Álvaro Delgado
Por unas horas hubo la impresión de que los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) honrarían su investidura, hasta por razones de pragmatismo, y sancionarían a Televisa y Televisión Azteca por las violaciones constitucionales y legales que cometieron, pero al final no hubo sorpresas: fueron congruentes con su origen y ratificaron su condición de empleados de las facciones de poder.
El caso del consejero Marco Antonio Baños es inequívoco: de ser tenaz promotor del castigo a las televisoras, desde el mismo día del desacato a la ley en la transmisión de promocionales --el sábado 31 de enero--, pasó a ser entusiasta animador del perdón y de la impunidad.
Baños --que será consejero hasta el 2016-- exhibió a plenitud, en la sesión del Consejo General del viernes pasado, la efigie de Manlio Fabio Beltrones que trae dibujado en su propio rostro y que, en sí mismo, representa un mensaje a la manera de la mafia:
El senador priista prueba a las televisoras --para fines futuristas-- el nivel de control de amplias parcelas del tinglado electoral.
Porque otorgar el indulto a las televisoras pudo haber sido propuesto por Marco Antonio Gómez Alcántar o Francisco Guerrero, dos consejeros de la facción priista, y el resultado hubiera sido exactamente el mismo, pero el mensaje no tendría la claridad buscada: Beltrones, no sólo Peña Nieto, se pone a las órdenes de Televisa y Televisión Azteca.
Obviamente Felipe Calderón hizo su parte: aleccionó al elenco de consejeros del que es cómplice, Arturo Sánchez Gutiérrez y Benito Nacif --a Macarita Elizondo no la necesitaron por ahora-- para hacer mayoría con la facción priista y consumar el "arreglo" operado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como lo confesó él mismo, con toda impudicia.
Las conductas de PAN y PRI en la sesión sólo ratificaron el pacto cupular para pisotear la ley, pero ni siquiera tuvieron la gallardía de repetir los argumentos de los consejeros promotores de la impunidad. Ni Roberto Gil, embajador de Germán Martínez, ni Sebastián Lerdo de Tejada, representante de Beatriz Paredes, abrieron la boca.
Fue un silencio cobarde.
El Partido Verde tuvo más vergüenza: defendió, sin atenuantes, a las empresas televisoras y atacó a quienes los dirigentes de este partido identifican como "enemigos de los concesionarios", como en el caso del consejero Alfredo Figueroa.
Al Partido Social Demócrata (PSD) por ahora le conviene no defender a las televisoras y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le correspondió una tímida condena a la claudicación del IFE ante las televisoras, una conducta a la que se sumará si no lleva el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Pero en este episodio no sólo son responsables los artífices de la impunidad, que ya han sido nombrados, sino también el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien ni siquiera fue capaz, ya no de persuadir a la constitución de una mayoría a favor de la legalidad, sino de que el proyecto elaborado por la Secretaría Ejecutiva –cuyo personal lo elaboró de manera rigurosa-- fuera siquiera discutido y votado.
De esa manera, si tan seguros estaban de sus argumentos los consejeros que propusieron sobreseer el proyecto, eufemismo de impunidad, pudieron dejar claro ante la sociedad que el juicio iniciado contra las televisoras era jurídicamente insostenible.
En realidad, Televisa y Televisión Azteca amenazaron a consejeros de que "reventarían" la elección si el IFE osaba sancionarlos por violar la ley, y le advirtieron además a Calderón que no sólo no tendría cabida en los espacios noticiosos, sino que él y su gobierno desaparecerían de las pantallas.
Y ya se sabe: ¿qué es Calderón sin la imagen?
Televisa, la empresa de Emilio Azcárraga, y su similar Televisión Azteca, del confeso golpista Ricardo Salinas Pliego, actuaron como terroristas al amenazar con dinamitar los comicios, y los consejeros y políticos se asumieron como cobardes para enfrentar esa afrenta, que ya marcó este proceso electoral.
El resultado está más que claro: el IFE es ya parte de la añagaza democrática en la que el duopolio televisivo es amo y son súbditos los miembros de la decadente clase política.
