Jorge Covarrubis / La Jornada
Sin ser avecindado, comunero o cosa que se le parezca, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, es propietario de una vasta extensión de tierras en el ejido de la comunidad indígena de San Francisco Ixcatlán, delegación del municipio de Zapopan que se encuentra a 27 kilómetros del Centro de Guadalajara.
Los comuneros se dieron cuenta de la presencia del dirigente del sol azteca y otros políticos que también están como potentados, alrededor de hace un año, cuando en las asambleas se les nombraba para tomarles lista y estos no respondían, simplemente porque no estaban y no son nativos del lugar.
Fue entonces que un grupo de ejidatarios decidió investigar por su propia cuenta la procedencia de ese nombre y el de otros más como Jorge Aristóteles Sandoval, actual aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara por el PRI, y Jesús Ortega Martínez y Gerardo Ortega Martínez, hermano del líder nacional del PRD.
Por su carácter de personajes públicos tenían la presunción de que se trataba de ellos, y después lo confirmaron al acceder al padrón que tiene el Registro Agrario Nacional.
José Casillas, posesionario de la localidad, quien hace la voz de los comuneros, afirma que tuvieron que “soltar una lana” para obtener una copia de los documentos, que proporcionaron a La Jornada Jalisco.
En el padrón aparece también el nombre de Odonni Silla Oli Becerra, Martha Lilia Jáuregui Tinoco, María Félix Becerra Flores, José Antonio Verdín Tejeda, María Guadalupe Dávalos Gómez y Juan Espinoza Preciado.
¿Cómo lograron hacerse terratenientes?
Los ejidatarios inconformes acusan a José Poblano Vázquez, un tipo influyente que ha militado en las filas del Revolucionario Institucional (PRI) y que ha usufructuado en beneficio propio y de políticos encumbrados, las tierras del ejido de Ixcatlán.
De acuerdo con José, este señor, en contubernio con la Secretaría de la Reforma Agraria, ha modificado los censos para colocar a gente que “no es de aquí” y para ello se ha valido de una serie de artimañas que han puesto en riesgo la vida de los pobladores.
En julio de 1998 el padre de José, Dionisio Casillas, fue víctima de una treta que motivó su encarcelamiento en los separos que tiene la Procuraduría General de la República en el municipio de Zapopan, y en el mes de noviembre de ese mismo año cayó al penal de Puente Grande por los delitos de portación de arma de alto poder y siembra de estupefacientes.
Según los testimonios, el hijo de Poblano Vázquez le habría sembrado bolsitas de mariguana en un predio que es de su propiedad.
“Fue como a las 6 ó 6:30 de la tarde que me llevaron, yo no había comido y un policía me ofreció un plato de pozole y ya como a las 10 de la noche me llevaron a Puente Grande”, recuerda Dionisio.
La trampa, sin embargo, no funcionó, un abogado de la Fundación de Reintegración Social del Estado de Jalisco logró que Dionisio se careara con sus acusadores y estos tuvieron que retractarse.
En mayo del año pasado, el grupo de comuneros inconforme presentó al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del XV Distrito en el Estado Daniel Magaña Méndez, una solicitud para que ordene la nulidad de las asambleas celebradas desde 1999 con el propósito de hacer una depuración censal para sacar a todas las personas que no viven en Ixcatlán y las que ya murieron y siguen en el padrón de ejidatarios.
“Es necesario un censo para que tomen las decisiones los legítimos comuneros”, señaló José Casillas.
En la solicitud enviada al magistrado, los comuneros establecen que en la asamblea del 11 de agosto del 2002 no se completó el quórum, sin embargo, aparecieron 220 ejidatarios, cuando por resolución del Tribunal (Agrario) sólo fueron 118 los reconocidos.
“Por lo que desconocemos el incremento injustificado y desproporcionado de personas que integran nuestro núcleo agrario, de los cuales algunos son políticos integrantes de PRD, del PRI o funcionarios del Registro Agrario Nacional”, expone el documento y a continuación se mencionan los nombres de Jesús Ortega y Jorge Aristóteles Sandoval.
José Casillas dijo que esto no puede ser posible porque hay comuneros que tienen 20 años asistiendo a las asambleas y hasta la fecha no se les han entregado títulos de propiedad.
“A mí no me han dado ni un metro, bueno … tus tres metros pal (sic) panteón”, dice con ironía Guadalupe Corrales Arredondo, uno de los posesionarios.
Los comuneros de Ixcatlán cuentan con un título virreinal entregado en 1814 por el rey de España Fernando VII que acredita la posesión de la tierra, y cuyo documento guardan con reserva debido a que la exposición a la luz puede deteriorarlo.
