Apro
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de posponer hasta el segundo semestre de este año el fallo sobre el conflicto político social ocurrido en esta ciudad en 2006, fue pactada con el PRI, según acusó este martes Flavio Sosa Villavicencio.
La intención, según el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), es "proteger a los responsables de los crímenes de lesa humanidad", entre ellos Ulises Ruiz Ortiz, Jorge Franco Vargas y Lizbeth Caña Cadeza.
Sosa Villavicencio consideró que la decisión "es una apuesta electoral de la SCJN, que pretende emitir un juicio cuando los responsables de los crímenes del 2006 cuenten con fuero constitucional; entonces, la apuesta es no molestar al señor Ulises Ruiz hasta después del proceso electoral".
No obstante, el dirigente de la organización "Comuna de Oaxaca" dijo que confía en que la decisión de la Corte pueda ser echada para atrás con la presión del Senado y la Cámara de Diputados, así como por los defensores de los derechos humanos, la sociedad civil y la misma APPO.
Este es el momento de que los diputados federales que resultaron beneficiados con el voto del 2006 asuman su papel, "no sólo en cuestiones declarativas, sino que propongan un punto de acuerdo o se busquen otros mecanismos legales, a fin de exigir a la Corte que emita el fallo sobre el conflicto sociopolítico de 2006 y se castigue a los culpables de los crímenes de lesa humanidad", dijo.
El consejero de la APPO exigió no posponer más el caso, luego de señalar que "al parecer a los magistrados de la Corte no les importa la violación a los derechos humanos, sino sus posiciones acomodaticias y sus prebendas económicas".
Añadió:
"Yo quiero ver a los partidos políticos, como instituciones, qué dicen sobre esta postura: si se someten al gobierno o si responden a los intereses de la sociedad haciendo el reclamo a la Corte para que dé su fallo de manera urgente".
Por lo pronto, adelantó que la APPO exigirá a la SCJN que dé a conocer su informe a la brevedad posible, porque -dijo- no hay resultados sobre los siete desaparecidos, los 26 asesinatos, los 300 casos de tortura cometidos durante las detenciones y otras tantas violaciones a los derechos humanos.
La Corte, insistió, está obligada, moral, política y jurídicamente, a fallar en contra de los violadores de los derechos humanos en Oaxaca, entre los que están involucrados directamente al Estado mexicano y el gobierno del estado.
Sosa Villavicencio manifestó que con esta postura de la Suprema Corte, "que favorece al PRI y concretamente al gobierno de Ulises Ruiz", se ratifica el hecho de que no haya confianza en las instituciones.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de posponer hasta el segundo semestre de este año el fallo sobre el conflicto político social ocurrido en esta ciudad en 2006, fue pactada con el PRI, según acusó este martes Flavio Sosa Villavicencio.
La intención, según el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), es "proteger a los responsables de los crímenes de lesa humanidad", entre ellos Ulises Ruiz Ortiz, Jorge Franco Vargas y Lizbeth Caña Cadeza.
Sosa Villavicencio consideró que la decisión "es una apuesta electoral de la SCJN, que pretende emitir un juicio cuando los responsables de los crímenes del 2006 cuenten con fuero constitucional; entonces, la apuesta es no molestar al señor Ulises Ruiz hasta después del proceso electoral".
No obstante, el dirigente de la organización "Comuna de Oaxaca" dijo que confía en que la decisión de la Corte pueda ser echada para atrás con la presión del Senado y la Cámara de Diputados, así como por los defensores de los derechos humanos, la sociedad civil y la misma APPO.
Este es el momento de que los diputados federales que resultaron beneficiados con el voto del 2006 asuman su papel, "no sólo en cuestiones declarativas, sino que propongan un punto de acuerdo o se busquen otros mecanismos legales, a fin de exigir a la Corte que emita el fallo sobre el conflicto sociopolítico de 2006 y se castigue a los culpables de los crímenes de lesa humanidad", dijo.
El consejero de la APPO exigió no posponer más el caso, luego de señalar que "al parecer a los magistrados de la Corte no les importa la violación a los derechos humanos, sino sus posiciones acomodaticias y sus prebendas económicas".
Añadió:
"Yo quiero ver a los partidos políticos, como instituciones, qué dicen sobre esta postura: si se someten al gobierno o si responden a los intereses de la sociedad haciendo el reclamo a la Corte para que dé su fallo de manera urgente".
Por lo pronto, adelantó que la APPO exigirá a la SCJN que dé a conocer su informe a la brevedad posible, porque -dijo- no hay resultados sobre los siete desaparecidos, los 26 asesinatos, los 300 casos de tortura cometidos durante las detenciones y otras tantas violaciones a los derechos humanos.
La Corte, insistió, está obligada, moral, política y jurídicamente, a fallar en contra de los violadores de los derechos humanos en Oaxaca, entre los que están involucrados directamente al Estado mexicano y el gobierno del estado.
Sosa Villavicencio manifestó que con esta postura de la Suprema Corte, "que favorece al PRI y concretamente al gobierno de Ulises Ruiz", se ratifica el hecho de que no haya confianza en las instituciones.
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