Mario Di Costanzo Armenta
Sin lugar a dudas, a los problemas de inconstitucionalidad, ineficiencia, ineficacia, pérdida de soberanía y seguridad nacional que se observan en la propuesta de reforma petrolera de Felipe Calderón, se debe añadir un elemento, que es y será determinante en el sentir de la gente.
Me refiero a la falta de credibilidad en el gobierno, sobre todo cuando en este contexto se añade la palabra “privatización”.
Señalo lo anterior porque, al mes de diciembre de 2007 la deuda total del sector público se ubicó en 3.5 billones de pesos, de los cuales 45%, es decir, 1.6 billones, corresponde a conceptos que están directamente ligados con privatizaciones, como son el rescate bancario y el carretero, sin olvidar los pidiregas, que han sido al final de cuentas intentos ilegales y poco transparentes de promover la inversión privada en el sector energético.
Así, de los 33 mil pesos que cada mexicano ya debe al nacer, poco más de 15 mil son producto de privatizaciones. Y a esto hay que añadir que pese a esta deuda enfrentamos bancos que cobran altas comisiones y elevadas tasas de interés, carreteras costosas y en mal estado, y por si fuera poco, elevadas tarifas de energía eléctrica y una gasolina cara.
De esta manera, para los mexicanos las privatizaciones están asociadas directamente con las palabras “rescate”, “falta de transparencia”, “corrupción” y “deuda”.
Luego entonces, resulta absurdo que ahora se pretenda resolver el grave problema que enfrenta el sector petrolero utilizando como herramienta principal a la “privatización” o la “inversión privada extranjera”.
Pero, la propuesta se convierte en un disparate si por un lado se reconoce que gran parte del problema que enfrenta Pemex es fiscal y presupuestario, cuando al mismo tiempo se debe aceptar que ha sido con dinero del presupuesto y proveniente del petróleo con el que se han llevado a cabo los costosos rescates, producto precisamente del fracaso de las privatizaciones.
Así, por ejemplo, mientras en los últimos ocho años se han destinado poco más de 280 mil millones de pesos sólo para cubrir los intereses de la deuda generada por el rescate bancario, Pemex ha contado en el mismo periodo con recursos para inversión por 186 mil millones de pesos (cabe señalar que esta diferencia acumulada representa el costo de 10 refinerías).
Lo grave de esta situación es que ha sido el PRI el “padre” de estas privatizaciones y rescates, en tanto que el PAN se ha convertido en la “madre” de las mismas al rehusarse permanentemente a investigar y esclarecer todas las ilegalidades y corrupción que se observadas en ellas.
Esto acentúa el problema de credibilidad pues con Calderón lejos de dar muestras de transparencia y probidad se han visto multiplicados los indicios de tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, conflictos de interés y, en suma, de corrupción y de mentiras, como el asunto Mouriño o el de Zhenli Ye Gon.
Más aún a Germán Martínez, actual presidente del PAN y quien se escandalizo por la toma de las tribunas del Congreso, le tembló algo más que la mano cuando como secretario de la Función Pública tuvo en sus palmas a Francisco Gil Díaz y simplemente se rehusó a fincarle responsabilidades.
Ya ni qué decir en materia fiscal: hace menos de seis meses Calderón señaló que con su “reforma” las “grandes empresas” pagarían impuestos, pero ahora se sabe que son esas grandes empresas —que por cierto, de acuerdo con el auditor superior de la Federación pagaron durante 2005 sólo 74 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR)— las que han interpuesto cientos de “amparos” contra el pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), lo cual también nos cansamos de advertir que sucedería.
Cabe señalar que la interposición de estos “amparos” ha sido comandada por Fernando Sánchez Ugarte, quien hasta diciembre del año pasado se desempeño como subsecretario de Ingresos de Hacienda y en tal virtud se le atribuye el diseño e implementación del IETU, pero a quien a partir de enero de este año no le importó violar la ley, y aceptó una “chambita” como director general de Transportación Marítima Mexicana (TMM). Aunque sobra decirlo, esta empresa también se “amparo” contra el pago del IETU.
Sin embargo, en su momento, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, guardó silencio y fue incapaz de actuar.
Así, los hechos demuestran que no es posible creer en lo que dice Felipe Calderón. Más aún, cuando en su discurso utiliza los mismos calificativos de bienestar y desarrollo que refería Carlos Salinas de Gortari cuando promovió sus privatizaciones y el Tratado de Libre Comercio.
Yo me pregunto: si se aprueba su reforma petrolera, ¿a cuántos funcionarios de Pemex o cuántos legisladores del PRI y del PAN veremos trabajando para Shell, Exxon o Halliburton, tal y como sucedió con los principales artífices del rescate bancario, quienes ahora se desempeñan como “respetables” miembros del sector financiero?
Por eso digo: la mula no era arisca… la hicieron.
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