Apro
Los cuerpos de seguridad que participaron en los operativos de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, en mayo de 2006, cometieron graves violaciones a los derechos humanos, establece el proyecto final elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
El dictamen, que será discutido en el pleno el próximo lunes 9, señala que las carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad, la falta de profesionalismo de los policías y la inexistencia de una legislación y de protocolos acerca del uso de la fuerza pública, fueron las causas que detonaron las graves violaciones a los derechos humanos registradas durante los operativos.
De acuerdo con el ministro Gudiño Pelayo, dichos factores propiciaron que los policías que participaron en los hechos se salieran de control y que, incluso, algunos de ellos abusaran sexualmente de las mujeres detenidas en los operativos.
Al respecto, confirma que se detectaron indicios y pruebas de que varias de las mujeres detenidas fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual. Sin embargo, el texto omite los nombres de las afectadas.
Sin embargo, señala que el cúmulo de carencias y deficiencias detectadas no son privativas de los agentes que participaron en los operativos, sino de todas las policías del país.
Pese a la confirmación de las graves violaciones a los derechos humanos y a la confirmación de que varias mujeres sufrieron abusos sexuales, la SCJN aclara que no emitirá ninguna lista de responsables ni tampoco recomendará algún tipo de sanción en particular, debido a que no está facultada para ello.
El documento presenta una relación de las personas que tuvieron algún tipo de participación en los hechos acontecidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, "sin realizar un señalamiento acerca de su responsabilidad en los hechos". En la lista aparece el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, así como el actual procurador general de la República y secretario de Seguridad Pública Federal en el momento de los hechos, Eduardo Medina Mora.
El dictamen simplemente explica y detalla qué fue lo que hicieron cada uno de los funcionarios, antes, durante y después de los operativos.
Esta será la tercera ocasión en que la SCJN difunda en su página de internet un dictamen antes de su discusión pública. La primera fue con el proyecto de la Ley Televisa, y la segunda, con las reformas que despenalizaron el aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación.
El Pleno de la Corte acordó suspender las sesiones de esta semana para estudiar a detalle el dictamen presentado por el ministro Gudiño, y arrancar el análisis de este caso en la sesión del próximo 9 de febrero.
Los cuerpos de seguridad que participaron en los operativos de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, en mayo de 2006, cometieron graves violaciones a los derechos humanos, establece el proyecto final elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
El dictamen, que será discutido en el pleno el próximo lunes 9, señala que las carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad, la falta de profesionalismo de los policías y la inexistencia de una legislación y de protocolos acerca del uso de la fuerza pública, fueron las causas que detonaron las graves violaciones a los derechos humanos registradas durante los operativos.
De acuerdo con el ministro Gudiño Pelayo, dichos factores propiciaron que los policías que participaron en los hechos se salieran de control y que, incluso, algunos de ellos abusaran sexualmente de las mujeres detenidas en los operativos.
Al respecto, confirma que se detectaron indicios y pruebas de que varias de las mujeres detenidas fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual. Sin embargo, el texto omite los nombres de las afectadas.
Sin embargo, señala que el cúmulo de carencias y deficiencias detectadas no son privativas de los agentes que participaron en los operativos, sino de todas las policías del país.
Pese a la confirmación de las graves violaciones a los derechos humanos y a la confirmación de que varias mujeres sufrieron abusos sexuales, la SCJN aclara que no emitirá ninguna lista de responsables ni tampoco recomendará algún tipo de sanción en particular, debido a que no está facultada para ello.
El documento presenta una relación de las personas que tuvieron algún tipo de participación en los hechos acontecidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, "sin realizar un señalamiento acerca de su responsabilidad en los hechos". En la lista aparece el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, así como el actual procurador general de la República y secretario de Seguridad Pública Federal en el momento de los hechos, Eduardo Medina Mora.
El dictamen simplemente explica y detalla qué fue lo que hicieron cada uno de los funcionarios, antes, durante y después de los operativos.
Esta será la tercera ocasión en que la SCJN difunda en su página de internet un dictamen antes de su discusión pública. La primera fue con el proyecto de la Ley Televisa, y la segunda, con las reformas que despenalizaron el aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación.
El Pleno de la Corte acordó suspender las sesiones de esta semana para estudiar a detalle el dictamen presentado por el ministro Gudiño, y arrancar el análisis de este caso en la sesión del próximo 9 de febrero.
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