La versión del título que poseen reconoce una extensión de 10 mil hectáreas, pero en la actualidad sólo quedan mil 103. El resto, dicen los inconformes, se traficaron, se hicieron pequeñas propiedades y se vendieron cuando llegó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede) que permitió comerciar las tierras ejidales.
El Ejido de Ixcatlán se compone de 2 mil 300 hectáreas; se creó en 1934 por unas 40 personas, y actualmente sólo cuatro de los ejidatarios son nativos del lugar.
El padre de José fue el primer Comisariado de Bienes Ejidales y bajo su tutela, en los años 1976, 1991 y 1996 se recuperaron cerca de 500 hectáreas “a la fuerza porque son de nosotros”, espetó José.
El primer censo del Ejido de Ixcatlán se levantó en 1934, pero a través de una resolución presidencial se objetó y se echó abajo porque las personas no eran de la comunidad. En 1974 se repuso y se contabilizaron 70 personas.
En 1983 se realizó el segundo censo y se contaron a 118 ejidatarios. En el último censo del 2002 se detectaron a 160 comuneros, y sólo 26 eran de Ixcatlán.
Según José, es a partir de 1983 que comienza a llegar gente con influencias, y ello se da porque antes no se medía muy bien, y mucha gente que tenía posesión no aparecía en los planos.
No sólo políticos y charros sindicales –como llaman a José Poblano– se han adueñado de las tierras del Ejido, también se encuentra el nombre de Emilio Caro López, identificado como familiar del afamado narcotraficante Caro Quintero, quien posee una planicie en lo alto de un cerro que abriga al poblado, y donde insólitamente se ha sembrado agave, cultivo que no es de la región.
Varias son las razones por las que Ixcatlán ha atraído a personajes disímbolos y políticos con mucha influencia y poder. Para empezar, la comunidad se encuentra a menos de una hora de la Zona Metropolitana de Guadalajara, su clima es templado, cuenta con una zona arqueológica –en la que se han encontrado tumbas de tiro– que no ha sido debidamente explorada y sus peñones, flora y fauna ofrecen un potencial para el ecoturismo.
Ejemplo de ello es que en el cerro de La Campana y el predio El Carricillo comienza a crearse un complejo de cabañas, que para lamento de los pobladores ha dañado el medio ambiente.
José Casillas añade que además Ixcatlán posee minas de ópalo que no han sido explotadas.
Por todo esto, los comuneros se dicen dispuestos a defender sus tierras con la “ley bruta campesina”, es decir, a trancazos si es necesario.
Sin ser avecindado, comunero o cosa que se le parezca, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, es propietario de una vasta extensión de tierras en el ejido de la comunidad indígena de San Francisco Ixcatlán, delegación del municipio de Zapopan que se encuentra a 27 kilómetros del Centro de Guadalajara.
Los comuneros se dieron cuenta de la presencia del dirigente del sol azteca y otros políticos que también están como potentados, alrededor de hace un año, cuando en las asambleas se les nombraba para tomarles lista y estos no respondían, simplemente porque no estaban y no son nativos del lugar.
Fue entonces que un grupo de ejidatarios decidió investigar por su propia cuenta la procedencia de ese nombre y el de otros más como Jorge Aristóteles Sandoval, actual aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara por el PRI, y Jesús Ortega Martínez y Gerardo Ortega Martínez, hermano del líder nacional del PRD.
Por su carácter de personajes públicos tenían la presunción de que se trataba de ellos, y después lo confirmaron al acceder al padrón que tiene el Registro Agrario Nacional.
José Casillas, posesionario de la localidad, quien hace la voz de los comuneros, afirma que tuvieron que “soltar una lana” para obtener una copia de los documentos, que proporcionaron a La Jornada Jalisco.
En el padrón aparece también el nombre de Odonni Silla Oli Becerra, Martha Lilia Jáuregui Tinoco, María Félix Becerra Flores, José Antonio Verdín Tejeda, María Guadalupe Dávalos Gómez y Juan Espinoza Preciado.
¿Cómo lograron hacerse terratenientes?
Los ejidatarios inconformes acusan a José Poblano Vázquez, un tipo influyente que ha militado en las filas del Revolucionario Institucional (PRI) y que ha usufructuado en beneficio propio y de políticos encumbrados, las tierras del ejido de Ixcatlán.
De acuerdo con José, este señor, en contubernio con la Secretaría de la Reforma Agraria, ha modificado los censos para colocar a gente que “no es de aquí” y para ello se ha valido de una serie de artimañas que han puesto en riesgo la vida de los pobladores.
En julio de 1998 el padre de José, Dionisio Casillas, fue víctima de una treta que motivó su encarcelamiento en los separos que tiene la Procuraduría General de la República en el municipio de Zapopan, y en el mes de noviembre de ese mismo año cayó al penal de Puente Grande por los delitos de portación de arma de alto poder y siembra de estupefacientes.
