José Alejandro González Garza
Opinión invitada / El Norte
Hace unos 100 años, en marzo de 1908, la revista Pearson's Magazine publicó un artículo derivado de la entrevista entre el periodista James Creelman y el General Porfirio Díaz, a la sazón Presidente de México.
En ella, el Presidente Díaz hacía una apología de su gobierno, devenido en dictadura, pero de manera más importante, expresaba su creencia de que el pueblo mexicano estaba preparado -por fin- para escoger y cambiar a sus gobernantes a través de elecciones sin riesgo de revoluciones y sin daño para la economía y el desarrollo nacional. En su opinión, México estaba listo para la democracia.
Todo parece indicar que el brillante general y estadista se equivocó. Se equivocó al subestimar la fuerte atracción que ejerce el poder y que llevaría a quien alguna vez se alzara en armas bajo el grito de "¡Sufragio Efectivo, No Reelección!" a reelegirse para un octavo periodo como Presidente.
Se equivocó al pensar que los mexicanos estaban satisfechos con el statu quo producto de su gobierno; y también se equivocó al pensar que los mexicanos estamos listos para la democracia, aun 100 años después.
No lo estamos. Al menos no en Nuevo León, donde los gobernantes y sus partidos ofrecen a la ciudadanía un pobre remedo de democracia. Donde recientemente, tras un largo proceso "interno", las cúpulas de los dos principales partidos en la entidad eligieron por la fuerza o la negociación a precandidatos de unidad por encima de las legítimas aspiraciones de sus demás miembros y seguidores.
Si los dirigentes de los partidos políticos -estas entidades de supuesto interés público que tienen entre sus objetivos promover la cultura democrática y la participación de sus miembros en la política y que además cuentan con amplio financiamiento público para perseguir esos loables fines- consideran que sus miembros no cuentan con la capacidad de elegir al candidato que mejor represente sus intereses y los ideales de su partido, ¿cómo podemos pensar que nosotros, simples mortales, tenemos la capacidad de elegir?
¿De qué sirve que el IFE gaste millones de pesos en publicidad diciéndonos que le pensemos bien a la hora de elegir si las decisiones ya fueron tomadas por otros en nuestro lugar?
¿Cuáles son los caminos para la participación ciudadana?
La ley electoral prohíbe las candidaturas independientes, por lo que hace necesario un partido político para contender por un puesto de elección.
A su vez, la creación de un nuevo partido está plagada de dificultades, pues es claro que quienes la legislaron pertenecen a partidos que no quieren más competencia.
Por ende, las vías de participación ordenada en la vida pública se reducen a ingresar a los partidos existentes y, desde adentro, buscar alguna candidatura.
Sin embargo, la señal que mandan los dueños de los partidos a través de sus respectivos "factótums" es que en realidad no hay vía abierta para participar en la política en México.
Se supone que adoptamos leyes para regular las contiendas electorales y a la par de esas leyes, al menos para sus miembros, están los estatutos de los partidos políticos que establecen las normas y procedimientos a seguir para elegir a sus candidatos a puestos de elección popular, y los recursos a seguir en caso de inconformidades con el proceso.
Lo correcto hubiera sido que en una elección, conforme a los estatutos de cada partido, sus militantes eligieran a su candidato y a través de dicho proceso la ciudadanía tuviera la oportunidad de conocerlos a fondo, en sus propuestas y en sus acciones, para después tomar una decisión final en la elección general.
En cambio, las candidaturas, de arriba a abajo, fueron designadas por un poder centralizado y opaco, y lo que esto demuestra es la poca confianza que le tienen los partidos a sus militantes y al proceso democrático.
Ignoro los méritos y defectos de los candidatos, pero sé que el método de su elección a través de esta "democracia dirigida" nos condena a permanecer en la minoría de edad política y el atraso económico que ello conlleva, aunque usted no lo crea.
