En seguridad no se gastaron casi $2 mil 863 millones
Carlos Fernández-Vega
Es una onerosa tradición del poder público que al país, año tras año, le representa una enorme sangría de dinero y crecimiento, al tiempo que los buenos resultados brillan por su ausencia. Es la vieja historia del ejercicio presupuestal: donde se apriete, brota ineficiencia, derroche, opacidad, discrecionalidad, incumplimiento.
Como cada año, la Auditoría Superior de la Federación divulgó el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, en esta ocasión correspondiente a 2007, el primer año de ejercicio del actual inquilino de Los Pinos y banda que lo acompaña, en los tres niveles de gobierno, cuyo resultado condensado se traduce en casi 61 mil millones de pesos de recursos públicos que terminaron donde no debían.
El organismo lo resume así: “la ASF ha señalado reiteradamente diversas áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, las cuales requieren ser atendidas con urgencia para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Resaltan los subejercicios presupuestales que existen al término de cada año fiscal, así como los que observan los recursos que se transfieren a estados y municipios a través de los Ramos Generales 23 y 33. Los subejercicios generan disponibilidades que, en algunos casos, son transferidas como aportaciones a fondos, fideicomisos o a otras partidas que en ocasiones no están sujetas a control legislativo.
"El círculo vicioso se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos: excedentes petroleros; donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; derechos de trámite aduanero y fondos y fideicomisos, entre otros. Se observa una insuficiente regulación y supervisión de los actos jurídicos que el Estado federal mexicano delega a particulares, a través de concesiones, permisos, contratos y licencias, principalmente. La vigilancia del Estado federal mexicano debe ser reforzada, pues la rendición de cuentas obliga a todos, y de ella no pueden estar exentos los particulares que reciben autorizaciones para actuar a nombre del Estado, en actividades que les son concesionadas o permitidas, para ofrecer servicios que demanda la sociedad".
Donde se aprieta, brota, pero por tratarse de una de las mayores preocupaciones ciudadanas, comenzamos la numeralia con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, del que la ASF subraya "la ineficiencia en la procuración de justicia, la baja asignación presupuestaria y el deficiente manejo de los recursos, así como un estado de fuerza insuficiente de los cuerpos policiales en cuanto a su armamento; constituyen importantes factores que propician el crecimiento de delitos."
En materia presupuestal: de un monto modificado de 6 mil 653 millones de pesos, a diciembre de 2007 no se ejercieron 2 mil 863 millones, 43 por ciento del Fondo de Seguridad Pública. Los ejes estratégicos que mayor nivel de subejercicio presupuestal registraron, en orden de importancia absoluta, fueron: Instancias de Coordinación para el Combate al Narcomenudeo; Red Nacional de Telecomunicaciones; Infraestructura para la Seguridad Pública; y Equipamiento para la Seguridad Pública. Algunas entidades que registraron porcentajes de subejercicio entre 43 y 68 por ciento, como Tabasco, Sinaloa, Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Michoacán, también mostraron una elevación de sus índices delictivos, que osciló entre 15 y 121 por ciento.
Se documentó que en la medida en que las entidades federativas asignan a la seguridad pública mayores recursos como proporción de sus presupuestos totales, el crecimiento de la incidencia delictiva disminuye. Contrariamente a lo anterior, y en cuanto al estado de fuerza, se observó que en aquellas entidades donde el total de elementos preventivos por cada 100 mil habitantes es mayor a la media nacional, la tasa de crecimiento del índice delictivo tiende a elevarse; esto es, a más policías, mayor número de delitos. Sin embargo, en las entidades que rebasaron el promedio nacional de elementos con licencia oficial colectiva para portar armas, la delincuencia se redujo. Al respecto, 36.1 por ciento de los 245 mil 211 policías preventivos operativos no había cubierto los requisitos por la Secretaría de la Defensa para portar armas.
Más de 50 por ciento del personal policial preventivo a nivel nacional no está calificado para ejercer eficientemente sus funciones; así por ejemplo: uno de cada cinco policías tiene una formación escolar inferior al nivel básico y sólo tres de cada 10 superan ese nivel; se presenta un sobrepeso que en promedio es de 10 kilogramos; pocos policías se encuentran en buenas condiciones de salud; y más de 14 por ciento registró algún trastorno sicológico, todo lo cual significa un riesgo a su entorno social, personal o laboral. Por su parte, las evaluaciones de control de confianza se aplicaron a sólo 32.2 por ciento del total de policías preventivos, ya que, en promedio, las entidades federativas aplicaron únicamente tres de las siete evaluaciones establecidas en los convenios; a ese ritmo, se necesitarían más de dos años para evaluar a la totalidad del personal.
El número de armas adquiridas en las 31 entidades federativas representó 2.2 por ciento de las requeridas por los 158 mil 245 policías autorizados para portarlas y 17 entidades no compraron armas. Por consiguiente, se requerirían más de 44 años para renovar el armamento de la policía preventiva facultada. En 28 entidades federativas no se evidenció la realización de prácticas de tiro; sólo en tres de ellas se documentó su realización y su frecuencia fue mínima: una vez al año. Por cuanto a la capacitación, los policías que participaron en el proceso representaron 28.9 por ciento del total; esto es, sólo tres de cada 10 elementos se capacitó.
En relación a la infraestructura penitenciaria, 22 entidades federativas no contaron con la capacidad suficiente, ya que registran sobrepoblación. En todo el país, el número de internos en los centros de readaptación social rebasan en 28.1 por ciento a la capacidad instalada.
Las rebanadas del pastel
Qué bueno que la seguridad pública es la prioridad, en el discurso. El lunes seguimos con el tema y otras áreas igual de eficientes.
