Mario Di Costanzo
Estoy completamente seguro de que para muchos no fue una sorpresa que dentro de la lista de empresas que participaron en el episodio que se dio el “viernes negro” figuraran empresas como Cemex, Grupo Alfa, Maseca, Bimbo, Comercial Mexicana, Vitro, Cydsa, etcétera: ya que éstas son las firmas a las que tantas veces nos referimos cuando hablamos de monopolios y “elusores” de impuestos.
Y lo refiero porque a nadie sorprende que este grupo de empresarios “nacionalistas” hayan hecho una cosa así, cuando se hace memoria sobre lo acontecido en 1982 y 1995.
Ya en mi colaboración anterior señalé la fragilidad de nuestra legislación financiera en materia de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y regulación, alertando que si algo demuestra la crisis estadunidense es que su marco regulatorio no funciona y esto nos obliga a pensar en algo nuevo, ya que hace menos de dos años estrenamos una “nueva” Ley del Mercado de Valores que fue copia íntegra de la ley del mercado de valores norteamericana.
Lo que sí me resulta sorpresivo es que hasta el momento no se haya cuestionado quién o quiénes, dentro del mismo “gobierno”, propiciaron que se espantara el “rebaño” que tan cómodamente se encontraba comiendo.
Y lo señalo porque estoy convencido de que “la incertidumbre es la madre de la especulación” y, por ello, vale la pena hacer un recuento de hechos que nos permitan entender quién pudo haber espantado al rebaño.
La historia podría iniciar el 25 de julio de este año, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que “como el dólar estaba muy barato” había adquirido ocho mil millones de dólares de las reservas internacionales del Banco de México, ya que tenía que hacer algunos pagos durante los siguientes meses.
Sin embargo, desde entonces se advertía ya que la bomba empezaba a estallar en Estados Unidos: las autoridades habían decidido el rescate de dos de las instituciones financieras más importantes, Fannie Mae y Freddi Mac, y esto claramente tendría graves repercusiones en el mundo, pero también desde esas fechas nuestros funcionarios aseguraban que México estaba “blindado”, que “era una gripa” y bla, bla, bla.
Mientras tanto, el entorno económico internacional y nacional se deterioraba. La actitud triunfalista persistía. Tanto, que el 8 de septiembre la SHCP presentó el Paquete Económico para 2009 proyectando —contra la opinión de muchos especialistas—, que creceríamos 3%, que el precio del petróleo sería de 80 dólares por barril y que el tipo de cambio sería de 10.6 pesos por dólar.
Ese mismo mes, la situación mundial continuó agravándose. En EU se dio la quiebra de Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes de ese país; siguió Merryl Linch y el desastre se desató. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la expectativa de crecimiento mundial de 4.1% a 3.7%. Y pocos días después ya se hablaba de recesión económica en nuestro vecino del norte y principal socio comercial.
Por su parte, nuestras “autoridades” señalaban que el problema “tal vez sería un poco más serio que un catarro” y hacían pensar que en cuanto se aprobara el “gringoproa” todo mejoraría; por lo que decidieron mantener silencio.
No fue sino hasta el 8 de octubre, cuando Andrés Manuel López Obrador lanzó nuevamente una alerta y propuso un plan de emergencia, que las “autoridades” decidieron actuar.
Esa misma noche, a un mes de haber presentado su Programa Económico, y en medio de una debacle mundial, Felipe Calderón anunció su plan “B”; es decir, lanzó el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, anunciando nuevas proyecciones sobre el futuro de la economía mexicana; esta vez menos optimistas, pero igual de inconsistentes.
Señaló, entre otras cosas, que creceríamos 1.8%, que el precio del petróleo sería de 75 dólares por barril y que el tipo de cambio sería de 11.2 pesos por dólar.
Evidentemente, lo tardío de su respuesta, la tibieza de su programa y nuevamente el poco realismo de las proyecciones sobre la economía, así como el descuido del sector externo en su estrategia, se combinaron con los anuncios de una caída de las remesas de dólares que envían los braceros y con la disminución del precio del petróleo ante la recesión mundial, generando una menor credibilidad y una mayor incertidumbre.
Estos factores se combinaron e hicieron explosión y muchas empresas que tenían deudas en dólares decidieron “cubrirse”, iniciándose así una corrida contra el peso, donde tirios y troyanos, algunos con motivos y otros sin ellos, vieron el campo propicio para la especulación, que culminó con la pérdida en menos de cinco días de más de ocho mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales.
Si bien es cierto que estos especuladores deben ser castigados por las violaciones en que hubieran incurrido, también lo es que los funcionarios y las decisiones que tomaron ante los acontecimientos deben ser igualmente investigadas y, en su caso, castigadas, ya que finalmente fue el propio “gobierno” y su decisión de “cubrirse” con los dólares adquiridos, así como sus absurdas reacciones ante la gravedad de los acontecimientos, quien pudo haber espantado al rebaño que tan cómodamente comía.
Esta investigación también, debe hacer pública la situación que guardan los bancos y los gobiernos estatales con respecto a los títulos de deuda que adquirieron de empresas que como Comercial Mexicana, ahora enfrentan graves problemas, ya que se comenta que CEMEX podría ser el siguiente difunto, y que tanto Banamex como Banorte, perdieron millones de dólares.
Por ello digo: tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata.
