John Saxe-Fernández
Desde hace años las concepciones del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) de EU sobre los problemas primarios de “seguridad nacional” en México, el Caribe y América Latina se centran de manera exclusiva e interesada en los efectos y no en las causas de la “inestabilidad”. No es por miopía conceptual. Tampoco es asunto menor si se recuerda que cuando sus docentes del Colegio de Guerra han señalado que los programas de ajuste estructural del “consenso de Washington” (auspiciados por el Comander-in-Chief desde el Banco Mundial –BM–, el BID y el FMI) están en la raíz del problema de seguridad nacional en México, se les margina y hasta se les castiga con el cese fulminante de sus cargos.
Y es que su desacato no fue menor: desarticulan y desautorizan las premisas de las hipótesis y justificaciones para las operaciones clandestinas y/o de intervención y ocupación militar, como migración ilegal, narcotráfico y criminalidad. El asunto cobra trascendencia cuando nos enteramos, gracias a datos y análisis ofrecidos por Jorge Luis Sierra, que en las hipótesis de guerra del Pentágono en México se prevén acciones militares “ante la posibilidad de que en los próximos 25 años, el Estado mexicano ‘se derrumbe´, como resultado del embate prolongado y cada vez más intenso del narcotráfico” (El Universal, 24/1/09). Se indica que los escenarios del Comando de Fuerzas Conjuntas del DoD, ubican a México “en el contexto mundial de los estados débiles, cuyo fracaso puede presentar ‘desafíos muy serios’ a los planificadores estratégicos y operacionales de la fuerza militar de EU” (ibid).
Se presentan así amenazas graves a la jurisdicción e integridad territorial mexicana, ya que el DoD utiliza estos argumentos “para planificar el uso de su fuerza en las siguientes décadas, lo que haría evidente que la intervención militar debe estar considerada dentro de los escenarios posibles en la relación EU-México”. En todo esto lo que más llama la atención es el silencio del Pentágono sobre el papel tan activo de EU en el auspicio de las condiciones básicas de esos “juegos de guerra” en los últimos 26 años al impulsar desde el FMI-BM-BID el retiro del Estado mexicano de sectores estratégicos desregulando y desnacionalizando bancos, ferrocarriles, petróleo, electricidad, infraestructura, agricultura, agua, etcétera, y propiciando el desequilibrio sociopolítico por medio de la rigurosa aplicación (con el concurso de sus empleados en Los Pinos, Hacienda y Economía) de un guión basado en una drástica reducción del gasto público; la anulación de subsidios al campo, a los alimentos, al transporte para los sectores populares; la promoción de despidos masivos de burócratas, técnicos y trabajadores de las empresas privatizadas; la desregulación en beneficio de banqueros y comerciantes; la eliminación de límites a ganancias y al capital especulativo; la supresión del control de precios, devastando más el ingreso familiar con los topes salariales; la promoción de la apertura total e indiscriminada a la inversión extranjera y a las mercancías y capitales del exterior, socavando empleo y aparato productivo; el auspicio de los inversionistas foráneos como piedra angular del modelo, instaurando una política cambiaria muy flexible que permite la entrada y salida irrestricta de capitales nacionales y extranjeros, es decir, con “libertad para saquear a un país si en otro hay mayor seguridad o mayores tasas de ganancia” (Ver Arturo Ortiz W., Política económica de México, 1982-1995, Nuestro Tiempo,1994). Hasta hoy EU considera básica la libre oportunidad para especular en bolsas de valores y paraísos fiscales donde se bursatilizan y rematan nuestros activos estratégicos.
Tal es el recetario para la informalidad económica, la criminalidad y el narcotráfico. El Pentágono sabe que el estallido social está en curso y es de largo alcance: sin cambio de rumbo siguen balcanización e incautación del país.
Desde hace años las concepciones del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) de EU sobre los problemas primarios de “seguridad nacional” en México, el Caribe y América Latina se centran de manera exclusiva e interesada en los efectos y no en las causas de la “inestabilidad”. No es por miopía conceptual. Tampoco es asunto menor si se recuerda que cuando sus docentes del Colegio de Guerra han señalado que los programas de ajuste estructural del “consenso de Washington” (auspiciados por el Comander-in-Chief desde el Banco Mundial –BM–, el BID y el FMI) están en la raíz del problema de seguridad nacional en México, se les margina y hasta se les castiga con el cese fulminante de sus cargos.
Y es que su desacato no fue menor: desarticulan y desautorizan las premisas de las hipótesis y justificaciones para las operaciones clandestinas y/o de intervención y ocupación militar, como migración ilegal, narcotráfico y criminalidad. El asunto cobra trascendencia cuando nos enteramos, gracias a datos y análisis ofrecidos por Jorge Luis Sierra, que en las hipótesis de guerra del Pentágono en México se prevén acciones militares “ante la posibilidad de que en los próximos 25 años, el Estado mexicano ‘se derrumbe´, como resultado del embate prolongado y cada vez más intenso del narcotráfico” (El Universal, 24/1/09). Se indica que los escenarios del Comando de Fuerzas Conjuntas del DoD, ubican a México “en el contexto mundial de los estados débiles, cuyo fracaso puede presentar ‘desafíos muy serios’ a los planificadores estratégicos y operacionales de la fuerza militar de EU” (ibid).
Se presentan así amenazas graves a la jurisdicción e integridad territorial mexicana, ya que el DoD utiliza estos argumentos “para planificar el uso de su fuerza en las siguientes décadas, lo que haría evidente que la intervención militar debe estar considerada dentro de los escenarios posibles en la relación EU-México”. En todo esto lo que más llama la atención es el silencio del Pentágono sobre el papel tan activo de EU en el auspicio de las condiciones básicas de esos “juegos de guerra” en los últimos 26 años al impulsar desde el FMI-BM-BID el retiro del Estado mexicano de sectores estratégicos desregulando y desnacionalizando bancos, ferrocarriles, petróleo, electricidad, infraestructura, agricultura, agua, etcétera, y propiciando el desequilibrio sociopolítico por medio de la rigurosa aplicación (con el concurso de sus empleados en Los Pinos, Hacienda y Economía) de un guión basado en una drástica reducción del gasto público; la anulación de subsidios al campo, a los alimentos, al transporte para los sectores populares; la promoción de despidos masivos de burócratas, técnicos y trabajadores de las empresas privatizadas; la desregulación en beneficio de banqueros y comerciantes; la eliminación de límites a ganancias y al capital especulativo; la supresión del control de precios, devastando más el ingreso familiar con los topes salariales; la promoción de la apertura total e indiscriminada a la inversión extranjera y a las mercancías y capitales del exterior, socavando empleo y aparato productivo; el auspicio de los inversionistas foráneos como piedra angular del modelo, instaurando una política cambiaria muy flexible que permite la entrada y salida irrestricta de capitales nacionales y extranjeros, es decir, con “libertad para saquear a un país si en otro hay mayor seguridad o mayores tasas de ganancia” (Ver Arturo Ortiz W., Política económica de México, 1982-1995, Nuestro Tiempo,1994). Hasta hoy EU considera básica la libre oportunidad para especular en bolsas de valores y paraísos fiscales donde se bursatilizan y rematan nuestros activos estratégicos.
Tal es el recetario para la informalidad económica, la criminalidad y el narcotráfico. El Pentágono sabe que el estallido social está en curso y es de largo alcance: sin cambio de rumbo siguen balcanización e incautación del país.
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