Jaime Cárdenas
Con el título de este artículo ha sido etiquetada por los adversarios de Andrés Manuel López Obrador la difusión de una cena que se supone es inmoral y que muestra tintes delictivos.
En ese encuentro privado realizado el 24 de mayo en la casa de Luis Creel, se reunieron, según los medios, un grupo de empresarios con Luis Mandoki y Adolfo Hellmund, colaboradores del candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista.
También asistió a ese encuentro Luis Costa Bonino, estratega de campañas en distintos países del mundo, de acuerdo con lo publicado.
La acusación lanzada desde el PRI y, con menor intensidad, por el PAN, consiste en señalar que en esa cena los colaboradores de López Obrador solicitaron a los empresarios ahí reunidos 6 millones de dólares para la campaña, petición que violenta, en contravención a la ley federal electoral, los topes de aportación previstos en ella.
La acusación es digna de analizarse desde la perspectiva política y jurídica.
La difusión del encuentro entre los empresarios y colaboradores de López Obrador debe ubicarse como parte de la estrategia política en respuesta a la caída en las preferencias electorales de Enrique Peña Nieto y, a su vez, en el ascenso de Andrés Manuel en las mismas.
Los equipos del PRI, también los del PAN, necesitaban un escándalo para intentar frenar el aumento de preferencias ciudadanas en favor del candidato del Movimiento Progresista.
Desde la perspectiva jurídica, si no existe la aportación o transferencia no se configura ninguna violación a la ley electoral.
Para que ésta se cometa se requiere la materialización, la entrega efectiva de los recursos.
Si los 6 millones de dólares se hubiesen entregado a los colaboradores y se hubieren destinado a la campaña del exjefe de gobierno, sí se cumplirían los extremos de la violación legal.
Pero como se entregaron los recursos, no existe ninguna infracción.
Desde el punto de vista penal, tampoco implica la comisión de un delito.
Lo ocurrido en la cena no supone que se cumplan ninguna de las hipótesis previstas en el título 24º.
del Código Penal Federal en materia de delitos electorales.
Es difícil también que se trate de una extorsión o de un delito cometido por servidores públicos porque los colaboradores de López Obrador no son funcionarios públicos y, porque hasta donde se concluye de la grabación, no obligaron a los empresarios a entregar recurso alguno.
En todo caso, lo que habría que señalar es que la grabación, la supuesta prueba, fue realizada sin autorización judicial, lo que significa que estamos en presencia de una prueba obtenida ilegalmente.
De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, la evidencia en cuestión es nula, no puede emplearse válidamente en un proceso de carácter penal o administrativo.
Eso significa que ni el PRI ni el PAN presentarán denuncias de carácter penal ante la Procuraduría General de la República.
Y no van a presentar ninguna denuncia por las siguientes razones:
a) Porque quedaría evidenciado que la prueba, la grabación, es ilegal y que la misma no puede respaldar válidamente una denuncia.
b) Porque la PGR tendría que citar a declarar como testigos, no sólo a los colaboradores de López Obrador, sino a todos los asistentes a la cena, incluidos los empresarios y el anfitrión-propietario de la casa.
c) Porque si la PGR investigara, se podría determinar quién o quiénes grabaron y difundieron los materiales (lo que podría constituir un delito), y
d) Porque podrían resultar consignaciones penales, no necesariamente en contra de los colaboradores del candidato presidencial, sino respecto de los empresarios asistentes, en tanto que los delitos relacionados con la corrupción son de carácter bilateral, es decir, los cometen tanto los que solicitan como los que dan, en el supuesto de que hubiesen entregado o dado algo.
De este breve análisis, queda claro que la difusión de la grabación tiene únicamente fines propagandísticos para intentar frenar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
No existe ningún elemento probatorio sólido para iniciar y proseguir exitosamente denuncias de carácter penal o administrativo electoral.
Los hechos materia del escándalo son parte de las estrategias de guerra sucia que veremos en los días finales de la campaña electoral.
Los intereses creados del status quo desean impedir que el exjefe de gobierno del DF arribe a la Presidencia de la República.
Por eso buscan ensuciarlo, “pegarle” en la parte en donde la conducta de Andrés Manuel es irreprochable, es decir, en su honestidad.
