Apro
A un mes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre en receso, organizaciones de derechos humanos urgieron a su presidente, Juan Silva Meza, a resolver los litigios de competencia entre el fuero militar y el ámbito civil, en apego a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y a la reforma constitucional en la materia, de julio del año pasado.
En rueda de prensa, alertaron sobre los riesgos de que la actuación de los ministros de la SCJN se vea “contaminada” por presiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o los tiempos electorales.
Las ONG consideraron que sólo así se podría explicar que no se analicen los 28 asuntos relacionados con el fuero militar, actualmente en manos de los ministros Olga Sánchez Cordero y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Los 28 expedientes remitidos a las salas primera y segunda de la SCJN por juzgados de distrito corresponden a 26 juicios de amparo en revisión, un conflicto competencial y un amparo directo en revisión
La remisión de los casos a la SCJN se realizó en apego a la resolución Varios 912/2010 que analizó la sentencia de la CoIH sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, hechos atribuidos a militares.
La resolución de la SCJN determinó que las sentencias de la CoIDH eran de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado mexicano y, en el caso específico del caso Radilla, la sentencia del tribunal interamericano ordenó acotar el alcance del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos castrenses.
A este emplazamiento a la SCJN se suma el hecho de que en este sexenio se cerró la posibilidad de que se reformara el artículo 57 del Código de Justicia Militar, como lo ordenan cuatro sentencias de la CoIDH, por los casos de Rosendo Radilla, Valentina Rosendo, Inés Fernández y campesinos ecologistas.
El representante en México de Amnistía Internacional (AI), Alberto Herrera, reconoció que el tema del fuero militar es “sensible políticamente, más aún durante este sexenio que el Ejército Mexicano ha tenido una alta influencia y presencia en la vida publica”.
El activista resaltó que, en conversaciones con senadores, los legisladores “manifestaron que el principal obstáculo para aprobar una reforma al Código Militar era que la Sedena consideraba que se perdería el sentido central del Código, que es la disciplina sobre integrantes de las Fuerzas Armadas”.
Sin embargo, recordó que las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano “deben estar por encima de las consideraciones de grupo, porque de lo contrario a escala mundial la imagen de México seguirá siendo la del país que no cumple con sus compromisos”.
El abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Octavio Amezcua, apuntó que la dilación de la SCJN lo que ha provocado es “la incertidumbre jurídica para los familiares de las víctimas de abusos militares”.
La CMDPDH representa a la familia del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, detenido, ejecutado e inhumado ilegalmente por elementos castrenses adscritos a Cuernavaca, Morelos, caso por el que se encuentran detenidos dos militares como autores materiales y un coronel, por encubrimiento.
Todos ellos se encuentran detenidos en la prisión militar, pero la familia de la víctima impugnó la competencia del fuero castrense.
Amezcua también aclaró: “Lo que los defensores de los militares argumentan es que la resolución Varios no es vinculatoria, de ahí que ni los jueces ni los ministerios públicos la respeten, de ahí nuestra exigencia de que por lo menos cinco asuntos se resuelvan en el mismo sentido de la resolución emitida por la SCJN para que se siente jurisprudencia y se le dé certeza jurídica a las víctimas”.
Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan (CDHMT), dijo que el temor de que los ministros de que sean presionados por miembros de la Sedena se funda en que “nos hemos enterado de que generales han acudido a la SCJN a hablar con elos, no sólo con los responsables de los proyectos, sino con todos”.
Las organizaciones que pugnan por el acatamiento de las sentencias de la CoIDH, agregó, realizarán un cabildeo entre los ministros, además de que les harán llegar escritos denominados amicus curiae de parte de agrupaciones que recomiendan el respeto de los tratados internacionales.
El CDHM-T representa a los familiares del indígena Bonfilio Rubio Villegas, indígena náhuatl que murió a causa de disparos que hicieron soldados del Ejército en contra de un camión de pasajeros en 2009, hechos por los que está detenido un militar.
En 2011 un juzgado de distrito emitió un amparo a favor de la impugnación que hizo la familia de Bonfilio en contra de la competencia del fuero militar, pero en diciembre de ese año, la Sedena interpuso un recurso de revisión alegando que era “ilegal” la resolución Varios de la SCJN.
Aguirre puntualizó que “la SCJN tiene una gran oportunidad en sus manos para resolver los asuntos considerando a las víctimas de abusos militares, sobre todo cuando estamos a finales de un sexenio que ha tenido como característica precisamente las violaciones a derechos humanos, debido a la estrategia de poner al frente de la lucha contra el narcotráfico a las Fuerzas Armadas”.
Las cifras de las quejas contra las Fuerzas Armadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), abundó, así lo confirman, pues hasta el lunes 11 “se interpusieron 6 mil 779 denuncias contra desde que inicio el gobierno de Felipe Calderón”.
