Laura Itzel Castillo
Cada día que pasa son más las voces de diversos personajes que pronostican un panorama muy difícil para México en los meses venideros. En realidad la crisis en nuestro país ha existido desde hace tres décadas, pues la economía no ha crecido. Lo más grave es que Felipe Calderón sigue insistiendo en curar este mal —al que inicialmente llamó catarrito— con remedios espurios.
Ayer, se anunció que presentaría al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley del Infonavit. Por los datos que publicaron algunos medios de comunicación, se puede advertir que se trata de propuestas que no representan una alternativa real para los cientos de miles de trabajadores que tienen algún problema de crédito, a consecuencia de los altos montos que les cobran o porque han perdido el empleo.
Desde el 18 de junio de 2007, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) presentó al Frente Amplio Progresista (FAP) una iniciativa para modificar por completo la Ley del Infonavit, cuyo eje central establece claramente el orden público de la ley, es decir rescata el carácter público del instituto. Basta decir que el Infonavit es el único organismo público descentralizado que no es fiscalizado por nadie y que maneja un presupuesto de miles de millones de pesos de aportaciones de los trabajadores, ¡vaya Estado de excepción! Hasta los fideicomisos privados tienen la posibilidad de ser auditados.
La propuesta del CDV pretende reivindicar la obligación del instituto de proveer de viviendas dignas a los trabajadores, frente a los llamados “pies de casa” que acaban siendo “dedo de casa”, “uña de casa” y hasta “mugre de casa” con dimensiones menores a los 20 metros cuadrados.
El CDV propone también que las actividades de la dependencia se sujeten a una política de desarrollo urbano sustentable, debido a que por todo el país el Infonavit ha contribuido a la depredación del medio ambiente.
La iniciativa exige que las aportaciones de los trabajadores se destinen al servicio público de previsión social, con el propósito de garantizarles crédito barato y suficiente para la adquisición de viviendas adecuadas, como lo marca la Constitución. Entre otros criterios destaca el que los préstamos se den en pesos y no en veces salarios mínimos, pues esta última opción ocasiona que las deudas crezcan sin control.
La propuesta del CDV busca eliminar la llamada bursatilización de los fondos de los trabajadores, es decir, que no se coloquen en la Bolsa de Valores bajo el pretexto de ser aprobados por organismos internacionales como un ente “financieramente sano”.
Desde este espacio hacemos un llamado a los legisladores federales a no caer en el engaño de Calderón y a retomar la iniciativa del CDV, que sí va al fondo del problema.
Cada día que pasa son más las voces de diversos personajes que pronostican un panorama muy difícil para México en los meses venideros. En realidad la crisis en nuestro país ha existido desde hace tres décadas, pues la economía no ha crecido. Lo más grave es que Felipe Calderón sigue insistiendo en curar este mal —al que inicialmente llamó catarrito— con remedios espurios.
Ayer, se anunció que presentaría al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley del Infonavit. Por los datos que publicaron algunos medios de comunicación, se puede advertir que se trata de propuestas que no representan una alternativa real para los cientos de miles de trabajadores que tienen algún problema de crédito, a consecuencia de los altos montos que les cobran o porque han perdido el empleo.
Desde el 18 de junio de 2007, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) presentó al Frente Amplio Progresista (FAP) una iniciativa para modificar por completo la Ley del Infonavit, cuyo eje central establece claramente el orden público de la ley, es decir rescata el carácter público del instituto. Basta decir que el Infonavit es el único organismo público descentralizado que no es fiscalizado por nadie y que maneja un presupuesto de miles de millones de pesos de aportaciones de los trabajadores, ¡vaya Estado de excepción! Hasta los fideicomisos privados tienen la posibilidad de ser auditados.
La propuesta del CDV pretende reivindicar la obligación del instituto de proveer de viviendas dignas a los trabajadores, frente a los llamados “pies de casa” que acaban siendo “dedo de casa”, “uña de casa” y hasta “mugre de casa” con dimensiones menores a los 20 metros cuadrados.
El CDV propone también que las actividades de la dependencia se sujeten a una política de desarrollo urbano sustentable, debido a que por todo el país el Infonavit ha contribuido a la depredación del medio ambiente.
La iniciativa exige que las aportaciones de los trabajadores se destinen al servicio público de previsión social, con el propósito de garantizarles crédito barato y suficiente para la adquisición de viviendas adecuadas, como lo marca la Constitución. Entre otros criterios destaca el que los préstamos se den en pesos y no en veces salarios mínimos, pues esta última opción ocasiona que las deudas crezcan sin control.
La propuesta del CDV busca eliminar la llamada bursatilización de los fondos de los trabajadores, es decir, que no se coloquen en la Bolsa de Valores bajo el pretexto de ser aprobados por organismos internacionales como un ente “financieramente sano”.
Desde este espacio hacemos un llamado a los legisladores federales a no caer en el engaño de Calderón y a retomar la iniciativa del CDV, que sí va al fondo del problema.
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