Según los testimonios, el hijo de Poblano Vázquez le habría sembrado bolsitas de mariguana en un predio que es de su propiedad.
“Fue como a las 6 ó 6:30 de la tarde que me llevaron, yo no había comido y un policía me ofreció un plato de pozole y ya como a las 10 de la noche me llevaron a Puente Grande”, recuerda Dionisio.
La trampa, sin embargo, no funcionó, un abogado de la Fundación de Reintegración Social del Estado de Jalisco logró que Dionisio se careara con sus acusadores y estos tuvieron que retractarse.
En mayo del año pasado, el grupo de comuneros inconforme presentó al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del XV Distrito en el Estado Daniel Magaña Méndez, una solicitud para que ordene la nulidad de las asambleas celebradas desde 1999 con el propósito de hacer una depuración censal para sacar a todas las personas que no viven en Ixcatlán y las que ya murieron y siguen en el padrón de ejidatarios.
“Es necesario un censo para que tomen las decisiones los legítimos comuneros”, señaló José Casillas.
En la solicitud enviada al magistrado, los comuneros establecen que en la asamblea del 11 de agosto del 2002 no se completó el quórum, sin embargo, aparecieron 220 ejidatarios, cuando por resolución del Tribunal (Agrario) sólo fueron 118 los reconocidos.
“Por lo que desconocemos el incremento injustificado y desproporcionado de personas que integran nuestro núcleo agrario, de los cuales algunos son políticos integrantes de PRD, del PRI o funcionarios del Registro Agrario Nacional”, expone el documento y a continuación se mencionan los nombres de Jesús Ortega y Jorge Aristóteles Sandoval.
José Casillas dijo que esto no puede ser posible porque hay comuneros que tienen 20 años asistiendo a las asambleas y hasta la fecha no se les han entregado títulos de propiedad.
“A mí no me han dado ni un metro, bueno … tus tres metros pal (sic) panteón”, dice con ironía Guadalupe Corrales Arredondo, uno de los posesionarios.
Los comuneros de Ixcatlán cuentan con un título virreinal entregado en 1814 por el rey de España Fernando VII que acredita la posesión de la tierra, y cuyo documento guardan con reserva debido a que la exposición a la luz puede deteriorarlo.
La versión del título que poseen reconoce una extensión de 10 mil hectáreas, pero en la actualidad sólo quedan mil 103. El resto, dicen los inconformes, se traficaron, se hicieron pequeñas propiedades y se vendieron cuando llegó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede) que permitió comerciar las tierras ejidales.
El Ejido de Ixcatlán se compone de 2 mil 300 hectáreas; se creó en 1934 por unas 40 personas, y actualmente sólo cuatro de los ejidatarios son nativos del lugar.
El padre de José fue el primer Comisariado de Bienes Ejidales y bajo su tutela, en los años 1976, 1991 y 1996 se recuperaron cerca de 500 hectáreas “a la fuerza porque son de nosotros”, espetó José.
El primer censo del Ejido de Ixcatlán se levantó en 1934, pero a través de una resolución presidencial se objetó y se echó abajo porque las personas no eran de la comunidad. En 1974 se repuso y se contabilizaron 70 personas.
En 1983 se realizó el segundo censo y se contaron a 118 ejidatarios. En el último censo del 2002 se detectaron a 160 comuneros, y sólo 26 eran de Ixcatlán.
Según José, es a partir de 1983 que comienza a llegar gente con influencias, y ello se da porque antes no se medía muy bien, y mucha gente que tenía posesión no aparecía en los planos.
No sólo políticos y charros sindicales –como llaman a José Poblano– se han adueñado de las tierras del Ejido, también se encuentra el nombre de Emilio Caro López, identificado como familiar del afamado narcotraficante Caro Quintero, quien posee una planicie en lo alto de un cerro que abriga al poblado, y donde insólitamente se ha sembrado agave, cultivo que no es de la región.
Varias son las razones por las que Ixcatlán ha atraído a personajes disímbolos y políticos con mucha influencia y poder. Para empezar, la comunidad se encuentra a menos de una hora de la Zona Metropolitana de Guadalajara, su clima es templado, cuenta con una zona arqueológica –en la que se han encontrado tumbas de tiro– que no ha sido debidamente explorada y sus peñones, flora y fauna ofrecen un potencial para el ecoturismo.
Ejemplo de ello es que en el cerro de La Campana y el predio El Carricillo comienza a crearse un complejo de cabañas, que para lamento de los pobladores ha dañado el medio ambiente.
José Casillas añade que además Ixcatlán posee minas de ópalo que no han sido explotadas.
Por todo esto, los comuneros se dicen dispuestos a defender sus tierras con la “ley bruta campesina”, es decir, a trancazos si es necesario.
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