EFE
Un ataque que no dejó víctimas, ocurrido anoche contra la cadena Televisa en Monterrey, norte de México, puso nuevamente al descubierto los riesgos del ejercicio del periodismo en este país, que organizaciones internacionales de profesionales consideran de los más peligrosos en Latinoamérica.
El Grupo Televisa condenó el lanzamiento de una granada de fragmentación y varios disparos contra su sede en la capital de Nuevo León, una acción que se investiga desde el Gobierno federal y tras la cual podría estar el crimen organizado.
Un mensaje intimidatorio dejado por los supuestos agresores y aparentemente dirigido a Televisa fue encontrado por la policía tras los hechos.
"Ya dejen de transmitir nada más a nosotros. También transmitan a los 'narcomandatarios'. Esto es un aviso", indicaba el texto.
Los primeros reportes oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) señalan que alrededor de las 21.00 hora local del martes (3.00 GMT de hoy) un grupo de "personas encapuchadas" atacó "desde un auto en marcha" las instalaciones de Televisa en Monterrey, La acción, parecida a otra ocurrida el pasado 13 de octubre contra el consulado estadounidense en la ciudad con otra granada, que en aquella ocasión no explotó, se saldó con algunos daños materiales pero sin víctimas entre los reporteros y demás personal de Televisa.
La cadena rechazó "la violenta agresión" y expresó su "solidaridad personal y profesional" con los trabajadores en Nuevo León.
El periodista Joaquín López Dóriga, a nombre de Televisa, hizo público el repudio de "absolutamente todos" los trabajadores de la empresa del "el atentado, el acto de violencia, la intimidación, el intento de acallarnos, de acallar la libertad de expresión que no es sólo de los periodistas, es de todos los mexicanos".
Además el informador expresó "la exigencia" del principal grupo de comunicación mexicano a que las autoridades "investiguen, aclaren, detengan y castiguen a los responsables de este atentado".
Autoridades de Nuevo León apoyarán las investigaciones abiertas por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), que pretende "aclarar lo más rápido posible las circunstancias de estos lamentables hechos contra el medio de comunicación".
Esta no es la primera vez que periodistas de Monterrey son agredidos o quedan a merced del crimen organizado.
Los reporteros de TV Azteca Gamaliel López y Gerardo Paredes, con base en la capital de Nuevo León, permanecen desaparecidos desde el 10 de mayo de 2007, un caso que investigan las autoridades del estado.
Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), en ese caso la desaparición de los informadores podría "no guarda relación a su ejercicio periodístico".
Este organismo, en un reciente informe difundido el pasado diciembre, señaló que en México el crimen organizado está tras el 16 por ciento de las agresiones contra periodistas.
En su informe anual 2008 Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró una "hecatombe" la situación de la prensa en México, donde cuatro periodistas perdieron la vida a consecuencia de su trabajo y cinco fueron secuestrados el pasado año.
En el país, según la organización, diez medios fueron censurados el pasado y muchos otros comienzan a aplicar esquemas de autocensura para tratar de prevenir actos de violencia contra sus informadores.
A fines de diciembre Balbina Flores, enlace de RSF en México, sostuvo que la autocensura se ha convertido en un "mecanismo de supervivencia para los periodistas" de estados como Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Michoacán, entre otros.
Según Flores, los informadores mexicanos se ven "cada vez más vulnerables y desprotegidos", lo que incluso ha desencadenado el autoexilio de varios de ellos del norte del país.
Con este análisis coinciden el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que tiene contabilizados en este país 9 de los 13 asesinatos de informadores ocurridos en Latinoamérica en 2008.
Un ataque que no dejó víctimas, ocurrido anoche contra la cadena Televisa en Monterrey, norte de México, puso nuevamente al descubierto los riesgos del ejercicio del periodismo en este país, que organizaciones internacionales de profesionales consideran de los más peligrosos en Latinoamérica.
El Grupo Televisa condenó el lanzamiento de una granada de fragmentación y varios disparos contra su sede en la capital de Nuevo León, una acción que se investiga desde el Gobierno federal y tras la cual podría estar el crimen organizado.
Un mensaje intimidatorio dejado por los supuestos agresores y aparentemente dirigido a Televisa fue encontrado por la policía tras los hechos.
"Ya dejen de transmitir nada más a nosotros. También transmitan a los 'narcomandatarios'. Esto es un aviso", indicaba el texto.
Los primeros reportes oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) señalan que alrededor de las 21.00 hora local del martes (3.00 GMT de hoy) un grupo de "personas encapuchadas" atacó "desde un auto en marcha" las instalaciones de Televisa en Monterrey, La acción, parecida a otra ocurrida el pasado 13 de octubre contra el consulado estadounidense en la ciudad con otra granada, que en aquella ocasión no explotó, se saldó con algunos daños materiales pero sin víctimas entre los reporteros y demás personal de Televisa.
La cadena rechazó "la violenta agresión" y expresó su "solidaridad personal y profesional" con los trabajadores en Nuevo León.
El periodista Joaquín López Dóriga, a nombre de Televisa, hizo público el repudio de "absolutamente todos" los trabajadores de la empresa del "el atentado, el acto de violencia, la intimidación, el intento de acallarnos, de acallar la libertad de expresión que no es sólo de los periodistas, es de todos los mexicanos".
Además el informador expresó "la exigencia" del principal grupo de comunicación mexicano a que las autoridades "investiguen, aclaren, detengan y castiguen a los responsables de este atentado".
Autoridades de Nuevo León apoyarán las investigaciones abiertas por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), que pretende "aclarar lo más rápido posible las circunstancias de estos lamentables hechos contra el medio de comunicación".
Esta no es la primera vez que periodistas de Monterrey son agredidos o quedan a merced del crimen organizado.
Los reporteros de TV Azteca Gamaliel López y Gerardo Paredes, con base en la capital de Nuevo León, permanecen desaparecidos desde el 10 de mayo de 2007, un caso que investigan las autoridades del estado.
Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), en ese caso la desaparición de los informadores podría "no guarda relación a su ejercicio periodístico".
Este organismo, en un reciente informe difundido el pasado diciembre, señaló que en México el crimen organizado está tras el 16 por ciento de las agresiones contra periodistas.
En su informe anual 2008 Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró una "hecatombe" la situación de la prensa en México, donde cuatro periodistas perdieron la vida a consecuencia de su trabajo y cinco fueron secuestrados el pasado año.
En el país, según la organización, diez medios fueron censurados el pasado y muchos otros comienzan a aplicar esquemas de autocensura para tratar de prevenir actos de violencia contra sus informadores.
A fines de diciembre Balbina Flores, enlace de RSF en México, sostuvo que la autocensura se ha convertido en un "mecanismo de supervivencia para los periodistas" de estados como Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Michoacán, entre otros.
Según Flores, los informadores mexicanos se ven "cada vez más vulnerables y desprotegidos", lo que incluso ha desencadenado el autoexilio de varios de ellos del norte del país.
Con este análisis coinciden el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que tiene contabilizados en este país 9 de los 13 asesinatos de informadores ocurridos en Latinoamérica en 2008.
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