Apuntes
Los ardorosos defensores de la legalidad y la democracia, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex, así como ideólogos de la talla de Enrique Krauze, seguramente harán un contundente pronunciamiento en defensa de la aplicación de la ley a las televisoras. Claro, si la lógica de los negocios no dispone otra cosa…
Por unas horas hubo la impresión de que los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) honrarían su investidura, hasta por razones de pragmatismo, y sancionarían a Televisa y Televisión Azteca por las violaciones constitucionales y legales que cometieron, pero al final no hubo sorpresas: fueron congruentes con su origen y ratificaron su condición de empleados de las facciones de poder.
El caso del consejero Marco Antonio Baños es inequívoco: de ser tenaz promotor del castigo a las televisoras, desde el mismo día del desacato a la ley en la transmisión de promocionales --el sábado 31 de enero--, pasó a ser entusiasta animador del perdón y de la impunidad.
Baños --que será consejero hasta el 2016-- exhibió a plenitud, en la sesión del Consejo General del viernes pasado, la efigie de Manlio Fabio Beltrones que trae dibujado en su propio rostro y que, en sí mismo, representa un mensaje a la manera de la mafia:
El senador priista prueba a las televisoras --para fines futuristas-- el nivel de control de amplias parcelas del tinglado electoral.
Porque otorgar el indulto a las televisoras pudo haber sido propuesto por Marco Antonio Gómez Alcántar o Francisco Guerrero, dos consejeros de la facción priista, y el resultado hubiera sido exactamente el mismo, pero el mensaje no tendría la claridad buscada: Beltrones, no sólo Peña Nieto, se pone a las órdenes de Televisa y Televisión Azteca.
Obviamente Felipe Calderón hizo su parte: aleccionó al elenco de consejeros del que es cómplice, Arturo Sánchez Gutiérrez y Benito Nacif --a Macarita Elizondo no la necesitaron por ahora-- para hacer mayoría con la facción priista y consumar el "arreglo" operado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como lo confesó él mismo, con toda impudicia.
Las conductas de PAN y PRI en la sesión sólo ratificaron el pacto cupular para pisotear la ley, pero ni siquiera tuvieron la gallardía de repetir los argumentos de los consejeros promotores de la impunidad. Ni Roberto Gil, embajador de Germán Martínez, ni Sebastián Lerdo de Tejada, representante de Beatriz Paredes, abrieron la boca.
Fue un silencio cobarde.
El Partido Verde tuvo más vergüenza: defendió, sin atenuantes, a las empresas televisoras y atacó a quienes los dirigentes de este partido identifican como "enemigos de los concesionarios", como en el caso del consejero Alfredo Figueroa.
Al Partido Social Demócrata (PSD) por ahora le conviene no defender a las televisoras y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le correspondió una tímida condena a la claudicación del IFE ante las televisoras, una conducta a la que se sumará si no lleva el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Pero en este episodio no sólo son responsables los artífices de la impunidad, que ya han sido nombrados, sino también el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien ni siquiera fue capaz, ya no de persuadir a la constitución de una mayoría a favor de la legalidad, sino de que el proyecto elaborado por la Secretaría Ejecutiva –cuyo personal lo elaboró de manera rigurosa-- fuera siquiera discutido y votado.
De esa manera, si tan seguros estaban de sus argumentos los consejeros que propusieron sobreseer el proyecto, eufemismo de impunidad, pudieron dejar claro ante la sociedad que el juicio iniciado contra las televisoras era jurídicamente insostenible.
En realidad, Televisa y Televisión Azteca amenazaron a consejeros de que "reventarían" la elección si el IFE osaba sancionarlos por violar la ley, y le advirtieron además a Calderón que no sólo no tendría cabida en los espacios noticiosos, sino que él y su gobierno desaparecerían de las pantallas.
Y ya se sabe: ¿qué es Calderón sin la imagen?
Televisa, la empresa de Emilio Azcárraga, y su similar Televisión Azteca, del confeso golpista Ricardo Salinas Pliego, actuaron como terroristas al amenazar con dinamitar los comicios, y los consejeros y políticos se asumieron como cobardes para enfrentar esa afrenta, que ya marcó este proceso electoral.
El resultado está más que claro: el IFE es ya parte de la añagaza democrática en la que el duopolio televisivo es amo y son súbditos los miembros de la decadente clase política.
Apuntes
Los ardorosos defensores de la legalidad y la democracia, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex, así como ideólogos de la talla de Enrique Krauze, seguramente harán un contundente pronunciamiento en defensa de la aplicación de la ley a las televisoras. Claro, si la lógica de los negocios no dispone otra cosa…
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