AMARC
Con lujo de violencia el 29 de enero a las 13:30 horas aproximadamente 100 personas entre personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se presentaron a la comunidad de indígena purépecha de Ocumicho, municipio de Charapan Michoacán, para cerrar la emisora comunitaria Uékakua, amagando a dos mujeres jóvenes para que se dejara de hacer la transmisión. De acuerdo con testimonios de integrantes de la radio a una de ellas se le tapó la boca para que no pudiera avisar a los radioescuchas sobre el cierre, además las autoridades se negaron a presentar los escritos para el cierre de la radio.
La emisora que transmitía con una potencia de 5 watts en la frecuencia del 104.5 de FM, transmitía en purépecha para una comunidad que tiene uno de los índices más altos de pobreza en el estado; desde el 2003 hizo gestiones para obtener permiso de operación cuando fungía como gobernador Lázaro Cárdenas Battel, quien turnó la petición a la delegación estatal de la SCT sin que obtuvieran una respuesta concreta.
De igual manera el pasado 24 de enero aproximadamente a las 16:00 horas, personal de la AFI y de la SCT se presentaron en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento donde estaba en la emisora comunitaria Eiampiti, en la comunidad indígena purépecha de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, confiscando el equipo de transmisión, cuando en ese momento la radio no estaba transmitiendo, esta emisora inició sus gestiones en el 2002 ante la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para que les apoyaran para la obtención de su permiso de operación, sin embargo, la respuesta de esta dependencia fue proponerles que ellos tuvieran en comodato la radio y la CDI ser la titular del permiso, propuesta que no que aceptada por la comunidad, pues no querían la tutela de una instancia del gobierno, sino ejercer plenamente su derecho como lo marca la constitución.
El Estado mexicano en lugar de cumplir la gran cantidad de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos para el reconocimiento de los medios comunitarios, lo que ha hecho es privilegiar a quienes ya cuentan con medios de comunicación, mientras a las comunidades más vulnerables del país no sólo les deja en el olvido, sino que además se les persigue.
Con lujo de violencia el 29 de enero a las 13:30 horas aproximadamente 100 personas entre personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se presentaron a la comunidad de indígena purépecha de Ocumicho, municipio de Charapan Michoacán, para cerrar la emisora comunitaria Uékakua, amagando a dos mujeres jóvenes para que se dejara de hacer la transmisión. De acuerdo con testimonios de integrantes de la radio a una de ellas se le tapó la boca para que no pudiera avisar a los radioescuchas sobre el cierre, además las autoridades se negaron a presentar los escritos para el cierre de la radio.
La emisora que transmitía con una potencia de 5 watts en la frecuencia del 104.5 de FM, transmitía en purépecha para una comunidad que tiene uno de los índices más altos de pobreza en el estado; desde el 2003 hizo gestiones para obtener permiso de operación cuando fungía como gobernador Lázaro Cárdenas Battel, quien turnó la petición a la delegación estatal de la SCT sin que obtuvieran una respuesta concreta.
De igual manera el pasado 24 de enero aproximadamente a las 16:00 horas, personal de la AFI y de la SCT se presentaron en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento donde estaba en la emisora comunitaria Eiampiti, en la comunidad indígena purépecha de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, confiscando el equipo de transmisión, cuando en ese momento la radio no estaba transmitiendo, esta emisora inició sus gestiones en el 2002 ante la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para que les apoyaran para la obtención de su permiso de operación, sin embargo, la respuesta de esta dependencia fue proponerles que ellos tuvieran en comodato la radio y la CDI ser la titular del permiso, propuesta que no que aceptada por la comunidad, pues no querían la tutela de una instancia del gobierno, sino ejercer plenamente su derecho como lo marca la constitución.
El Estado mexicano en lugar de cumplir la gran cantidad de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos para el reconocimiento de los medios comunitarios, lo que ha hecho es privilegiar a quienes ya cuentan con medios de comunicación, mientras a las comunidades más vulnerables del país no sólo les deja en el olvido, sino que además se les persigue.
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