Ricardo Monreal
Las candidaturas a diputados federales están generando disputas y conflictos al interior de los partidos. La más difundida recientemente es la del PT, donde una de sus corrientes fundadoras emigró al PRD en busca de nuevos espacios de representación.
Sin embargo, no es la única organización partidista en crisis. En el PAN, el ex dirigente nacional Manuel Espino encabeza una corriente de protesta por el hecho de que el actual Comité Ejecutivo Nacional se ha reservado la designación de candidatos en 195 de los 300 distritos electorales. En el PRD, la dirigencia nacional ha optado por el mismo método y se “reserva” 245 distritos. En el PRI, la disputa se está dando en los estados, donde los gobernadores de este partido se han “reservado” igualmente todos y cada uno de los distritos federales en sus respectivas entidades, mientras que la dirigencia nacional y los sectores se están reservando la lista de diputados plurinominales y algunos de mayoría relativa en aquellas entidades donde no gobierna el tricolor. Es decir, los partidos están colocando en sus puertas el letrero “nos reservamos el derecho de postulación”, y sus dirigencias decidirán la mayoría de las candidaturas de la próxima legislatura federal.
Este método de “selección” de candidatos (en realidad, de designación) está borrando en la práctica las diferencias que antes había entre los principales partidos mexicanos. Por ejemplo, el PRI durante muchos años utilizó la fórmula de “candidatos de unidad”, que era un eufemismo para ocultar el famoso “dedazo”, después ensayó el sistema de “consulta a la base”, posteriormente empleó mecanismos intermedios de representación, para terminar ahora con el sistema de candidaturas reservadas. El “dedo” que antes era de una sola persona, ahora se ha trasladado a un puñado de electores notables, donde destacan los gobernadores.
El PAN, por su parte, siempre ha rechazado cualquier método que implique movilización, consulta o participación de su militancia de base. Es más, términos como “consulta”, “base” o “votación universal” no existen en sus estatutos, en su discurso ni en su visión de la ciudadanía. Lo consideran “populista”, “demagógico” y hasta “antidemocrático”. A lo más que llegan es a la “convención de delegados”, un mecanismo intermedio entre la consulta directa a la base y la designación directa. Hoy, sin embargo, privilegiarán este método.
El PRD y los partidos de izquierda, en cambio, tienen por regla la elección interna de candidatos mediante “voto directo, secreto y universal”, abierta a la ciudadanía o cerrada a los integrantes del padrón de militantes, y sólo como excepción otros métodos como las convenciones partidistas. Hoy, sin embargo, al igual que el PAN y el PRI, se habla de candidaturas “reservadas”.
¿Por qué el método más antipopular, elitista y controversial de designación de candidatos, como lo es el sistema de “reservación” de candidaturas, está siendo utilizado por la mayoría de los partidos mexicanos?
El método “políticamente correcto” (consulta abierta a la base o a los ciudadanos) transita por un descrédito enorme. Genera gastos extraordinarios a los partidos y a los aspirantes; debilita a las estructuras electorales, ya que los movilizadores llegan desgastados a la elección constitucional; divide internamente a los partidos, porque los “perdedores” —que suelen ser más de uno—, jamás se suman al “ganador”; y no suman un ciudadano más o un elector nuevo a los partidos. Es decir, ni se amplía la representatividad ciudadana de los partidos ni ganan en competitividad electoral los candidatos. Vencen, pero no convencen.
Con un agravante adicional: en las actuales condiciones de crimen desbordado en el país, las consultas internas serían el “vidrio roto” por el cual ingresaría de lleno el dinero ilícito a las contiendas y se apoderaría de candidaturas y partidos. Pasaríamos de la guerra de carteles propagandísticos a la guerra electoral de cárteles del crimen. Lo único que nos falta como “Estado fallido”.
Sin embargo, el otro extremo, el de las candidaturas reservadas por las élites dirigentes tampoco es un avance democrático. Es poner la Iglesia en manos de Lutero. Es decir, es promover la oligarquización de las estructuras partidistas y la entrega de esas “entidades de interés público” que son los partidos políticos al interés particular de alguna de las fracciones dominantes en su interior. Ambos fenómenos, la oligarquización y el fraccionalismo, terminan alejando más a los candidatos y partidos de la sociedad civil.
La partidocracia mexicana se encamina, pues, a una crisis de representación ciudadana y de competitividad electoral de cara a las elecciones de julio próximo (ya veremos el tamaño de la abstención). Un leño más a esa hoguera que han encendido las crisis económica y de seguridad.