El autor es abogado por el TEC de Monterrey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
Opinión invitada / El Norte
Hace unos 100 años, en marzo de 1908, la revista Pearson's Magazine publicó un artículo derivado de la entrevista entre el periodista James Creelman y el General Porfirio Díaz, a la sazón Presidente de México.
En ella, el Presidente Díaz hacía una apología de su gobierno, devenido en dictadura, pero de manera más importante, expresaba su creencia de que el pueblo mexicano estaba preparado -por fin- para escoger y cambiar a sus gobernantes a través de elecciones sin riesgo de revoluciones y sin daño para la economía y el desarrollo nacional. En su opinión, México estaba listo para la democracia.
Todo parece indicar que el brillante general y estadista se equivocó. Se equivocó al subestimar la fuerte atracción que ejerce el poder y que llevaría a quien alguna vez se alzara en armas bajo el grito de "¡Sufragio Efectivo, No Reelección!" a reelegirse para un octavo periodo como Presidente.
Se equivocó al pensar que los mexicanos estaban satisfechos con el statu quo producto de su gobierno; y también se equivocó al pensar que los mexicanos estamos listos para la democracia, aun 100 años después.
No lo estamos. Al menos no en Nuevo León, donde los gobernantes y sus partidos ofrecen a la ciudadanía un pobre remedo de democracia. Donde recientemente, tras un largo proceso "interno", las cúpulas de los dos principales partidos en la entidad eligieron por la fuerza o la negociación a precandidatos de unidad por encima de las legítimas aspiraciones de sus demás miembros y seguidores.
Si los dirigentes de los partidos políticos -estas entidades de supuesto interés público que tienen entre sus objetivos promover la cultura democrática y la participación de sus miembros en la política y que además cuentan con amplio financiamiento público para perseguir esos loables fines- consideran que sus miembros no cuentan con la capacidad de elegir al candidato que mejor represente sus intereses y los ideales de su partido, ¿cómo podemos pensar que nosotros, simples mortales, tenemos la capacidad de elegir?
¿De qué sirve que el IFE gaste millones de pesos en publicidad diciéndonos que le pensemos bien a la hora de elegir si las decisiones ya fueron tomadas por otros en nuestro lugar?
¿Cuáles son los caminos para la participación ciudadana?
La ley electoral prohíbe las candidaturas independientes, por lo que hace necesario un partido político para contender por un puesto de elección.
A su vez, la creación de un nuevo partido está plagada de dificultades, pues es claro que quienes la legislaron pertenecen a partidos que no quieren más competencia.
Por ende, las vías de participación ordenada en la vida pública se reducen a ingresar a los partidos existentes y, desde adentro, buscar alguna candidatura.
Sin embargo, la señal que mandan los dueños de los partidos a través de sus respectivos "factótums" es que en realidad no hay vía abierta para participar en la política en México.
Se supone que adoptamos leyes para regular las contiendas electorales y a la par de esas leyes, al menos para sus miembros, están los estatutos de los partidos políticos que establecen las normas y procedimientos a seguir para elegir a sus candidatos a puestos de elección popular, y los recursos a seguir en caso de inconformidades con el proceso.
Lo correcto hubiera sido que en una elección, conforme a los estatutos de cada partido, sus militantes eligieran a su candidato y a través de dicho proceso la ciudadanía tuviera la oportunidad de conocerlos a fondo, en sus propuestas y en sus acciones, para después tomar una decisión final en la elección general.
En cambio, las candidaturas, de arriba a abajo, fueron designadas por un poder centralizado y opaco, y lo que esto demuestra es la poca confianza que le tienen los partidos a sus militantes y al proceso democrático.
Ignoro los méritos y defectos de los candidatos, pero sé que el método de su elección a través de esta "democracia dirigida" nos condena a permanecer en la minoría de edad política y el atraso económico que ello conlleva, aunque usted no lo crea.
El autor es abogado por el TEC de Monterrey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
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