Adecuar la norma para cubrir algo ilegal, la constante
Carlos Fernández-Vega
Este fin de semana la legalidad y el estado de derecho recibieron una excelente noticia por parte de Felipe Calderón y su secretario Agustín Carstens, aunque mejor resultó para los dueños de Banamex. Si las cosas van muy bien, informaron, en tres años el gobierno calderonista cumpliría la Ley de Instituciones de Crédito; si no caminan al ritmo previsto, entonces tardaría seis, lo que implicaría el paso de estafeta al sucesor del actual inquilino de Los Pinos, quien debería tomar la decisión que le correspondía al mochoacano. Así, el cumplimiento de la ley citada se registraría entre 2012 (finales de la "continuidad") y 2015 (la mitad del siguiente sexenio), según la versión del elástico doctor "catarrito".
Lo anterior, desde luego, en un escenario idílico, porque, como acostumbra, el gobierno calderonista simplemente esperaría que se apagaran las protestas, que se congelaran los reclamos, que estallara un nuevo escándalo aquí o allá para tapar el anterior, para fingir demencia en el caso Banamex y dejar las cosas tal cual están, es decir, en un estado en el que abierta y descaradamente gobierno y banco violan la legislación vigente.
Por obra y gracia de los gobiernos zedillista y foxista, México es de los contados países en el mundo que han cedido plenamente a manos extranjeras el control de su sistema de pagos, las mismas que ahora "limitan" el crédito bancario, según denuncia del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz. Salvo un puñado de naciones europeas del ex bloque soviético y otras pocas del continente africano, el resto, sin desestimar la presencia de capital foráneo, maneja para sí dicho sistema, comenzando por Estados Unidos, al que el gobierno calderonista gentilmente facilita al extremo las cosas para que en su patio trasero haga lo que le venga en gana. Cuando Zedillo concluyó su sexenio, el 25 por ciento de la banca que opera en México era propiedad del capital extranjero; cuando, felizmente, terminó el de Fox esa proporción se había incrementado a 90 por ciento. Y Calderón va por más.
En plena convención bancaria, el secretario de Hacienda definió el plan de acción: "si en tres años el gobierno de Estados Unidos no se ha deshecho de su posición accionaria dentro de Citigroup, el gobierno de México podría solicitar el inicio de la mexicanización de Banamex; (pero no hay bronca) transcurridos seis años, si no se ha dado la total independencia de la entidad financiera entonces se buscará tomar su control mayoritario; estamos viviendo una situación de excepción, es una situación transitoria, una situación temporal y el apoyo de Estados Unidos a Citigroup está beneficiando a Banamex; en la medida en que la intervención del gobierno de Estados Unidos en Citigroup sea transitoria y tenga como único objeto reforzar a esa matriz, no habría ninguna consecuencia". Ninguna, asegura Carstens, salvo la violación de la ley mexicana por parte de funcionarios mexicanos.
Y en el concurso de defender lo indefendible, brinca a la palestra el (a escoger) inocuo-inicuo abogado corporativo que devino secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien desde Washington (no pudo elegir mejor locación para lanzar el mensaje) agriamente reclama a los críticos del inquilino de Los Pinos: "si algo distingue a la Presidencia de Felipe Calderón es la valentía y el coraje al tomar decisiones". Pues bien, ¿sería tan amable el licenciado de precisar qué "valentía" y cuáles "decisiones"?, porque abyección más que valentía se necesita para violar la ley.
