"gobierno legítimo"
Como es evidente, la crisis económica está causando estragos en el país. En los últimos tres meses, según datos oficiales, han perdido el empleo 541 mil trabajadores; hay decrecimiento económico y se encuentra paralizada la industria de la construcción; el peso se ha devaluado 40 por ciento con relación al dólar; la inflación está creciendo por encima de los aumentos salariales; en fin, millones de mexicanos padecen por la falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable.
Y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta gubernamental para proteger al pueblo ante la crisis. Es notoria la ineptitud y la irresponsabilidad de quien se ostenta como presidente de México. En el mejor de los casos, están pasando por alto que el Estado no puede incumplir su responsabilidad económica y social, como ha quedado demostrado ante el fracaso del modelo neoliberal en el mundo.
Por ello, sostenemos que el Congreso debe intervenir para evitar un mayor deterioro en todos los órdenes de la vida pública del país. Si no se actúa de inmediato, habrá mayor mortandad de pequeñas y medianas empresas, más desempleo, más pobreza y, en consecuencia, más inseguridad y violencia.
Nuestra propuesta es muy concreta: consiste en que el Congreso convoque a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores económicos y sociales, a la celebración de un acuerdo para llevar a cabo un Plan de Emergencia y de Salvación Nacional.
Sostenemos que en una primera etapa, el Plan de Emergencia, debe considerar reducir en 200 mil millones de pesos el gasto corriente del gobierno, que ha aumentado en los últimos dos años en 437 mil millones, y se ha destinado, básicamente, a sostener estructuras burocráticas improductivas y a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos.
Volvemos a reiterar que es un insulto que haya funcionarios públicos que ganen 600 mil pesos mensuales y que gocen de servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas. Este comportamiento es inmoral y nada tiene que ver con el recto proceder y la justa medianía a que debe sujetarse el funcionario público, según la recomendación del presidente Juárez.
El ahorro de 200 mil millones de pesos se puede lograr reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; a la mitad las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores. Suprimiendo las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia. Cancelando las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Eliminando la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario. Reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, congresos y convenciones, viajes al extranjero, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras. Todo ello acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.
Con un ahorro de 200 mil millones de pesos, se podrá incrementar a más del doble el presupuesto del Procampo; derogar el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU); apuntalar con créditos baratos y a la palabra, a pequeñas y medianas empresas; reducir hasta en un 15 por ciento, en promedio, los precios de las gasolinas, el gas, el diesel y las tarifas eléctricas para consumidores domésticos; y alcanzaría para destinar recursos a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.
Todo esto lo tenemos bien analizado, sabemos que es posible aplicar una política de austeridad republicana y liberar fondos para el desarrollo económico y social del país. Inclusive, señoras y señores legisladores, si ustedes así lo consideran, en aras del interés nacional los economistas y técnicos del Gobierno Legítimo, podrían participar en los trabajos de ajuste y de reorientación del presupuesto público.
Diputados y Senadores:
Es el momento de actuar como verdaderos representantes populares, de hablarle al pueblo de México con la verdad, de decirle que la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 26 años sólo ha beneficiado a traficantes de influencias y a políticos corruptos; que durante todo este tiempo, la economía nacional ha permanecido estancada; que no se han generado empleos; que se abandonó el campo; que somos el país del mundo que más mano de obra expulsa al extranjero; y que la inseguridad y la violencia que padecemos, es el resultado de la política de corrupción y pillaje que ha imperado en el país.
Un dato: En 1987, cuando se desataron las privatizaciones, en la lista de la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, sólo había un mexicano con mil millones de dólares. Al finalizar el sexenio de Salinas, ya eran 22. Y actualmente, sólo diez acumulan 100 mil millones de dólares, mientras la mayoría del pueblo ha sido condenada al destierro o a la sobrevivencia.
El país ya no aguanta más de lo mismo. Hay que acabar con la política del agandalle. Es el momento de poner un alto a la rapiña del presupuesto, de los recursos naturales y de los bienes de la nación; de terminar con los monopolios y de rescatar al Estado y a las instituciones de manos de la mafia para ponerlas al servicio del pueblo y construir una convivencia social más justa, más humana, y más igualitaria.
Señoras y señores legisladores:
Aunque nosotros creemos que sin una transformación de fondo de la vida pública de México, no vamos a poder enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, mucho se puede hacer en esta circunstancia de incertidumbre, si cuando menos se construye un acuerdo nacional para atemperar los afectos más nocivos de la actual crisis económica y se detiene la descomposición social.
Por eso volvemos a insistir en una respuesta formal a la carta-propuesta que les enviamos el día 3 de febrero del presente año, y una vez más dejamos de manifiesto que, a pesar de nuestras diferencias, estamos dispuestos a contribuir en todo aquello que realmente vaya en beneficio del pueblo. Por encima de nuestras posiciones políticas siempre estará el interés de las mayorías y de la nación.
ATENTAMENTE
Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México
Como es evidente, la crisis económica está causando estragos en el país. En los últimos tres meses, según datos oficiales, han perdido el empleo 541 mil trabajadores; hay decrecimiento económico y se encuentra paralizada la industria de la construcción; el peso se ha devaluado 40 por ciento con relación al dólar; la inflación está creciendo por encima de los aumentos salariales; en fin, millones de mexicanos padecen por la falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable.
