Julio Pomar
La noticia ya no es inmediatamente nueva, pero es significativa. El Instituto Federal Electoral reculó en su perspectiva de aplicar multas que propaló que aplicaría a las dos televisoras privadas, por haber manipulado los tiempos y momentos de transmisión de espots partidistas durante un evento deportivo, con el fin de echar leña a la hoguera de la molestia pública hacia los partidos políticos registrados, y para llevar a los espectadores del deporte profesional a la especie de que los partidos son enemigos de la “sana distracción deportiva”.
El IFE, ante la intrusión de espots políticos en la transmisión del Super Bowl norteamericano, el domingo 1º de febrero, reaccionó y dijo en primera instancia que fue punible esa injerencia de mensajes políticos y que castigaría a las televisoras por el desaguisado, ya que el instituto electoral jamás dio una orden específica de que la incorporación de espots políticos se diera en ese momento y forma, sino que fue una decisión tramposa de las televisoras para poner en la picota a los partidos. Y fue, como muy bien lo ha captado todo mundo, una manera de inconformarse el duopolio ante las determinaciones de una norma electoral sobre TV que en definitiva no les cuadra, ya que establece que será el IFE quien difunda sin costo para los partidos los mensajes electorales, que ya no podrán ser contratados comercialmente a las empresas televisoras, y éstas perderán el rico filón que una arraigada costumbre mercenaria les supuso a éstas en estos años. Fue un acto de rebeldía contra el IFE, y definitivamente contra el proceso democrático.
Pero en sólo dos semanas, el IFE reculó cobardemente. De las más o menos altas sanciones económicas que, dijo, iba a imponerles a Televisa y TV Azteca por el desacato, resultó que les aplicó unas multas sumamente ridículas y, lo peor, condonó mucho de esos montos una vez que presunta y declaradamente intervino el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para apaciguar las ansias de novillero de los consejeros del IFE y, naturalmente, favorecer a las televisoras, que deben estar saltando de gusto ante la designación de este personaje como inquilino del Palacio de Covián. Sobre todo, porque marca una previsible línea para el futuro electoral inmediato, en el año de los comicios intermedios del sexenio: el IFE nació para acatar y obedecer al poder público, y no para realizar elecciones legales, limpias e imparciales, cual se supone que es su cometido y razón de ser. O sea, la misma jeringa del 2006 pero con diferente bitoque.
Ya después de esto podrán los consejeros del IFE rasgarse las vestiduras de impoluta ética electoral, que nadie se los creerá. Como dijo el viernes 13 la representante del Partido Social Demócrata, PSD, Marina Arvizu, “es la claudicación del Estado a regular las elecciones”. Gobierno que perdona los ilícitos es desgobierno, y no se la va a acabar cuando vengan las siguientes violaciones a la ley electoral. Ese “instituto” no va a ir muy lejos y estará justificando que esas instituciones se deben ir al diablo, aunque ya estén con el Chamuco fraudulento, operando según su lógica y no la de los ciudadanos que esperan elecciones limpias y creíbles.
Como el argumento para el sobreseimiento de las sanciones fue que las televisoras ya habían corregido la violación a la ley, por lo cual el sancionar se quedó sin materia que castigar, este habrá de ser un buen ejemplo de lo que le espera al país en materia de otros delitos. El que mató o violó se salva del castigo con sólo prometer que se arrepiente y promete portarse bien. Como lo dijo el perredista Javier Hernández: “Es como el abogado de un plagiario que dice: sí, secuestró, pero ya no lo volverá a hacer”. Igualito que en la confesión de los pecados ante el cura.
Y se preguntan todavía desde el actual supuesto poder panista por qué hay una creciente percepción popular de que la solución política, legal y electoral está siendo cada vez menos viable. Hay desencanto ciudadano ante el funcionamiento general de la administración pública federal y ante los gobiernos de diversas entidades, y eso es muy corrosivo. La desesperanza les habrá de pegar en pleno rostro a los que desde la administración panista permiten que se viole la ley. Y no sólo con votos en contra.
