Apolinar Díaz – Callejas
La situación colombiana es trágica por el crecimiento de la violencia y los asesinatos de gentes por paramilitares y otros grupos armados.
Solamente teniendo la oportunidad, que no es frecuente, de mirar los periódicos de provincia, se puede medir la gravedad actual de la ola de violencia en Colombia, pese a los cantos de victoria a que es dado el Presidente Álvaro Uribe Vélez en sus ofensivas semanales por la radio y la televisión desde algunos de los pueblos más golpeados por el desbarajuste del orden jurídico y social que vive el pueblo colombiano en el territorio nacional. Ahora hay asesinatos de personas comunes y corrientes y de campesinos o entre pandillas de narcotraficantes a todo lo largo y ancho de la República.
Sólo en un periódico regional de los departamentos de la Costa Caribe colombiana, que tradicionalmente era la zona más pacífica de Colombia y con menor violencia política, se ha incrementado escandalosamente el número de asesinatos. En el diario El Universal, editado en Sincelejo, del 22 de este mes de marzo se informa que “El primer trimestre del 2009 que termina en 9 días registra un disparo en el índice de homicidios en El Departamento de Sucre, en comparación con el año anterior. (…El reporte de la Policía señala 49 homicidios, 21 más que el 2008. El 50% de las muertes registradas han sido atribuidas al conflicto entre las bandas criminales, específicamente de “Los Paisas” y alias “don Mario”, cuyos integrantes se disputan sitios y corredores estratégicos de Sucre para el tráfico de estupefacientes, de acuerdo con las versiones de la inteligencia del Estado”.
En la misma edición del citado periódico se dice: “las muertes, según las autoridades, están relacionadas con el accionar de grupos al margen de la ley”. Más adelante agrega el periódico que: “en lo que va corrido del 2009, 115 personas han sido asesinadas en diferentes municipios de Córdoba. La mayoría de estas muertes, según las autoridades, están relacionadas con el accionar de estos grupos al margen de la ley, que han copado los espacios dejados por las desmovilizadas autodefensas, organizaciones ultraderechistas que habían firmado acuerdos de paz con el gobierno”.
Al tiempo, el mismo periódico en su edición del 21 de marzo informa de la crisis que afecta a las organizaciones agrarias y al campesinado de Sucre, en el que el dirigente campesino Campo Ibáñez informa que desde el año 2003 con la Ley 812 (bajo el gobierno de Uribe Vélez), se derogaron las leyes de reforma agraria 160 y 135 de 1961, y la mayoría de los campesinos de la región de los Montes de María no registraron sus predios entre los años 88 y 93, lo cual ha represado la situación y en la actualidad hay más de 30.000 hectáreas en esas mismas condiciones, a la vez que esos campesinos nunca más podrán ser objeto de crédito agrario. Al tiempo, fue denunciada la situación en los zapales (terrenos bajos y charcas en los que abreva el ganado, generalmente), los grandes terratenientes están apropiándose de esas tierras y sacando a los campesinos.
En la Revista Semana, del 23 al 30 de marzo de este año, se registra el debate Foro Semana en el que el notable investigador agrario Luis Jorge Garay expresó que: “5,5 millones de hectáreas no están en manos de sus dueños legítimos. 1. 200.000 estaban cultivadas”. El economista Rodrigo Uprimny manifestó que la restitución de esas tierras debería ser gratis, “pues se trata de quitárselas a los usurpadores, aunque tiene costos políticos e institucionales”. El especialista Alejandro Reyes señaló que “la restitución debe estar a cargo del gobierno, con todos los instrumentos que tiene. Los jueces son personas desvalidas”.
El presidente Álvaro Uribe Vélez ha ido despejando el camino político de sus adeptos en el Congreso de la República, que aún no están presos como un grupo grande de sus compañeros, para asegurar la reforma constitucional que institucionalice una nueva reelección. Sería la tercera desde que inició su gobierno, convirtiéndose en un personaje émulo los dictadorzuelos centroamericanos y el Caribe de hace algunos años. Es de suponer que la oposición política a sus objetivos crecerá notablemente en Colombia.
El corresponsal del diario español editado en Bogotá, el Tiempo, informa en su edición del 22 de marzo, procedente de Washington que el famoso “Plan Colombia” tiene la vida contada. “que no acabará de la noche a la mañana. Pero, lo que es seguro es que de aquí a dos años el Plan Colombia dejará de existir tal como se conoce. Tras casi una década, y más de 6.500 millones de dólares invertidos, EE.UU, ahora bajo el control del Partido Demócrata, ha comenzado a acelerar el desmonte de una estrategia que ha sido “eje” de las relaciones bilaterales entre ambos países”. Informa el corresponsal en Washington que “fuentes tanto en la Cámara como en el Senado de EE.UU le confirman a El Tiempo que trabajan con ese objetivo en mente y aseguran que este año, cuando se redacte el presupuesto, para el año 2010 habrá nuevos recortes a la ayuda.
De esta manera los demócratas gobernantes en EE.UU notifican claramente el desmonte del plan Colombia que ha sido instrumento de guerra de EE.UU para intervenir en los conflictos internos colombianos, incluso con la participación de reservistas militares de los Estados Unidos incorporados a los contratos.
