Álvaro Cepeda Neri
Las administraciones de los poderes ejecutivos, en los tres niveles de gobierno, sin importar de qué partido sean, le sacan la vuelta –con 1 mil y una marrullerías– al derecho a la información. Han hecho de las partidas presupuestales para la publicidad oficial una de sus armas más poderosas para censurar a los medios de comunicación, sobre todo escritos, que a la veracidad de su información suman el análisis, la crítica y ponen a disposición de la opinión pública cuantos elementos encuentran para exhibir actos y omisiones, tanto de esos poderes ejecutivos, como de los legislativos y judiciales del estado federal.
Los caciques-gobernadores controlan a los medios de comunicación a través de la publicidad, llevando una lista negra de los que informan –lo que esos gobiernos quieren ocultar– y mantienen la libertad de expresión para cuestionar los abusos y complicidades de los funcionarios. No se diga el gobierno federal, como hace hoy el calderonismo, con su presidencialismo televisivo y radiofónico, mientras desprecia y combate a la prensa escrita que no cede a las pretensiones ordenadas por Juan Camilo Mouriño y Maximiliano Cortázar.
Usan la partida para publicidad –que es dinero del pueblo– como soborno con los medios impresos que hacen caso omiso del presidencialismo calderonista, pasando por alto los actos que merecen la crítica del inquilino de Los Pinos o del grupo compacto: Mouriño, Nava (el nuevo teórico del hilo negro de la separación de poderes), Germán Martínez y otros connotados amigos del “señor presidente”.
Empero, es urgente que diputados y senadores legislen sobre el destino de esos cientos de millones de pesos que distribuyen a su antojo para favorecer a las televisoras y sus radiodifusoras, discriminando al resto de los medios de comunicación según el criterio de Gobernación.
Al negar publicidad a la prensa crítica, que realiza periodismo de investigación por medio de sus reporteros y lo que se puede obtener de las peticiones a través del derecho a la información, el calderonismo establece la previa censura con una inquisición administrativa, violando la libertad de escribir y publicar, y pisoteando los artículos 6 y 7 constitucionales.
Mientras, dar a unos medios de comunicación –por favoritismo o por necesidad, como es el caso de las televisoras, para la difusión de lo que quieren informar a la población y por miedo al aumento del golpismo del duopolio mediático– es una manipulación.
Hay casos de la prensa escrita a la que Mouriño y Cortázar niegan publicidad oficial, con base en que informan sin cortapisas y critican a los servidores públicos. Como no pueden cambiar el criterio independiente de esos informativos les niegan publicidad para hacer que se rindan, o al quebrar económicamente tengan que cerrar sus modestas empresas.
Las democracias republicanas necesitan una prensa escrita con plenas libertades constitucionales y para ello las partidas de publicidad han de distribuirse conforme a la presencia de su circulación. Para esto se requiere, como imperativo legal, la legislación sobre difusión de las obras y hechos de los poderes públicos, a través de un órgano con autonomía y colegiado, que vigile esa distribución de la publicidad. De lo contrario, continuará la censura previa gubernamental contra la prensa que lleva hasta sus últimas consecuencias su tarea como contrapoder.
Fuente: Contralínea
Las administraciones de los poderes ejecutivos, en los tres niveles de gobierno, sin importar de qué partido sean, le sacan la vuelta –con 1 mil y una marrullerías– al derecho a la información. Han hecho de las partidas presupuestales para la publicidad oficial una de sus armas más poderosas para censurar a los medios de comunicación, sobre todo escritos, que a la veracidad de su información suman el análisis, la crítica y ponen a disposición de la opinión pública cuantos elementos encuentran para exhibir actos y omisiones, tanto de esos poderes ejecutivos, como de los legislativos y judiciales del estado federal.
Los caciques-gobernadores controlan a los medios de comunicación a través de la publicidad, llevando una lista negra de los que informan –lo que esos gobiernos quieren ocultar– y mantienen la libertad de expresión para cuestionar los abusos y complicidades de los funcionarios. No se diga el gobierno federal, como hace hoy el calderonismo, con su presidencialismo televisivo y radiofónico, mientras desprecia y combate a la prensa escrita que no cede a las pretensiones ordenadas por Juan Camilo Mouriño y Maximiliano Cortázar.
Usan la partida para publicidad –que es dinero del pueblo– como soborno con los medios impresos que hacen caso omiso del presidencialismo calderonista, pasando por alto los actos que merecen la crítica del inquilino de Los Pinos o del grupo compacto: Mouriño, Nava (el nuevo teórico del hilo negro de la separación de poderes), Germán Martínez y otros connotados amigos del “señor presidente”.
Empero, es urgente que diputados y senadores legislen sobre el destino de esos cientos de millones de pesos que distribuyen a su antojo para favorecer a las televisoras y sus radiodifusoras, discriminando al resto de los medios de comunicación según el criterio de Gobernación.
Al negar publicidad a la prensa crítica, que realiza periodismo de investigación por medio de sus reporteros y lo que se puede obtener de las peticiones a través del derecho a la información, el calderonismo establece la previa censura con una inquisición administrativa, violando la libertad de escribir y publicar, y pisoteando los artículos 6 y 7 constitucionales.
Mientras, dar a unos medios de comunicación –por favoritismo o por necesidad, como es el caso de las televisoras, para la difusión de lo que quieren informar a la población y por miedo al aumento del golpismo del duopolio mediático– es una manipulación.
Hay casos de la prensa escrita a la que Mouriño y Cortázar niegan publicidad oficial, con base en que informan sin cortapisas y critican a los servidores públicos. Como no pueden cambiar el criterio independiente de esos informativos les niegan publicidad para hacer que se rindan, o al quebrar económicamente tengan que cerrar sus modestas empresas.
Las democracias republicanas necesitan una prensa escrita con plenas libertades constitucionales y para ello las partidas de publicidad han de distribuirse conforme a la presencia de su circulación. Para esto se requiere, como imperativo legal, la legislación sobre difusión de las obras y hechos de los poderes públicos, a través de un órgano con autonomía y colegiado, que vigile esa distribución de la publicidad. De lo contrario, continuará la censura previa gubernamental contra la prensa que lleva hasta sus últimas consecuencias su tarea como contrapoder.
Fuente: Contralínea
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