La noticia ya no es inmediatamente nueva, pero es significativa. El Instituto Federal Electoral reculó en su perspectiva de aplicar multas que propaló que aplicaría a las dos televisoras privadas, por haber manipulado los tiempos y momentos de transmisión de espots partidistas durante un evento deportivo, con el fin de echar leña a la hoguera de la molestia pública hacia los partidos políticos registrados, y para llevar a los espectadores del deporte profesional a la especie de que los partidos son enemigos de la “sana distracción deportiva”.
El IFE, ante la intrusión de espots políticos en la transmisión del Super Bowl norteamericano, el domingo 1º de febrero, reaccionó y dijo en primera instancia que fue punible esa injerencia de mensajes políticos y que castigaría a las televisoras por el desaguisado, ya que el instituto electoral jamás dio una orden específica de que la incorporación de espots políticos se diera en ese momento y forma, sino que fue una decisión tramposa de las televisoras para poner en la picota a los partidos. Y fue, como muy bien lo ha captado todo mundo, una manera de inconformarse el duopolio ante las determinaciones de una norma electoral sobre TV que en definitiva no les cuadra, ya que establece que será el IFE quien difunda sin costo para los partidos los mensajes electorales, que ya no podrán ser contratados comercialmente a las empresas televisoras, y éstas perderán el rico filón que una arraigada costumbre mercenaria les supuso a éstas en estos años. Fue un acto de rebeldía contra el IFE, y definitivamente contra el proceso democrático.
Pero en sólo dos semanas, el IFE reculó cobardemente. De las más o menos altas sanciones económicas que, dijo, iba a imponerles a Televisa y TV Azteca por el desacato, resultó que les aplicó unas multas sumamente ridículas y, lo peor, condonó mucho de esos montos una vez que presunta y declaradamente intervino el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para apaciguar las ansias de novillero de los consejeros del IFE y, naturalmente, favorecer a las televisoras, que deben estar saltando de gusto ante la designación de este personaje como inquilino del Palacio de Covián. Sobre todo, porque marca una previsible línea para el futuro electoral inmediato, en el año de los comicios intermedios del sexenio: el IFE nació para acatar y obedecer al poder público, y no para realizar elecciones legales, limpias e imparciales, cual se supone que es su cometido y razón de ser. O sea, la misma jeringa del 2006 pero con diferente bitoque.
Ya después de esto podrán los consejeros del IFE rasgarse las vestiduras de impoluta ética electoral, que nadie se los creerá. Como dijo el viernes 13 la representante del Partido Social Demócrata, PSD, Marina Arvizu, “es la claudicación del Estado a regular las elecciones”. Gobierno que perdona los ilícitos es desgobierno, y no se la va a acabar cuando vengan las siguientes violaciones a la ley electoral. Ese “instituto” no va a ir muy lejos y estará justificando que esas instituciones se deben ir al diablo, aunque ya estén con el Chamuco fraudulento, operando según su lógica y no la de los ciudadanos que esperan elecciones limpias y creíbles.
Como el argumento para el sobreseimiento de las sanciones fue que las televisoras ya habían corregido la violación a la ley, por lo cual el sancionar se quedó sin materia que castigar, este habrá de ser un buen ejemplo de lo que le espera al país en materia de otros delitos. El que mató o violó se salva del castigo con sólo prometer que se arrepiente y promete portarse bien. Como lo dijo el perredista Javier Hernández: “Es como el abogado de un plagiario que dice: sí, secuestró, pero ya no lo volverá a hacer”. Igualito que en la confesión de los pecados ante el cura.
Y se preguntan todavía desde el actual supuesto poder panista por qué hay una creciente percepción popular de que la solución política, legal y electoral está siendo cada vez menos viable. Hay desencanto ciudadano ante el funcionamiento general de la administración pública federal y ante los gobiernos de diversas entidades, y eso es muy corrosivo. La desesperanza les habrá de pegar en pleno rostro a los que desde la administración panista permiten que se viole la ley. Y no sólo con votos en contra.
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