La situación colombiana es trágica por el crecimiento de la violencia y los asesinatos de gentes por paramilitares y otros grupos armados.
Solamente teniendo la oportunidad, que no es frecuente, de mirar los periódicos de provincia, se puede medir la gravedad actual de la ola de violencia en Colombia, pese a los cantos de victoria a que es dado el Presidente Álvaro Uribe Vélez en sus ofensivas semanales por la radio y la televisión desde algunos de los pueblos más golpeados por el desbarajuste del orden jurídico y social que vive el pueblo colombiano en el territorio nacional. Ahora hay asesinatos de personas comunes y corrientes y de campesinos o entre pandillas de narcotraficantes a todo lo largo y ancho de la República.
Sólo en un periódico regional de los departamentos de la Costa Caribe colombiana, que tradicionalmente era la zona más pacífica de Colombia y con menor violencia política, se ha incrementado escandalosamente el número de asesinatos. En el diario El Universal, editado en Sincelejo, del 22 de este mes de marzo se informa que “El primer trimestre del 2009 que termina en 9 días registra un disparo en el índice de homicidios en El Departamento de Sucre, en comparación con el año anterior. (…El reporte de la Policía señala 49 homicidios, 21 más que el 2008. El 50% de las muertes registradas han sido atribuidas al conflicto entre las bandas criminales, específicamente de “Los Paisas” y alias “don Mario”, cuyos integrantes se disputan sitios y corredores estratégicos de Sucre para el tráfico de estupefacientes, de acuerdo con las versiones de la inteligencia del Estado”.
En la misma edición del citado periódico se dice: “las muertes, según las autoridades, están relacionadas con el accionar de grupos al margen de la ley”. Más adelante agrega el periódico que: “en lo que va corrido del 2009, 115 personas han sido asesinadas en diferentes municipios de Córdoba. La mayoría de estas muertes, según las autoridades, están relacionadas con el accionar de estos grupos al margen de la ley, que han copado los espacios dejados por las desmovilizadas autodefensas, organizaciones ultraderechistas que habían firmado acuerdos de paz con el gobierno”.
Al tiempo, el mismo periódico en su edición del 21 de marzo informa de la crisis que afecta a las organizaciones agrarias y al campesinado de Sucre, en el que el dirigente campesino Campo Ibáñez informa que desde el año 2003 con la Ley 812 (bajo el gobierno de Uribe Vélez), se derogaron las leyes de reforma agraria 160 y 135 de 1961, y la mayoría de los campesinos de la región de los Montes de María no registraron sus predios entre los años 88 y 93, lo cual ha represado la situación y en la actualidad hay más de 30.000 hectáreas en esas mismas condiciones, a la vez que esos campesinos nunca más podrán ser objeto de crédito agrario. Al tiempo, fue denunciada la situación en los zapales (terrenos bajos y charcas en los que abreva el ganado, generalmente), los grandes terratenientes están apropiándose de esas tierras y sacando a los campesinos.
En la Revista Semana, del 23 al 30 de marzo de este año, se registra el debate Foro Semana en el que el notable investigador agrario Luis Jorge Garay expresó que: “5,5 millones de hectáreas no están en manos de sus dueños legítimos. 1. 200.000 estaban cultivadas”. El economista Rodrigo Uprimny manifestó que la restitución de esas tierras debería ser gratis, “pues se trata de quitárselas a los usurpadores, aunque tiene costos políticos e institucionales”. El especialista Alejandro Reyes señaló que “la restitución debe estar a cargo del gobierno, con todos los instrumentos que tiene. Los jueces son personas desvalidas”.
El presidente Álvaro Uribe Vélez ha ido despejando el camino político de sus adeptos en el Congreso de la República, que aún no están presos como un grupo grande de sus compañeros, para asegurar la reforma constitucional que institucionalice una nueva reelección. Sería la tercera desde que inició su gobierno, convirtiéndose en un personaje émulo los dictadorzuelos centroamericanos y el Caribe de hace algunos años. Es de suponer que la oposición política a sus objetivos crecerá notablemente en Colombia.
El corresponsal del diario español editado en Bogotá, el Tiempo, informa en su edición del 22 de marzo, procedente de Washington que el famoso “Plan Colombia” tiene la vida contada. “que no acabará de la noche a la mañana. Pero, lo que es seguro es que de aquí a dos años el Plan Colombia dejará de existir tal como se conoce. Tras casi una década, y más de 6.500 millones de dólares invertidos, EE.UU, ahora bajo el control del Partido Demócrata, ha comenzado a acelerar el desmonte de una estrategia que ha sido “eje” de las relaciones bilaterales entre ambos países”. Informa el corresponsal en Washington que “fuentes tanto en la Cámara como en el Senado de EE.UU le confirman a El Tiempo que trabajan con ese objetivo en mente y aseguran que este año, cuando se redacte el presupuesto, para el año 2010 habrá nuevos recortes a la ayuda.
De esta manera los demócratas gobernantes en EE.UU notifican claramente el desmonte del plan Colombia que ha sido instrumento de guerra de EE.UU para intervenir en los conflictos internos colombianos, incluso con la participación de reservistas militares de los Estados Unidos incorporados a los contratos.
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