Estoy completamente seguro de que para muchos no fue una sorpresa que dentro de la lista de empresas que participaron en el episodio que se dio el “viernes negro” figuraran empresas como Cemex, Grupo Alfa, Maseca, Bimbo, Comercial Mexicana, Vitro, Cydsa, etcétera: ya que éstas son las firmas a las que tantas veces nos referimos cuando hablamos de monopolios y “elusores” de impuestos.
Y lo refiero porque a nadie sorprende que este grupo de empresarios “nacionalistas” hayan hecho una cosa así, cuando se hace memoria sobre lo acontecido en 1982 y 1995.
Ya en mi colaboración anterior señalé la fragilidad de nuestra legislación financiera en materia de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y regulación, alertando que si algo demuestra la crisis estadunidense es que su marco regulatorio no funciona y esto nos obliga a pensar en algo nuevo, ya que hace menos de dos años estrenamos una “nueva” Ley del Mercado de Valores que fue copia íntegra de la ley del mercado de valores norteamericana.
Lo que sí me resulta sorpresivo es que hasta el momento no se haya cuestionado quién o quiénes, dentro del mismo “gobierno”, propiciaron que se espantara el “rebaño” que tan cómodamente se encontraba comiendo.
Y lo señalo porque estoy convencido de que “la incertidumbre es la madre de la especulación” y, por ello, vale la pena hacer un recuento de hechos que nos permitan entender quién pudo haber espantado al rebaño.
La historia podría iniciar el 25 de julio de este año, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que “como el dólar estaba muy barato” había adquirido ocho mil millones de dólares de las reservas internacionales del Banco de México, ya que tenía que hacer algunos pagos durante los siguientes meses.
Sin embargo, desde entonces se advertía ya que la bomba empezaba a estallar en Estados Unidos: las autoridades habían decidido el rescate de dos de las instituciones financieras más importantes, Fannie Mae y Freddi Mac, y esto claramente tendría graves repercusiones en el mundo, pero también desde esas fechas nuestros funcionarios aseguraban que México estaba “blindado”, que “era una gripa” y bla, bla, bla.
Mientras tanto, el entorno económico internacional y nacional se deterioraba. La actitud triunfalista persistía. Tanto, que el 8 de septiembre la SHCP presentó el Paquete Económico para 2009 proyectando —contra la opinión de muchos especialistas—, que creceríamos 3%, que el precio del petróleo sería de 80 dólares por barril y que el tipo de cambio sería de 10.6 pesos por dólar.
Ese mismo mes, la situación mundial continuó agravándose. En EU se dio la quiebra de Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes de ese país; siguió Merryl Linch y el desastre se desató. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la expectativa de crecimiento mundial de 4.1% a 3.7%. Y pocos días después ya se hablaba de recesión económica en nuestro vecino del norte y principal socio comercial.
Por su parte, nuestras “autoridades” señalaban que el problema “tal vez sería un poco más serio que un catarro” y hacían pensar que en cuanto se aprobara el “gringoproa” todo mejoraría; por lo que decidieron mantener silencio.
No fue sino hasta el 8 de octubre, cuando Andrés Manuel López Obrador lanzó nuevamente una alerta y propuso un plan de emergencia, que las “autoridades” decidieron actuar.
Esa misma noche, a un mes de haber presentado su Programa Económico, y en medio de una debacle mundial, Felipe Calderón anunció su plan “B”; es decir, lanzó el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, anunciando nuevas proyecciones sobre el futuro de la economía mexicana; esta vez menos optimistas, pero igual de inconsistentes.
Señaló, entre otras cosas, que creceríamos 1.8%, que el precio del petróleo sería de 75 dólares por barril y que el tipo de cambio sería de 11.2 pesos por dólar.
Evidentemente, lo tardío de su respuesta, la tibieza de su programa y nuevamente el poco realismo de las proyecciones sobre la economía, así como el descuido del sector externo en su estrategia, se combinaron con los anuncios de una caída de las remesas de dólares que envían los braceros y con la disminución del precio del petróleo ante la recesión mundial, generando una menor credibilidad y una mayor incertidumbre.
Estos factores se combinaron e hicieron explosión y muchas empresas que tenían deudas en dólares decidieron “cubrirse”, iniciándose así una corrida contra el peso, donde tirios y troyanos, algunos con motivos y otros sin ellos, vieron el campo propicio para la especulación, que culminó con la pérdida en menos de cinco días de más de ocho mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales.
Si bien es cierto que estos especuladores deben ser castigados por las violaciones en que hubieran incurrido, también lo es que los funcionarios y las decisiones que tomaron ante los acontecimientos deben ser igualmente investigadas y, en su caso, castigadas, ya que finalmente fue el propio “gobierno” y su decisión de “cubrirse” con los dólares adquiridos, así como sus absurdas reacciones ante la gravedad de los acontecimientos, quien pudo haber espantado al rebaño que tan cómodamente comía.
Esta investigación también, debe hacer pública la situación que guardan los bancos y los gobiernos estatales con respecto a los títulos de deuda que adquirieron de empresas que como Comercial Mexicana, ahora enfrentan graves problemas, ya que se comenta que CEMEX podría ser el siguiente difunto, y que tanto Banamex como Banorte, perdieron millones de dólares.
Por ello digo: tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata.
Comentarios