EL BALANCE SOBRE EL SECTOR PETROLERO QUE CALDERON LE ENCARGO A LOS DIPUTADOS DE ACCION NACIONAL ES UNA “CORTINA DE HUMO”:
LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÒN SE ACORDARON DESDE NOVIEMBRE DE 2006
El análisis sobre el sector petrolero que Felipe Calderón le encargo a los diputados de Acción Nacional, es una “Cortina de Humo” pues las modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos incluyendo a la propia Constitución Política que formarían parte de la propuesta de Reforma al Sector Energético que el Poder Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados, fueron presentadas y acordadas desde el mes de Noviembre de 2006.
Lo anterior se desprende del documento denominado “Pemex: Situación Actual y Perspectivas”, en donde todavía la administración saliente de Vicente Fox, presentó tanto a su Director Actual como al equipo de Calderón las propuestas para modificar el régimen jurídico de PEMEX.
El documento que fue presentado en 53 diapositivas consta de 5 capítulos donde se muestra desde su estructura organizacional y situación actual, hasta los resultados esperados de la estrategia,
Del análisis del documento se observa que los propios directivos de PEMEX reconocen que la paraestatal es 9ª compañía a nivel mundial de crudo y gas, con ventas superiores al billón de pesos y con exportaciones que superan los 390 mil millones de dólares.
Sin embargo también se observa que a pesar de sus ventas y su importante contribución a los ingresos públicos, la inversión pública directa gubernamental durante los últimos 7 años, apenas fue 15 mil millones de dólares, lo que significó una inversión promedio de sólo 2.5 mil millones de dólares por año.
En el diagnóstico resulta dramático que por ejemplo en el año 2005 Pemex a pesar de haber registrado ventas por 928 mil millones de pesos, registró una utilidad neta negativa por 76 mil millones de pesos, mientras tanto por ejemplo, CEMEX, TELMEX y América Móvil, quienes registraron ventas por 162 mil millones de pesos, obtuvieron utilidades de 28 mil, 23 mil y 31 mil millones de pesos respectivamente.
Desde luego esta situación se explica por la elevada carga fiscal que Pemex enfrenta ya que es la empresa petrolera con la mayor carga fiscal en el mundo.
Lo anterior significa que las propias autoridades de PEMEX reconocen que a pesar de que la paraestatal es una empresa de probada rentabilidad, la poca o nula atención presupuestaria, sobre todo en materia de inversión y la elevada carga fiscal que enfrenta, son la principal causa de sus problemas.
Más aún, del documento citado se observa que son las propias autoridades de Petróleos Mexicanos, las que reconocen que para darle viabilidad a la empresa es necesario contar con inversiones que en promedio tendrían que ascender a 190 mil millones de pesos anuales.
En este punto es conveniente recordar, que de acuerdo con la propuesta realizada por Andrés Manuel López Obrador sería absolutamente factible alcanzar este monto de inversión pública, mediante la utilización de los excedentes petroleros, complementados por un programa de austeridad en el gasto corriente y de operación del gobierno, así como con la utilización de una parte de las reservas internacionales, para liquidar los pasivos de la empresa incluyendo los PIDIREGAS.
Sin embargo la administración Calderonista pretende optar por el “camino fácil” y el “pago de facturas” y en vez de mantener el control del sector energético y con ello el control para el Estado de la Renta Petrolera, describe en el documento citado al principio de esta nota, la estrategia de modificaciones al marco jurídico, para reformar el sector energético.
Dicha estrategia acordada desde el mes de noviembre de 2006, si contempla cambios a los Artículos 27 y 28 Constitucionales, así como Reformas a otros ordenamientos como la Ley de Derechos, la Ley Reglamentaria de los Artículos 27 y 28 Constitucionales, así como a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como la Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones, todas estas modificaciones encaminadas a permitir la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras, en la apertura del transporte, almacenamiento, distribución, de petróleo, petrolíferos y petroquímicos básicos.
Más aún de en la estrategia de reformas, se observa la creación de una “autoridad que ejercería los derechos sobre los hidrocarburos”, otorgando permisos, asignaciones, permisos y concesiones para poder usufructuar los yacimientos petrolíferos del país, para la propuesta reformaría los Artículos 27 y 28 Constitucionales.
Finalmente hay que recordar que la renta petrolera es la que hasta ahora se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una de las principales fuentes de ingreso para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero nacional.
A lo anterior hay que agregar que en virtud de que el petróleo es un recurso natural no renovable, en la medida en que no se invierta esa misma renta petrolera en el sector energético le seguiremos robando a las futuras generaciones de mexicanos esa riqueza.
