Elaborado por Mario Di Costanzo
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legitimo
Septiembre 7 del 2007
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno Legitimo
Septiembre 7 del 2007
Los compromisos de Felipe Calderón con el gran capital y la negativa de los legisladores de Acciòn Nacional y del Revolucionario Institucional para llevar a cabo una reforma fiscal que termine con los paraísos fiscales en que tributan los grandes grupos empresariales, tendrán como resultado nuevamente que el escenario para el Presupuesto de 2008 muestre que este se encuentra totalmente comprometido y los ingresos adicionales generados por la “miscelánea parchada” de nada servirán para restaurar la capacidad financiera del Estado.
De esta manera y considerando que Agustín Carstens no tiene previsto reducir el crecimiento y nivel del gasto corriente, se espera que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 (PPEF08) que será entregado a más tardar el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, proyecte un Gasto Neto Total de entre 2 billones 361 mil millones de pesos y 2 billones 480 mil millones billones de pesos, dependiendo de si se aprueban las modificaciones fiscales a la iniciativa de reforma fiscal propuesta por Carstens y Calderón.
Cabe destacar que los dos escenarios presupuestarios que serán presentados ante la Cámara de Diputados, tendrán una diferencia aproximada de 120 mil millones de pesos.
Es importante señalar que aún si dentro del análisis consideramos el escenario más alto (es decir, con un CETU parchado), al gasto total que proyectará la SHCP y que será de 2 billones 480 mil millones de pesos habrá que descontarle los compromisos de gasto inerciales; como, por ejemplo, salarios de funcionarios y de la burocracia en general, así como pensiones, materiales y suministros del gobierno, servicios generales y las aportaciones federales a las entidades federativas (Ramo 33) cuyo gasto no podrá ser inferior a 1 billón 675 mil millones de pesos, ya que tan sólo en servicios personales (salarios) y pensiones el Gobierno Federal, tendrá que pagar por lo menos 675 mil millones de pesos.
Después de descontar estas erogaciones (2.480 billones menos 1.675 billones), al remanente (805 mil millones de pesos) habrá que restar las amortizaciones de PIDIREGAS previstas para el 2008, y el costo financiero de la deuda, incluido el rescate bancario, que se estiman en aproximadamente 300 mil millones de pesos, por lo que hasta este punto del gasto total proyectado 2.48 billones de pesos, habrán quedado “libres de compromiso” sólo 505 mil millones de pesos.
Sin embargo, a estos 505 mil millones de pesos habrá que descontar las Participaciones Federales a las Entidades Federativas que por ley tienen que ser destinadas a los estados de la Republica y que dado el nivel de ingresos presupuestarios (públicos) esperados, no podrán ser inferiores a los 360 mil millones de pesos.
Lo anterior deja un margen a las finanzas públicas de sólo 145 mil millones de pesos, cifra que representa aproximadamente el 6% del Proyecto de Gasto Total que será enviado por Calderón y Carstens durante los próximos días.
Es importante mencionar que los cálculos anteriormente planteados no incluyen el gasto de inmersión o de capital, por lo que en el mejor de los casos tendrían que destinarse en su totalidad al gasto de inversión; pero aún si esto fuese cierto, el gasto en inversión pública para 2008 solamente representaría el 6% del gasto total, es decir, sólo 6 centavos de cada peso.
Por lo anterior, es absolutamente necesario que el gobierno reduzca fuertemente su gasto corriente y generar ahorros de 100 mil millones de pesos; de otra manera, necesariamente el Presupuesto de Egresos para 2008 presentará reducciones de gasto en infraestructura social o en inversión pública.
Ante este panorama, tanto Calderón como Carstens buscarán chantajear y presionar al Congreso para aprobar la reforma fiscal basada en el CETU, al presentar el 8 de septiembre próximo un presupuesto que afectará fundamentalmente los programas sociales y de desarrollo de infraestructura, y en donde programas sociales como PROCAMPO, Apoyo a Pueblos Indígenas, el Programa Carretero, Oportunidades y los destinados a las Universidades Públicas registrarán reducciones reales con respecto a lo asignado en el presente año, tratando de condicionar el incremento de las asignaciones presupuestarias a la aprobación de la Reforma Fiscal en los términos planteados originalmente.
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