Iván Restrepo
Entre las buenas noticias está la suspensión, a causa de la crisis, del proyecto más ambicioso del sexenio: Punta Colonett, 100 kilómetros al sur de Ensenada. Una inversión de más de 5 mil millones de dólares. En el desierto, frente al mar, se levantaría la terminal portuaria más grande de América Latina, una ciudad de más de 250 mil habitantes, una planta generadora de energía, aeropuerto y una línea ferroviaria con destino a Estados Unidos. Punta Colonett sería punto clave para mover 6 millones de contenedores con mercancía destinada a nuestro vecino y socio comercial. Pero en su planeación se ignoraron los asuntos ambientales. Primero los negocios. Otra buena noticia se relaciona con el petróleo: no hay planes para extraerlo de la selva Lacandona, que alberga una de las reservas naturales más importante del mundo.
Entra las malas, los informes que muestran el derrumbe de un récord mundial establecido por el licenciado Calderón. No fue por dopaje, sino por mala planeación y, dicen algunos, corrupción: el programa Pro Árbol para sembrar cientos de millones de arbolitos. De cada 10 sembrados, apenas sobrevive uno. La autoridad ambiental federal sostiene que es un éxito y que ha favorecido a 4 millones de familias; que, además de árboles, también “se han sembrado conciencias”. Pero ni siquiera una organización empresarial como ProNatura, afín al gobierno, habla de éxito. Sostiene que la falta de una base de datos confiables impide hablar de eficacia en el Pro Árbol. Con éste se busca atacar la desertización, la pobreza rural y la deforestación, asuntos en los que México ocupa uno de los primeros sitios del planeta.
En cuanto a posible corrupción y mala aplicación de los fondos del citado programa, anotemos que el partido de la moral, las buenas costumbres y la honradez brinda ya algunas muestras de mal manejo del dinero público. Un pequeño caso reciente es el dinero del erario que va a parar, vía secretarías de la Reforma Agraria y de Desarrollo Social, a los bolsillos de directivos y empleados del PAN en el Distrito Federal, convertidos por milagro oficial en campesinos.
A la caída de un récord, siempre plagado de dudas, se agrega otro proyecto oficial depredador: la ampliación del puerto de Manzanillo, Colima. Para llevarlo a cabo destruyen 100 hectáreas de manglares y humedales, ecosistemas protegidos por las normas oficiales mexicanas e internacionales.
La respuesta a la oposición de los grupos defensores del ambiente, científicos y grupos políticos y sociales no vino en algún informe de especialistas donde se muestre que no habrá daño a los ecosistemas costeros. Eso ya no se usa: se dio a través de un desplegado en el que los que se beneficiarán con el proyecto se dirigen a la opinión pública para agradecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, y al licenciado Calderón las obras que permitirán convertir a Manzanillo en un edén ambiental y de trabajo. Esto último de gran importancia cuando se conocen las cifras sobre el lamentable destino de las promesas de quien se proclamó presidente del empleo.
Otra mala noticia afecta a los casi 30 millones de habitantes de la cuenca de México. El gas metano y los lixiviados que genera la basura depositada en el Bordo Poniente equivalen a la contaminación proveniente de 500 mil vehículos automotores. Este dato, que todavía la ciudadanía no aquilata en todo lo que significa para la salud pública, marca una nueva etapa en el enfrentamiento político que el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) quiere encender con las autoridades de la capital del país y de los municipios conurbados que depositan diariamente en el Bordo miles de toneladas de basura.
El tiradero debió cerrarse definitivamente el jueves pasado porque (como reconocen las instancias oficiales locales y federales) está sobresaturado y urge otro sitio que cuente con la tecnología y la seguridad para albergar los desechos de hogar que generan más de 10 millones de personas. Se encontrará, pero no bajo la presión de quienes desde el gobierno hacen proselitismo ambiental con la mira puesta en las elecciones de julio próximo.
