Francisco López Bárcenas
Los bolivianos volvieron a decir sí. Igual que el 10 de agosto del año pasado, cuando el presidente Evo Morales Ayma ganó el referendo revocatorio con un margen de 67.4 por ciento de votos para que siguiera en el cargo –mayor al que incluso el grupo gobernante esperaba–, la consulta realizada el pasado 25 de este mes para saber si los bolivianos refrendaban el texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente volvió a tener el voto aprobatorio de 61.43 por ciento de los votantes, contra 38.5 que dijo no en las urnas. De acuerdo con cifras oficiales cinco departamentos –La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca– votaron en favor de la nueva Constitución política, mientras cuatro –Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija– lo hicieron en contra. El no volvió a aparecer en departamentos que han estado oponiéndose sistemáticamente a las políticas del gobierno central, lo que ha llevado a las elites políticas de esas regiones a postular que se requiere una nueva negociación para implementar la Constitución, argumento con muy poco sustento, ya que el voto es con efectos generales, no para los territorios donde se emitieron.
Pero no es el único triunfo y tal vez no sea el último. Desde diciembre de 2005, cuando ganó las elecciones y se convirtió en el primer presidente indígena de América Latina en el siglo XXI, la política implementada por su gobierno le ha dado bastantes frutos. El primero de mayo de 2006, apenas cuatro meses después de asumir el poder, decretó la nacionalización de los hidrocarburos, concediendo seis meses a las empresas que los explotaban para firmar nuevos contratos, en condiciones menos leoninas para el país. En octubre de ese mismo año, 12 petroleras firmaron 44 nuevos contratos, reconociendo implícitamente que en los anteriores las desventajas para Bolivia eran enormes. Dos meses después, el 2 de julio, se realizaron las elecciones para integrar la Asamblea Constituyente, que discutiría, redactaría y aprobaría la Constitución, proceso en el cual los oficialistas obtuvieron la mayoría de los lugares disputados. Ese año hubo otros triunfos importantes: el 28 de noviembre el Senado aprobó una ley de reforma agraria que permite la expropiación de tierras que el gobierno considere ociosas; el 9 de diciembre del año siguiente, en medio de las protestas de la oposición, la Asamblea Constituyente aprobó el texto final de la Constitución que ahora el pueblo ha refrendado y pronto el gobierno deberá promulgar.
El triunfo del sí en la pasada consulta tiene profundas implicaciones para el futuro de Bolivia como país, porque el texto refrendado recoge un conjunto importante de derechos individuales, sociales y colectivos, que al plasmarse en la Carta Magna se convierten en garantías constitucionales. Tan sólo en materia de derechos indígenas se reconocen a los pueblos indígenas originarios y campesinos como titulares de derechos, y entre los derechos que se les garantizan se encuentran la libre determinación y su territorialidad, titulación colectiva de tierras, protección de sus lugares sagrados, respeto de sus conocimientos, medicina tradicional y patrimonio intelectual colectivo; de igual manera se reconoce su derecho de participar en los beneficios de la explotación de los recursos naturales que se encuentren en sus territorios y ser consultados mediante procedimientos adecuados y a través de sus propias instituciones cuando se prevean medidas que puedan afectarlos como pueblos. Finalmente, se establece que sus instituciones propias formen parte de la estructura del Estado, apliquen sus sistemas políticos, jurídicos y económicos; creen y administren sistemas propios de comunicación y accedan a una educación intercultural bilingüe, entre otros derechos. Con estas disposiciones, la Constitución política refrendada se coloca como una Constitución antineoliberal y la más avanzada de otras del continente en cuanto a reconocimiento de derechos.
En medio de la euforia del triunfo, el presidente de la República proclamó que con la nueva Constitución termina el Estado colonial, tanto en su modalidad interna como externa, lo mismo que el neoliberalismo expresado en las intenciones de un grupo político de entregar los recursos naturales de la nación al capital privado. Es probable que la declaración merezca un matiz. La ratificación popular del texto constitucional representa el fin de un proceso, pero el comienzo de otro. Las constituciones políticas valen mucho por lo que dicen, pero más por la fuerza de los sectores interesados en llevarlas a la práctica. El triunfo del 25 de enero obliga al gobierno y las fuerzas sociales que lo respaldan a iniciar una serie de reformas institucionales y de políticas que permitan refundar el país, que es el objetivo final. En otras palabras, faltan otras batallas decisivas. Y la oposición no duerme, se prepara para dar la pelea por mantener sus privilegios.
