Por: Guido Proaño A. / Periódico Opción
¿Es incompatible la movilización popular frente a un gobierno democrático? No, categóricamente sostenemos que no es incompatible. La interrogante surge a propósito de la respuesta dada por el gobierno a la jornada nacional de protesta desarrollada por los estudiantes secundarios el pasado 16 de octubre. La FESE se movilizó en contra de la pretensión de los transportistas de elevar las tarifas de transporte y para que definitivamente se cumpla con la entrega del carné estudiantil; Rafael Correa y su Ministro de Educación, Raúl Vallejo, respondieron con el pedido de expulsión de sus colegios a 25 estudiantes, entre los que constan el secretario nacional y el presidente provincial de la FESE.
El trato dado por las autoridades gubernamentales no está en correspondencia con la naturaleza del gobierno. No sorprende esa conducta en el caso del Ministro de Educación, quien aparece postizo en una administración que reivindica su condición de antítesis de regímenes controlados por los tradicionales partidos oligárquicos, de los que la Izquierda Democrática fue uno de los artífices y a cuya agrupación responde el ministro en mención; pero sí debe llamar la atención que Correa actúe de esa manera.
El carácter democrático de un gobierno se manifiesta tanto por el contenido de su propuesta y acción programática, como por las prácticas políticas ejercidas para su materialización, entre las que el grado de participación popular dice mucho. Justificados en la carcomida democracia representativa burguesa, todos los gobiernos precedentes han dicho actuar en nombre de; pero el pueblo ya no quiere más esos bárbaros tutelajes, aspira a ser actor directo de los procesos políticos.
Sin embargo, esa participación político - social no puede limitarse a dar el aval a una gestión gubernamental –por buena que sea-, en un ejercicio que no deja de ser pasivo cuando está reducido a la acción de escuchar un informe de lo que se hace "desde arriba". Un actor social es tal cuando tiene propuestas, las pone a consideración del resto, las defiende y pelea por su aplicación al considerarlas justas, y ese papel quieren cumplir los estudiantes secundarios, al igual que lo hacen quienes proponen mecanismos para ejecutar la gratuidad de la educación o quienes mantienen puntos de vista respecto del proceso de extracción minera en el país.
Negar el derecho de los pueblos del Ecuador a la expresión abierta, a la movilización callejera por sus necesidades es lanzar tierra sobre todo lo que se ha dicho y hecho en estos meses para dejar atrás el viejo país, en el que la protesta era considerada poco menos que un acto delictivo. Condenar a los sectores populares que exigen ser atendidos en sus aspiraciones es contrariar los principios democráticos y progresistas sobre los que se levanta el actual gobierno.
Correa se ha equivocado al responder con represión una acción estudiantil que puso como blanco a los monopolistas del transporte, identificados plenamente con una fuerza abiertamente opositora al gobierno: el socialcristianismo. ¿Actúa así por convicción o por euforia momentánea? Es él quien debe responder. En todo caso, advertimos, en contraparte, madurez en los dirigentes estudiantiles que reivindican ser parte del proyecto político democrático, progresista y de izquierda que sostiene al actual gobierno, y rechazaron toda pretensión de la prensa oligárquica por mostrar la protesta como expresión de oposición al gobierno o manifestación de ruptura al interior de las fuerzas que apoyan la gestión gubernamental.
Tener un pueblo movilizado por la ejecución real del programa de transformaciones ofertado por el gobierno o por los postulados contenidos en la nueva Constitución no solo que fortalece al mismo gobierno, porque le impide alejarse de su origen y de su razón de ser, sino que también alerta a la derecha sobre en dónde radica la fortaleza del proyecto político. No hay por qué tener miedo a la movilización popular, debe apoyarse en ella para golpear a los enemigos del cambio. No queremos creer que Rafael Correa haya olvidado todo lo que el pueblo ha conquistado precisamente con su movilización.
¿Es incompatible la movilización popular frente a un gobierno democrático? No, categóricamente sostenemos que no es incompatible. La interrogante surge a propósito de la respuesta dada por el gobierno a la jornada nacional de protesta desarrollada por los estudiantes secundarios el pasado 16 de octubre. La FESE se movilizó en contra de la pretensión de los transportistas de elevar las tarifas de transporte y para que definitivamente se cumpla con la entrega del carné estudiantil; Rafael Correa y su Ministro de Educación, Raúl Vallejo, respondieron con el pedido de expulsión de sus colegios a 25 estudiantes, entre los que constan el secretario nacional y el presidente provincial de la FESE.
El trato dado por las autoridades gubernamentales no está en correspondencia con la naturaleza del gobierno. No sorprende esa conducta en el caso del Ministro de Educación, quien aparece postizo en una administración que reivindica su condición de antítesis de regímenes controlados por los tradicionales partidos oligárquicos, de los que la Izquierda Democrática fue uno de los artífices y a cuya agrupación responde el ministro en mención; pero sí debe llamar la atención que Correa actúe de esa manera.
El carácter democrático de un gobierno se manifiesta tanto por el contenido de su propuesta y acción programática, como por las prácticas políticas ejercidas para su materialización, entre las que el grado de participación popular dice mucho. Justificados en la carcomida democracia representativa burguesa, todos los gobiernos precedentes han dicho actuar en nombre de; pero el pueblo ya no quiere más esos bárbaros tutelajes, aspira a ser actor directo de los procesos políticos.
Sin embargo, esa participación político - social no puede limitarse a dar el aval a una gestión gubernamental –por buena que sea-, en un ejercicio que no deja de ser pasivo cuando está reducido a la acción de escuchar un informe de lo que se hace "desde arriba". Un actor social es tal cuando tiene propuestas, las pone a consideración del resto, las defiende y pelea por su aplicación al considerarlas justas, y ese papel quieren cumplir los estudiantes secundarios, al igual que lo hacen quienes proponen mecanismos para ejecutar la gratuidad de la educación o quienes mantienen puntos de vista respecto del proceso de extracción minera en el país.
Negar el derecho de los pueblos del Ecuador a la expresión abierta, a la movilización callejera por sus necesidades es lanzar tierra sobre todo lo que se ha dicho y hecho en estos meses para dejar atrás el viejo país, en el que la protesta era considerada poco menos que un acto delictivo. Condenar a los sectores populares que exigen ser atendidos en sus aspiraciones es contrariar los principios democráticos y progresistas sobre los que se levanta el actual gobierno.
Correa se ha equivocado al responder con represión una acción estudiantil que puso como blanco a los monopolistas del transporte, identificados plenamente con una fuerza abiertamente opositora al gobierno: el socialcristianismo. ¿Actúa así por convicción o por euforia momentánea? Es él quien debe responder. En todo caso, advertimos, en contraparte, madurez en los dirigentes estudiantiles que reivindican ser parte del proyecto político democrático, progresista y de izquierda que sostiene al actual gobierno, y rechazaron toda pretensión de la prensa oligárquica por mostrar la protesta como expresión de oposición al gobierno o manifestación de ruptura al interior de las fuerzas que apoyan la gestión gubernamental.
Tener un pueblo movilizado por la ejecución real del programa de transformaciones ofertado por el gobierno o por los postulados contenidos en la nueva Constitución no solo que fortalece al mismo gobierno, porque le impide alejarse de su origen y de su razón de ser, sino que también alerta a la derecha sobre en dónde radica la fortaleza del proyecto político. No hay por qué tener miedo a la movilización popular, debe apoyarse en ella para golpear a los enemigos del cambio. No queremos creer que Rafael Correa haya olvidado todo lo que el pueblo ha conquistado precisamente con su movilización.
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