Y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta gubernamental para proteger al pueblo ante la crisis. Es notoria la ineptitud y la irresponsabilidad de quien se ostenta como presidente de México. En el mejor de los casos, están pasando por alto que el Estado no puede incumplir su responsabilidad económica y social, como ha quedado demostrado ante el fracaso del modelo neoliberal en el mundo.
Por ello, sostenemos que el Congreso debe intervenir para evitar un mayor deterioro en todos los órdenes de la vida pública del país. Si no se actúa de inmediato, habrá mayor mortandad de pequeñas y medianas empresas, más desempleo, más pobreza y, en consecuencia, más inseguridad y violencia.
Nuestra propuesta es muy concreta: consiste en que el Congreso convoque a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores económicos y sociales, a la celebración de un acuerdo para llevar a cabo un Plan de Emergencia y de Salvación Nacional.
Sostenemos que en una primera etapa, el Plan de Emergencia, debe considerar reducir en 200 mil millones de pesos el gasto corriente del gobierno, que ha aumentado en los últimos dos años en 437 mil millones, y se ha destinado, básicamente, a sostener estructuras burocráticas improductivas y a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos.
Volvemos a reiterar que es un insulto que haya funcionarios públicos que ganen 600 mil pesos mensuales y que gocen de servicios médicos privados, fondos de ahorro especial, bonos discrecionales y otras prebendas. Este comportamiento es inmoral y nada tiene que ver con el recto proceder y la justa medianía a que debe sujetarse el funcionario público, según la recomendación del presidente Juárez.
El ahorro de 200 mil millones de pesos se puede lograr reduciendo a la mitad los sueldos, desde el presidente espurio hasta los directores generales y adjuntos del Poder Ejecutivo Federal; a la mitad las percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de los consejeros del IFE y magistrados del Tribunal Electoral; de diputados federales y senadores. Suprimiendo las partidas de fondo de ahorro especial y de gastos médicos para atención en hospitales privados de la alta burocracia. Cancelando las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Eliminando la entrega de bonos discrecionales, la compra de vehículos para altos funcionarios, los gastos de representación, viáticos, la remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas, los boletos en primera clase y gastos de vestuario. Reduciendo drásticamente las partidas de publicidad, servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de funcionarios, congresos y convenciones, viajes al extranjero, servicios de asesoría, donativos, combustibles, arrendamiento de inmuebles, fideicomisos, entre otras. Todo ello acompañado de la disminución de estructuras burocráticas para bajar los gastos de administración.
Con un ahorro de 200 mil millones de pesos, se podrá incrementar a más del doble el presupuesto del Procampo; derogar el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU); apuntalar con créditos baratos y a la palabra, a pequeñas y medianas empresas; reducir hasta en un 15 por ciento, en promedio, los precios de las gasolinas, el gas, el diesel y las tarifas eléctricas para consumidores domésticos; y alcanzaría para destinar recursos a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, comedores populares, becas para estudiantes de escuelas públicas, atención médica y medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social.
Todo esto lo tenemos bien analizado, sabemos que es posible aplicar una política de austeridad republicana y liberar fondos para el desarrollo económico y social del país. Inclusive, señoras y señores legisladores, si ustedes así lo consideran, en aras del interés nacional los economistas y técnicos del Gobierno Legítimo, podrían participar en los trabajos de ajuste y de reorientación del presupuesto público.
Diputados y Senadores:
Es el momento de actuar como verdaderos representantes populares, de hablarle al pueblo de México con la verdad, de decirle que la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 26 años sólo ha beneficiado a traficantes de influencias y a políticos corruptos; que durante todo este tiempo, la economía nacional ha permanecido estancada; que no se han generado empleos; que se abandonó el campo; que somos el país del mundo que más mano de obra expulsa al extranjero; y que la inseguridad y la violencia que padecemos, es el resultado de la política de corrupción y pillaje que ha imperado en el país.
Un dato: En 1987, cuando se desataron las privatizaciones, en la lista de la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, sólo había un mexicano con mil millones de dólares. Al finalizar el sexenio de Salinas, ya eran 22. Y actualmente, sólo diez acumulan 100 mil millones de dólares, mientras la mayoría del pueblo ha sido condenada al destierro o a la sobrevivencia.
El país ya no aguanta más de lo mismo. Hay que acabar con la política del agandalle. Es el momento de poner un alto a la rapiña del presupuesto, de los recursos naturales y de los bienes de la nación; de terminar con los monopolios y de rescatar al Estado y a las instituciones de manos de la mafia para ponerlas al servicio del pueblo y construir una convivencia social más justa, más humana, y más igualitaria.
Señoras y señores legisladores:
Aunque nosotros creemos que sin una transformación de fondo de la vida pública de México, no vamos a poder enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, mucho se puede hacer en esta circunstancia de incertidumbre, si cuando menos se construye un acuerdo nacional para atemperar los afectos más nocivos de la actual crisis económica y se detiene la descomposición social.
Por eso volvemos a insistir en una respuesta formal a la carta-propuesta que les enviamos el día 3 de febrero del presente año, y una vez más dejamos de manifiesto que, a pesar de nuestras diferencias, estamos dispuestos a contribuir en todo aquello que realmente vaya en beneficio del pueblo. Por encima de nuestras posiciones políticas siempre estará el interés de las mayorías y de la nación.
ATENTAMENTE
Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México
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