Jenaro Villamil
Fue el famoso decretazo, negociado por Marta Sahagún de Fox y Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa.
En 2006, en plena campaña presidencial, impusieron en el Congreso una ley confiscatoria del espectro radioeléctrico y de las telecomunicaciones, la ley Televisa, bajo el chantaje de que si los partidos no apoyaban sus ambiciones, les aplicarían el "castigo" en la pantalla comercial y en la negociación de los spots para los comicios federales de ese año.
En 2007, protagonizaron una "rebelión" en el Senado y transmitieron en vivo y en directo aquella famosa sesión en la que los principales comentaristas de los medios electrónicos se unieron al unísono para encubrir sus intereses bajo la acusación de que la reforma electoral era violatoria a la libertad de expresión.
El pasado fin de semana, en vísperas del inicio del proceso electoral de 2009, Televisa y TV Azteca mintieron abiertamente a las audiencias de sus eventos deportivos y otros programas para acusar al Instituto Federal Electoral de haberles ordenado transmitir "en bloque" los spots de los partidos políticos. No sólo eso. A través de conductorescomo Javier Alatorre, en Canal 13, comenzaron su propia guerra sucia contra las campañas electorales con mentiras insostenibles.
Según lo leído por Alatorre en TV Azteca, "la reforma electoral diseñada y aprobada por el Congreso contempla transmitir 24 millones de spots, así que esta situación va para largo".
Más astutos, los de Televisa dejaron que sus comentaristas radiofónicos y los columnistas periodísticos que los apoyan dijeran otro tanto de imprecisiones, acusando al IFE de ser el responsable de la interrupción de los encuentros deportivos.
Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, publicó en Milenio Diario que el sábado y domingo las televisoras "estiraron la liga al absurdo".
"Está claro que las televisoras dieron una gozosa ayuda a la estrategia, interrumpiendo a teleadictos de todos los horarios. Cortaron caricaturas y transmisiones de futbol en vivo para transmitir los mensajes pautados de los partidos explicando sus propuestas para salvar a México".
El exconductor de Zona Abierta, de Canal 2, remató su artículo con una frase que pinta entera la conjura que las televisoras preparan en la pantalla:
"Creo que el IFE, los partidos y los medios probarán en los meses que siguen, hasta la saciedad, por reducción al absurdo, que hace falta otra ley de elecciones. Quizá otro IFE".
En realidad, la conjura de pantalla tiene como objetivo cobrarle a los partidos y al IFE la reforma electoral del 2007 que disminuyó una buena parte del negocio mediático-electoral que llegó a niveles de inversión escandalosa en 2006.
Por supuesto, ni Televisa ni TV Azteca se indignan por los 'infomerciales' de Enrique Peña Nieto o de Marcelo Ebrard, porque esos sí son pagados, bien a través de empresas intermediarias o de favores políticos y empresariales para las compañías televisoras.
En medio de este escenario, lo que sorprende e indigna es la tibieza de las autoridades encargadas de regular los contenidos de empresas que hacen usufructo de un bien público concesionado y también de los responsables de sancionar la violación a los títulos de concesión.
En otras palabras, no se trata de una "guerra" exclusiva entre el IFE y las televisoras sino de un abierto desafío de Televisa, TV Azteca y de otros concesionarios a la Secretaría de Gobernación, a Comunicaciones y Transportes, al IFE, al Congreso y a los partidos políticos que deberían, por lo menos, emitir un extrañamiento urgente a la abierta conjura de las televisoras.
Este martes, el Consejo General del IFE lo más que hizo fue calificar de "conducta atípica" lo que a todas luces es una ilegalidad por parte de las televisoras.
La violación consiste en que ellos decidieron "compactar" como minutos continuos lo que ya habían acordado como pautas o spots, losque no debían afectar el contenido de los programas televisivos, tal como se establece en los artículos 74 y 350 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe).
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, informó que le darán 24 horas a las televisoras para que "informen". ¡Veinticuatro horas cuando durante todo un fin de semana violaron el acuerdo de transmisión de anuncios electorales!
La tibieza del IFE se agrava por el fariseísmo de la Secretaría de Gobernación, entidad responsable, hasta ahora, de vigilar el buen funcionamiento del contenido de los medios.
El 2 de febrero, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, afirmó que su dependencia apenas analiza los hechos y "no va a precipitar sus juicios". Hasta el martes 3 de febrero Gómez Mont se reunió con los responsables de Normatividad de Medios y de Radio, Televisión y Cinematografía para "analizar" qué deben hacer ante las conjuras televisivas.
Por si fuera poco, el desafío del duopolio coincide con el pleito interno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que desembocó en el descabezamiento de la subsecretaria Purificación Carpinteyro, quien se volvió non grata para las televisoras y para el propio titular de la SCT, Luis Téllez.
Basta recordar que Téllez fue miembro del Consejo de Administración de Televisa y que los intereses de la empresa de Azcárraga Jean siempre han sido defendidos por el exjefe de la oficina presidencial durante el zedillismo.
Hábiles como son para detectar las debilidades del gobierno federal y para alentar las intrigas y las conjuras para beneficiarse, los dueños de Televisa y de TV Azteca están haciendo una "pequeña" demostración de lo que son capaces de crear para descarrilar la cobertura y la publicidad electoral en la televisión.
Están furiosos porque ya no se les permitirá cobrar por los spots que se transmitan, pero también están advirtiendo que si el Congreso se atreve nuevamente a tocar sus intereses con el pétalo de una mínima regulación legal, ellos estarán dispuestos a utilizar la pantalla como un ariete de su propiedad.
