Con 12 votos a favor, las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional, que excluye la privatización de la industria petrolera.
El dictamen fue avalado con los votos del PRI, el PAN y el PVEM, mientras que los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia indicaron que sufragarán cuando estén listos los siete dictámenes de la reforma energética.
Se trata del quinto dictamen, de un total de siete, que aprueban las comisiones y que elimina la posibilidad de que capital privado participe en áreas estratégicas del sector, como en la refinación y la construcción de ductos y plantas de almacenamiento.
La propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de crear organismos filiales de Pemex fue retirada del dictamen, que establece salvaguardas para impedir el otorgamiento de concesiones o la celebración de contratos de riesgo, como establece la Constitución.
Petróleos Mexicanos (Pemex) podrá suscribir contratos de obras o de prestación de servicios con personas físicas o morales, y el pago será siempre en efectivo sin conceder derechos sobre la propiedad de los hidrocarburos, señala el dictamen.
También estarán prohibidos los contratos que comprometan porcentajes de la producción o de las utilidades de la paraestatal, ni se incluyen derechos de preferencia o de producción compartida, denominados contratos de riesgo.
Así, corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que estén en territorio nacional, incluidas la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente en mantos o yacimientos.
También se aprobó que Pemex no se someta a la jurisdicción de tribunales foráneos en contratos de obras y servicios brindados en el país por empresas extranjeras, aunque se reconocen arbitrajes basados en convenios internacionales suscritos por México.
Corresponderá a la Comisión Nacional de Hidrocarburos regular y supervisar la exploración y explotación petrolera, así como emitir las disposiciones y normas técnicas a que se sujetarán dichas actividades, indica el documento.
Las comisiones del Senado clasificaron como de utilidad pública la construcción de ductos y de plantas de almacenamiento, aunque el sector privado puede participar en el servicio de transporte y distribución de gas por medio de tuberías.
El dictamen regula la participación de terceros en el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas, e incluye sanciones hasta de un millón 500 mil salarios mínimos a los permisionarios que violen la legislación.
Los senadores fijaron multas de 10 mil a un millón de salarios mínimos a quienes no respeten el precio o no entreguen la cantidad y calidad exacta de gas, de productos refinados del petróleo, como la gasolina y el diesel, y de petroquímicos básicos contratados.
En la reunión, el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida Ochoa, destacó la disposición de los senadores del PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD de establecer acuerdos para sacar adelante el proyecto.
Los integrantes de las comisiones ahora analizan los dictámenes relacionados con las leyes Orgánica de Petróleos Mexicanos, de Energías Renovables y para el Financiamiento de la Transición Energética.
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El dictamen fue avalado con los votos del PRI, el PAN y el PVEM, mientras que los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia indicaron que sufragarán cuando estén listos los siete dictámenes de la reforma energética.
Se trata del quinto dictamen, de un total de siete, que aprueban las comisiones y que elimina la posibilidad de que capital privado participe en áreas estratégicas del sector, como en la refinación y la construcción de ductos y plantas de almacenamiento.
La propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de crear organismos filiales de Pemex fue retirada del dictamen, que establece salvaguardas para impedir el otorgamiento de concesiones o la celebración de contratos de riesgo, como establece la Constitución.
Petróleos Mexicanos (Pemex) podrá suscribir contratos de obras o de prestación de servicios con personas físicas o morales, y el pago será siempre en efectivo sin conceder derechos sobre la propiedad de los hidrocarburos, señala el dictamen.
También estarán prohibidos los contratos que comprometan porcentajes de la producción o de las utilidades de la paraestatal, ni se incluyen derechos de preferencia o de producción compartida, denominados contratos de riesgo.
Así, corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que estén en territorio nacional, incluidas la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente en mantos o yacimientos.
También se aprobó que Pemex no se someta a la jurisdicción de tribunales foráneos en contratos de obras y servicios brindados en el país por empresas extranjeras, aunque se reconocen arbitrajes basados en convenios internacionales suscritos por México.
Corresponderá a la Comisión Nacional de Hidrocarburos regular y supervisar la exploración y explotación petrolera, así como emitir las disposiciones y normas técnicas a que se sujetarán dichas actividades, indica el documento.
Las comisiones del Senado clasificaron como de utilidad pública la construcción de ductos y de plantas de almacenamiento, aunque el sector privado puede participar en el servicio de transporte y distribución de gas por medio de tuberías.
El dictamen regula la participación de terceros en el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas, e incluye sanciones hasta de un millón 500 mil salarios mínimos a los permisionarios que violen la legislación.
Los senadores fijaron multas de 10 mil a un millón de salarios mínimos a quienes no respeten el precio o no entreguen la cantidad y calidad exacta de gas, de productos refinados del petróleo, como la gasolina y el diesel, y de petroquímicos básicos contratados.
En la reunión, el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida Ochoa, destacó la disposición de los senadores del PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRD de establecer acuerdos para sacar adelante el proyecto.
Los integrantes de las comisiones ahora analizan los dictámenes relacionados con las leyes Orgánica de Petróleos Mexicanos, de Energías Renovables y para el Financiamiento de la Transición Energética.
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