Sin lugar a dudas, el titulo de esta colaboración describe totalmente al régimen fiscal que opera en el país, pues mientras un selecto grupo de empresarios goza de verdaderos paraísos fiscales, el resto de los contribuyentes es víctima del “largo brazo de la ley” en materia de aplicación y el pago de impuestos.
Señalo lo anterior porque, en días pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el Presupuesto de Gastos Fiscales para 2008 (“presupuesto” que comprende en términos generales lo que el gobierno dejará de recaudar por la existencia de créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales) y en él se observa que, a pesar de que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón en su momento señalaron que con la “reforma fiscal aprobada” —en particular con la aplicación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)—, se acabarían los paraísos fiscales en que tributaban las grandes empresas y cuya existencia les permitía prácticamente no pagar impuestos, la realidad refleja que no fue así.
Se puede observar que por concepto de “consolidación fiscal”, régimen que supuestamente había desaparecido, se dejarán de recaudar 51 mil 794 millones de pesos, y por conceptos relativos a la deducción acelerada de activos, llamada “depreciación acelerada de activos”, se dejarán de recibir otros 42 mil 96 millones.
Es decir, que de acuerdo con la propia dependencia que dirige Agustin Carstens, la existencia de estas dos “facilidades” que utilizan sólo por las grandes empresas le costará al fisco mexicano en el presente año 93 mil 890 millones de pesos.
Cabe destacar que si a lo anterior añadimos la pérdida de recaudación derivada de “otras facilidades administrativas”, dirigidas también a las grandes empresas, se obtiene que “el hoyo fiscal” que provocarán los impuestos no pagados asciende a poco más de 200 mil millones de pesos.
Esta cifra, que por “mera casualidad” es similar a los excedentes petroleros que se generarán durante el presente año, nos podría sonar como una locura… si no supiéramos que, de acuerdo con informes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), diversas empresas identificadas con la guerra sucia desatada contra Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral de 2006 prácticamente no pagaron impuestos el año pasado y, por lo que se observa, tampoco pagarán este año.
Así, por ejemplo, el año pasado CEMEX tuvo ventas por 236 mil 669 millones de pesos, pero pagó impuestos por cuatro mil 796 millones; es decir, 2% de sus ventas, pero también reportó impuestos diferidos por 50 mil 397 millones de pesos: por cada peso que pagó de impuestos, las “leyes fiscales” le permitieron postergar el pago de diez pesos.
O bien el caso de BIMBO, que registró ventas por 72 mil 294 millones de pesos y pagó impuestos por mil 692 millones de pesos; es decir, 2.3% de sus ventas, e impuestos diferidos por mil 318 millones de pesos: por cada peso que pagó, se le permitió diferir 67 centavos.
Aquí convendría que se preguntaran mis estimados lectores, a ustedes, ¿cuánto dinero de los impuestos les ha permitido “diferir” la Secretaria de Hacienda? O bien, ¿acaso les permiten pagar impuestos por el equivalente a 2% de sus salarios o, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, por 2% de sus ventas?
Lo peor de todo es que para la mayoría de los economistas, el impuesto más inequitativo que existe es la inflación, ya que le pega más duro a quien menos tiene, y lo comento porque de acuerdo con el Banco de México el crecimiento de los precios ya es alarmante, por lo que además del IETU, el IDE, el IVA y el impuesto a la gasolina ahora tenemos que pagar el “impuesto inflacionario”.
Por eso digo que, a mis amigos, justicia y gracia; y a los demás, la ley a secas.
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