Teodoro Rentería Arróyave
Sabemos de antemano que ante los escándalos provocados por funcionarios que se auto designan sueldos insultante por estratosféricos, totalmente desproporcionados a la situación de pobreza de la mayoría de la población del país, no pasará nada.
También sabemos que en nada les impactará el que se traten estos temas en editoriales, artículos y columnas periodísticas; el cinismo es la respuesta, de ninguna manera renunciarán a estas abusivas y absurdas canonjías que les otorga la ley.
Respetado radioescucha y lector: leyó o oyó bien, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, los magistrados de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros ciudadanos tanto de los institutos Federal Electoral, IFE, y el Federal de –supuesto-, Acceso a la Información Publica, IFAI, así como los más de 2 mil 400 presidentes municipales se pueden otorgar el sueldo que se les de la gana, los cuales que llega a cifras impresionantes como el de los togados de la “Tremenda Corte” que alcanzan 72 millones de pesos anuales, más de 6 millones de pesos anuales por piocha, perdón por birrete.
Menos mal que los señores consejeros del Instituto Federal Electoral respondieron a la crítica generalizada y recularon en su intento de aumentarse desmesuradamente su salario; querían los ilustres miembros del IFE homologar su sueldo a los integrantes de “La Suprema”, algo más de 350 mil pesos, aparte de otras prestaciones a las que también “tienen derecho”.
La repulsa fue tan generalizada que, en este sólo caso, los consejeros electorales tuvieron que salir a anunciar que no aceptaran el incremento salarial que “no ellos” sino la Junta Ejecutiva del propio IFE les había autorizado.
En cambio, los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparte de que son los mejor pagados, sí se subieron su sueldo en un 5 por ciento, ahora ganan trescientos cuarenta y siete mil pesos mensuales que sumados a las demás prestaciones alcanzan los más de 6 millones de pesos anuales, más del triple de lo que percibe nominalmente el Presidente de la República.
Según el Poder Judicial de la Federación los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros de la Judicatura no percibirán ningún aumento en sus sueldos, sin embargo, al comparar los datos oficiales de 2008 y 2009 sobre salarios en el Poder Judicial, hay un incremento, precisamente el del 5 por ciento.
Ahora resulta que todo se debe a una confusión, pues el aumento general del 5 por ciento se registro en 2008, la cual jamás se reportó y mucho menos se hizo público, lo cual es aun más condenable ya que se incumplió con la ley de transparencia, que inclusive a los togados, los obliga a difundir todas sus percepciones.
En conclusión: ¿Dónde quedó aquella iniciativa de ley que no permitía que ningún funcionario ganara más que el Jefe del ejecutivo? Seguramente en la congeladora, porque de ser aprobada, seguro, que los togados de la “Tremenda Corte” o “La Suprema”, como se le conoce y a SCJN, la considerarían anticonstitucional. ¡Faltaba más!.
Sabemos de antemano que ante los escándalos provocados por funcionarios que se auto designan sueldos insultante por estratosféricos, totalmente desproporcionados a la situación de pobreza de la mayoría de la población del país, no pasará nada.
También sabemos que en nada les impactará el que se traten estos temas en editoriales, artículos y columnas periodísticas; el cinismo es la respuesta, de ninguna manera renunciarán a estas abusivas y absurdas canonjías que les otorga la ley.
Respetado radioescucha y lector: leyó o oyó bien, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, los magistrados de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros ciudadanos tanto de los institutos Federal Electoral, IFE, y el Federal de –supuesto-, Acceso a la Información Publica, IFAI, así como los más de 2 mil 400 presidentes municipales se pueden otorgar el sueldo que se les de la gana, los cuales que llega a cifras impresionantes como el de los togados de la “Tremenda Corte” que alcanzan 72 millones de pesos anuales, más de 6 millones de pesos anuales por piocha, perdón por birrete.
Menos mal que los señores consejeros del Instituto Federal Electoral respondieron a la crítica generalizada y recularon en su intento de aumentarse desmesuradamente su salario; querían los ilustres miembros del IFE homologar su sueldo a los integrantes de “La Suprema”, algo más de 350 mil pesos, aparte de otras prestaciones a las que también “tienen derecho”.
La repulsa fue tan generalizada que, en este sólo caso, los consejeros electorales tuvieron que salir a anunciar que no aceptaran el incremento salarial que “no ellos” sino la Junta Ejecutiva del propio IFE les había autorizado.
En cambio, los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparte de que son los mejor pagados, sí se subieron su sueldo en un 5 por ciento, ahora ganan trescientos cuarenta y siete mil pesos mensuales que sumados a las demás prestaciones alcanzan los más de 6 millones de pesos anuales, más del triple de lo que percibe nominalmente el Presidente de la República.
Según el Poder Judicial de la Federación los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros de la Judicatura no percibirán ningún aumento en sus sueldos, sin embargo, al comparar los datos oficiales de 2008 y 2009 sobre salarios en el Poder Judicial, hay un incremento, precisamente el del 5 por ciento.
Ahora resulta que todo se debe a una confusión, pues el aumento general del 5 por ciento se registro en 2008, la cual jamás se reportó y mucho menos se hizo público, lo cual es aun más condenable ya que se incumplió con la ley de transparencia, que inclusive a los togados, los obliga a difundir todas sus percepciones.
En conclusión: ¿Dónde quedó aquella iniciativa de ley que no permitía que ningún funcionario ganara más que el Jefe del ejecutivo? Seguramente en la congeladora, porque de ser aprobada, seguro, que los togados de la “Tremenda Corte” o “La Suprema”, como se le conoce y a SCJN, la considerarían anticonstitucional. ¡Faltaba más!.
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