PL
Comisiones del Congreso estudian hoy una iniciativa que propone sancionar con medidas más severas a funcionarios aduanales, militares y policiales que permitan el ingreso ilegal de armas a México.
La propuesta de los senadores del opositor Partido de la Revolución Institucional (PRI), contempla una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para condenar con 10 a 45 años de cárcel a ex militares, funcionarios o ex policías que fomenten el tráfico de armas.
Según el senador priísta Fernando Castro, en Estados Unidos se puede adquirir un fusil de asalto AK-47 hasta por 15 dólares y ese armamento entra a México con la complacencia de autoridades y funcionarios aduanales.
La iniciativa del PRI procura además la destitución del empleo o cargo, así como la inhabilitación para desempeñar cualquier puesto público.
También plantea la imposición de penas de 10 a 30 años de cárcel cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial o si fue miembro de algún servicio privado de seguridad o del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea en situación de retiro, de reserva o en activo.
El senador remarcó que en México la proliferación de armas de fuego y explosivos ha fomentado la ola de violencia que dejó más de cinco mil ejecutados en 2008.
Estados Unidos es el principal proveedor de armas al crimen organizado en México, según un reciente informe del Gabinete de Seguridad.
De acuerdo con el documento, las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República (PGR), consideran que ese negocio mueve más de 22 millones de dólares.
El análisis precisa que el tráfico de distintos pertrechos, provenientes de armerías norteamericanas, ha penetrado a 19 aduanas mexicanas y que el destino principal del arsenal son las bandas vinculadas al narcotráfico.
Comisiones del Congreso estudian hoy una iniciativa que propone sancionar con medidas más severas a funcionarios aduanales, militares y policiales que permitan el ingreso ilegal de armas a México.
La propuesta de los senadores del opositor Partido de la Revolución Institucional (PRI), contempla una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para condenar con 10 a 45 años de cárcel a ex militares, funcionarios o ex policías que fomenten el tráfico de armas.
Según el senador priísta Fernando Castro, en Estados Unidos se puede adquirir un fusil de asalto AK-47 hasta por 15 dólares y ese armamento entra a México con la complacencia de autoridades y funcionarios aduanales.
La iniciativa del PRI procura además la destitución del empleo o cargo, así como la inhabilitación para desempeñar cualquier puesto público.
También plantea la imposición de penas de 10 a 30 años de cárcel cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial o si fue miembro de algún servicio privado de seguridad o del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea en situación de retiro, de reserva o en activo.
El senador remarcó que en México la proliferación de armas de fuego y explosivos ha fomentado la ola de violencia que dejó más de cinco mil ejecutados en 2008.
Estados Unidos es el principal proveedor de armas al crimen organizado en México, según un reciente informe del Gabinete de Seguridad.
De acuerdo con el documento, las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República (PGR), consideran que ese negocio mueve más de 22 millones de dólares.
El análisis precisa que el tráfico de distintos pertrechos, provenientes de armerías norteamericanas, ha penetrado a 19 aduanas mexicanas y que el destino principal del arsenal son las bandas vinculadas al narcotráfico.
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