A un mes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre en receso, organizaciones de derechos humanos urgieron a su presidente, Juan Silva Meza, a resolver los litigios de competencia entre el fuero militar y el ámbito civil, en apego a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y a la reforma constitucional en la materia, de julio del año pasado.
En rueda de prensa, alertaron sobre los riesgos de que la actuación de los ministros de la SCJN se vea “contaminada” por presiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o los tiempos electorales.
Las ONG consideraron que sólo así se podría explicar que no se analicen los 28 asuntos relacionados con el fuero militar, actualmente en manos de los ministros Olga Sánchez Cordero y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Los 28 expedientes remitidos a las salas primera y segunda de la SCJN por juzgados de distrito corresponden a 26 juicios de amparo en revisión, un conflicto competencial y un amparo directo en revisión
La remisión de los casos a la SCJN se realizó en apego a la resolución Varios 912/2010 que analizó la sentencia de la CoIH sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, hechos atribuidos a militares.
La resolución de la SCJN determinó que las sentencias de la CoIDH eran de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado mexicano y, en el caso específico del caso Radilla, la sentencia del tribunal interamericano ordenó acotar el alcance del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos castrenses.
A este emplazamiento a la SCJN se suma el hecho de que en este sexenio se cerró la posibilidad de que se reformara el artículo 57 del Código de Justicia Militar, como lo ordenan cuatro sentencias de la CoIDH, por los casos de Rosendo Radilla, Valentina Rosendo, Inés Fernández y campesinos ecologistas.
El representante en México de Amnistía Internacional (AI), Alberto Herrera, reconoció que el tema del fuero militar es “sensible políticamente, más aún durante este sexenio que el Ejército Mexicano ha tenido una alta influencia y presencia en la vida publica”.
El activista resaltó que, en conversaciones con senadores, los legisladores “manifestaron que el principal obstáculo para aprobar una reforma al Código Militar era que la Sedena consideraba que se perdería el sentido central del Código, que es la disciplina sobre integrantes de las Fuerzas Armadas”.
Sin embargo, recordó que las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano “deben estar por encima de las consideraciones de grupo, porque de lo contrario a escala mundial la imagen de México seguirá siendo la del país que no cumple con sus compromisos”.
El abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Octavio Amezcua, apuntó que la dilación de la SCJN lo que ha provocado es “la incertidumbre jurídica para los familiares de las víctimas de abusos militares”.
La CMDPDH representa a la familia del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, detenido, ejecutado e inhumado ilegalmente por elementos castrenses adscritos a Cuernavaca, Morelos, caso por el que se encuentran detenidos dos militares como autores materiales y un coronel, por encubrimiento.
Todos ellos se encuentran detenidos en la prisión militar, pero la familia de la víctima impugnó la competencia del fuero castrense.
Amezcua también aclaró: “Lo que los defensores de los militares argumentan es que la resolución Varios no es vinculatoria, de ahí que ni los jueces ni los ministerios públicos la respeten, de ahí nuestra exigencia de que por lo menos cinco asuntos se resuelvan en el mismo sentido de la resolución emitida por la SCJN para que se siente jurisprudencia y se le dé certeza jurídica a las víctimas”.
Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan (CDHMT), dijo que el temor de que los ministros de que sean presionados por miembros de la Sedena se funda en que “nos hemos enterado de que generales han acudido a la SCJN a hablar con elos, no sólo con los responsables de los proyectos, sino con todos”.
Las organizaciones que pugnan por el acatamiento de las sentencias de la CoIDH, agregó, realizarán un cabildeo entre los ministros, además de que les harán llegar escritos denominados amicus curiae de parte de agrupaciones que recomiendan el respeto de los tratados internacionales.
El CDHM-T representa a los familiares del indígena Bonfilio Rubio Villegas, indígena náhuatl que murió a causa de disparos que hicieron soldados del Ejército en contra de un camión de pasajeros en 2009, hechos por los que está detenido un militar.
En 2011 un juzgado de distrito emitió un amparo a favor de la impugnación que hizo la familia de Bonfilio en contra de la competencia del fuero militar, pero en diciembre de ese año, la Sedena interpuso un recurso de revisión alegando que era “ilegal” la resolución Varios de la SCJN.
Aguirre puntualizó que “la SCJN tiene una gran oportunidad en sus manos para resolver los asuntos considerando a las víctimas de abusos militares, sobre todo cuando estamos a finales de un sexenio que ha tenido como característica precisamente las violaciones a derechos humanos, debido a la estrategia de poner al frente de la lucha contra el narcotráfico a las Fuerzas Armadas”.
Las cifras de las quejas contra las Fuerzas Armadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), abundó, así lo confirman, pues hasta el lunes 11 “se interpusieron 6 mil 779 denuncias contra desde que inicio el gobierno de Felipe Calderón”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario