Irregularidades por 61 mil millones en el ejercicio del gasto público
Carlos Fernández-Vega
Prácticamente en todos los rincones de la actividad gubernamental (federal, estatal y municipal) en donde exista presupuesto de por medio se registra ineficiencia, derroche, opacidad, discrecionalidad, incumplimiento. Ese puede ser el resumen, como ya por tradición ocurre anualmente, del Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, el más reciente de ellos correspondiente a 2007.
Del examen del documento elaborado por la Auditoría Superior de la Federación se obtienen las siguientes "fichas", que documentan el desgarriate en el ejercicio del gasto público y las suculentas "ventajas" que no pocos funcionarios obtienen de él. Irregularidades por casi 61 mil millones de pesos fueron detectadas en el año referido, de los que 68.71 por ciento corresponden al poder Ejecutivo federal (el grueso concentrado en los sectores de Energía, Hacienda y Educación Pública), 31.07 por ciento en estados y municipios (Distrito Federal incluido) y el resto a los poderes Legislativo y Judicial. De dicha lectura, pues, van algunos botones de las "observaciones" de la ASF:
Secretaría de Hacienda: existen crecientes recursos aportados a fideicomisos, fondos, mandatos e instrumentos análogos que, por la naturaleza de algunas de esas figuras jurídicas, se clasifican como inversión y se registran como presupuesto ejercido, aún cuando los recursos no son erogados en el año en que fueron asignados. Tal es el caso del Fondo de Inversión en Infraestructura, ahora denominado Fondo Nacional de Infraestructura, que en 2007 recibió recursos por 18 mil 983.2 millones de pesos que aún se encuentran en su patrimonio, ya que fueron transferidos sin destino específico.
Se autorizaron indebidamente erogaciones por un importe total de 3 mil 461 millones de pesos para liquidar a personal de diversas dependencias y entidades, con el objeto de renovar sus plantillas de personal, aún cuando ello no implicó la cancelación de dichas plazas. En la operación del Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral, las facultades conferidas a la SHCP contienen un amplio margen de discrecionalidad, lo que genera opacidad en el ejercicio de los recursos que deben operar al amparo de esquemas específicos para su aplicación. Por ejemplo, se efectuaron erogaciones multimillonarias por pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE, correspondientes a servidores públicos que concluyeron su relación laboral en 2004 y 2005, no correspondiendo efectuar estos pagos con cargo al citado fondo. De igual forma, se erogaron 3 mil 494 millones por Compensación Equivalente al Seguro Colectivo de Retiro a servidores públicos que concluyeron la prestación de servicios en 2003 y 2005, sin justificación para realizar dichos pagos con cargo al fondo. Seis dependencias y entidades efectuaron pagos en exceso por un importe total de 3 mil 271 millones al presentar errores en el cálculo de la compensación. El SAE erogó millones de pesos por pago de liquidaciones sin acreditar la obligatoriedad del pago, ya que en todos los casos la conclusión de la relación laboral se debió al mutuo consentimiento de las partes. Al cierre de la auditoría (4 de noviembre de 2008), cuatro dependencias y entidades mantenían recursos sin ejercer por un total de 16 mil 378 millones de pesos, los cuales no habían sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Sistema de Administración Tributaria: no proporcionó los estudios y proyectos que sustentaron la iniciativa de ley que dio origen al Programa de Condonación de Créditos Fiscales, con el cual se benefició a contribuyentes, condonando discrecionalmente recursos retenidos a terceros como son derechos, ISR e IVA. Dicha iniciativa se autorizó y se incluyó en el artículo séptimo transitorio de la LIF 2007, por lo que el SAT emitió el acuerdo de referencia que estableció los porcentajes de 20, 80 y 100 por ciento, que correspondieron, el primero a la recuperación de la parte no condonada, y los restantes a créditos fiscales y accesorios. Al comparar la información reportada por el SAT contra lo consignado en 59 expedientes de contribuyentes, se determinaron diferencias de más por 8 mil millones de pesos por la condonación de créditos fiscales, y de menos por 160.5 millones por recuperación de dichos créditos. Se observó que en algunos casos las solicitudes de condonación no incluyeron la totalidad de los requisitos; se detectaron errores en la actualización de los créditos fiscales por casi 13 mil millones; se autorizó una abultada condonación a un contribuyente estando en proceso penal, y se recuperaron 51.2 millones por multas indebidas. Asimismo, se autorizó la recuperación y condonación de créditos fiscales por casi 900 millones y cerca de 7 mil millones de pesos a una aerolínea, no obstante que el importe por la condonación correspondía a retenciones de impuestos que se efectuaron de pagos de terceros en el ejercicio 2002, los cuales el contribuyente se adjudicó y no enteró a la Tesorería de la Federación. El SAT pagó indebidamente a la empresa Ultimus mil 101 millones de pesos por finiquito de los trabajos de la segunda etapa que recibió parcialmente y no realizó el cobro total de la fianza de garantía de cumplimiento, determinándose un probable daño por 196.5 millones. Se inició el proceso de rescisión del contrato a esa empresa hasta transcurridos 497 días, a pesar de sus constantes incumplimientos e inconsistencias documentadas, considerando que el periodo original de ejecución convenido fue de 45 días hábiles.
