Por Alfonso Elizondo / El Norte - Reforma / 21 feb 2009
Aun cuando un sector de la clase política mexicana que posee un refinado cinismo se atreva a fingir ignorancia sobre el poder creciente del crimen organizado, lo cierto es que aun en naciones muy alejadas de México se sabe que el narco y la economía criminal en general han crecido mucho en la última década, sin que el Estado haya encontrado una forma de controlarlos. En el 2008 México alcanzó el primer lugar mundial en secuestros.
Nadie ignora que el narco y el crimen organizado penetraron a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes de la República desde hace varios años. Este flagelo ha llegado a todos los sectores de la sociedad en distintas formas y modalidades, pero a pesar de su dimensión colosal, existe un importante sector de la clase política que no quiere aceptarlo, ni atenderlo.
En Monterrey y algunas ciudades fronterizas se llevaron a cabo manifestaciones financiadas por el crimen organizado, en las que se utilizó a adolescentes, mujeres y niños para protestar contra el Ejército y otras instituciones federales. La reacción de las autoridades estatales fue tan tibia y desarticulada que la sociedad civil percibía diferentes grados de temor, disimulo e inclusive alianza para desacreditar a las autoridades federales.
Además del visible apoyo de algunos sectores de la clase política, el problema se agrava con la promoción -quizá involuntaria- que hacen de estos hechos los medios de comunicación masiva, en particular el medio televisivo, al difundir profusamente los atentados del crimen organizado en contra de la sociedad mexicana y de sus instituciones, despojando al Estado de su función fundamental de garantizar la seguridad del ciudadano.
Es obvio que hay un interés de la clase política desplazada del poder para tratar de endilgar este conflicto a la reconocida incapacidad de los funcionarios federales en el poder, sin entender que al debilitar las instituciones del Estado, además de traicionar a la patria, se crea un fenómeno de ingobernabilidad que permitirá tomar el poder político a las fuerzas del crimen organizado, cuya única forma de control es a través de infundir miedo a la sociedad mediante su cruenta legislación criminal.
Conforme avanza esta torpe conjura de ciertos sectores de la clase política y del crimen organizado en contra del Estado, se va cancelando el presente y el futuro de varias generaciones, tal como sucedió en Colombia. Aunque lo más decepcionante es que el pequeño grupo de capitalistas que encumbraron a los actuales líderes políticos no pueda percibir la magnitud y la condición casi irreversible del problema, aun cuando ellos serían los más dañados al desaparecer el Estado institucional.
En este momento crucial para la vida de México se puede afirmar, sin hipérboles, que la nación se está despedazando entre la ambición de sus dos grandes poderes fácticos: el crimen organizado en todas sus modalidades y el duopolio televisivo que representa al pequeño grupo de capitalistas con gran poder económico que aún controla al poder político en México.
Nada podría ser más nocivo que resignarse ante un conflicto que amenaza con la destrucción del Estado. El problema del narco y del crimen organizado podría combatirse con medidas que incluyan la legalización de ciertas drogas y la creación de una Policía especializada, cuya principal arma sea la búsqueda permanente de las fuentes del abasto financiero. Para el duopolio televisivo bastaría con aplicar una minuciosa ley que lo deslinde de la actividad política, tal como sucede en las naciones desarrolladas del mundo.
Decía Dostoievski: "Cada uno de nosotros es culpable ante todos, por todos y por todo".
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