Fue el famoso decretazo, negociado por Marta Sahagún de Fox y Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa.
En 2006, en plena campaña presidencial, impusieron en el Congreso una ley confiscatoria del espectro radioeléctrico y de las telecomunicaciones, la ley Televisa, bajo el chantaje de que si los partidos no apoyaban sus ambiciones, les aplicarían el "castigo" en la pantalla comercial y en la negociación de los spots para los comicios federales de ese año.
En 2007, protagonizaron una "rebelión" en el Senado y transmitieron en vivo y en directo aquella famosa sesión en la que los principales comentaristas de los medios electrónicos se unieron al unísono para encubrir sus intereses bajo la acusación de que la reforma electoral era violatoria a la libertad de expresión.
El pasado fin de semana, en vísperas del inicio del proceso electoral de 2009, Televisa y TV Azteca mintieron abiertamente a las audiencias de sus eventos deportivos y otros programas para acusar al Instituto Federal Electoral de haberles ordenado transmitir "en bloque" los spots de los partidos políticos. No sólo eso. A través de conductorescomo Javier Alatorre, en Canal 13, comenzaron su propia guerra sucia contra las campañas electorales con mentiras insostenibles.
Según lo leído por Alatorre en TV Azteca, "la reforma electoral diseñada y aprobada por el Congreso contempla transmitir 24 millones de spots, así que esta situación va para largo".
Más astutos, los de Televisa dejaron que sus comentaristas radiofónicos y los columnistas periodísticos que los apoyan dijeran otro tanto de imprecisiones, acusando al IFE de ser el responsable de la interrupción de los encuentros deportivos.
Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, publicó en Milenio Diario que el sábado y domingo las televisoras "estiraron la liga al absurdo".
"Está claro que las televisoras dieron una gozosa ayuda a la estrategia, interrumpiendo a teleadictos de todos los horarios. Cortaron caricaturas y transmisiones de futbol en vivo para transmitir los mensajes pautados de los partidos explicando sus propuestas para salvar a México".
El exconductor de Zona Abierta, de Canal 2, remató su artículo con una frase que pinta entera la conjura que las televisoras preparan en la pantalla:
"Creo que el IFE, los partidos y los medios probarán en los meses que siguen, hasta la saciedad, por reducción al absurdo, que hace falta otra ley de elecciones. Quizá otro IFE".
En realidad, la conjura de pantalla tiene como objetivo cobrarle a los partidos y al IFE la reforma electoral del 2007 que disminuyó una buena parte del negocio mediático-electoral que llegó a niveles de inversión escandalosa en 2006.
Por supuesto, ni Televisa ni TV Azteca se indignan por los 'infomerciales' de Enrique Peña Nieto o de Marcelo Ebrard, porque esos sí son pagados, bien a través de empresas intermediarias o de favores políticos y empresariales para las compañías televisoras.
En medio de este escenario, lo que sorprende e indigna es la tibieza de las autoridades encargadas de regular los contenidos de empresas que hacen usufructo de un bien público concesionado y también de los responsables de sancionar la violación a los títulos de concesión.
En otras palabras, no se trata de una "guerra" exclusiva entre el IFE y las televisoras sino de un abierto desafío de Televisa, TV Azteca y de otros concesionarios a la Secretaría de Gobernación, a Comunicaciones y Transportes, al IFE, al Congreso y a los partidos políticos que deberían, por lo menos, emitir un extrañamiento urgente a la abierta conjura de las televisoras.
Este martes, el Consejo General del IFE lo más que hizo fue calificar de "conducta atípica" lo que a todas luces es una ilegalidad por parte de las televisoras.
La violación consiste en que ellos decidieron "compactar" como minutos continuos lo que ya habían acordado como pautas o spots, losque no debían afectar el contenido de los programas televisivos, tal como se establece en los artículos 74 y 350 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe).
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, informó que le darán 24 horas a las televisoras para que "informen". ¡Veinticuatro horas cuando durante todo un fin de semana violaron el acuerdo de transmisión de anuncios electorales!
La tibieza del IFE se agrava por el fariseísmo de la Secretaría de Gobernación, entidad responsable, hasta ahora, de vigilar el buen funcionamiento del contenido de los medios.
El 2 de febrero, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, afirmó que su dependencia apenas analiza los hechos y "no va a precipitar sus juicios". Hasta el martes 3 de febrero Gómez Mont se reunió con los responsables de Normatividad de Medios y de Radio, Televisión y Cinematografía para "analizar" qué deben hacer ante las conjuras televisivas.
Por si fuera poco, el desafío del duopolio coincide con el pleito interno en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que desembocó en el descabezamiento de la subsecretaria Purificación Carpinteyro, quien se volvió non grata para las televisoras y para el propio titular de la SCT, Luis Téllez.
Basta recordar que Téllez fue miembro del Consejo de Administración de Televisa y que los intereses de la empresa de Azcárraga Jean siempre han sido defendidos por el exjefe de la oficina presidencial durante el zedillismo.
Hábiles como son para detectar las debilidades del gobierno federal y para alentar las intrigas y las conjuras para beneficiarse, los dueños de Televisa y de TV Azteca están haciendo una "pequeña" demostración de lo que son capaces de crear para descarrilar la cobertura y la publicidad electoral en la televisión.
Están furiosos porque ya no se les permitirá cobrar por los spots que se transmitan, pero también están advirtiendo que si el Congreso se atreve nuevamente a tocar sus intereses con el pétalo de una mínima regulación legal, ellos estarán dispuestos a utilizar la pantalla como un ariete de su propiedad.
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