Laura Itzel Castillo
La propuesta de reforma a la Ley del Infonavit enviada por Calderón al Congreso recientemente es una propuesta anticonstitucional y contraria a los tratados que sobre derechos humanos ha firmado el Estado mexicano.
En sus 37 años de vida, el Infonavit ha atendido a menos de 5 millones de derechohabientes: alrededor de 130 mil familias por año, lo que representa un porcentaje mínimo en función de la demanda.
Actualmente cotizan 14 millones de trabajadores por la vía de la aportación patronal, como parte del sistema de previsión social contemplado en la Ley Federal del Trabajo.
La aportación patronal se ubica en el 5% del salario base de cotización del trabajador (destinada exclusivamente a la vivienda). En cambio, el proyecto calderonista contempla que disminuya paulatinamente, hasta llegar a 1% en 2017. El 4% restante deberá aportarse a la pensión de retiro a través de las Afores, es decir, al sistema bancario comercial.
Esto significa quitarle al Infonavit 80% de las aportaciones patronales, lo cual propiciará la descapitalización del Fondo Nacional de Vivienda y en consecuencia su evidente debilitamiento.
Con el modelo implementado desde hace ya largos años, ha quedado demostrado que los que salen perdiendo son los trabajadores. Ahora se pretende orillarlos a decidir entre obtener un crédito para vivienda o tener una raquítica pensión.
En la Ley del Infonavit vigente se asienta que el instituto es “un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio”. En la exposición de motivos del proyecto de modificación se hace énfasis en la necesidad de “fortalecer” a la institución como “autoridad fiscal autónoma”. También se prevé que pueda endeudarse con terceros, garantizando este endeudamiento con los ahorros de los trabajadores.
De aprobarse la propuesta calderonista se encarecería el crédito para el derechohabiente, que por mandato constitucional debe ser suficiente y accesible.
Con la redistribución de las aportaciones patronales hacia las subcuentas de vivienda y de retiro, se pretende atender a los trabajadores con ingresos de tres salarios mínimos, quienes no han podido ser sujetos de crédito, pero sí han contribuido con sus aportaciones al sistema de financiamiento de vivienda de los que perciben más de cinco salarios mínimos.
La iniciativa contempla tomar hasta 30% del ahorro para el retiro del empobrecido trabajador, con el fin de dar el enganche de su departamento a una desarrolladora inmobiliaria. De aplicarse este esquema se cumpliría el anhelado sueño de estas empresas: tener al alcance de su mano al sector de la población que podrían enganchar más fácilmente. Sí, a este segmento que cada día será más amplio.
La propuesta de reforma a la Ley del Infonavit enviada por Calderón al Congreso recientemente es una propuesta anticonstitucional y contraria a los tratados que sobre derechos humanos ha firmado el Estado mexicano.
En sus 37 años de vida, el Infonavit ha atendido a menos de 5 millones de derechohabientes: alrededor de 130 mil familias por año, lo que representa un porcentaje mínimo en función de la demanda.
Actualmente cotizan 14 millones de trabajadores por la vía de la aportación patronal, como parte del sistema de previsión social contemplado en la Ley Federal del Trabajo.
La aportación patronal se ubica en el 5% del salario base de cotización del trabajador (destinada exclusivamente a la vivienda). En cambio, el proyecto calderonista contempla que disminuya paulatinamente, hasta llegar a 1% en 2017. El 4% restante deberá aportarse a la pensión de retiro a través de las Afores, es decir, al sistema bancario comercial.
Esto significa quitarle al Infonavit 80% de las aportaciones patronales, lo cual propiciará la descapitalización del Fondo Nacional de Vivienda y en consecuencia su evidente debilitamiento.
Con el modelo implementado desde hace ya largos años, ha quedado demostrado que los que salen perdiendo son los trabajadores. Ahora se pretende orillarlos a decidir entre obtener un crédito para vivienda o tener una raquítica pensión.
En la Ley del Infonavit vigente se asienta que el instituto es “un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio”. En la exposición de motivos del proyecto de modificación se hace énfasis en la necesidad de “fortalecer” a la institución como “autoridad fiscal autónoma”. También se prevé que pueda endeudarse con terceros, garantizando este endeudamiento con los ahorros de los trabajadores.
De aprobarse la propuesta calderonista se encarecería el crédito para el derechohabiente, que por mandato constitucional debe ser suficiente y accesible.
Con la redistribución de las aportaciones patronales hacia las subcuentas de vivienda y de retiro, se pretende atender a los trabajadores con ingresos de tres salarios mínimos, quienes no han podido ser sujetos de crédito, pero sí han contribuido con sus aportaciones al sistema de financiamiento de vivienda de los que perciben más de cinco salarios mínimos.
La iniciativa contempla tomar hasta 30% del ahorro para el retiro del empobrecido trabajador, con el fin de dar el enganche de su departamento a una desarrolladora inmobiliaria. De aplicarse este esquema se cumpliría el anhelado sueño de estas empresas: tener al alcance de su mano al sector de la población que podrían enganchar más fácilmente. Sí, a este segmento que cada día será más amplio.
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