INEGI: se pagaron remuneraciones por casi 19 millones de pesos a mil 708 personas contratadas como entrevistadores, no obstante que no se encontró evidencia del trabajo desarrollado; se efectuó una compra innecesaria de mil 875 equipos de cómputo; se adquirieron 14 mil 878 equipos de cómputo con características técnicas que no eran necesarias para el levantamiento de entrevistas del Censo Agropecuario, lo que implicó un gasto mayor por 25 millones en relación con equipos de similares características; se realizó la compra de mil 500 equipos de cómputo PDA´s sin que se justificara su adquisición, así como el pago de remuneraciones a 26 personas por 573 mil pesos, contratadas como auditores para realizar trabajos de acompañamiento en el censo, sin que estuviera contemplada la citada actividad.
Las rebanadas del pastel
Mañana seguimos con los botones.
Carlos Fernández-Vega
Prácticamente en todos los rincones de la actividad gubernamental (federal, estatal y municipal) en donde exista presupuesto de por medio se registra ineficiencia, derroche, opacidad, discrecionalidad, incumplimiento. Ese puede ser el resumen, como ya por tradición ocurre anualmente, del Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, el más reciente de ellos correspondiente a 2007.
Del examen del documento elaborado por la Auditoría Superior de la Federación se obtienen las siguientes "fichas", que documentan el desgarriate en el ejercicio del gasto público y las suculentas "ventajas" que no pocos funcionarios obtienen de él. Irregularidades por casi 61 mil millones de pesos fueron detectadas en el año referido, de los que 68.71 por ciento corresponden al poder Ejecutivo federal (el grueso concentrado en los sectores de Energía, Hacienda y Educación Pública), 31.07 por ciento en estados y municipios (Distrito Federal incluido) y el resto a los poderes Legislativo y Judicial. De dicha lectura, pues, van algunos botones de las "observaciones" de la ASF:
Secretaría de Hacienda: existen crecientes recursos aportados a fideicomisos, fondos, mandatos e instrumentos análogos que, por la naturaleza de algunas de esas figuras jurídicas, se clasifican como inversión y se registran como presupuesto ejercido, aún cuando los recursos no son erogados en el año en que fueron asignados. Tal es el caso del Fondo de Inversión en Infraestructura, ahora denominado Fondo Nacional de Infraestructura, que en 2007 recibió recursos por 18 mil 983.2 millones de pesos que aún se encuentran en su patrimonio, ya que fueron transferidos sin destino específico.
