Por: Guido Proaño A.
Se abre una nueva etapa en la vida política del país Ecuador. Durante años nuestro pueblo ha pugnado por cambiar las cosas en esta sociedad que no le entrega otra opción que la resignación ante la pobreza, o al menos en ese estado anímico ha querido sumirlo las clases dominantes. Mas, con la aprobación de la nueva Constitución, el inevitable cambio despeja caminos y la esperanza se apodera de millones de ecuatorianos.
No ha sido fácil llegar a donde estamos, el triunfo electoral del 28 de septiembre fue uno más de los tantos combates que nuestro pueblo ha librado en estas décadas en contra de la explotación oligárquica y la dependencia extranjera. No es posible, y menos aún correcto, desligar el proceso político vivido los años precedentes –en el que las fuerzas populares han cumplido un papel dinámico y dinamizador- de lo que ahora está aconteciendo. Basta hacer memoria para constatar que muchos de los planteamientos contenidos en la nueva Constitución motivaron acciones y movilizaciones populares de diversa índole en todos estos años. No nos esforzamos en resumirlos ahora, porque el olvido u omisión de algunos sería injusto con el esfuerzo de sus actores y el valor que encierran y su contribución para los resultados actuales. Así es la dialéctica.
El resultado es que el pueblo ha conquistado una Constitución que puede preciarse por su contenido progresista. Como tal, no es más que un instrumento jurídico-político que define la naturaleza y características de lo que se aspira sea en Ecuador; marca pautas importantes, trascendentes, por ello la intensidad de la confrontación político-social que ha experimentado el país, y lo continuará haciendo.
Por lo tanto el cambio en sí aún no ha sido conquistado, tomando prestada una expresión popular bastante utilizada podemos afirmar que lo más difícil está por venir. Y así es porque ni la derecha se encuentra aniquilada como para pensar que por ese lado no habrá contradictores, ni existe compromiso pleno con el contenido total de la nueva Constitución en algunos funcionarios gubernamentales, como se observa en el tema de la gratuidad de la educación superior, cuya aplicación pretende ser interpretada por funcionarios de SEMPLADES y no aplicada tal como la actual norma manda: "La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive".
Como ese pueden producirse nuevos intentos de "interpretación" que, por el lado que se lo mire, podrían escamotear o al menos disminuir el alcance de algunas conquistas sociales. Ese es un escollo que habrá que superar, pero talvez el más difícil vendrá de mano del obligado proceso de reformulación de normas legales en temas como el minero, petrolero, educativo, laboral, etc. que habrá de ponerlas en correspondencia con los principios que la nueva Carta Magna establece. De hecho, esto reavivará la confrontación político-social cuando los sectores oligárquicos busquen una y mil formas para impedir que dichas normas legales correspondan a lo que dice la Constitución, y los sectores populares –por su lado- combatan tal pretensión y pugnen por cristalizar el cambio.
El país tiene una nueva Constitución, el gobierno tiene un instrumento para construir un nuevo Ecuador, pero solo el movimiento popular tiene la fuerza para su materialización. Con la nueva Constitución el enseñoramiento neoliberal ha recibido un golpe mortal, pero no podemos perder de vista que el poder aún está en manos de la burguesía.
Se abre una nueva etapa en la vida política del país Ecuador. Durante años nuestro pueblo ha pugnado por cambiar las cosas en esta sociedad que no le entrega otra opción que la resignación ante la pobreza, o al menos en ese estado anímico ha querido sumirlo las clases dominantes. Mas, con la aprobación de la nueva Constitución, el inevitable cambio despeja caminos y la esperanza se apodera de millones de ecuatorianos.
No ha sido fácil llegar a donde estamos, el triunfo electoral del 28 de septiembre fue uno más de los tantos combates que nuestro pueblo ha librado en estas décadas en contra de la explotación oligárquica y la dependencia extranjera. No es posible, y menos aún correcto, desligar el proceso político vivido los años precedentes –en el que las fuerzas populares han cumplido un papel dinámico y dinamizador- de lo que ahora está aconteciendo. Basta hacer memoria para constatar que muchos de los planteamientos contenidos en la nueva Constitución motivaron acciones y movilizaciones populares de diversa índole en todos estos años. No nos esforzamos en resumirlos ahora, porque el olvido u omisión de algunos sería injusto con el esfuerzo de sus actores y el valor que encierran y su contribución para los resultados actuales. Así es la dialéctica.
El resultado es que el pueblo ha conquistado una Constitución que puede preciarse por su contenido progresista. Como tal, no es más que un instrumento jurídico-político que define la naturaleza y características de lo que se aspira sea en Ecuador; marca pautas importantes, trascendentes, por ello la intensidad de la confrontación político-social que ha experimentado el país, y lo continuará haciendo.
Por lo tanto el cambio en sí aún no ha sido conquistado, tomando prestada una expresión popular bastante utilizada podemos afirmar que lo más difícil está por venir. Y así es porque ni la derecha se encuentra aniquilada como para pensar que por ese lado no habrá contradictores, ni existe compromiso pleno con el contenido total de la nueva Constitución en algunos funcionarios gubernamentales, como se observa en el tema de la gratuidad de la educación superior, cuya aplicación pretende ser interpretada por funcionarios de SEMPLADES y no aplicada tal como la actual norma manda: "La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive".
Como ese pueden producirse nuevos intentos de "interpretación" que, por el lado que se lo mire, podrían escamotear o al menos disminuir el alcance de algunas conquistas sociales. Ese es un escollo que habrá que superar, pero talvez el más difícil vendrá de mano del obligado proceso de reformulación de normas legales en temas como el minero, petrolero, educativo, laboral, etc. que habrá de ponerlas en correspondencia con los principios que la nueva Carta Magna establece. De hecho, esto reavivará la confrontación político-social cuando los sectores oligárquicos busquen una y mil formas para impedir que dichas normas legales correspondan a lo que dice la Constitución, y los sectores populares –por su lado- combatan tal pretensión y pugnen por cristalizar el cambio.
El país tiene una nueva Constitución, el gobierno tiene un instrumento para construir un nuevo Ecuador, pero solo el movimiento popular tiene la fuerza para su materialización. Con la nueva Constitución el enseñoramiento neoliberal ha recibido un golpe mortal, pero no podemos perder de vista que el poder aún está en manos de la burguesía.
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