Por ello del documento presentado por PEMEX desde noviembre de 2006 y, a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la “reforma energética” que se presentará no buscará la privatización de Petróleos Mexicanos, el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo implicaría la “transferencia o cesión” de buena parte de la renta petrolera, que es de todos los mexicanos, a compañías privadas nacionales o extranjeras.
Es obvio que la elevada carga fiscal que tiene PEMEX, no se mantendría para las empresas privadas que pudieran entrar al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna compañía del mundo aceptaría o sería rentable con esa carga fiscal.
De hecho, la inversión o empresas del sector privado que pudieran entrar al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal carga fiscal, por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida que la que actualmente enfrenta PEMEX, lo que les permitiría adueñarse de la renta petrolera.
Cabe señalar que por lo menos sin la apertura se está garantizando que dicha renta petrolera tenga como destino “las arcas nacionales”, pero con la apertura a la inversión privada —aunque esto no implique de fondo una privatización total— se estaría cediendo una buena parte de esa renta petrolera a empresas privadas, que la utilizarían para construir más infraestructura petrolera, lo que les permitiría cada vez más adueñarse de una porción mayor de la renta petrolera nacional.
Por ello, si bien es cierto que aun y cuando en el discurso de Calderón y de los legisladores del PRI y del PAN se niega que la “reforma energética” busque la “privatización del petróleo”, la poca o nula inversión gubernamental en PEMEX combinada con una apertura al capital privado permitiría que los nuevos inversionistas se adueñaran paulatinamente de la renta petrolera de la Nación, que es equivalente a privatizar a la industria del petróleo.
De hecho, esto es lo que ha venido sucediendo, sólo que esta inversión privada se ha dado a través del esquema conocido como PIDIREGAS, lo que ha evitado —al menos parcialmente— que la renta petrolera nacional se haya privatizado, ya que si revisamos qué ha sucedido durante los últimos 25 años nos damos cuenta de que la inversión pública en PEMEX pasó de casi 18 mil millones de dólares en 1981 a sólo 1.6 mil millones de dólares en 2007, mientras la inversión privada a través de Pidiregas pasó de 2 mil millones de dólares en 1998 a 11 mil 440 millones en 2007, lo que significó un crecimiento de 484%.
Por ello, el verdadero fondo de la discusión es y deber ser quién o quiénes van a controlar la renta petrolera del país. Y en este sentido, para que la Nación pueda conservar la renta petrolera como un patrimonio de los mexicanos, tiene que y debe de realizar las inversiones de manera directa
Más aún si el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria.
Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legitimo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legitimo
El análisis sobre el sector petrolero que Felipe Calderón le encargo a los diputados de Acción Nacional, es una “Cortina de Humo” pues las modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos incluyendo a la propia Constitución Política que formarían parte de la propuesta de Reforma al Sector Energético que el Poder Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados, fueron presentadas y acordadas desde el mes de Noviembre de 2006.
Lo anterior se desprende del documento denominado “Pemex: Situación Actual y Perspectivas”, en donde todavía la administración saliente de Vicente Fox, presentó tanto a su Director Actual como al equipo de Calderón las propuestas para modificar el régimen jurídico de PEMEX.
El documento que fue presentado en 53 diapositivas consta de 5 capítulos donde se muestra desde su estructura organizacional y situación actual, hasta los resultados esperados de la estrategia,
Del análisis del documento se observa que los propios directivos de PEMEX reconocen que la paraestatal es 9ª compañía a nivel mundial de crudo y gas, con ventas superiores al billón de pesos y con exportaciones que superan los 390 mil millones de dólares.
Sin embargo también se observa que a pesar de sus ventas y su importante contribución a los ingresos públicos, la inversión pública directa gubernamental durante los últimos 7 años, apenas fue 15 mil millones de dólares, lo que significó una inversión promedio de sólo 2.5 mil millones de dólares por año.
En el diagnóstico resulta dramático que por ejemplo en el año 2005 Pemex a pesar de haber registrado ventas por 928 mil millones de pesos, registró una utilidad neta negativa por 76 mil millones de pesos, mientras tanto por ejemplo, CEMEX, TELMEX y América Móvil, quienes registraron ventas por 162 mil millones de pesos, obtuvieron utilidades de 28 mil, 23 mil y 31 mil millones de pesos respectivamente.
Desde luego esta situación se explica por la elevada carga fiscal que Pemex enfrenta ya que es la empresa petrolera con la mayor carga fiscal en el mundo.
Lo anterior significa que las propias autoridades de PEMEX reconocen que a pesar de que la paraestatal es una empresa de probada rentabilidad, la poca o nula atención presupuestaria, sobre todo en materia de inversión y la elevada carga fiscal que enfrenta, son la principal causa de sus problemas.
