Opinión Invitada
José Alejandro González
Estos últimos días, iniciando con la propuesta del precandidato a Diputado por el PAN Camilo Ramírez Puente, seguido unos días después por la propuesta del precandidato a Gobernador por el PRI, Rodrigo Medina, y después por las declaraciones del Alcalde de Monterrey y el Gobernador del Estado, se ha presentado una avalancha de políticos con iniciativas para el Congreso del Estado para tipificar como delito el bloqueo de calles.
Los castigos propuestos para los delincuentes son de varios años de prisión y, según algunas declaraciones, buscan que la conducta sea tipificada como delito grave, es decir, sin derecho a libertad bajo caución mientras se sigue el proceso para determinar la culpabilidad o no del indiciado.
De manera perspicaz, el Diputado Óscar Cano, coordinador del PAN en el Congreso de Nuevo Leon, descalificó la iniciativa que presentó el precandidato Medina, argumentando que únicamente propósitos de publicidad habían impulsado al precandidato a presentarla. Sin embargo, al darse cuenta que se le hacía tarde para subirse a la ola que pretende aprovechar el malestar ciudadano provocado por los bloqueos, declaró después que todas las iniciativas serían analizadas de manera urgente en el Congreso.
Tiene razón el coordinador Cano en ambos puntos. Primero, pocos acusan a la casualidad de que sendos precandidatos, ex funcionarios en puestos relacionados con la seguridad pública y el orden, hayan externado hasta ahora una preocupación profunda por el contenido de la codificación penal, al grado de querer remediarla mediante iniciativas ciudadanas, cuando no lo hicieron como servidores públicos.
Estoy seguro que en el desempeño de sus funciones detectaron muchas áreas de oportunidad en la legislación, tanto civil como penal y administrativa que nos rige, pero poco se oyó de ellos entonces para querer enmendarla.
Segundo, la idea de un debate en la casa del pueblo, el Congreso, también es una necesidad urgente que nace con los bloqueos y las iniciativas que pretenden tipificar las conductas de los participantes en los mismos.
Ahora bien, ¿realmente se necesita la amenaza de uno a seis años de prisión para disuadir a los manifestantes de bloquear las calles?, ¿no basta con la simple sanción de arresto administrativo hasta por 36 horas?, ¿de qué manera se equiparan dos horas perdidas en el tráfico contra un año o más tras las rejas?
Considero que la legislación no necesita modificarse de inmediato para restablecer el orden, pues los daños en propiedad ajena, lesiones y hasta el homicidio encuentran castigo en el Código Penal actual.
¿Para qué debatir entonces?
Para encontrar el porqué de los bloqueos y legislar en consecuencia. Yo no creo que una pena de prisión de varios años convenza a los jóvenes y señoras que participan en ellos a desistir, de la misma manera que dudo en que una pena mayor disuada a la delincuencia impune de delinquir. No es la cantidad de años en prisión que marca la ley lo importante, sino la selectividad en su aplicación.
Servirá para recordar que los "tapados" provienen de las clases más marginadas y carentes de oportunidades. ¿Cómo castigarlos a la miseria perpetua y condonar la corrupción en el Gobierno y las empresas?
Desde los desvíos millonarios, de paraestatales, sindicatos, programas sociales; el tráfico de influencias, hasta los abusos de autoridad en asuntos grandes o pequeños, como los despojos o las mordidas de tránsito y el robo a parquímetros, corren impunes en nuestra sociedad. ¿Por qué tratarlos a ellos de manera diferente?
Esa indiferencia ante los que poco o nada tienen y la ambivalencia en la correcta aplicación de la ley con los que tienen mucho poder o dinero es el origen de los bloqueos. Si queremos tipificar los bloqueos, sugiero que tipifiquemos los bloqueos a la educación que tienen secuestrado el desarrollo de nuestra juventud, bloqueos a la salud, bloqueos al desarrollo económico, bloqueos a la libre competencia y bloqueos a la movilidad social. Esas conductas son las que debemos tipificar, pues hoy dan pie a bloqueos en las calles, pero mañana darán más de que hablar.
