Mario di Costanzo
Sin lugar a dudas, la decisión del gobierno de Estados Unidos de juzgar primeramente a Zhenli Ye Gon en aquel país le ha quitado una pesada loza de encima a Felipe Calderón, a su gabinete y al Partido Acción Nacional (PAN).
La forma en que reaccionaron las instituciones involucradas en el asunto de los dólares de Las Lomas, ante las declaraciones hechas por Ye Gon respecto de la posibilidad de que parte de estos recursos hubiesen estado relacionados con la campaña del PAN, pusieron de manifiesto que algo muy grave ocurría dentro del gobierno calderonista.
Así, y sin mediar un juicio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados (SAE), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Fiscal de la Federación procedieron a "expropiar" los recursos asegurados el pasado 15 de marzo, pretendiendo con ello legitimar social y jurídicamente la actuación del propio gobierno y, al mismo tiempo, cerrar el caso para que éste quedara sólo como un "cuento chino". Por ello, la actitud del gobierno estadunidense se puede interpretar como un favor a Felipe Calderón, al quitarle por el momento la "papa caliente" que hubiese significado tener a Zhenli en México.
Es importante mencionar que de haberse aceptado la extradición de este personaje, las autoridades judiciales estarían obligadas a investigar de inmediato y sin mayores retrasos a una serie de instituciones que involucran a personajes políticamente poderosos, pero indiscutiblemente incómodos para el régimen, en virtud de la injerencia que tienen en el actual gobierno.
Así, por ejemplo, se tendrían que hacer preguntas incómodas a Aduana México, la que por ley está obligada a realizar los servicios de "segundo reconocimiento aduanero", y a la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA), que administraba el derecho de trámite aduanero, y, por tanto, debieron estar al tanto de las operaciones de importación de seudoefedrina.
Esto nuevamente traería a la escena pública a los hijos de Marta Sahagún, ya que a la fecha la SHCP no ha respondido por qué permitió entrar hace algún tiempo a la licitación de Aduana México a la empresa Societe General de Sourveillance, que se encontraba representada por otra compañía, Logistic Free Trade Zone, cuyo administrador era el ex funcionario de Aduanas Juan Carlos López Rodríguez, quien fue inhabilitado por malos manejos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero que tenía relaciones muy cercanas con los Bribiesca Sahagún.
Y en el caso de ISOSA volvería a la escena el nombre de Francisco Gil Díaz, Lorenzo Hernández (primo de Roberto Hernández) y, obviamente, por tratarse
de la introducción al territorio nacional de sustancias que son insumos para la producción de drogas sintéticas, se debió haber investigado a la Secretaría de Salud, al SAT y a la PGR.
En este mismo sentido hay que recordar que la empresa Hildebrando figuró en la lista de clientes de ISOSA.
Por su parte, el SAE hubiese tenido que explicar ampliamente las razones que la llevaron a sacar del territorio nacional el dinero decomisado en la casa de Las Lomas, en clara contravención de lo señalado en el artículo 182-G, del Código Federal de Procedimientos Penales, que textualmente señala: "la moneda nacional o extranjera que se asegure, embargue o decomise, será administrada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que deberá depositarla en la Tesorería de la Federación", más aún cuando las propias autoridades invocaron el mismo artículo, pero en su inciso A, para quedarse con el dinero.
Finalmente, existen declaraciones de algunas personas del propio gobierno calderonista que sostienen que Juan Camilo Mouriño, jefe de la oficina de Calderón, estuvo algunos días en Nueva York, acompañando a Javier Lozano, cuando éste fue a contratar su defensa ante la presunta difamación de que fue objeto por parte de Zhenli.
Quizá por estas razones, ya en algunas pintas urbanas se puede leer la frase: "Zhenli, te creemos".
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