PL
La denuncia de sustracción de información clasificada ecuatoriana por parte de funcionarios estadounidenses y la expulsión de un agregado de la embajada de ese país golpean hoy los vínculos entre ambos países.
Estos sucesos denotan un claro resquebrajamiento de las relaciones entre Quito y Washington, que tienen como trasfondo la injerencia norteamericana en los asuntos internos de esta nación, señalaron analistas políticos locales.
El presidente Rafael Correa denunció que funcionarios de Estados Unidos se llevaron computadores, equipos de oficina, vehículos e información de la policía nacional.
"No permitiremos abusos como el que vayan funcionarios de una embajada extranjera a llevarse computadoras, equipos de oficina, vehículos, información de las oficinas de nuestra policía nacional", recalcó ayer en declaraciones públicas.
Puntualizó que se investigará este caso y se sancionará a los gendarmes ignorantes de que viven en un país soberano.
Se presentarán los reclamos altivos, dignos, a los representantes extranjeros que "osaron, tuvieron la audacia de realizar aquello", aseveró.
La denuncia surgió después de que Correa ordenara el sábado último la expulsión del país del agregado de la embajada estadounidense Armando Astorga, por condicionar la ayuda a la Policía a la designación de jefes de ese cuerpo.
Se trató de una injerencia en los asuntos internos del país, pues la sede diplomática norteamericana otorgaba financiamiento a esa institución, previa calificación de sus miembros.
El gobernante ordenó la salida de Astorga, quien según medios de prensa nacionales no trabajaba en la sede diplomática desde enero último.
"Esto es una insolencia, señor Astorga, quédese con su sucio dinero, no lo necesitamos, aquí hay soberanía y dignidad", indicó el dignatario.
Precisamente, la decisión ecuatoriana de no aceptar el pedido del funcionario generó en enero último que Washington suspendiera una ayuda por 340 mil dólares a la división anticontrabando de la Policía y congelara otro desembolso por 160 mil dólares para la lucha contra el tráfico de personas.
Este escándalo se revela un año después de que Correa denunciara la infiltración de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en los servicios ecuatorianos de inteligencia.
La denuncia de sustracción de información clasificada ecuatoriana por parte de funcionarios estadounidenses y la expulsión de un agregado de la embajada de ese país golpean hoy los vínculos entre ambos países.
Estos sucesos denotan un claro resquebrajamiento de las relaciones entre Quito y Washington, que tienen como trasfondo la injerencia norteamericana en los asuntos internos de esta nación, señalaron analistas políticos locales.
El presidente Rafael Correa denunció que funcionarios de Estados Unidos se llevaron computadores, equipos de oficina, vehículos e información de la policía nacional.
"No permitiremos abusos como el que vayan funcionarios de una embajada extranjera a llevarse computadoras, equipos de oficina, vehículos, información de las oficinas de nuestra policía nacional", recalcó ayer en declaraciones públicas.
Puntualizó que se investigará este caso y se sancionará a los gendarmes ignorantes de que viven en un país soberano.
Se presentarán los reclamos altivos, dignos, a los representantes extranjeros que "osaron, tuvieron la audacia de realizar aquello", aseveró.
La denuncia surgió después de que Correa ordenara el sábado último la expulsión del país del agregado de la embajada estadounidense Armando Astorga, por condicionar la ayuda a la Policía a la designación de jefes de ese cuerpo.
Se trató de una injerencia en los asuntos internos del país, pues la sede diplomática norteamericana otorgaba financiamiento a esa institución, previa calificación de sus miembros.
El gobernante ordenó la salida de Astorga, quien según medios de prensa nacionales no trabajaba en la sede diplomática desde enero último.
"Esto es una insolencia, señor Astorga, quédese con su sucio dinero, no lo necesitamos, aquí hay soberanía y dignidad", indicó el dignatario.
Precisamente, la decisión ecuatoriana de no aceptar el pedido del funcionario generó en enero último que Washington suspendiera una ayuda por 340 mil dólares a la división anticontrabando de la Policía y congelara otro desembolso por 160 mil dólares para la lucha contra el tráfico de personas.
Este escándalo se revela un año después de que Correa denunciara la infiltración de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en los servicios ecuatorianos de inteligencia.
Comentarios