiento”, pues en realidad se trataría de una medida que EEUU se reservaría el derecho de aplicar unilateralmente, con tal de que su “seguridad interna” no se exponga. Y también significaría que no le basta a EEUU con la aprobación del “Plan Mérida” – que pudo haberse también denominado “Plan México”, en alusión al “Plan Colombia” –, con el que sólo se destinan fondos para que México “combata al crimen organizado”, sino que se estaría planteando que el gobierno de Calderón acepte ayuda militar directa (y previendo también que aquellos fondos no se emplearan correctamente).
Por tanto, como puede verse, podría estarse preparando el terreno para pretextar, en un no muy lejano futuro, quizá hasta una intervención militar estadounidense de “corto alcance” (ya el gobernador de Texas, Rick Perry, adelantándosele a Gates, habla de que militarizará completamente la frontera entre su estado y Texas, con la operación “Río Grande”, y no es de dudarse que podría autorizar incluso incursiones a nuestro país, si fuera necesario, para combatir a los delincuentes, todo para garantizar la seguridad de su estado), con tal de “apaciguar” al país. Sí, se requerirá un tratamiento de “shock”.
Si eso sucede, las mafias, la “guerra al narco”, la “descomposición del Estado mexicano”… habrán servido perfectamente bien para tal cometido.
Pero si así fuera, EEUU no sólo estaría buscando acabar con el poder del narcotráfico, pues eso se podría lograr más fácilmente legalizando las drogas y desmantelando las redes de lavado de dinero que operan conjuntamente entre los dos países (algo que no se hará, pues se acabaría con el “Big Money” que ese negocio deja), sino que además México es estratégico para los planes de “seguridad energética” que EEUU diseña desde hace años, con tal de proveerse de energéticos vitales como el petróleo, del que México tiene probadas y potenciales reservas (en los llamados “pozos ultraprofundos” del golfo, que pretenden concesionarse a empresas extranjeras o los yacimientos hallados recientemente en Chicontepec, Veracruz, todo lo cual podría aumentar muchos años más, se especula, la producción petrolera mexicana. Ver mi artículo en Internet “Los pozos petroleros ultraprofundos, otra manera de seguir garantizando la dominación estadounidense sobre México”).
Y claro, en referencia a la “seguridad interna” que menciono arriba, México es también muy estratégico como espacio de “contención de actos de terrorismo, descontento social y subversión que pudieran provenir de la frontera sur de EEUU”, tal y como se ha estipulado en los planes de “seguridad nacional” que Bush y su “guerra contra el terrorismo” asignaron para su “patio trasero”. Véase, al respecto, lo efectivas que son nuestras autoridades migratorias para contener, mediante golpes y violentos métodos, a los ilegales centroamericanos que intentan penetrar por la frontera sur de México en su camino hacia EEUU. Son menos indocumentados que la migra estadounidense tendrá que arrestar y deportar a sus países.
Así pues, resultaría práctico militarizar al país, ya sea que sólo lo hicieran los panistas o combinadamente con EEUU, la opción más óptima.
Por tanto, es bastante probable que la “descomposición del estado mexicano”, sea parte de un velado plan contemplado desde EEUU, en asociación con los panistas, para dar paso, como dije arriba, a un Estado militarizado, rígido, disfrazado de “democracia”, que sirva más efectivamente a los intereses estadounidenses de toda índole (por ello se seguirá impidiendo, a toda costa, que gane las elecciones un candidato de izquierda, como López Obrador, pues ello interferiría con los planes estadounidenses. Y por tal razón es que el reflujo del PRI, como alternativa que deje de lado a los ineptos, negociantes panistas, se ve como una fuerte, ideal opción, ya que siempre ha sido un partido pro empresarial, pro estadounidense y también muy dado a ejercer “mano dura” contra el descontento social).
Esto explicaría muy bien la cínica actitud que EEUU muestra en cuanto al doble juego que lleva al referirse a la “descomposición” del Estado mexicano. Por un lado hace sus alarmistas declaraciones contra México, pero no menciona que ciertamente la producción de drogas continúa al alza por el fuerte consumo de estupefacientes que sostiene una buena parte de los estadounidenses, así que mientras no disminuya la demanda, no disminuirá el narcotráfico (es una exigencia en algunos círculos gubernamentales de ese país que se legalicen drogas como la marihuana, pues esa medida contribuiría, se dice, a disminuir fuertemente ese problema).
Por otro lado, lo del “gran poder” de las mafias y los cárteles de las drogas se debe también a que con todos los millones de dólares que ganan pueden armarse perfectamente bien con todo tipo de sofisticados arsenales de rifles de asalto, metralletas, pistolas… que compran justamente en EEUU, en donde las laxas leyes sobre posesión de armas, permiten un nutrido comercio de aquéllas (unos 200 millones de estadounidenses poseen armas de todo tipo). La institución Brookings estima que alrededor de 2000 armas son compradas y llevadas desde EEUU a México todos los días, lo que nos daría la sobrecogedora cifra de más de 730,000 por año. Estimando un costo por arma de unos $200 dólares, los vendedores de tales armas obtendrían unos nada despreciables 146 millones de dólares. Esos vendedores son armeros que operan a lo largo de la frontera, de los que hay alrededor de 6600, que es en donde, sin problemas, se surten los narcotraficantes. Así que siendo tan excelente negocio, no parará, a menos que las hipócritas autoridades estadounidenses (el periódico New York Times también llamó “hipócritas” a las autoridades estadounidenses por el doble juego que practican) hagan algo contra ese ilegal, pero muy lucrativo tráfico. Y en este momento, con la tremenda recesión que están padeciendo los ciudadanos de EEUU, evitar que entraran esos millones de dólares y en algo “aliviaran” los problemas económicos, sería absurdo. Por ello, pues, no sorprende que en la “guerra contra el narco” emprendida por Calderón, los delincuentes estén mejor armados que las policías o el mismo ejército (es increíble que incluso ya posean los narcos hasta lanzacohetes y granadas).
Así pues, bienvenida sea la “descomposición del estado”, la “guerra al narco”, el “crimen organizado” y la “recesión económica”. Nada mejor para aplicar los tratamientos de “shock”.
Las elites empresariales estadounidenses y mexicanas, ligadas a las mafias, y los mal administradores panistas, se beneficiarán bastante de tales “desgracias” y de tales “tratamientos”. Nunca antes el “catastrofismo” de cualquier forma fue tan oportuno.
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