Raymundo Riva Palacio
Enfilados en el último tramo de la campaña presidencial, el tema económico es mucho más profundo de lo que la mayoría puede imaginarse. El electorado, distraído en la retórica y los clichés, no ha reparado que lo que está en juego en las urnas es un proyecto de nación antagónico y excluyente entre los candidatos del PAN y el PRI, y el de la coalición de izquierda que encabeza el PRD, en la cara de un modelo económico que redefinirá el rumbo del país durante los próximos años.
Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto tienen plataformas claramente distintas, pero en materia económica comparten el modelo que se implantó en México durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y se consolidó en el de Carlos Salinas con el apoyo del PAN. Llamado en los 90 como el Consenso de Washington, impulsado por Washington y el FMI, exigía de América Latina disciplina presupuestaria y control del gasto público, liberalización financiera, privatizaciones y desregulación, con el fin de crecer.
El Consenso de Washington propició el crecimiento económico, pero ensanchó la desigualdad y provocó que cada vez un menor número de personas controlara la mayor parte de la riqueza. El modelo hizo crisis en la última década y hubo rebelión en la región. No fue el caso de México donde el modelo entró en contradicción, y fortaleció los monopolios en un clima de crecimiento mediocre en relación con otras naciones del área. Andrés Manuel López Obrador se encuentra en las antípodas de este modelo, y su propuesta económica responde más al viejo modelo centralista y keynsiano, que aunque terminó su ciclo de vida hace ya casi medio siglo, varios de sus componentes fueron recuperados en el mundo durante los últimos años.
Durante el último debate presidencial, todos los candidatos plantearon sus visiones económicas, aunque en forma muy general –por el formato de la discusión– y sin poder argumentar con claridad y profundidad cómo piensan hacerlo –por el poco tiempo disponible–. Vázquez Mota y Peña Nieto esbozaron las ideas generales planteadas desde hace tiempo por gobiernos panistas y priístas, que tienen que ver con las reformas laboral, fiscal y energética que apuesta por más estímulos al sector privado.
López Obrador tiene una visión estatista, inspirado en Franklin D. Roosevelt, considerado uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, quien para sacar a su país de la Gran Depresión, propuso su New Deal (Nuevo Pacto), un conjunto de reformas instrumentadas desde 1933, que incluía alivios para los pobres, recuperación de los niveles económicos y una reforma al sistema financiero para evitar otra recesión como la que vivían. López Obrador toma sus propuestas sociales de Roosevelt y del propio John Maynard Keynes, de quien adoptó la idea de crear, con rango constitucional, un Estado de Bienestar (Welfare State).
Los modelos no se hablan, y al no plantear los candidatos con claridad cómo harían lo que proponen, el mensaje sigue siendo de incertidumbre para algunos –por ejemplo los inversionistas extranjeros en el caso de López Obrador–, y de desesperanza para otros –como los grupos marginados a quienes no han tocado las palabras de Peña Nieto y Vázquez Mota–. La apuesta de López Obrador ha sido buscar legitimidad a partir de quienes instrumentarían el modelo, Rogelio Ramírez de la O en Hacienda, y Adolfo Hellmund en Energía. Sus adversarios no han hablado de gabinetes, pero si Vázquez Mota ganara la elección, probablemente mantendría al equipo actual. Si fuera Peña Nieto, en Hacienda se apuntan José Ángel Gurría, jefe de la OECD y ex secretario de Hacienda, y Santiago Levy, vicepresidente del BID, mientras que ubican a Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda, en Pemex.
Los nombres pesan y tienen que ser analizados en sus méritos y capacidades. Pero antes está el modelo. A tres domingos de la elección, los electores deben exigir información más detallada y explicación de lo que tienen en la mente. Es vital saber exactamente qué piensan los candidatos sobre su bolsillo, su familia y el entorno, y qué es lo que quieren para el país durante el próximo sexenio, en el entendido de que al final de cuentas, en la urna juegan la economía familiar con el parapeto de políticas macroeconómicas.