Entre las buenas noticias está la suspensión, a causa de la crisis, del proyecto más ambicioso del sexenio: Punta Colonett, 100 kilómetros al sur de Ensenada. Una inversión de más de 5 mil millones de dólares. En el desierto, frente al mar, se levantaría la terminal portuaria más grande de América Latina, una ciudad de más de 250 mil habitantes, una planta generadora de energía, aeropuerto y una línea ferroviaria con destino a Estados Unidos. Punta Colonett sería punto clave para mover 6 millones de contenedores con mercancía destinada a nuestro vecino y socio comercial. Pero en su planeación se ignoraron los asuntos ambientales. Primero los negocios. Otra buena noticia se relaciona con el petróleo: no hay planes para extraerlo de la selva Lacandona, que alberga una de las reservas naturales más importante del mundo.
Entra las malas, los informes que muestran el derrumbe de un récord mundial establecido por el licenciado Calderón. No fue por dopaje, sino por mala planeación y, dicen algunos, corrupción: el programa Pro Árbol para sembrar cientos de millones de arbolitos. De cada 10 sembrados, apenas sobrevive uno. La autoridad ambiental federal sostiene que es un éxito y que ha favorecido a 4 millones de familias; que, además de árboles, también “se han sembrado conciencias”. Pero ni siquiera una organización empresarial como ProNatura, afín al gobierno, habla de éxito. Sostiene que la falta de una base de datos confiables impide hablar de eficacia en el Pro Árbol. Con éste se busca atacar la desertización, la pobreza rural y la deforestación, asuntos en los que México ocupa uno de los primeros sitios del planeta.
En cuanto a posible corrupción y mala aplicación de los fondos del citado programa, anotemos que el partido de la moral, las buenas costumbres y la honradez brinda ya algunas muestras de mal manejo del dinero público. Un pequeño caso reciente es el dinero del erario que va a parar, vía secretarías de la Reforma Agraria y de Desarrollo Social, a los bolsillos de directivos y empleados del PAN en el Distrito Federal, convertidos por milagro oficial en campesinos.
A la caída de un récord, siempre plagado de dudas, se agrega otro proyecto oficial depredador: la ampliación del puerto de Manzanillo, Colima. Para llevarlo a cabo destruyen 100 hectáreas de manglares y humedales, ecosistemas protegidos por las normas oficiales mexicanas e internacionales.
La respuesta a la oposición de los grupos defensores del ambiente, científicos y grupos políticos y sociales no vino en algún informe de especialistas donde se muestre que no habrá daño a los ecosistemas costeros. Eso ya no se usa: se dio a través de un desplegado en el que los que se beneficiarán con el proyecto se dirigen a la opinión pública para agradecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, y al licenciado Calderón las obras que permitirán convertir a Manzanillo en un edén ambiental y de trabajo. Esto último de gran importancia cuando se conocen las cifras sobre el lamentable destino de las promesas de quien se proclamó presidente del empleo.
Otra mala noticia afecta a los casi 30 millones de habitantes de la cuenca de México. El gas metano y los lixiviados que genera la basura depositada en el Bordo Poniente equivalen a la contaminación proveniente de 500 mil vehículos automotores. Este dato, que todavía la ciudadanía no aquilata en todo lo que significa para la salud pública, marca una nueva etapa en el enfrentamiento político que el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) quiere encender con las autoridades de la capital del país y de los municipios conurbados que depositan diariamente en el Bordo miles de toneladas de basura.
El tiradero debió cerrarse definitivamente el jueves pasado porque (como reconocen las instancias oficiales locales y federales) está sobresaturado y urge otro sitio que cuente con la tecnología y la seguridad para albergar los desechos de hogar que generan más de 10 millones de personas. Se encontrará, pero no bajo la presión de quienes desde el gobierno hacen proselitismo ambiental con la mira puesta en las elecciones de julio próximo.
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