Las rebanadas del pastel
Desde Salvador de Bahía, Brasil, llega a México SA el siguiente comentario: “los mexicanos debemos entender que la corrupción comienza en el uso del lenguaje. Que somos parte de las bandas que nos han robado la tranquilidad (léase crimen organizado y desorganizado, en donde caben políticos, funcionarios, empleados, líderes sindicales, seudo inversionistas, etcétera), por no usar un adjetivo adecuado en el momento que se precisa. Nos hemos convertido en cómplices, por permitir que nos doren la píldora, con discursos amañados y que sólo representan una burla contra la poca inteligencia que mostramos. La resolución que de la SHCP respecto de la tenencia accionaria del gobierno estadunidense en Citigroup y, por ende, en Banamex, no es más que el reflejo de lo que significa el país y sus habitantes para esta caterva de indignos funcionarios. En el comunicado, se lee: ‘corresponde a la Secretaría de Hacienda la interpretación sobre la aplicación de estas leyes’. La misma entidad dirigida por el que hace un año dijo que era un simple ‘catarrito’ lo que se convirtió en una crisis de proporciones extraordinarias, es la encargada de interpretar las leyes que competen a este caso. ¿Qué autoridad tiene una institución que dejó pasar el fraude cometido en la venta de Consorcio Aeroméxico? ¿La que deja pasar el blanqueo de miles de millones de dólares por el sistema bancario del país sin atrapar a un banquero de medio pelo? ¿Será, tal vez, como dice una parte del comunicado, que no haya tenido la intención de hacerlo (en lo referente a que el gobierno estadunidense adquirió la mayoría del grupo financiero), y menos tener injerencia en el sistema financiero mexicano? ¿O más bien aprovechan la coyuntura para apremiar los encargos? Dar explicaciones tales como que un tratado de libre comercio tiene preminencia sobre las leyes que regulan la materia bancaria es, simplemente, la mejor demostración del grado de obediencia que cursa un gobierno salido de las urnas clandestinas. Razonamientos inicuos, forjados en la abyección a la que se quiere acostumbrar al pueblo mexicano para sensibilizarlo a un tiempo cada vez más cercano. Adecuar la normativa, cuando existe algo ilegal que cubrir, es una constancia en el pensamiento eólico de Calderón. Por eso lo impusieron. Ya, desde su paso por la Secretaría de Energía, abrazaba la tesis del simplismo: si habían contratos que eran ilegales, que se cambiara la ley para dar seguridad jurídica a sus tenedores, por lo cual no deben causar sorpresa las modificaciones que se hagan a la legislación vigente. Invasión que no duele, pero sí marca las nuevas limitantes. Por ello, ahora más que nunca, el mote de la institución bien puede ser Bananamex, porque lo resuelto por la SHCP nos dibuja como un país bananero” (Francisco A. Servín de Alba, fsda@att.net.mx).
Carlos Fernández-Vega
Este fin de semana la legalidad y el estado de derecho recibieron una excelente noticia por parte de Felipe Calderón y su secretario Agustín Carstens, aunque mejor resultó para los dueños de Banamex. Si las cosas van muy bien, informaron, en tres años el gobierno calderonista cumpliría la Ley de Instituciones de Crédito; si no caminan al ritmo previsto, entonces tardaría seis, lo que implicaría el paso de estafeta al sucesor del actual inquilino de Los Pinos, quien debería tomar la decisión que le correspondía al mochoacano. Así, el cumplimiento de la ley citada se registraría entre 2012 (finales de la "continuidad") y 2015 (la mitad del siguiente sexenio), según la versión del elástico doctor "catarrito".
Lo anterior, desde luego, en un escenario idílico, porque, como acostumbra, el gobierno calderonista simplemente esperaría que se apagaran las protestas, que se congelaran los reclamos, que estallara un nuevo escándalo aquí o allá para tapar el anterior, para fingir demencia en el caso Banamex y dejar las cosas tal cual están, es decir, en un estado en el que abierta y descaradamente gobierno y banco violan la legislación vigente.
Por obra y gracia de los gobiernos zedillista y foxista, México es de los contados países en el mundo que han cedido plenamente a manos extranjeras el control de su sistema de pagos, las mismas que ahora "limitan" el crédito bancario, según denuncia del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz. Salvo un puñado de naciones europeas del ex bloque soviético y otras pocas del continente africano, el resto, sin desestimar la presencia de capital foráneo, maneja para sí dicho sistema, comenzando por Estados Unidos, al que el gobierno calderonista gentilmente facilita al extremo las cosas para que en su patio trasero haga lo que le venga en gana. Cuando Zedillo concluyó su sexenio, el 25 por ciento de la banca que opera en México era propiedad del capital extranjero; cuando, felizmente, terminó el de Fox esa proporción se había incrementado a 90 por ciento. Y Calderón va por más.