Carlos Fernández-Vega
Es una onerosa tradición del poder público que al país, año tras año, le representa una enorme sangría de dinero y crecimiento, al tiempo que los buenos resultados brillan por su ausencia. Es la vieja historia del ejercicio presupuestal: donde se apriete, brota ineficiencia, derroche, opacidad, discrecionalidad, incumplimiento.
Como cada año, la Auditoría Superior de la Federación divulgó el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, en esta ocasión correspondiente a 2007, el primer año de ejercicio del actual inquilino de Los Pinos y banda que lo acompaña, en los tres niveles de gobierno, cuyo resultado condensado se traduce en casi 61 mil millones de pesos de recursos públicos que terminaron donde no debían.
El organismo lo resume así: “la ASF ha señalado reiteradamente diversas áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, las cuales requieren ser atendidas con urgencia para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Resaltan los subejercicios presupuestales que existen al término de cada año fiscal, así como los que observan los recursos que se transfieren a estados y municipios a través de los Ramos Generales 23 y 33. Los subejercicios generan disponibilidades que, en algunos casos, son transferidas como aportaciones a fondos, fideicomisos o a otras partidas que en ocasiones no están sujetas a control legislativo.
"El círculo vicioso se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos: excedentes petroleros; donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; derechos de trámite aduanero y fondos y fideicomisos, entre otros. Se observa una insuficiente regulación y supervisión de los actos jurídicos que el Estado federal mexicano delega a particulares, a través de concesiones, permisos, contratos y licencias, principalmente. La vigilancia del Estado federal mexicano debe ser reforzada, pues la rendición de cuentas obliga a todos, y de ella no pueden estar exentos los particulares que reciben autorizaciones para actuar a nombre del Estado, en actividades que les son concesionadas o permitidas, para ofrecer servicios que demanda la sociedad".
Donde se aprieta, brota, pero por tratarse de una de las mayores preocupaciones ciudadanas, comenzamos la numeralia con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, del que la ASF subraya "la ineficiencia en la procuración de justicia, la baja asignación presupuestaria y el deficiente manejo de los recursos, así como un estado de fuerza insuficiente de los cuerpos policiales en cuanto a su armamento; constituyen importantes factores que propician el crecimiento de delitos."
En materia presupuestal: de un monto modificado de 6 mil 653 millones de pesos, a diciembre de 2007 no se ejercieron 2 mil 863 millones, 43 por ciento del Fondo de Seguridad Pública. Los ejes estratégicos que mayor nivel de subejercicio presupuestal registraron, en orden de importancia absoluta, fueron: Instancias de Coordinación para el Combate al Narcomenudeo; Red Nacional de Telecomunicaciones; Infraestructura para la Seguridad Pública; y Equipamiento para la Seguridad Pública. Algunas entidades que registraron porcentajes de subejercicio entre 43 y 68 por ciento, como Tabasco, Sinaloa, Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Michoacán, también mostraron una elevación de sus índices delictivos, que osciló entre 15 y 121 por ciento.
Se documentó que en la medida en que las entidades federativas asignan a la seguridad pública mayores recursos como proporción de sus presupuestos totales, el crecimiento de la incidencia delictiva disminuye. Contrariamente a lo anterior, y en cuanto al estado de fuerza, se observó que en aquellas entidades donde el total de elementos preventivos por cada 100 mil habitantes es mayor a la media nacional, la tasa de crecimiento del índice delictivo tiende a elevarse; esto es, a más policías, mayor número de delitos. Sin embargo, en las entidades que rebasaron el promedio nacional de elementos con licencia oficial colectiva para portar armas, la delincuencia se redujo. Al respecto, 36.1 por ciento de los 245 mil 211 policías preventivos operativos no había cubierto los requisitos por la Secretaría de la Defensa para portar armas.
Más de 50 por ciento del personal policial preventivo a nivel nacional no está calificado para ejercer eficientemente sus funciones; así por ejemplo: uno de cada cinco policías tiene una formación escolar inferior al nivel básico y sólo tres de cada 10 superan ese nivel; se presenta un sobrepeso que en promedio es de 10 kilogramos; pocos policías se encuentran en buenas condiciones de salud; y más de 14 por ciento registró algún trastorno sicológico, todo lo cual significa un riesgo a su entorno social, personal o laboral. Por su parte, las evaluaciones de control de confianza se aplicaron a sólo 32.2 por ciento del total de policías preventivos, ya que, en promedio, las entidades federativas aplicaron únicamente tres de las siete evaluaciones establecidas en los convenios; a ese ritmo, se necesitarían más de dos años para evaluar a la totalidad del personal.
El número de armas adquiridas en las 31 entidades federativas representó 2.2 por ciento de las requeridas por los 158 mil 245 policías autorizados para portarlas y 17 entidades no compraron armas. Por consiguiente, se requerirían más de 44 años para renovar el armamento de la policía preventiva facultada. En 28 entidades federativas no se evidenció la realización de prácticas de tiro; sólo en tres de ellas se documentó su realización y su frecuencia fue mínima: una vez al año. Por cuanto a la capacitación, los policías que participaron en el proceso representaron 28.9 por ciento del total; esto es, sólo tres de cada 10 elementos se capacitó.
En relación a la infraestructura penitenciaria, 22 entidades federativas no contaron con la capacidad suficiente, ya que registran sobrepoblación. En todo el país, el número de internos en los centros de readaptación social rebasan en 28.1 por ciento a la capacidad instalada.
Las rebanadas del pastel
Qué bueno que la seguridad pública es la prioridad, en el discurso. El lunes seguimos con el tema y otras áreas igual de eficientes.
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