Impunidad, S.A.

Reinventando a Maquiavelo / Víctor Manuel Sánchez

La diferencia entre los países del primer mundo y el nuestro se puede resumir en una sola actitud: “respeto mínimo al estado de derecho” o bien aplicación regular de la ley. En contraparte, en México se vive una cultura lacerante de corrupción e impunidad promovida por la clase política, pero tolerada y admitida por nosotros los ciudadanos.

A pesar de que el problema anterior puede ser abordado desde diversas ópticas, habrá que limitarse a una de ellas para efectos prácticos y esta es la falta de castigo a políticos que comenten actos indebidos y hasta ilícitos.

En ese contexto es indebido que nuestros flamantes ex alcaldes de Monclova, Pablo González, y de Saltillo, Fernando de las Fuentes, no salgan a dar la cara y expliquen detalladamente dónde quedaron los recursos que la Auditoría Superior de la Federación señala que no se han comprobado.

¿En qué se gastaron? ¿Dispendios? ¿Apoyos fuera de la ley? Al final ellos pueden acabar con toda la especulación si se atreven a afrontar directamente a la opinión pública, ¿O será que el dinero se gastó en algo tan indebido que decir la verdad sea la peor opción?

De haber sucedido en otras latitudes la presión social ya hubiera hecho que estos diputados locales renunciaran a sus escaños, baste con recordar el caso de los gobernadores de Nueva York, Eliot Spitzer o Illinois, Rod Blagojevich que fueron puestos de patitas en la calle en cuanto se les comprobaron sendos actos de corrupción y fallas graves a preceptos morales.

Es por ello que más de un analista jurídico ha puesto sobre la mesa el tema de replantear el fuero que tienen los legisladores, presidente y gobernadores, no para que se elimine, sino para que cumpla con la función que buscaba el Constituyente de 1917 que era permitir que un miembro del parlamento no fuera perseguido por sus ideas.

Y no en lo que se ha convertido el fuero en últimas fechas, que es una barrera para la aplicación de la justicia a políticos corruptos, a pesar de que el delito en cuestión nada tenga que ver con el desarrollo de su labor actual.

Este puede ser un buen tema a plantearles a los candidatos a diputados federales que en los próximos días irán a buscar su voto, es una propuesta tangible que no necesita un estudio de viabilidad financiera y que irremediablemente repercutiría para bien, ya que los ilícitos realizados al amparo del poder podrían ser castigados con mayor facilidad.

Es prudente regresar al papel de la ciudadanía en todo este meollo, recalcando que nosotros como sociedad debemos tener un papel fundamental en todo esto, no sólo con el castigo electoral que es algo meramente coyuntural, sino con la acción directa, ya que es lamentable que en Coahuila no existan organizaciones ciudadanas con vocación política pero sin tintes partidistas.

Lo que necesita Coahuila es que los ciudadanos se organicen y hagan suyos los problemas públicos, proponiendo soluciones, pero sobre todo señalando los errores de la clase política de forma sistemática, hay que exhibirlos, quemarlos ante la opinión pública, que sepan que si se desvían del mandato que les otorgamos habrá consecuencias, ya que si no lo hacemos así tendremos que tolerar a más políticos irresponsables como Fernando de las Fuentes y Pablo González.

Vanguardia

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