Los bolivianos volvieron a decir sí. Igual que el 10 de agosto del año pasado, cuando el presidente Evo Morales Ayma ganó el referendo revocatorio con un margen de 67.4 por ciento de votos para que siguiera en el cargo –mayor al que incluso el grupo gobernante esperaba–, la consulta realizada el pasado 25 de este mes para saber si los bolivianos refrendaban el texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente volvió a tener el voto aprobatorio de 61.43 por ciento de los votantes, contra 38.5 que dijo no en las urnas. De acuerdo con cifras oficiales cinco departamentos –La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca– votaron en favor de la nueva Constitución política, mientras cuatro –Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija– lo hicieron en contra. El no volvió a aparecer en departamentos que han estado oponiéndose sistemáticamente a las políticas del gobierno central, lo que ha llevado a las elites políticas de esas regiones a postular que se requiere una nueva negociación para implementar la Constitución, argumento con muy poco sustento, ya que el voto es con efectos generales, no para los territorios donde se emitieron.
Pero no es el único triunfo y tal vez no sea el último. Desde diciembre de 2005, cuando ganó las elecciones y se convirtió en el primer presidente indígena de América Latina en el siglo XXI, la política implementada por su gobierno le ha dado bastantes frutos. El primero de mayo de 2006, apenas cuatro meses después de asumir el poder, decretó la nacionalización de los hidrocarburos, concediendo seis meses a las empresas que los explotaban para firmar nuevos contratos, en condiciones menos leoninas para el país. En octubre de ese mismo año, 12 petroleras firmaron 44 nuevos contratos, reconociendo implícitamente que en los anteriores las desventajas para Bolivia eran enormes. Dos meses después, el 2 de julio, se realizaron las elecciones para integrar la Asamblea Constituyente, que discutiría, redactaría y aprobaría la Constitución, proceso en el cual los oficialistas obtuvieron la mayoría de los lugares disputados. Ese año hubo otros triunfos importantes: el 28 de noviembre el Senado aprobó una ley de reforma agraria que permite la expropiación de tierras que el gobierno considere ociosas; el 9 de diciembre del año siguiente, en medio de las protestas de la oposición, la Asamblea Constituyente aprobó el texto final de la Constitución que ahora el pueblo ha refrendado y pronto el gobierno deberá promulgar.
El triunfo del sí en la pasada consulta tiene profundas implicaciones para el futuro de Bolivia como país, porque el texto refrendado recoge un conjunto importante de derechos individuales, sociales y colectivos, que al plasmarse en la Carta Magna se convierten en garantías constitucionales. Tan sólo en materia de derechos indígenas se reconocen a los pueblos indígenas originarios y campesinos como titulares de derechos, y entre los derechos que se les garantizan se encuentran la libre determinación y su territorialidad, titulación colectiva de tierras, protección de sus lugares sagrados, respeto de sus conocimientos, medicina tradicional y patrimonio intelectual colectivo; de igual manera se reconoce su derecho de participar en los beneficios de la explotación de los recursos naturales que se encuentren en sus territorios y ser consultados mediante procedimientos adecuados y a través de sus propias instituciones cuando se prevean medidas que puedan afectarlos como pueblos. Finalmente, se establece que sus instituciones propias formen parte de la estructura del Estado, apliquen sus sistemas políticos, jurídicos y económicos; creen y administren sistemas propios de comunicación y accedan a una educación intercultural bilingüe, entre otros derechos. Con estas disposiciones, la Constitución política refrendada se coloca como una Constitución antineoliberal y la más avanzada de otras del continente en cuanto a reconocimiento de derechos.
En medio de la euforia del triunfo, el presidente de la República proclamó que con la nueva Constitución termina el Estado colonial, tanto en su modalidad interna como externa, lo mismo que el neoliberalismo expresado en las intenciones de un grupo político de entregar los recursos naturales de la nación al capital privado. Es probable que la declaración merezca un matiz. La ratificación popular del texto constitucional representa el fin de un proceso, pero el comienzo de otro. Las constituciones políticas valen mucho por lo que dicen, pero más por la fuerza de los sectores interesados en llevarlas a la práctica. El triunfo del 25 de enero obliga al gobierno y las fuerzas sociales que lo respaldan a iniciar una serie de reformas institucionales y de políticas que permitan refundar el país, que es el objetivo final. En otras palabras, faltan otras batallas decisivas. Y la oposición no duerme, se prepara para dar la pelea por mantener sus privilegios.
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