Se autorizaron indebidamente erogaciones por un importe total de 3 mil 461 millones de pesos para liquidar a personal de diversas dependencias y entidades, con el objeto de renovar sus plantillas de personal, aún cuando ello no implicó la cancelación de dichas plazas. En la operación del Fondo para la Conclusión de la Relación Laboral, las facultades conferidas a la SHCP contienen un amplio margen de discrecionalidad, lo que genera opacidad en el ejercicio de los recursos que deben operar al amparo de esquemas específicos para su aplicación. Por ejemplo, se efectuaron erogaciones multimillonarias por pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE, correspondientes a servidores públicos que concluyeron su relación laboral en 2004 y 2005, no correspondiendo efectuar estos pagos con cargo al citado fondo. De igual forma, se erogaron 3 mil 494 millones por Compensación Equivalente al Seguro Colectivo de Retiro a servidores públicos que concluyeron la prestación de servicios en 2003 y 2005, sin justificación para realizar dichos pagos con cargo al fondo. Seis dependencias y entidades efectuaron pagos en exceso por un importe total de 3 mil 271 millones al presentar errores en el cálculo de la compensación. El SAE erogó millones de pesos por pago de liquidaciones sin acreditar la obligatoriedad del pago, ya que en todos los casos la conclusión de la relación laboral se debió al mutuo consentimiento de las partes. Al cierre de la auditoría (4 de noviembre de 2008), cuatro dependencias y entidades mantenían recursos sin ejercer por un total de 16 mil 378 millones de pesos, los cuales no habían sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.
Sistema de Administración Tributaria: no proporcionó los estudios y proyectos que sustentaron la iniciativa de ley que dio origen al Programa de Condonación de Créditos Fiscales, con el cual se benefició a contribuyentes, condonando discrecionalmente recursos retenidos a terceros como son derechos, ISR e IVA. Dicha iniciativa se autorizó y se incluyó en el artículo séptimo transitorio de la LIF 2007, por lo que el SAT emitió el acuerdo de referencia que estableció los porcentajes de 20, 80 y 100 por ciento, que correspondieron, el primero a la recuperación de la parte no condonada, y los restantes a créditos fiscales y accesorios. Al comparar la información reportada por el SAT contra lo consignado en 59 expedientes de contribuyentes, se determinaron diferencias de más por 8 mil millones de pesos por la condonación de créditos fiscales, y de menos por 160.5 millones por recuperación de dichos créditos. Se observó que en algunos casos las solicitudes de condonación no incluyeron la totalidad de los requisitos; se detectaron errores en la actualización de los créditos fiscales por casi 13 mil millones; se autorizó una abultada condonación a un contribuyente estando en proceso penal, y se recuperaron 51.2 millones por multas indebidas. Asimismo, se autorizó la recuperación y condonación de créditos fiscales por casi 900 millones y cerca de 7 mil millones de pesos a una aerolínea, no obstante que el importe por la condonación correspondía a retenciones de impuestos que se efectuaron de pagos de terceros en el ejercicio 2002, los cuales el contribuyente se adjudicó y no enteró a la Tesorería de la Federación. El SAT pagó indebidamente a la empresa Ultimus mil 101 millones de pesos por finiquito de los trabajos de la segunda etapa que recibió parcialmente y no realizó el cobro total de la fianza de garantía de cumplimiento, determinándose un probable daño por 196.5 millones. Se inició el proceso de rescisión del contrato a esa empresa hasta transcurridos 497 días, a pesar de sus constantes incumplimientos e inconsistencias documentadas, considerando que el periodo original de ejecución convenido fue de 45 días hábiles.
INEGI: se pagaron remuneraciones por casi 19 millones de pesos a mil 708 personas contratadas como entrevistadores, no obstante que no se encontró evidencia del trabajo desarrollado; se efectuó una compra innecesaria de mil 875 equipos de cómputo; se adquirieron 14 mil 878 equipos de cómputo con características técnicas que no eran necesarias para el levantamiento de entrevistas del Censo Agropecuario, lo que implicó un gasto mayor por 25 millones en relación con equipos de similares características; se realizó la compra de mil 500 equipos de cómputo PDA´s sin que se justificara su adquisición, así como el pago de remuneraciones a 26 personas por 573 mil pesos, contratadas como auditores para realizar trabajos de acompañamiento en el censo, sin que estuviera contemplada la citada actividad.
Las rebanadas del pastel
Mañana seguimos con los botones.
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