Gloria Silvia Orellana (COLATINO)
El Estado salvadoreño deberá responder a las víctimas del conflicto armado de los años ochenta y a sus familiares, mediante indemnizaciones morales y económicas, dictó la resolución del Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa, que concluyó su trabajo de juzgamiento de los casos presentados.
José María Tomás, junto a un panel de jueces de diversos países de Latinoamérica conocieron durante dos días una serie de casos de secuestro, torturas , asesinatos y masacres, acaecidos durante el conflicto armado de la década de los años ochenta.
La Coordinadora de Víctimas, junto al Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), que impulsaron esta iniciativa, aseguran que se sobrepasaron las expectativas, por lo que este año se editará una segunda edición del Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa.
El Presidente del Tribunal, José María Tomás, de origen español y miembro de la Fundación por la Justicia, leyó parte del contenido de la sentencia donde se destacó la responsabilidad del Estado de El Salvador en la comisión, crímenes y ausencia de judicialización de los casos denunciados.
“Declarar la responsabilidad del Estado de El Salvador, por la ejecución de Lilian Terezón Pérez y Manuel Franco, así como, de los demás dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Enrique Escobar Barrera, Humberto Mendoza y Doroteo Hernández”, leyó.
Asimismo, lo responsabilizaron de los desaparecimientos de otras víctimas que fueron presentados sus casos ante el ente judicial internacional. “Miguel Ángel Terezón Ramos, Sandra Margarita Ramos Surio y Dora Ramos Surio y de los hijos, de las que estas estaban embarazadas cuando fueron desaparecidas forzosamente”, continuó.
Asimismo responsa- bilizaron al Estado de El Salvador, al Ejército Nacional y la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) de las masacres del Río Sumpul y La Raya, demandando el nombre de los implicados para deducir responsabilidades. Demandaron también la construcción de monumentos memoriales y destinar un día al año, para honrar a las víctimas así como el acceso a la verdad mediante la compilación de la historia para que la ciudadanía tenga acceso a esa información.
La Fundación por la Justicia, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y otras organizaciones proderechos humanos pondrán el texto íntegro de la sentencia en sus páginas de Internet.
El Estado salvadoreño deberá responder a las víctimas del conflicto armado de los años ochenta y a sus familiares, mediante indemnizaciones morales y económicas, dictó la resolución del Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa, que concluyó su trabajo de juzgamiento de los casos presentados.
José María Tomás, junto a un panel de jueces de diversos países de Latinoamérica conocieron durante dos días una serie de casos de secuestro, torturas , asesinatos y masacres, acaecidos durante el conflicto armado de la década de los años ochenta.
La Coordinadora de Víctimas, junto al Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), que impulsaron esta iniciativa, aseguran que se sobrepasaron las expectativas, por lo que este año se editará una segunda edición del Tribunal Internacional de Justicia Restaurativa.
El Presidente del Tribunal, José María Tomás, de origen español y miembro de la Fundación por la Justicia, leyó parte del contenido de la sentencia donde se destacó la responsabilidad del Estado de El Salvador en la comisión, crímenes y ausencia de judicialización de los casos denunciados.
“Declarar la responsabilidad del Estado de El Salvador, por la ejecución de Lilian Terezón Pérez y Manuel Franco, así como, de los demás dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) Enrique Álvarez Córdova, Juan Chacón, Enrique Escobar Barrera, Humberto Mendoza y Doroteo Hernández”, leyó.
Asimismo, lo responsabilizaron de los desaparecimientos de otras víctimas que fueron presentados sus casos ante el ente judicial internacional. “Miguel Ángel Terezón Ramos, Sandra Margarita Ramos Surio y Dora Ramos Surio y de los hijos, de las que estas estaban embarazadas cuando fueron desaparecidas forzosamente”, continuó.
Asimismo responsa- bilizaron al Estado de El Salvador, al Ejército Nacional y la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) de las masacres del Río Sumpul y La Raya, demandando el nombre de los implicados para deducir responsabilidades. Demandaron también la construcción de monumentos memoriales y destinar un día al año, para honrar a las víctimas así como el acceso a la verdad mediante la compilación de la historia para que la ciudadanía tenga acceso a esa información.
La Fundación por la Justicia, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y otras organizaciones proderechos humanos pondrán el texto íntegro de la sentencia en sus páginas de Internet.
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