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El diputado Andrés Lozano exhortó a los legisladores federales a dictaminar la iniciativa de Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública que presentó en septiembre pasado, a fin de dar certeza jurídica y homologar criterios en la materia.
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Manifestó que luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que en el caso Atenco agentes de las policías federal y estatal violaron garantías individuales, es necesario fijar normas para el uso de la fuerza pública con el objetivo de evitar abusos de autoridad o violaciones a los derechos humanos.
En entrevista, el coordinador del área de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro subrayó que la ley debe dar certeza jurídica y homologar criterios al respecto.
Asimismo, dijo, la sociedad debe contar con protección contra abusos y excesos de las autoridades que bajo ninguna circunstancia son admisibles.
Recordó que luego de concluir la investigación del caso Atenco el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, resaltó la facultad del Poder Legislativo Federal y de los poderes estatales para normar el ejercicio de la fuerza pública.
Agregó que el máximo tribunal de justicia del país también determinó que la responsabilidad de las violaciones es atribuible a algunos integrantes de las corporaciones que participaron en los hechos, pero no a los mandos o titulares de las instituciones.
Lozano coincidió con la SCJN en que no se pretende desalentar el trabajo de las instituciones de seguridad pública para restablecer el orden público o la detención de presuntos delincuentes.
Sin embargo, consideró, "sí se deben crear equilibrios entre el papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la administración de justicia y la protección de los derechos humanos".
Más adelante, comentó que la iniciativa que presentó dispone que se debe anteponer la negociación al uso de la fuerza, que debe ser considerada como una medida extrema.
Además, señaló, establece claramente cuál deberá ser la actuación de los miembros de las instituciones de seguridad pública para mantener el orden, hacer detenciones y proteger instalaciones o cualquier otra misión.
También incluye un capítulo relativo a las armas y equipo de apoyo que pueden ser usadas por los integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como disposiciones de informes sobre el uso de la fuerza y armas con el fin de que haya un registro de ello.
Del mismo modo prevé disposiciones relativas a la coordinación entre instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales para el uso de la fuerza, así como la participación comunitaria respecto a la planeación y supervisión del uso de la fuerza, concluyó.
El diputado Andrés Lozano exhortó a los legisladores federales a dictaminar la iniciativa de Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública que presentó en septiembre pasado, a fin de dar certeza jurídica y homologar criterios en la materia.
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Manifestó que luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que en el caso Atenco agentes de las policías federal y estatal violaron garantías individuales, es necesario fijar normas para el uso de la fuerza pública con el objetivo de evitar abusos de autoridad o violaciones a los derechos humanos.
En entrevista, el coordinador del área de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro subrayó que la ley debe dar certeza jurídica y homologar criterios al respecto.
Asimismo, dijo, la sociedad debe contar con protección contra abusos y excesos de las autoridades que bajo ninguna circunstancia son admisibles.
Recordó que luego de concluir la investigación del caso Atenco el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, resaltó la facultad del Poder Legislativo Federal y de los poderes estatales para normar el ejercicio de la fuerza pública.
Agregó que el máximo tribunal de justicia del país también determinó que la responsabilidad de las violaciones es atribuible a algunos integrantes de las corporaciones que participaron en los hechos, pero no a los mandos o titulares de las instituciones.
Lozano coincidió con la SCJN en que no se pretende desalentar el trabajo de las instituciones de seguridad pública para restablecer el orden público o la detención de presuntos delincuentes.
Sin embargo, consideró, "sí se deben crear equilibrios entre el papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la administración de justicia y la protección de los derechos humanos".
Más adelante, comentó que la iniciativa que presentó dispone que se debe anteponer la negociación al uso de la fuerza, que debe ser considerada como una medida extrema.
Además, señaló, establece claramente cuál deberá ser la actuación de los miembros de las instituciones de seguridad pública para mantener el orden, hacer detenciones y proteger instalaciones o cualquier otra misión.
También incluye un capítulo relativo a las armas y equipo de apoyo que pueden ser usadas por los integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como disposiciones de informes sobre el uso de la fuerza y armas con el fin de que haya un registro de ello.
Del mismo modo prevé disposiciones relativas a la coordinación entre instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales para el uso de la fuerza, así como la participación comunitaria respecto a la planeación y supervisión del uso de la fuerza, concluyó.
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