Las candidaturas a diputados federales están generando disputas y conflictos al interior de los partidos. La más difundida recientemente es la del PT, donde una de sus corrientes fundadoras emigró al PRD en busca de nuevos espacios de representación.
Sin embargo, no es la única organización partidista en crisis. En el PAN, el ex dirigente nacional Manuel Espino encabeza una corriente de protesta por el hecho de que el actual Comité Ejecutivo Nacional se ha reservado la designación de candidatos en 195 de los 300 distritos electorales. En el PRD, la dirigencia nacional ha optado por el mismo método y se “reserva” 245 distritos. En el PRI, la disputa se está dando en los estados, donde los gobernadores de este partido se han “reservado” igualmente todos y cada uno de los distritos federales en sus respectivas entidades, mientras que la dirigencia nacional y los sectores se están reservando la lista de diputados plurinominales y algunos de mayoría relativa en aquellas entidades donde no gobierna el tricolor. Es decir, los partidos están colocando en sus puertas el letrero “nos reservamos el derecho de postulación”, y sus dirigencias decidirán la mayoría de las candidaturas de la próxima legislatura federal.
Este método de “selección” de candidatos (en realidad, de designación) está borrando en la práctica las diferencias que antes había entre los principales partidos mexicanos. Por ejemplo, el PRI durante muchos años utilizó la fórmula de “candidatos de unidad”, que era un eufemismo para ocultar el famoso “dedazo”, después ensayó el sistema de “consulta a la base”, posteriormente empleó mecanismos intermedios de representación, para terminar ahora con el sistema de candidaturas reservadas. El “dedo” que antes era de una sola persona, ahora se ha trasladado a un puñado de electores notables, donde destacan los gobernadores.
El PAN, por su parte, siempre ha rechazado cualquier método que implique movilización, consulta o participación de su militancia de base. Es más, términos como “consulta”, “base” o “votación universal” no existen en sus estatutos, en su discurso ni en su visión de la ciudadanía. Lo consideran “populista”, “demagógico” y hasta “antidemocrático”. A lo más que llegan es a la “convención de delegados”, un mecanismo intermedio entre la consulta directa a la base y la designación directa. Hoy, sin embargo, privilegiarán este método.
El PRD y los partidos de izquierda, en cambio, tienen por regla la elección interna de candidatos mediante “voto directo, secreto y universal”, abierta a la ciudadanía o cerrada a los integrantes del padrón de militantes, y sólo como excepción otros métodos como las convenciones partidistas. Hoy, sin embargo, al igual que el PAN y el PRI, se habla de candidaturas “reservadas”.
¿Por qué el método más antipopular, elitista y controversial de designación de candidatos, como lo es el sistema de “reservación” de candidaturas, está siendo utilizado por la mayoría de los partidos mexicanos?
El método “políticamente correcto” (consulta abierta a la base o a los ciudadanos) transita por un descrédito enorme. Genera gastos extraordinarios a los partidos y a los aspirantes; debilita a las estructuras electorales, ya que los movilizadores llegan desgastados a la elección constitucional; divide internamente a los partidos, porque los “perdedores” —que suelen ser más de uno—, jamás se suman al “ganador”; y no suman un ciudadano más o un elector nuevo a los partidos. Es decir, ni se amplía la representatividad ciudadana de los partidos ni ganan en competitividad electoral los candidatos. Vencen, pero no convencen.
Con un agravante adicional: en las actuales condiciones de crimen desbordado en el país, las consultas internas serían el “vidrio roto” por el cual ingresaría de lleno el dinero ilícito a las contiendas y se apoderaría de candidaturas y partidos. Pasaríamos de la guerra de carteles propagandísticos a la guerra electoral de cárteles del crimen. Lo único que nos falta como “Estado fallido”.
Sin embargo, el otro extremo, el de las candidaturas reservadas por las élites dirigentes tampoco es un avance democrático. Es poner la Iglesia en manos de Lutero. Es decir, es promover la oligarquización de las estructuras partidistas y la entrega de esas “entidades de interés público” que son los partidos políticos al interés particular de alguna de las fracciones dominantes en su interior. Ambos fenómenos, la oligarquización y el fraccionalismo, terminan alejando más a los candidatos y partidos de la sociedad civil.
La partidocracia mexicana se encamina, pues, a una crisis de representación ciudadana y de competitividad electoral de cara a las elecciones de julio próximo (ya veremos el tamaño de la abstención). Un leño más a esa hoguera que han encendido las crisis económica y de seguridad.
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