Enfilados en el último tramo de la campaña presidencial, el tema económico es mucho más profundo de lo que la mayoría puede imaginarse. El electorado, distraído en la retórica y los clichés, no ha reparado que lo que está en juego en las urnas es un proyecto de nación antagónico y excluyente entre los candidatos del PAN y el PRI, y el de la coalición de izquierda que encabeza el PRD, en la cara de un modelo económico que redefinirá el rumbo del país durante los próximos años.
Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto tienen plataformas claramente distintas, pero en materia económica comparten el modelo que se implantó en México durante el gobierno de Miguel de la Madrid, y se consolidó en el de Carlos Salinas con el apoyo del PAN. Llamado en los 90 como el Consenso de Washington, impulsado por Washington y el FMI, exigía de América Latina disciplina presupuestaria y control del gasto público, liberalización financiera, privatizaciones y desregulación, con el fin de crecer.
El Consenso de Washington propició el crecimiento económico, pero ensanchó la desigualdad y provocó que cada vez un menor número de personas controlara la mayor parte de la riqueza. El modelo hizo crisis en la última década y hubo rebelión en la región. No fue el caso de México donde el modelo entró en contradicción, y fortaleció los monopolios en un clima de crecimiento mediocre en relación con otras naciones del área. Andrés Manuel López Obrador se encuentra en las antípodas de este modelo, y su propuesta económica responde más al viejo modelo centralista y keynsiano, que aunque terminó su ciclo de vida hace ya casi medio siglo, varios de sus componentes fueron recuperados en el mundo durante los últimos años.
Durante el último debate presidencial, todos los candidatos plantearon sus visiones económicas, aunque en forma muy general –por el formato de la discusión– y sin poder argumentar con claridad y profundidad cómo piensan hacerlo –por el poco tiempo disponible–. Vázquez Mota y Peña Nieto esbozaron las ideas generales planteadas desde hace tiempo por gobiernos panistas y priístas, que tienen que ver con las reformas laboral, fiscal y energética que apuesta por más estímulos al sector privado.
López Obrador tiene una visión estatista, inspirado en Franklin D. Roosevelt, considerado uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, quien para sacar a su país de la Gran Depresión, propuso su New Deal (Nuevo Pacto), un conjunto de reformas instrumentadas desde 1933, que incluía alivios para los pobres, recuperación de los niveles económicos y una reforma al sistema financiero para evitar otra recesión como la que vivían. López Obrador toma sus propuestas sociales de Roosevelt y del propio John Maynard Keynes, de quien adoptó la idea de crear, con rango constitucional, un Estado de Bienestar (Welfare State).
Los modelos no se hablan, y al no plantear los candidatos con claridad cómo harían lo que proponen, el mensaje sigue siendo de incertidumbre para algunos –por ejemplo los inversionistas extranjeros en el caso de López Obrador–, y de desesperanza para otros –como los grupos marginados a quienes no han tocado las palabras de Peña Nieto y Vázquez Mota–. La apuesta de López Obrador ha sido buscar legitimidad a partir de quienes instrumentarían el modelo, Rogelio Ramírez de la O en Hacienda, y Adolfo Hellmund en Energía. Sus adversarios no han hablado de gabinetes, pero si Vázquez Mota ganara la elección, probablemente mantendría al equipo actual. Si fuera Peña Nieto, en Hacienda se apuntan José Ángel Gurría, jefe de la OECD y ex secretario de Hacienda, y Santiago Levy, vicepresidente del BID, mientras que ubican a Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda, en Pemex.
Los nombres pesan y tienen que ser analizados en sus méritos y capacidades. Pero antes está el modelo. A tres domingos de la elección, los electores deben exigir información más detallada y explicación de lo que tienen en la mente. Es vital saber exactamente qué piensan los candidatos sobre su bolsillo, su familia y el entorno, y qué es lo que quieren para el país durante el próximo sexenio, en el entendido de que al final de cuentas, en la urna juegan la economía familiar con el parapeto de políticas macroeconómicas.
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