Más aún, del documento citado se observa que son las propias autoridades de Petróleos Mexicanos, las que reconocen que para darle viabilidad a la empresa es necesario contar con inversiones que en promedio tendrían que ascender a 190 mil millones de pesos anuales.
En este punto es conveniente recordar, que de acuerdo con la propuesta realizada por Andrés Manuel López Obrador sería absolutamente factible alcanzar este monto de inversión pública, mediante la utilización de los excedentes petroleros, complementados por un programa de austeridad en el gasto corriente y de operación del gobierno, así como con la utilización de una parte de las reservas internacionales, para liquidar los pasivos de la empresa incluyendo los PIDIREGAS.
Sin embargo la administración Calderonista pretende optar por el “camino fácil” y el “pago de facturas” y en vez de mantener el control del sector energético y con ello el control para el Estado de la Renta Petrolera, describe en el documento citado al principio de esta nota, la estrategia de modificaciones al marco jurídico, para reformar el sector energético.
Dicha estrategia acordada desde el mes de noviembre de 2006, si contempla cambios a los Artículos 27 y 28 Constitucionales, así como Reformas a otros ordenamientos como la Ley de Derechos, la Ley Reglamentaria de los Artículos 27 y 28 Constitucionales, así como a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como la Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones, todas estas modificaciones encaminadas a permitir la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras, en la apertura del transporte, almacenamiento, distribución, de petróleo, petrolíferos y petroquímicos básicos.
Más aún de en la estrategia de reformas, se observa la creación de una “autoridad que ejercería los derechos sobre los hidrocarburos”, otorgando permisos, asignaciones, permisos y concesiones para poder usufructuar los yacimientos petrolíferos del país, para la propuesta reformaría los Artículos 27 y 28 Constitucionales.
Finalmente hay que recordar que la renta petrolera es la que hasta ahora se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una de las principales fuentes de ingreso para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero nacional.
A lo anterior hay que agregar que en virtud de que el petróleo es un recurso natural no renovable, en la medida en que no se invierta esa misma renta petrolera en el sector energético le seguiremos robando a las futuras generaciones de mexicanos esa riqueza.
Por ello del documento presentado por PEMEX desde noviembre de 2006 y, a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la “reforma energética” que se presentará no buscará la privatización de Petróleos Mexicanos, el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo implicaría la “transferencia o cesión” de buena parte de la renta petrolera, que es de todos los mexicanos, a compañías privadas nacionales o extranjeras.
Es obvio que la elevada carga fiscal que tiene PEMEX, no se mantendría para las empresas privadas que pudieran entrar al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna compañía del mundo aceptaría o sería rentable con esa carga fiscal.
De hecho, la inversión o empresas del sector privado que pudieran entrar al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal carga fiscal, por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida que la que actualmente enfrenta PEMEX, lo que les permitiría adueñarse de la renta petrolera.
Cabe señalar que por lo menos sin la apertura se está garantizando que dicha renta petrolera tenga como destino “las arcas nacionales”, pero con la apertura a la inversión privada —aunque esto no implique de fondo una privatización total— se estaría cediendo una buena parte de esa renta petrolera a empresas privadas, que la utilizarían para construir más infraestructura petrolera, lo que les permitiría cada vez más adueñarse de una porción mayor de la renta petrolera nacional.
Por ello, si bien es cierto que aun y cuando en el discurso de Calderón y de los legisladores del PRI y del PAN se niega que la “reforma energética” busque la “privatización del petróleo”, la poca o nula inversión gubernamental en PEMEX combinada con una apertura al capital privado permitiría que los nuevos inversionistas se adueñaran paulatinamente de la renta petrolera de la Nación, que es equivalente a privatizar a la industria del petróleo.
De hecho, esto es lo que ha venido sucediendo, sólo que esta inversión privada se ha dado a través del esquema conocido como PIDIREGAS, lo que ha evitado —al menos parcialmente— que la renta petrolera nacional se haya privatizado, ya que si revisamos qué ha sucedido durante los últimos 25 años nos damos cuenta de que la inversión pública en PEMEX pasó de casi 18 mil millones de dólares en 1981 a sólo 1.6 mil millones de dólares en 2007, mientras la inversión privada a través de Pidiregas pasó de 2 mil millones de dólares en 1998 a 11 mil 440 millones en 2007, lo que significó un crecimiento de 484%.
Por ello, el verdadero fondo de la discusión es y deber ser quién o quiénes van a controlar la renta petrolera del país. Y en este sentido, para que la Nación pueda conservar la renta petrolera como un patrimonio de los mexicanos, tiene que y debe de realizar las inversiones de manera directa
Más aún si el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria.
Comentarios