Manuel Fuentes M. *
Los “paros técnicos” se han convertido en el instrumento cada vez más socorrido de los empresarios para reducir, suspender o congelar incrementos salariales por tiempo indefinido.
En la mayor parte del país se están suscribiendo convenios, la mayoría sin conocimiento de los trabajadores, por medio de sindicatos patronales en los que se justifica la paralización de labores y afectaciones salariales.
Las industrias de exportación, maquiladoras, el sector automotriz y de autopartes, donde la mayor fuerza laboral está representada por mujeres, con 60%, la paralización está produciendo un gran impacto social.
Hay “paros técnicos” que ni siquiera son formalizados ante ninguna autoridad laboral. Simplemente se avisa a los trabajadores que ya no hay producción y se les pide regresar en tres o cuatro semanas, pero sin pago de salario alguno.
Tampoco se les entrega constancia y, cuando regresan, se les avisa que están despedidos por “ausencias”, o en algunos casos se llevan la sorpresa de que su fuente de trabajo ha desaparecido.
La legislación mexicana no obliga a asegurar, mediante una fianza, se cubran indemnizaciones en caso que los patrones desaparezcan de la noche a la mañana.
Además, el gobierno se hace el desentendido en estos casos y los accionistas, prestanombres por lo general, proporcionan domicilios inexistentes y sus aportaciones son mínimas, lo que permite eludir adeudos laborales.
Estas acciones fraudulentas en contra de los trabajadores ni siquiera están sancionadas en la legislación penal, lo que permite prevalezca la impunidad en la fuga de empresas.
El fenómeno de los “paros técnicos” ha sido justificado hasta por el propio presidente Felipe Calderón, quien lo ha concebido como un medio para proteger a la industria nacional y el empleo (en ese orden).
El pasado 19 de enero, invitó a las empresas en problemas para que recurran a “paros técnicos” con el fin de reducir sus operaciones o detenerlas sin necesidad de despedir su plantilla laboral.
Ante el fenómeno de los “paros técnicos”, Calderón manifestó que el gobierno federal destinará “2 mil millones de pesos para apoyar a esas compañías y, más que ello, a los empleados, pues aportará una cantidad para cada uno de ellos, la empresa otra, y quizá la persona en lugar de verse despedida sólo vea reducido su ingreso temporalmente”.
Calderón Hinojosa dijo que la aportación federal está destinada a “proteger medio millón de empleos en industrias sensibles como la exportación”.
La pretendida aportación gubernamental es una verdadera burla, ya que representaría 4 mil pesos por trabajador afectado, cantidad que además tendría que ser compartida con los empresarios en paro, conforme al plan anunciado.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ha reconocido que en los estados fronterizos con importante presencia de maquiladoras --Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas-- son más de 50 mil los trabajadores en “paro técnico” sin que se tenga noticia de alguna “ayuda” gubernamental hacia ellos.
Por ello, la violación a los derechos humanos laborales en las maquiladoras que continúan abiertas es creciente. Los trabajadores sufren de constantes agresiones en su integridad física y moral, además de ver menguadas sus garantías laborales ante la negativa e indiferencia de los gobiernos estatales y del federal para intervenir.
A los patrones maquiladores no se les quiere presionar de ninguna manera porque, según ellos, ahuyentarían las inversiones del país, no importando el maltrato a los trabajadores mexicanos.
Las inspecciones, cuando escasamente se realizan, son una simulación. Ello permite a los maquiladores amenazar constantemente a los trabajadores obligándoles a prolongar jornadas sin pago de horas extra e imponiendo reducción en los salarios y prestaciones. Además la sobrecarga de trabajo produce constantes accidentes sin que haya medidas para evitarlos.
A las mujeres se les condiciona el trabajo con la prueba de embarazo y se les exige verificar su periodo menstrual para asegurarse que no están embarazadas. A las madres solteras, generalmente, se les exige mayor producción y prolongación de su jornada con bajos salarios para conservar su empleo.
El hostigamiento sexual es una constante y no existe aún autoridad ni legislación eficiente que detenga estas agresiones.
Y aquellas que reclaman violaciones a sus derechos humanos y laborales, son echadas a la calle y pasan a formar parte de las “listas negras” que les impide lograr un empleo en la región.
Este tipo de empresarios de la maquila, en cambio, recibe todo tipo de prebendas gubernamentales: se les exenta del pago de impuesto predial, agua, alumbrado, servicios de drenaje y servicios de vigilancia, mientras que los afectados de esta crisis, los asalariados, enfrentan sin control el incremento de productos básicos, debiendo pagar luz, agua, transportes, alimentos, ropa y todo tipo de impuestos sin apoyo alguno.
Es por ello que los “paros técnicos” esconden el desempleo al no formar parte de estas cifras y permiten que con la sola firma de dos personas: el secretario general del sindicato y del patrón, sea suficiente para su aprobación. Está forma expedita de aprobarlos permite abusos y violaciones graves a los derechos humanos que no deben seguirse solapando.
* Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Integrante del Consejo Directivo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
Los “paros técnicos” se han convertido en el instrumento cada vez más socorrido de los empresarios para reducir, suspender o congelar incrementos salariales por tiempo indefinido.
En la mayor parte del país se están suscribiendo convenios, la mayoría sin conocimiento de los trabajadores, por medio de sindicatos patronales en los que se justifica la paralización de labores y afectaciones salariales.
Las industrias de exportación, maquiladoras, el sector automotriz y de autopartes, donde la mayor fuerza laboral está representada por mujeres, con 60%, la paralización está produciendo un gran impacto social.
Hay “paros técnicos” que ni siquiera son formalizados ante ninguna autoridad laboral. Simplemente se avisa a los trabajadores que ya no hay producción y se les pide regresar en tres o cuatro semanas, pero sin pago de salario alguno.
Tampoco se les entrega constancia y, cuando regresan, se les avisa que están despedidos por “ausencias”, o en algunos casos se llevan la sorpresa de que su fuente de trabajo ha desaparecido.
La legislación mexicana no obliga a asegurar, mediante una fianza, se cubran indemnizaciones en caso que los patrones desaparezcan de la noche a la mañana.
Además, el gobierno se hace el desentendido en estos casos y los accionistas, prestanombres por lo general, proporcionan domicilios inexistentes y sus aportaciones son mínimas, lo que permite eludir adeudos laborales.
Estas acciones fraudulentas en contra de los trabajadores ni siquiera están sancionadas en la legislación penal, lo que permite prevalezca la impunidad en la fuga de empresas.
El fenómeno de los “paros técnicos” ha sido justificado hasta por el propio presidente Felipe Calderón, quien lo ha concebido como un medio para proteger a la industria nacional y el empleo (en ese orden).
El pasado 19 de enero, invitó a las empresas en problemas para que recurran a “paros técnicos” con el fin de reducir sus operaciones o detenerlas sin necesidad de despedir su plantilla laboral.
Ante el fenómeno de los “paros técnicos”, Calderón manifestó que el gobierno federal destinará “2 mil millones de pesos para apoyar a esas compañías y, más que ello, a los empleados, pues aportará una cantidad para cada uno de ellos, la empresa otra, y quizá la persona en lugar de verse despedida sólo vea reducido su ingreso temporalmente”.
Calderón Hinojosa dijo que la aportación federal está destinada a “proteger medio millón de empleos en industrias sensibles como la exportación”.
La pretendida aportación gubernamental es una verdadera burla, ya que representaría 4 mil pesos por trabajador afectado, cantidad que además tendría que ser compartida con los empresarios en paro, conforme al plan anunciado.
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ha reconocido que en los estados fronterizos con importante presencia de maquiladoras --Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas-- son más de 50 mil los trabajadores en “paro técnico” sin que se tenga noticia de alguna “ayuda” gubernamental hacia ellos.
Por ello, la violación a los derechos humanos laborales en las maquiladoras que continúan abiertas es creciente. Los trabajadores sufren de constantes agresiones en su integridad física y moral, además de ver menguadas sus garantías laborales ante la negativa e indiferencia de los gobiernos estatales y del federal para intervenir.
A los patrones maquiladores no se les quiere presionar de ninguna manera porque, según ellos, ahuyentarían las inversiones del país, no importando el maltrato a los trabajadores mexicanos.
Las inspecciones, cuando escasamente se realizan, son una simulación. Ello permite a los maquiladores amenazar constantemente a los trabajadores obligándoles a prolongar jornadas sin pago de horas extra e imponiendo reducción en los salarios y prestaciones. Además la sobrecarga de trabajo produce constantes accidentes sin que haya medidas para evitarlos.
A las mujeres se les condiciona el trabajo con la prueba de embarazo y se les exige verificar su periodo menstrual para asegurarse que no están embarazadas. A las madres solteras, generalmente, se les exige mayor producción y prolongación de su jornada con bajos salarios para conservar su empleo.
El hostigamiento sexual es una constante y no existe aún autoridad ni legislación eficiente que detenga estas agresiones.
Y aquellas que reclaman violaciones a sus derechos humanos y laborales, son echadas a la calle y pasan a formar parte de las “listas negras” que les impide lograr un empleo en la región.
Este tipo de empresarios de la maquila, en cambio, recibe todo tipo de prebendas gubernamentales: se les exenta del pago de impuesto predial, agua, alumbrado, servicios de drenaje y servicios de vigilancia, mientras que los afectados de esta crisis, los asalariados, enfrentan sin control el incremento de productos básicos, debiendo pagar luz, agua, transportes, alimentos, ropa y todo tipo de impuestos sin apoyo alguno.
Es por ello que los “paros técnicos” esconden el desempleo al no formar parte de estas cifras y permiten que con la sola firma de dos personas: el secretario general del sindicato y del patrón, sea suficiente para su aprobación. Está forma expedita de aprobarlos permite abusos y violaciones graves a los derechos humanos que no deben seguirse solapando.
* Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Integrante del Consejo Directivo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
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