El autor es abogado por el TEC de Monterrey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
José Alejandro González
Estos últimos días, iniciando con la propuesta del precandidato a Diputado por el PAN Camilo Ramírez Puente, seguido unos días después por la propuesta del precandidato a Gobernador por el PRI, Rodrigo Medina, y después por las declaraciones del Alcalde de Monterrey y el Gobernador del Estado, se ha presentado una avalancha de políticos con iniciativas para el Congreso del Estado para tipificar como delito el bloqueo de calles.
Los castigos propuestos para los delincuentes son de varios años de prisión y, según algunas declaraciones, buscan que la conducta sea tipificada como delito grave, es decir, sin derecho a libertad bajo caución mientras se sigue el proceso para determinar la culpabilidad o no del indiciado.
De manera perspicaz, el Diputado Óscar Cano, coordinador del PAN en el Congreso de Nuevo Leon, descalificó la iniciativa que presentó el precandidato Medina, argumentando que únicamente propósitos de publicidad habían impulsado al precandidato a presentarla. Sin embargo, al darse cuenta que se le hacía tarde para subirse a la ola que pretende aprovechar el malestar ciudadano provocado por los bloqueos, declaró después que todas las iniciativas serían analizadas de manera urgente en el Congreso.
Tiene razón el coordinador Cano en ambos puntos. Primero, pocos acusan a la casualidad de que sendos precandidatos, ex funcionarios en puestos relacionados con la seguridad pública y el orden, hayan externado hasta ahora una preocupación profunda por el contenido de la codificación penal, al grado de querer remediarla mediante iniciativas ciudadanas, cuando no lo hicieron como servidores públicos.
Estoy seguro que en el desempeño de sus funciones detectaron muchas áreas de oportunidad en la legislación, tanto civil como penal y administrativa que nos rige, pero poco se oyó de ellos entonces para querer enmendarla.
Segundo, la idea de un debate en la casa del pueblo, el Congreso, también es una necesidad urgente que nace con los bloqueos y las iniciativas que pretenden tipificar las conductas de los participantes en los mismos.
Ahora bien, ¿realmente se necesita la amenaza de uno a seis años de prisión para disuadir a los manifestantes de bloquear las calles?, ¿no basta con la simple sanción de arresto administrativo hasta por 36 horas?, ¿de qué manera se equiparan dos horas perdidas en el tráfico contra un año o más tras las rejas?
Considero que la legislación no necesita modificarse de inmediato para restablecer el orden, pues los daños en propiedad ajena, lesiones y hasta el homicidio encuentran castigo en el Código Penal actual.
¿Para qué debatir entonces?
Para encontrar el porqué de los bloqueos y legislar en consecuencia. Yo no creo que una pena de prisión de varios años convenza a los jóvenes y señoras que participan en ellos a desistir, de la misma manera que dudo en que una pena mayor disuada a la delincuencia impune de delinquir. No es la cantidad de años en prisión que marca la ley lo importante, sino la selectividad en su aplicación.
Servirá para recordar que los "tapados" provienen de las clases más marginadas y carentes de oportunidades. ¿Cómo castigarlos a la miseria perpetua y condonar la corrupción en el Gobierno y las empresas?
Desde los desvíos millonarios, de paraestatales, sindicatos, programas sociales; el tráfico de influencias, hasta los abusos de autoridad en asuntos grandes o pequeños, como los despojos o las mordidas de tránsito y el robo a parquímetros, corren impunes en nuestra sociedad. ¿Por qué tratarlos a ellos de manera diferente?
Esa indiferencia ante los que poco o nada tienen y la ambivalencia en la correcta aplicación de la ley con los que tienen mucho poder o dinero es el origen de los bloqueos. Si queremos tipificar los bloqueos, sugiero que tipifiquemos los bloqueos a la educación que tienen secuestrado el desarrollo de nuestra juventud, bloqueos a la salud, bloqueos al desarrollo económico, bloqueos a la libre competencia y bloqueos a la movilidad social. Esas conductas son las que debemos tipificar, pues hoy dan pie a bloqueos en las calles, pero mañana darán más de que hablar.
El autor es abogado por el TEC de Monterrey y maestro en Derecho por la Universidad de Nueva York.
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