Con el título de este artículo ha sido etiquetada por los adversarios de Andrés Manuel López Obrador la difusión de una cena que se supone es inmoral y que muestra tintes delictivos.
En ese encuentro privado realizado el 24 de mayo en la casa de Luis Creel, se reunieron, según los medios, un grupo de empresarios con Luis Mandoki y Adolfo Hellmund, colaboradores del candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista.
También asistió a ese encuentro Luis Costa Bonino, estratega de campañas en distintos países del mundo, de acuerdo con lo publicado.
La acusación lanzada desde el PRI y, con menor intensidad, por el PAN, consiste en señalar que en esa cena los colaboradores de López Obrador solicitaron a los empresarios ahí reunidos 6 millones de dólares para la campaña, petición que violenta, en contravención a la ley federal electoral, los topes de aportación previstos en ella.
La acusación es digna de analizarse desde la perspectiva política y jurídica.
La difusión del encuentro entre los empresarios y colaboradores de López Obrador debe ubicarse como parte de la estrategia política en respuesta a la caída en las preferencias electorales de Enrique Peña Nieto y, a su vez, en el ascenso de Andrés Manuel en las mismas.
Los equipos del PRI, también los del PAN, necesitaban un escándalo para intentar frenar el aumento de preferencias ciudadanas en favor del candidato del Movimiento Progresista.
Desde la perspectiva jurídica, si no existe la aportación o transferencia no se configura ninguna violación a la ley electoral.
Para que ésta se cometa se requiere la materialización, la entrega efectiva de los recursos.
Si los 6 millones de dólares se hubiesen entregado a los colaboradores y se hubieren destinado a la campaña del exjefe de gobierno, sí se cumplirían los extremos de la violación legal.
Pero como se entregaron los recursos, no existe ninguna infracción.
Desde el punto de vista penal, tampoco implica la comisión de un delito.
Lo ocurrido en la cena no supone que se cumplan ninguna de las hipótesis previstas en el título 24º.
del Código Penal Federal en materia de delitos electorales.
Es difícil también que se trate de una extorsión o de un delito cometido por servidores públicos porque los colaboradores de López Obrador no son funcionarios públicos y, porque hasta donde se concluye de la grabación, no obligaron a los empresarios a entregar recurso alguno.
En todo caso, lo que habría que señalar es que la grabación, la supuesta prueba, fue realizada sin autorización judicial, lo que significa que estamos en presencia de una prueba obtenida ilegalmente.
De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, la evidencia en cuestión es nula, no puede emplearse válidamente en un proceso de carácter penal o administrativo.
Eso significa que ni el PRI ni el PAN presentarán denuncias de carácter penal ante la Procuraduría General de la República.
Y no van a presentar ninguna denuncia por las siguientes razones:
a) Porque quedaría evidenciado que la prueba, la grabación, es ilegal y que la misma no puede respaldar válidamente una denuncia.
b) Porque la PGR tendría que citar a declarar como testigos, no sólo a los colaboradores de López Obrador, sino a todos los asistentes a la cena, incluidos los empresarios y el anfitrión-propietario de la casa.
c) Porque si la PGR investigara, se podría determinar quién o quiénes grabaron y difundieron los materiales (lo que podría constituir un delito), y
d) Porque podrían resultar consignaciones penales, no necesariamente en contra de los colaboradores del candidato presidencial, sino respecto de los empresarios asistentes, en tanto que los delitos relacionados con la corrupción son de carácter bilateral, es decir, los cometen tanto los que solicitan como los que dan, en el supuesto de que hubiesen entregado o dado algo.
De este breve análisis, queda claro que la difusión de la grabación tiene únicamente fines propagandísticos para intentar frenar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
No existe ningún elemento probatorio sólido para iniciar y proseguir exitosamente denuncias de carácter penal o administrativo electoral.
Los hechos materia del escándalo son parte de las estrategias de guerra sucia que veremos en los días finales de la campaña electoral.
Los intereses creados del status quo desean impedir que el exjefe de gobierno del DF arribe a la Presidencia de la República.
Por eso buscan ensuciarlo, “pegarle” en la parte en donde la conducta de Andrés Manuel es irreprochable, es decir, en su honestidad.
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