En plena convención bancaria, el secretario de Hacienda definió el plan de acción: "si en tres años el gobierno de Estados Unidos no se ha deshecho de su posición accionaria dentro de Citigroup, el gobierno de México podría solicitar el inicio de la mexicanización de Banamex; (pero no hay bronca) transcurridos seis años, si no se ha dado la total independencia de la entidad financiera entonces se buscará tomar su control mayoritario; estamos viviendo una situación de excepción, es una situación transitoria, una situación temporal y el apoyo de Estados Unidos a Citigroup está beneficiando a Banamex; en la medida en que la intervención del gobierno de Estados Unidos en Citigroup sea transitoria y tenga como único objeto reforzar a esa matriz, no habría ninguna consecuencia". Ninguna, asegura Carstens, salvo la violación de la ley mexicana por parte de funcionarios mexicanos.
Y en el concurso de defender lo indefendible, brinca a la palestra el (a escoger) inocuo-inicuo abogado corporativo que devino secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien desde Washington (no pudo elegir mejor locación para lanzar el mensaje) agriamente reclama a los críticos del inquilino de Los Pinos: "si algo distingue a la Presidencia de Felipe Calderón es la valentía y el coraje al tomar decisiones". Pues bien, ¿sería tan amable el licenciado de precisar qué "valentía" y cuáles "decisiones"?, porque abyección más que valentía se necesita para violar la ley.
Las rebanadas del pastel
Desde Salvador de Bahía, Brasil, llega a México SA el siguiente comentario: “los mexicanos debemos entender que la corrupción comienza en el uso del lenguaje. Que somos parte de las bandas que nos han robado la tranquilidad (léase crimen organizado y desorganizado, en donde caben políticos, funcionarios, empleados, líderes sindicales, seudo inversionistas, etcétera), por no usar un adjetivo adecuado en el momento que se precisa. Nos hemos convertido en cómplices, por permitir que nos doren la píldora, con discursos amañados y que sólo representan una burla contra la poca inteligencia que mostramos. La resolución que de la SHCP respecto de la tenencia accionaria del gobierno estadunidense en Citigroup y, por ende, en Banamex, no es más que el reflejo de lo que significa el país y sus habitantes para esta caterva de indignos funcionarios. En el comunicado, se lee: ‘corresponde a la Secretaría de Hacienda la interpretación sobre la aplicación de estas leyes’. La misma entidad dirigida por el que hace un año dijo que era un simple ‘catarrito’ lo que se convirtió en una crisis de proporciones extraordinarias, es la encargada de interpretar las leyes que competen a este caso. ¿Qué autoridad tiene una institución que dejó pasar el fraude cometido en la venta de Consorcio Aeroméxico? ¿La que deja pasar el blanqueo de miles de millones de dólares por el sistema bancario del país sin atrapar a un banquero de medio pelo? ¿Será, tal vez, como dice una parte del comunicado, que no haya tenido la intención de hacerlo (en lo referente a que el gobierno estadunidense adquirió la mayoría del grupo financiero), y menos tener injerencia en el sistema financiero mexicano? ¿O más bien aprovechan la coyuntura para apremiar los encargos? Dar explicaciones tales como que un tratado de libre comercio tiene preminencia sobre las leyes que regulan la materia bancaria es, simplemente, la mejor demostración del grado de obediencia que cursa un gobierno salido de las urnas clandestinas. Razonamientos inicuos, forjados en la abyección a la que se quiere acostumbrar al pueblo mexicano para sensibilizarlo a un tiempo cada vez más cercano. Adecuar la normativa, cuando existe algo ilegal que cubrir, es una constancia en el pensamiento eólico de Calderón. Por eso lo impusieron. Ya, desde su paso por la Secretaría de Energía, abrazaba la tesis del simplismo: si habían contratos que eran ilegales, que se cambiara la ley para dar seguridad jurídica a sus tenedores, por lo cual no deben causar sorpresa las modificaciones que se hagan a la legislación vigente. Invasión que no duele, pero sí marca las nuevas limitantes. Por ello, ahora más que nunca, el mote de la institución bien puede ser Bananamex, porque lo resuelto por la SHCP nos dibuja como un país bananero” (Francisco A. Servín de Alba, fsda@att.net.mx).
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